Con la reciente aprobación de dos decretos como parte de la Ruta del Arroz desde el Gobierno de Rodrigo Chaves, las consecuencias socioeconómicas han sido evidentes. El primer decreto “Modificación a los derechos arancelarios a la importación” condujo a la reducción de aranceles que pagan los importadores de arroz de un 36% a un 4.5%  para arroz en granza sin procesar, de 36% a 5% para arroz pilado.

Como antecedente de esto, se comparten los datos que muestran una disminución al 9.71% en el consumo de granos cultivados por agricultores locales.

A la par de esto también se ejecutó el segundo decreto que consiguió la eliminación de los esquemas de fijación de precios, teniendo como efecto la reducción del área de siempre hasta un 30% en solo 4 meses, según datos de la Corporación Arrocera Nacional. Los importadores del grano le van dejando un hueco a las arcas del Estado de ₡7 mil millones en impuestos (Molina, 2023).

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas acciones?

Entre ellas está la vulnerabilidad alimentaria, ya que expone a los consumidores a la inestabilidad de los precios mundiales, la pérdida de la soberanía alimentaria y la disminución de la actividad económica en las zonas aledañas. 

Entre estas transformaciones y sus minorías beneficiarias se identifica el caso de Bernal Jiménez, uno de los principales financistas de la Campaña Presidencial y dueño de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A es la tercera con mayor importación de arroz pilado. Jiménez quien aportó más de 30 millones a la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta empresa se libró de pagar 250 millones en 5 meses. 

La industria interna del arroz enfrenta serios retos en el presente, ya que se identifican otros factores que la están debilitando como lo es la demora en los pagos a los productores del programa de abastecimiento institucional por motivo de la Regla Fiscal, la carencia de políticas públicas para enfrentar las problemáticas relacionadas a la tenencia de tierra y, las deudas del sector agroproductivo. Además de la propuesta de adhesión a la Alianza del Pacífico, la cual el diputado José Ortega describe como una desgravación arancelaria total, o sea que se eliminarían los impuestos que se cobran en las fronteras de productos agrícolas de otros países afectando negativamente a la producción nacional.

Por eso desde “el Frente Amplio reafirma el compromiso con las y los trabajadores del campo, con el campesinado, con ese que nos garantiza los alimentos a toda la población. Creemos en la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una verdadera soberanía alimentaria y hacia la dignificación del campo”.