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Etiqueta: Guacimal

SETENA reactivó conflicto de agua en Guacimal

Comunicado de la Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas

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Guacimal, Puntarenas. En febrero de este 2016 la Sala Constitucional de Costa Rica ordenó excluir al Proyecto de Riego “Sudaguas” en el Plan de Emergencia por Sequía de la CNE en 2015. Se ordenó con ello detener las construcciones que el SENARA y la Sociedad de Usuarios de Aguas de Los Ángeles habían realizado sin licencia ambiental a los largo de unos 15 kilómetros con gruesas tuberías que hoy están enterradas en el subsuelo de las fincas beneficiarias, varias de ellas propiedad de sociedades anónimas de la zona, que se excusaban en la emergencia para tomar las aguas del río Veracruz, pasando por encima a la oposición de la comunidad de Guacimal, que se considera afectada por el censurado impacto ambiental del proyecto.

Las construcciones llegaron hasta el cruce de Santa Rosa, donde el pueblo de Guacimal detuvo con presencia social el trabajo de las maquinarias en enero, semanas antes de que lo hiciera oficialmente la nueva sentencia de la Sala Constitucional que hizo triunfar nuevamente al pueblo de Guacimal.

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Al llegar al territorio de la comunidad local opuesta por años contra este proyecto ¿Cómo pretendían pasar por la fuerza en medio de una comunidad sabiendo que construían sin permisos ambientales ni municipales de ley? ¿Cómo iban a pasar por encima a un pueblo que sabía que no había una emergencia que justificara entubar agua del río Veracruz y pasar por encima a la comunidad y la Sala Constitucional? ¿Estaría en los planes reprimir la protesta justa del pueblo de Guacimal y “traer perreras”, como insinuaron algunos personajes en la comunidad?

No imaginamos el escenario que pudo haber sido, pero hoy vuelve la amenaza, ante la ligereza en actuar desapegado al ordenamiento jurídico de la SETENA en su resolución 1639-2016, con la que dio continuidad a la evaluación del proyecto de riego “Sudaguas” y a la vez insistiendo en mantener criterios que dejan desprotegido al ambiente como bien público y a la comunidad como actor social clave en la defensa de su territorio.

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El pasado lunes 12 de septiembre, la comunidad presentó una apelación contra la reactivación ilícita de la evaluación ambiental del proyecto que SETENA ratificó con la citada resolución. El expediente del proyecto estaba archivado.

Con la apelación se pide a la Comisión Plenaria de SETENA exigir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, o caso contrario, elevar a la apelación al Ministro de Ambiente e investigar y sancionar a la Comisión Plenaria de SETENA por sostener el incumplimiento del ordenamiento jurídico del país al inventarse los procedimientos que piden en esa Resolución que reactiva un proceso de evaluación que estaba “muerto”.

Dichos procedimientos ni siquiera existen en los Reglamentos de SETENA, pero se establecieron en lugar de pedirles a los desarrolladores el Estudio de Impacto Ambiental como es potestad de la SETENA, lo que favorece que terminen de imponer este proyecto contra la comunidad, que se ha construido ya en un 80% con irregularidades y omisiones que llevan años de denunciarse y hoy parecen no contar, aumentado el potencial conflicto de intereses: lo público vrs lo privado.

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En este recurso se ha denunciado como se usan datos falsos y erróneos por parte de los desarrolladores, manipulando la Significancia de Impacto Ambiental de su proyecto mientras que la SETENA no ha observado tan importante detalle. También se denuncia la desconsideración del estudio hidrológico del río que permita estimar el impacto de la pretendida explotación de agua y evitar un desastre ambiental más, en un contexto de disminución de las fuentes por efecto del cambio climático.

Además la SETENA ha pedido hacer un “taller participativo” a los impulsores del proyecto, básicamente planteando “informar” a los actores locales sobre la justificación del proyecto, el impacto ambiental esperado y sus beneficios, lo que impide la participación efectiva de los habitantes en la decisión sobre este proyecto en detrimento de la Ley ambiental y el Derecho Internacional. Este mecanismo de taller además no existe en el Reglamento de SETENA y demuestra cómo se menosprecia completamente la situación de conflicto provocada por la falsedad de información inicial de los desarrolladores, que no tienen legitimidad alguna para convocar al pueblo para presentarle un proyecto sin estudios claves ni la aceptación social en la comunidad.

La pretensión del recurso de apelación es anular la Resolución 1639-2016 de SETENA, hacer que se EXIJA el Estudio de Impacto Ambiental a los desarrolladores, además de sancionar como corresponda a los responsables de violar los procedimientos que debe cumplir por obligación la administración pública del país, en un tema de interés social como es el ambiente. (Fotografías del conflicto).

Informes: Dany Villalobos V. 8509 4712, Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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MAG: enemigo del ambiente 2014-2016

Para la FECON en el mes del ambiente hubiésemos querido destacar lo positivo del gobierno del cambio, pero lo cierto es que pesa más en la balanza poner en evidencia el maquillaje verde que predomina.

Toca señalar que en estos dos años de gobierno, la gestión del Ministro de Agricultura ha sido enemiga del ambiente y de los intereses del país, tanto que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional” en el tanto que:

El MAG ha buscado desregular, aún más, el registro de agroquímicos, incluso tratando de excluir al Ministerio de Salud y MINAE. Ha sido una constante en su gestión, a pesar de la violencia contra las comunidades y la naturaleza intrínseca a estos modelos de agroindustria «siguen casados» con sus cámaras. En este lamentable matrimonio «secuestraron» la posibilidad de tener una nueva ley del agua y su recompensa es ser descalificados públicamente (Diario Extra, 4-5-2016)

Como si no fuéramos el país que más consume plaguicidas en el mundo, este ministro firmó el Decreto N° 39461 que facilita, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados. Este negociazo aprobado a mediados de febrero, nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica, tal y como ya sucedió con el desastre de FERTICA (FECON, 4-5-16) y para rematar, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos, todo esto ¡en plena crisis fiscal!

MAG y SENARA trabajan bajo la “ilógica” que considera que el agua que llega al mar es un desperdicio (ver la Diarioextra.com, 20-7-16 y larepublica.net 10-3-2016) y parten de la obsoleta premisa del agua como recurso inagotable, mientras que hasta niños y niños en la escuela saben que es un error superado de la ciencia occidental (porque nuestros pueblos originarios sí han tenido más claro los principios del ciclo hidrológico y el cuido del agua desde hace miles de años), pero parece que nuestros jerarcas reprobarían la primaria del siglo XXI, ¿sabrán que la tierra es redonda? Así, el papel de estas instituciones, en lugar de solucionar, han propiciado conflictos socio-ambientales cuando por ejemplo han promovido y ejecutado cuestionados proyectos de riego que no cuentan con suficientes estudios ni mayor participación o fiscalización ciudadana, poniendo en riesgo la naturaleza y comunidades enteras que dependen de ella. Tal es el caso de los conflictos en Guacimal , Santa Rosa y Aranjuecito de Puntarenas. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria, los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su caudal, es decir se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. En el Río Lagarto se ha concesionado el 120% de su caudal para riego de piña, algodón transgénico y pastos para ganadería y en el caso del Río Guacimal su concesión alcanza el 125%, ambos son fuentes directas de acueductos comunales (FECON, 25-5-16).

Pero el caso de Guacimal no queda ahí, tanto el Ministro como SENARA, han actuado bajo la lógica de la persecución y han irrespetado la autonomía universitaria.Ambas instituciones enviaron cartas y realizaron una llamada a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica acusando al Programa Kioscos Socio Ambientales de realizar acciones “belicosas” y “parar obras» de un proyecto de riego en Guacimal de Puntarenas, que en realidad había sido suspendido por la Sala IV en dos ocasiones por ilegalidades(Semanario Universidad,14-3-16). Estos actos abonan a la criminalización de la acción socio ambiental y persecución de quienes abogan por el ambiente en nuestro país. Resulta desconcertante que, en 8 años que tiene este programa, sea la primera vez que recibe presiones de instituciones públicas, justo en esta administración de discurso progresista y con jerarcas que vienen de la academia.

Como si fuera poco, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.

En lugar de honrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña ( PACto Ambiental en Acciones Estratégicas en Seguridad Ambiental” pág.3 y 13 y “Posición Gestión Integrada del Recurso Hídrico”) el MAG se ha convertido en su principal promotor de nuevos mercados en como China (Diarioextra.com, 20-9-14) al punto de cesar a Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado, con tal de eliminar cualquier obstáculo al negocio de la agroindustria piñera transnacional, cuyas millonarias ganancias no se quedan en el país y se dan a expensas de 12 mil personas tomando agua con sus agrovenenos, excepciones de impuestos y morosidad millonaria con la CCSS. Mientras, los campesinos son presa de la «asistencia técnica» de las transnacionales de agrovenenos, y el ministro además de concederle a los piñeros la cabeza de Dall’Anese, les ofreció nuevos inspectores y asistencia a este sector caracterizado por hacer lo que les da la gana con las leyes, el ambiente y los derechos de las comunidades. Todo esto con el apoyo del MAG que, en lugar de hacerlos cumplir la ley, anima una “Certificación Voluntaria de Buenas Prácticas Agrícolas” que son manuales de fantasías y ¿buenas? intenciones para no hacer nada.

El incumplimiento de las promesas de campaña no acaba, en el caso de los transgénicos, el ministro del MAG ha incumplido los dos acuerdos que firmó, con su puño y letra en campaña (¿su palabra no vale?). Por un lado, ha irrespetado los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos en sus territorios, por ejemplo en Chomes de Puntarenas se ha seguido cultivando algodón genéticamente modificado estos dos años, a pesar de su declaratoria libre de transgénicos. De igual manera se ha incumplido la promesa de un decreto ejecutivo para etiquetar alimentos con transgénicos. Además, representantes del MINAE y del MAG (entre ellos Dall’Anese que trabajó para la empresa DowAgrosciences) votaron a favor del cultivo de algodón transgénico por parte de DowAgrosciences. ¿Será que debió abstenerse el señor Dall’Anese de votar a favor de una transnacional con la cual trabajó?¿Será que tiene su espacio asegurado en Dow?. Además, lo hizo sin corregir el reglamento que permite las autorizaciones sobre transgénicos y que fue declarado parcialmente inconstitucional, un reglamento que el mismo ministro cuestionó en el caso de maíz transgénico, eso sí cuando era funcionario universitario.

El MAG es responsable de las llamadas quemas agrícolas controladas (QAC), autorizadas principalmente para monocultivo de caña, que generan gran impacto en la salud por contaminación con dioxinas y furanos de alto potencial cancerígeno. Pero resulta que las QAC sí se pueden salir de control y provocan incendios forestales, este año 45 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 4 mil fueron en áreas silvestres protegidas y la mayoría de estos desastres han sido en cantones cañeros. El MAG en lugar de apoyar las alternativas a la quema, año con año otorga los permisos para beneficiar a los grandes ingenios azucareros. Queda en evidencia una vez más, como sigue pesando más el beneficio de los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud pública y bienestar ambiental. Mientras el MAG provoca incendios, el MINAE con pocos recursos los trata de controlar y el sistema de salud trata de atender las enfermedades bronco-respiratorias de cientos de comunidades afectadas, en medio de la implemente y recrudecida época seca guanacasteca.

En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681 y siguen alcahueteando la pesca ilegal en la Isla del Coco (FECON, 11-3-15) El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15)

Como si no hubiesen problemas fuera de las áreas protegidas, hoy el monocultivo de la palma ocupa cientos de hectáreas de humedales dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, bajo políticas de incentivo a la agroindustria de exportación, que significa el 60% de la producción nacional según la FAO (2012) lo cual ya de por sí pone en peligro nuestra soberanía alimentaria (FECON, 13-2-16).

El MAG está a favor de la privatización de las semillas. Así como quiso imponer una ley de semillas a la medida de las transnacionales(FECON,10-8-15), proyecto de 2008 hecho en función del TLC-EEUU cuya agenda de implementación favorece la privatización de las semillas(FECON,27-8-15), hoy celebra en el Informe del Presidente de la República y Ministros, (Tomo I, Pág. 19) que en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), se otorgaron tres derechos de obtentor en el marco de la Ley de Obtenciones Vegetales, N°8631. Esta ley fue aprobada con total oposición del movimiento ecologista y miles de firmas solicitando un referendo. Otorgar Derechos de Obtentor, es privatizar las semillas.

Como no dejar de señalar la incapacidad de revertir las políticas que siguen poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias donde ya la mayoría de granos son importados, tal es el caso de la totalidad del maíz amarillo, que además en su mayoría es transgénico, o el caso de los frijoles importados de China. Es el colmo del sinsentido que en el país de «los labriegos sencillos» se tenga en crisis a los frijoleros que año con año ven como se llenan nuestros mercados con frijoles asiáticos más baratos y de menor calidad.

Así, los hechos señalados en este recuento nos hablan de una gestión del MAG que no ha sido cambio sino continuismo de la anterior administración, pero peor aún, con un ministerio cerrado herméticamente sin el menor interés de participación o rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, FECON señala la gestión del Ministro del MAG como anti ambiental, sin participación ciudadana y sin cumplir sus compromisos adquiridos en campaña política.

Además, FECON apunta el franco retroceso ambiental de las decisiones gubernamentales y por su sistemática acción contra la naturaleza, lo declara enemigo del ambiente 2014 – 2016 y solicita replantear su proyecto político.

Si bien pareciera imposible detener la inercia de un modelo agroexportador que supera nuestras fronteras, que impone un comercio transnacional extractivo a un país sumamente dependiente, el MAG tiene el apoyo de todo un país ecologista si toma decisiones valientes cuya meta sea dinamizar nuestra economía protegiendo nuestra seguridad alimentaria con base en el estímulo de nuestra agricultura y comercio justo y local, y para esto no hay otra vía posible que no implique poner en valor, en todas sus dimensiones, la salud ambiental del país, la verdadera esencia de este país y si se quiere ver desde una óptica mercantilista, nuestra verdadera gallina de los huevos de oro. Quedan dos años para revertir y aprovechar esta oportunidad, talvez la única.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada del video Río Acapulco seco por proyecto de riego en Puntarenas.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Comunidad de Guacimal se opone a concesión de agua a ganaderos

Habitantes de Guacimal de Puntarenas se opusieron a la concesión de agua a ganaderos pues afecta el agua destinada para la comunidad.

Es por esta razón que los miembros de esta comunidad presentaron un recurso de amparo en contra de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Secretaría Nacional Ambiental, donde manifiestan que: …el expediente D1-13384-2014-SETENA, por medio del cual se tramitó el proyecto de Riego SUDAGUA en Guacimal de Puntarenas , fue archivado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por medio de la resolución número 1710-2015-SETENA , por cuanto “…las obras que serán desarrolladas bajo un Decreto Nacional de Emergencias están exentas de trámite ordinario ante las entidades competentes”. De manera que el referido proyecto no cuenta con el requisito previo de viabilidad ambiental…

Dados dichos argumentos, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo interpuesto y decide anular la concesión:

POR TANTO:

“Se declara con lugar el recurso. Se anula la inclusión del Proyecto de Riego Sudagua al Plan General de la Emergencia por Sequía en el Pacífico Central y Norte del país, según el Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG, publicado en la Gaceta No. 195- viernes 10 de octubre del 2014, que declara Estado de Emergencia la situación generada por la sequía que afecta cantones de la provincia de Guanacaste, cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y cantón central de Puntarenas y cantones de Orotina, San Mateo y Atenas. Asimismo, se anula la resolución No. 1710-2015-SETENA de las 10:10 horas del 30 de julio de 2015. Lo anterior no obsta para que las partes involucradas, si lo estiman necesario, reconduzcan los procedimientos para incluir el proyecto nuevamente, previo cumplimento de los estudios técnicos ambientales que correspondan. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia a Marco Arroyo Flores, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), a Eduardo Mora Castro, en su condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y a José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, en forma personal. El Magistrado Jinesta Lobo y la Magistrada Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar el recurso.”

Si usted desea leer detalladamente este documento, ingrese en el siguiente enlace:

Voto Guacimal

 

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Nicolas Boeglin.

Organizaciones defensoras de los ríos se encuentran en Guacimal

Dany Villalobos

 

El Centro Demostrativo de Sostenibilidad de Guacimal recibió el sábado 4 de julio a la Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador, una organización rural muy importante que integra parte del Movimiento Ríos de la Zona Sur de Costa Rica.

El motivo del encuentro fue conocer las luchas comunales que se llevan adelante en la zona de Puntarenas por la defensa del agua, a la vez que participaban en la feria rural de Guacimal, una iniciativa comunal que tiene ya más de medio año de actividad y que rescata los valores tradicionales de convivencia comunal y las capacidades productivas de las personas locales.

Uno de los miembros de la comisión, don Juan Samudio, quien es campesino vecino de Cristo Rey de San Pedro de Pérez Zeledón compartió ante la feria su preocupación por el apoderamiento de los ríos en manos de grupos que representan intereses económicos poderosos, a quienes no les parece importar que se perjudique a los pueblos que necesitan de los ríos en su diario vivir. Destacó además que la conciencia sobre este problema debe llevar a una la unión a nivel del país para enfrentar con más fuerzas a los sectores que quieren adueñarse de las aguas y de los ríos.

Organizaciones defensoras de los ríos se encuentran en Guacimal2

Por la noche, se sostuvo una reunión con representantes de organizaciones comunales que integran la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en Puntarenas. Ahí se compartieron más a fondo las experiencias sobre las situaciones que se enfrentan en el norte de Puntarenas, donde el cambio climático y la demanda de agua han provocado situaciones insostenibles. Las críticas hacia las instituciones estatales responsables del manejo ambiental, las sociedades de usuarios de agua como concesionarias del agua e inclusive el papel de algunas ASADAS en el acaparamiento del agua no faltaron.

Finalmente, quedó clara que en los conflictos por el agua hay muchos actores que luchan de desigualdad de condiciones. Las complicidades entre instituciones e intereses privados que se escudan en términos legales y descartan la posición de las comunidades deben ser confrontadas con vínculos solidarios entre las comunidades afectadas. Por tanto, del encuentro surgió una amistad que se ampara en la esperanza de triunfar con la razón ante los intentos de privatizar el agua que se están viviendo en muchas zonas de Costa Rica.

 

Enviado a SURCOS Digital por Dany A. Villalobos.

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Comunidades puntarenenses crean Alianza en Defensa del Recurso Hídrico

El pasado domingo 10 de mayo se creó en Guacimal de Puntarenas la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas, como respuesta de varias comunidades a los conflictos por acceso al agua que se han presentado en los últimos años en la zona norte de Puntarenas.

Comunidades puntarenenses crean Alianza en Defensa del Recurso Hídrico

Esta Alianza se integra inicialmente por organizaciones comunitarias de Guacimal, Santa Rosa y Aranjuecito, que tienen como meta buscar soluciones conjuntas a los problemas de manejo del agua en sus cuencas, atendiendo solidariamente las luchas de todas las comunidades afectadas por los intereses de privatización del agua en la región.

Los casos

Guacimal. Desde el año 2011 Guacimal tuvo que organizarse y luchar contra la privatización del 60% del agua del río Veracruz, pues un proyecto de riego gestado con información a medias para la comunidad provocó el descontento comunal contra sus impulsores: la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles (SUALA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Al pueblo no le parece la extensión realizada por debajo de la mesa, pues la mayoría del agua iría finalmente a grandes fincas ganaderas de Coyolar y Sardinal, bajo el riesgo de que detrás esté la expansión piñera. Este caso aún no cierra y a pesar de que la Sala IV defendió el derecho al ambiente sano del pueblo de Guacimal, anulando los permisos ambientales y ordenando a los desarrolladores corregir las carencias realizando el debido Estudio de Impacto Ambiental, la SUALA y SENARA continúan tratando de evadir este paso fundamental para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del proyecto.

Aranjuecito. Un caso similar ocurrió en Aranjuecito, donde la llamada Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito, con respaldo del SENARA, obtuvo viabilidad ambiental para el proyecto de riego San Rafael-Sardinal, que pretende captar hasta el 90% del agua del río Aranjuecito. Los vecinos se enteraron del proyecto hasta que vieron los trabajos de zanjeo en las calles y la colocación de las gruesas tuberías que succionarán prácticamente toda el agua del río si las autoridades continúan negándose a escuchar la voz de la comunidad. En este caso también se llevó a la Sala IV un recurso de amparo para defender el derecho al ambiente sano y al agua, pero de manera contradictoria con las consideraciones que se hicieron en el caso de Guacimal, los magistrados fallaron en contra de la comunidad y aceptaron la versión de la Dirección de Aguas del hecho que dejar sólo el 10% del agua es lo típico de todas las concesiones y por ende “ecológicamente viable”, a pesar de que no consta estudio ecológico alguno que garantice que esa interpretación sea cierta. Aranjuecito seguirá luchando por defender su río contra la indiferencia institucional y con esta alianza se fortalecerá su lucha.

Santa Rosa. El último caso descubierto fue la gota que derramó el vaso. El río Acapulco fue encontrado seco a la altura de Santa Rosa de Guacimal desde el 10 de abril pasado. Los vecinos hicieron denuncia pública en medios escritos y formalmente en el OIJ (que es el único organismo que se ha hecho presente en el lugar) y ante el Vice ministerio de Aguas y la Dirección de Aguas como responsables de supervisar concesiones, pero estos últimos brillan por su ausencia. Como resultado de la denuncia pública fue revelado que la Dirección de Aguas cuenta con solamente 1 inspector para las 17.000 concesiones que se registran a nivel nacional, por lo que se cae el argumento que usa esa Dirección cuando ha sido denunciada por las comunidades, cuando dice que no debe haber preocupación porque ellos garantizan que las concesiones nunca lleguen al límite de secar las fuentes de agua. Esa afirmación irresponsable usada para contrariar las demandas comunales, ha pasado de ser un escudo de indiferencia a ser una mentira ya comprobada.

Acción desde las comunidades

La indiferencia de las instituciones encargadas del tema ambiental respecto a las preocupaciones y advertencias de las comunidades locales seguirá siendo denunciada por la Alianza hasta encontrar soluciones satisfactorias y ganarse el respeto de parte de las autoridades, que hasta al momento han sido bastante cerradas para favorecer proyectos que son rechazados por las comunidades amenazadas y ya afectadas. Se ha argumentado que para favorecer los intereses de pocas personas, se acaparan grandes cantidades de agua afectando de forma grave el ambiente de los ríos, que son muy importantes para el bienestar de los pueblos locales.

Una de las metas principales será informar a la comunidad nacional sobre estos casos, que deben alertar al país entero. Además abrir los espacios de audiencia pública que hasta el momento han sido negados por los desarrolladores y el SENARA, lesionando el interés social del uso y conservación del agua. Además se buscará un acercamiento a las comunidades de la zona que presentan problemas de contaminación o cortes diarios en el servicio de sus acueductos, como La Pita, Sardinal y Villa Bruselas, que también han carecido de atención institucional a sus problemáticas, en pro de buscar soluciones desde la acción comunal.

Un fundamento central de las acciones de esta Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico es concientizar sobre la importancia de priorizar el uso de las fuentes de agua existentes para el consumo humano, sabiendo que de esta forma se garantiza la salud y calidad de vida de las poblaciones, sobre todo ante la disminución experimentada en la zona como efecto de la degradación ambiental de las cuencas y el cambio climático.

Se invita a toda la población puntarenense a sumarse y denunciar sus problemas con acceso al agua, pues es responsabilidad de las instituciones estatales garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un agua de calidad para el bienestar humano.

Pueden contactarse con la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas para obtener más información sobre los conflictos en la zona

 

Enviado a SURCOS Digital por Dany A. Villalobos del Colectivo Machete.

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