La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, es un evento de gran trascendencia, que sigue vigente en la vida del costarricense, pero muy especialmente, en el alma guanacasteca. La Cruz y Liberia junto a la Península de Nicoya integrada por Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure y la Región Sur, por Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla Chira, el Golfo de Nicoya y demás Islas, son el regalo que recibió Costa Rica en 1824, del cual hoy se enorgullece.
La 197° celebración de la Anexión de Partido de Nicoya a Costa Rica este 25 de julio del 2021, será en sí misma, un evento inclusivo en nuestra vida institucional como costarricenses. En esta fecha, celebraremos la anexión de un territorio, una ancestralidad, una cultura y una tradición, que se unió al ser costarricense.
Repasando nuestra historia, en la administración de don Alfredo González Flores, se emitió el decreto número 20 del 18 de octubre 1915. Con este decreto, se traslada la Región Sur Península de Nicoya de Guanacaste a Puntarenas. En este acto administrativo, se subvirtió el orden legal establecido.
En el 2012 y después de múltiples esfuerzos legales fallidos, la Municipalidad de Nicoya representada por su exalcalde don Marco Antonio Jiménez Muñoz y por la sociedad civil el exdiputado don Mario Arredondo Calderón, con la asistencia legal del Lic. José Miguel Villalobos Umaña, presentan un recurso legal contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Con esta acción legal Guanacaste-Nicoya, reclama la reintegración de la Región Sur, mediante una sentencia que declare la extinción de dicho decreto. El resultado final de esta gestión legal, será la conclusión de una larga lucha por la recuperación total de su herencia histórica. El próximo 16 de julio cumplimos 9 años en espera de esta resolución.
Confiamos en el ordenamiento jurídico y en la aplicación justa de la ley y estamos convencidos de la importancia de la participación social. Desde esta perspectiva y como forma de apoyo al proceso legal, en el 2019 las fuerzas vivas de Guanacaste crean la estrategia conocida como GUANACASTETOTAL. En esta estrategia se integra el sentir provincial de muchos años, que expresa con firmeza: “sin la Región Sur, la provincia de Guanacaste no está completa ni satisfecha”.
Es en ese sentido, que la celebración del 197° aniversario, será un evento muy particular por los actos cívicos que contempla. Con ellos, se deja en evidencia, que es necesario hacer un esfuerzo reivindicativo con la provincia de Guanacaste, devolviéndole la Región Sur. Esto nos permitirá celebrar esta fecha patria, con dignidad y orgullo como costarricenses.
Se han establecido tres momentos claves en seguidilla en los que, la sociedad guanacasteca y en diferentes escenarios de la región que comprende el Partido de Nicoya, elevará un clamor patriótico donde se reclama de devolución a Guanacaste de la Región Sur.
Primer momento: En la Ley 2034 del 18 de julio de 1956 en el artículo número uno, podemos leer literalmente: “Declárase el 25 de julio de cada año fiesta nacional, como justo reconocimiento de Costa Rica a los pueblos del antiguo Partido de Nicoya”. La Región Sur, integrada por Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla Chira, el Golfo de Nicoya y demás Islas, son parte de esta celebración. Por esta razón, es oportuno reconocerle su legado histórico dentro del Partido de Nicoya, que se unió a Costa Rica en 1824.
Con esta visión y justificación, el 23 de julio del 2021 en el distrito de Lepanto en Jicaral a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo un acto cívico regional conmemorativo, con presencia de personeros de la “Cuna de la Anexión” como lo expresa la ley supra mencionada. Esta celebración allega la Región Sur, a donde nació y anhela regresar para recobrar su identidad histórica.
Segundo momento: El Partido de Nicoya se unió a Costa Rica el 25 de julio de 1824. En 1836 con la primera división territorial administrativa, este Partido se integra al Dpto. de Guanacaste y más tarde, en 1848 con la creación de provincias, pasa a ser parte de la provincia de Guanacaste con sus cuatro cantones. Lo que nos dice la historia, es que la unidad territorial del Partido de Nicoya, siempre ha sido parte de la provincia de Guanacaste y la estamos reclamando.
Con ese fundamento histórico, el esfuerzo legal del contencioso administrativo en curso y la certeza absoluta de que la Región Sur pertenece a la provincia de Guanacaste, el 24 de julio del 2021 en la “Cuna de la Anexión”, la ciudad de Nicoya, en su Municipalidad y en el mismo lugar donde se firmó el acta de la Anexión, al ser las 4 de la tarde, se llevará a cabo un solemne acto cívico de gran trascendencia para la historia de Costa Rica y de la provincia de Guanacaste. En ese momento la sociedad guanacasteca civil y política, declarará a la Región Sur como: “TERRITORIO IRREDENTO DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE”, mediante una oración cívica que expondrá a sociedad y al mundo, nuestra argumentación para sustentar ese acto reivindicativo.
Tercer momento: Es el acto solemne para la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya en la “Cuna de la Anexión”. En este evento, se hará mención de esta seguidilla, dejando en alto relieve nuestra convicción en la justicia y un pronto reintegro de la Región Sur a la provincia de Guanacaste.
GUANACASTETOTAL M. Sc. Carlos Armando Martínez Arias Alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Vicepresidente de la Federación de municipalidades de Guanacaste.
Lic. Luis Fernando Mendoza Jiménez: Alcalde de la Municipalidad de Cañas, Presidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste.
M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada: Presidente de la Asociación para el Rescate y Desarrollo de la Península de Nicoya el Golfo y sus Islas. Coordinador del Foro Político Filosófico Agenda Verde la Región Sur.
En un caso que al que estamos dando seguimiento desde hace tiempo, en los últimos días miembros del equipo de Alba Sud realizamos una gira por Playa Marbella, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, para conocer el estado actual del conflicto entre la comunidad y los desarrollos inmobiliarios.
La apropiación llevada a cabo por grandes inversiones turístico-residenciales en Playa Marbella continua su marcha. En un artículo anterior describimos cómo operan desarrolladores inmobiliarios en destinos prístinos y porqué Playa Marbella es síntesis del conflicto turístico que se produce en estos momentos en Guanacaste. En Marbella se da un acelerado proceso de acaparamiento de tierra por agencias de bienes raíces; gestión privada del agua para abastecer proyectos inmobiliarios; irresolución de instituciones públicas e injerencia en las decisiones de la comunidad.
Ubicada en el cantón de Santa Cruz, Marbella aparece a inicios del siglo XXI como una nueva frontera propicia para la especulación inmobiliaria. Desde el 2016 vecinos y vecinas, organizaciones locales y diversos medios de comunicación han señalado anomalías a la hora de otorgar concesiones, permisos de construcción y gestión de agua potable; así como denuncias por destrucción de manglares. Resultado de esto, grupos inmobiliarios en la comunidad han llevado a cabo campañas de desprestigio y amenazas a voces disidentes con este modelo de desarrollo turístico.
En este contexto, las instituciones públicas han vuelto a fallar en la consecución de una solución rápida, apegada al ordenamiento jurídico costarricense. Se repiten los mismos errores que se han producido en otras playas de la provincia, y que llevaron a que se pusiera en entredicho qué intereses priman en la administración pública en los destinos costeros.
En una gira reciente por la zona, Alba Sud pudo dar seguimiento a la situación. Nos acompañó el M.Sc. Gustavo Jiménez Barboza, consultor e investigador en estudios urbanos. Invitados por la comunidad, estuvimos también presentes en una reunión convocada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la que se trató la carencia de agua potable para los habitantes históricos. También, conocimos qué avances ha habido en las denuncias hechas a la Municipalidad de Santa Cruz sobre construcciones en la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Finalmente conversamos con adultos mayores para conocer su perspectiva de cómo ha cambiado Marbella y qué impactos han tenido las inversiones inmobiliarias en la comunidad.
¿Agua para qué y para quién?
En Marbella la gestión del agua ha sido un problema desde que grandes complejos residenciales llegaron a la comunidad. El control privado del agua potable ha sido posible por la administración irregular del acueducto rural (ASADA) por agencias de bienes raíces, al mismo tiempo que se perforan pozos ilegales dentro de proyectos inmobiliarios.
El presidente de la agencia de bienes raíces Marbella Group Developers, Jeffrey Allen, responsable de los residenciales Posada del Sol, Vista Bella, Costa DoradaRuta del Sol, llegó a presidir al mismo tiempo las dos ASADAS de la comunidad entre los años 2007 y 2019. Esto le permitió otorgar a sus proyectos cartas de disponibilidad hídrica sin ningún estudio técnico de por medio hasta que el AyA tomó el control de las ASADAS. En la denuncia presentada por el AyA, de la cual se dispone de copia, entregada a la Fiscalía en marzo de 2019, se evidencia un conflicto de intereses. En ella se describe cómo operaba Allen a través de redes de sociedades anónimas y testaferros. Los posibles delitos que se señalan son once, entre los más graves enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
En el mismo sentido, Antonio Marvez, responsable de los residenciales Lomas del Sol y Jardines del Sol es investigado por el delito de usurpación de aguas por la Fiscalía Ambiental de Guanacaste. En el expediente 17-001221-0412-PE se le imputa abastecerse con pozos ilegales dentro de los complejos residenciales mencionados.
Este contexto, junto a la urgencia de vecinos de las barriadas Manzanillo y Veracruz que no cuentan con servicio de agua potable, fue el motivo por el cual la comunidad sostuvo una reunión con el AyA. La cita se realizó el 12 de marzo en el Salón Comunal de Marbella. Por el AyA asistieron Alejandro Contreras, de la Oficina Regional, y Andrea Chacón, de la Dirección Jurídica.
La comunidad, representada por la Asociación de Desarrollo Integral de Marbella (ADIM), fue enfática en señalar cómo a pesar de que en los complejos residenciales hay suministro de agua hasta para piscinas, no haya para uso comunal. La ADIM propuso que, de ser necesario, hay vecinos dispuestos a donar terrenos para pozos y mano de obra para satisfacer la necesidad hídrica. Sin embargo, esta opción no es viable por el momento. Ya que como explicó Andrea Chacón dependen de condiciones hidrológicas idóneas, riesgos de salinización y sobre todo porque “…la gran mayoría de terrenos en Marbella son privados, en algunos casos es gente que no reside en el país y no es como que la gente quiera ceder su terreno para dar agua”. El problema radica en que actualmente los terrenos idóneos son aquellos donde están los desarrollos inmobiliarios, lo que obliga al AyA a tener que negociar y, de ser necesario, comprar terrenos a dueños ausentes.
Así, por ejemplo, en uno de los pozos en el residencial Lomas del Sol, vinculado a Antonio Marvez, el AyA reconoce que es ilegal, pero solo se utiliza para abastecer a ese sector. Chacón explicó que “…nosotros como AyA también tenemos que resolverle a esas personas que tienen casas construidas ahí por una situación que no es nuestra sino de quien construyó…”. Cuando se le preguntó qué iba a suceder con todos los otros pozos ilegales, Chacón respondió: “El AyA no tiene la competencia legal para cerrar pozos, solo la Dirección de Aguas” [1]. Otro ejemplo es un pozo en Posada del Sol, propiedad de Jeffrey Allen, a quien el AyA ha denunciado por manejo irregular de ASADAS comunales durante más de diez años, que, según explicaron en la misma reunión, fue una donación al AyA y es el único pozo que por el momento abastece a la población local.
Imagen de Arturo Silva.
Chacón fue explicita en afirmar que “en este momento el AyA no tiene agua para ampliar el servicio a Manzanillo y Veracruz”, pero están buscando otras fuentes de agua. Mientras el servicio continua en los proyectos residenciales es evidente que construir y substraer agua de manera ilegal en Marbella no tiene mayores consecuencias, hasta puede resultar favorable para el desarrollador, porque puede llegar a vender el terreno al AyA. En la reunión se llegó al acuerdo de conformar una comisión de trabajo entre comunidad y AyA para darle seguimiento al tema.
Otro de los puntos clave en la reunión fue, el papel que juega la Municipalidad de Santa Cruz en esta situación. Alejandro Contreras, de la Oficina Regional del AyA, luego de hacer referencia a la promesa de trabajo que traerá el turismo residencial, sostuvo que “es urgente su participación dada la ausencia de planificación en el cantón”. Contreras mencionó que, para estimar la demanda hídrica de la comunidad, en 2019 el AyA solicitó los permisos de construcción a la municipalidad y asegura que “encontramos un equivalente a 7 veces la población actual de Marbella”. A lo largo de los años a la Municipalidad de Santa Cruz no solo se le han señalado deficiencias en planificación y manejo territorial, también en materia administrativa.
“La muni en su laberinto…”
La sensación de impunidad es perenne en la comunidad. Luego de la reunión algunos vecinos señalaron la ausencia de la Municipalidad de Santa Cruz en la cita. Existe gran inquietud, principalmente porque no se sientan responsabilidades en el manejo del agua, y esto se extiende a la capacidad de reacción del gobierno local. Una de las personas a la cual se omite el nombre para evitar posibles represalias, nos dijo: “Mirá…meter papeles a la muni es como meterlo al Laberinto del Fauno. Qué va a saber uno si lo van a atender hoy, mañana o en un año, o si lo van a engavetar. Hay mucho huevo (dinero), intereses… cosas que uno no sabe bien cómo funciona”.
Tal es el caso del restaurante Tikki Hut, construido por Jeffrey Allen. Por estar ubicado en los primeros 200 metros de costa la concesión municipal debe seguir un protocolo administrativo que certifique el resguardo ambiental y beneficio directo para las comunidades. En respaldo a la comunidad, a quien que desde el 2016 se les ha negado documentos que evidencien el debido proceso para adjudicar la concesión, la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) hizo su aparición en Marbella.
Imagen de Arturo Silva.
Desde el 18 de diciembre del 2020 FECON presentó tres denuncias en relación al restaurante Tikki Hut. Las denuncias hacen referencia al alumbrado eléctrico, la construcción del puente de acceso y el restaurante en sí. En el último pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema, expediente 21-003356-0007-CO del 12 de marzo de 2021, señala que las acciones de la municipalidad representan una “violación del derecho a una justicia administrativa pronta, acceso a la información y de petición y pronta respuesta, en perjuicio del ambiente”. Del pronunciamiento de la Sala se desprende que la municipalidad de manera deliberada esconde información detrás de consultas innecesarias a sus departamentos legal, ambiental y de ZMT, como si se trataran de instituciones aparte.
En el documento se indica que la denuncia debía “tramitarse en algún departamento específico en atención al principio de coordinación, debió trasladarse de oficio a lo interno de la propia municipalidad y no simplemente indicarle al denunciante a quien correspondía.” Desde que iniciaron los cuestionamientos, la Sala evidencia que “…no se indica si se ha realizado alguna actuación municipal en áreas de constatar o descartar las supuestas irregularidades denunciadas -construcciones-”. También señala el silencio de la municipalidad “no se pronunciaron en cuanto a la solicitud de orden de clausura y demolición de obras, ni tampoco, si se entregaron los documentos pretendidos.” En el pronunciamiento la Sala da un mes como máximo para que se hagan públicos la documentación solicitada.
En Marbella el control estratégico del agua está ligado a la posesión de la tierra, pero mientras el AyA encuentra fuentes de agua y la municipalidad logra dar con el departamento correcto hay una historia a ras del suelo que merece ser contada. Una historia que cuenta cómo Marbella fue cambiando con los años.
Fiebre por la tierra: #LandForSale
Don Roberto Gómez y don Pablo Gutiérrez son dos marbellanos de cuna. En Costa Rica es costumbre utilizar “don” para referirse a personas mayores como muestra de respeto. Don Roberto, de 63 años, nos advierte que su tez blanca y ojos azules vienen de una cepa española que se resiste a desaparecer. Don Pablo, de 75 años, nos cuenta que su familia lo trajo de Nicoya cuando tenía 7 meses, aunque nunca supo por qué. Con la ayuda de un mapa conversamos con ellos sobre los cambios que han sucedido en Marbella en los últimos veinte años. Cómo era Marbella antes, cómo empezó la fiebre por la tierra y qué relación hay con el sector inmobiliario.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Antes de la explosión turístico-inmobiliaria Marbella era tierra de latifundios, propiedad de algunas familias guanacastecas que no residían en el pueblo. Las pocas familias residentes, como las de don Roberto y don Pablo, vivían de pequeñas explotaciones para el autoconsumo: “cuando yo tenía como quince años vivíamos de sembrar maíz, hacer desmonte, volar hacha, sembrar arroz, frijoles y engordar cerdos”, recordó don Pablo. A continuación, Don Roberto explicó su vinculación con el ganado en estas tierras: “nací entre ganado por herencia, tradición, pero terminándome yo, esto del ganado se termina, porque mis hijos ya están en otra cosa.”
Como en el resto de la provincia, en Marbella el boom turístico residencial hizo su aparición a inicios del siglo XXI. Don Roberto recuerda bien ese momento no tan lejano: “como del 2000 para acá fue que ya comenzó…Jeff [Jeffrey Allen] fue el primero, fue el que llegó a explotar la riqueza turística que tenía Marbella. ¿Por qué? Porque Jeff compró por aquí, compro por allá, compró todo”. Más tarde, algunos obreros de la construcción nos comentaron que el terreno donde hoy esta Posada del Sol de Jeffrey Allen es una propiedad de 120 hectáreas comprada a 160 mil dólares, es decir 0.50 dólares el m² [2]. En los albores de siglo, Marbella era una mina si se contaba con acceso a un poco de capital, y don Pablo recuerda que “era una cochinada lo que se les daba por la tierra. Imagínese que una finca él la compraba a 18 mil dólares y luego vendía cada lote al mismo monto”.
Durante la conversación que sostuvimos con estos dos pobladores les preguntamos por la relación que establecen con segundos residentes. Según don Roberto es distante, “ahí dentro de los proyectos hay gente que uno no conoce, ahí pasan echando polvo, si pueden le echan el carro a uno..jaja. Pero el desarrollador si busca como hablar con uno”. Por el tipo de oferta, es común que un número importante de residencias pasen vacías la mayor parte del año, pero eso no significa que el propietario no siga cobrando la manutención y gastos de alquiler. Un monto que puede rondar los 200 y 500 dólares mensuales para cada casa.
Don Roberto y don Pablo han tenido algunas experiencias con extranjeros que querían comprar sus tierras. Pero ellos no han querido vender porque han visto la tragedia que ha supuesto para algunos de sus vecinos que anteriormente vendieron sus terrenos, y que luego no han sabido qué hacer con el dinero. “Entonces uno ve que venden, se van a vivir a otro lado y al tiempito uno los ve volver sin plata, a vivir donde algún familiar”, nos cuenta don Pablo.
Imagen de Arturo Silva.
A juicio de los dos hombres, reconocen que algunas cosas buenas han traído los desarrolladores, como, por ejemplo, donaciones que de tanto en tanto aparecen en la comunidad. Sobre todo, a partir de que la prensa hizo eco de todas las irregularidades ya mencionadas. También la oferta de empleo ha mejorado, en especifico la que tiene que ver con mano de obra para la construcción.
De mitos y mentiras
En Playa Marbella se evidencia el proceso al cual son sometidas numerosas comunidades locales en los primeros estadios de inversión turística residencial. Como en la mayoría de la costa provincial, en Marbella reina la especulación inmobiliaria. Por eso es posible reconocer prácticas monopólicas que contradicen cualquier dogma, basta con reconocer de qué manera desarrolladores inmobiliarios como Jeffrey Allen se han hecho del control de estas comunidades. Al punto que son desarrolladores inmobiliarios cuestionados los que le dictan al AyA si gustan facilitar agua para la comunidad.
¿Qué soluciones tienen las instituciones directamente vinculadas? Ninguna que resuelva un problema que ya es estructural. A falta de una adecuada coordinación y planificación que incentive alguna opción de tejido económico local, lo que surgen son propuestas de comisiones siempre entre comunidad e instituciones, nunca con desarrolladores, para resolver el abastecimiento de agua o la apropiación de espacios públicos como la ZMT. Todo mientras las denuncias se dilatan en consultas y procesos administrativos.
Antes de hablar de turismo, para Marbella debemos hablar de un mercado de la tierra que vende barato y compra caro, de un mercado del agua privado y de un mercado de mano de obra barata. La curva de crecimiento del turismo residencial es corta pues de lo que trata es de una economía rentista concentrada en pocos dueños que no necesita mucha mano de obra para operar, salvo cuando se construyen los proyectos. Lo cierto es que, a falta de alternativas o apoyo para emprendimientos locales, comunidades como Marbella están a merced del mejor postor o, porque no, a merced de las instituciones públicas.
Notas:
[1] En Costa Rica hay más de 13 instituciones públicas que inciden en el manejo del agua. La Dirección de Aguas es la instancia centralizada que corre con los procesos judiciales.
[2] Los montos fueron convertidos del colón costarricense al dólar estadounidense.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Turismo inclusivo, una demanda de justicia global», desarrollado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria Justicia Global 2020.
Imagen principal: Crédito Fotografía: Desarrollo inmobiliario, Marbella. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Publicado en http://www.albasud.org compartido con SURCOS por Bernardo Bolaños con autorización del autor.
A finales del año pasado aprobó la viabilidad ambiental del proyecto de incineración bajo la modalidad de gasificación según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.
Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE los ecologistas buscarán interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.
El proyecto que tiene un costo de más de 38 millones de dólares, inició el trámite en 2014. Es seis años después, y en los últimos días hábiles del 2020, que se aprueba sin la mayor participación social o publicidad al respecto. Es así como COOPEGUANACASTE pretende desarrollar en distrito de Belén del cantón de Carrillo una incineradora y pretende supuestamente generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste, cuando en realidad la energía empleada en la gasificación es mucho mayor a la generada.
La planta cuenta con capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.
La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión conocida. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones.”
El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbonizar o reducir el calentamiento global.
El informe de GAIA concluye que “los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.
Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que “debido a la problemática del ICE de satisfacer su demanda energética aumentando su producción de energía utilizando tecnologías más económicas”. Sin embargo, la situación energética hoy según el ICE es bastante distinta pues la generación es 100 % renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda, en síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.
De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).
Impacto socioambiental
“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa).
Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración, la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto, que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.
Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.
“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,
Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta ni con la estructura jurídica, de laboratorios ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite esta actividad (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015).
Un total de 32 productores y productoras de maíces criollos de la Región Chorotega asistieron al Encuentro sobre Maíz Criollo, donde compartieron sus conocimientos e intercambiaron semillas de las diferentes variedades. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
De la mano de los pequeños agricultores y agricultoras, la UCR, UNA y TEC efectúan una sinergia para conservar el maíz criollo costarricense
El maíz tiene más de 5 600 años de existir en el territorio costarricense. Su cultivo y usos se remontan a la época prehispánica; desde entonces, forma parte esencial de la tradición alimentaria de los pueblos. En la actualidad, este cultivo ancestral se encuentra amenazado por las reglas del libre comercio y, para salvaguardarlo, la academia y los campesinos unen sus conocimientos.
Con el objetivo de intercambiar saberes entre agricultores, técnicos y académicos, se realizó el Encuentro sobre Maíz Criollo en Nicoya, los días 22 y 23 de noviembre. Allí se presentaron los resultados de las investigaciones desarrolladas por la UCR, la UNA y el TEC. Además, se impartieron charlas para reflexionar sobre la situación actual que enfrenta este cultivo y se expusieron alternativas para fomentar su comercialización y rescatar su consumo.
La actividad fue organizada en el marco del proyecto FEES-Conare “Diversidad, valor nutricional y conservación del maíz criollo costarricense” y el proyecto del CITA-UCR “Fomento del consumo del maíz pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional, y estudio de sus usos tradicionales” y contó con el apoyo del Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR.
A través de estos proyectos, los científicos de las universidades estatales han asumido el compromiso de contribuir con la conservación de las diferentes variedades de maíz criollo: el maíz amarillo (yema de huevo), el maíz blanco (maicena) y los maíces morados (pujagua y pujagua Congo), mediante la investigación de la diversidad genética y la conservación de semillas, así como el estudio de su valor nutritivo y usos tradicionales.
Con la utilización de marcadores moleculares, la investigadora Griselda Arrieta Espinoza del CIBCM confirmó que el maíz criollo costarricense de las regiones Chorotega y Brunca goza de un alto grado de diversidad genética. Esto demuestra que los agricultores han sabido mantener la calidad de su semilla a lo largo del tiempo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
«Comer es un acto político»
Como parte del encuentro, en la Casa de la Cultura de Nicoya se realizó el conversatorio “Importancia de los maíces criollos”. Allí, el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, el Dr. Luis Felipe Arauz, subrayó que “comer es un acto político”, al citar las palabras de Ligia Salazar. Además, señaló cómo las reglas del libre comercio han afectado la producción local del maíz, ya que lo que importa a nivel mundial es producir barato en favor de los intereses comerciales. Frente a esta problemática, destacó que uno de los aportes del Gobierno fue dictar en el 2014 el Decreto del Maíz Criollo como patrimonio cultural costarricense.
Por su parte, el Ing. Nebio Bonilla, fitomejorador del INTA, aseguró que el maíz es la primera víctima del proceso de globalización y de mercados internacionales de precios que afectan también a otros granos básicos como los frijoles y el arroz. “La firma de tratados internacionales han dejado descubiertos a los productores, entonces los precios los golpean mucho”, recalcó.
La investigadora del CITA-UCR, Ana Mercedes Pérez, ha investigado las propiedades del maíz criollo, especialmente el pujagua rosado y el yujagua congo. Se demostró que estos tienen un alto valor nutricional, son ricos en compuestos fenólicos, polifenoles y antocianinas, los cuales son beneficiosos para la salud. Además, son excelentes fuentes de fibra y tienen una alta concentración de proteína. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El funcionario indicó que frente a las reglas del libre mercado, las opciones son bajar costos y aumentar rendimientos para que la agroindustria pueda acercarse a los precios del productor o diversificar el cultivo y darle un valor agregado, tal como se está empezando a hacer en Nicoya. Para que los agricultores puedan seguir viviendo de este cultivo y hacer un negocio con este producto, se requiere organización y encadenamientos desde la producción hasta el consumo, asegura Bonilla.
El Dr. Arauz también señaló como una oportunidad, el registro voluntario que se establece en el proyecto de Ley de Semillas que aún no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Arauz sostiene que al tener, en un registro, las semillas criollas como variedades conocidas, nadie podría reclamar derechos de obtentor sobre esas variedades. Desde su perspectiva, eso es una protección para los campesinos.
Mercado del maíz en Costa Rica
El 95 % del maíz que se consume en el país es maíz amarillo, el cual se utiliza principalmente para la alimentación de aves, y el 5 % es maíz blanco. Del grano amarillo, se importan entre 800 mil y 850 mil toneladas anuales, mientras que del blanco cada año se importan aproximadamente 38 mil toneladas. La mayor parte de las importaciones (99.9 % del amarillo y 75 % del blanco) provienen de los Estados Unidos; en segundo lugar, se le compra a México o Guatemala.
Estos granos, producidos con subsidios, entran a Costa Rica con un 1 % de arancel y a partir del 1.º de enero del 2020 entrarán totalmente sin impuestos, por lo cual los precios son muy inferiores y convenientes para la industria en comparación con el maíz que se produce localmente. El precio que los productores costarricenses solicitan duplica, prácticamente, el del maíz importado y esto dificulta su venta.
Precio del maíz nacional: ¢12 000 por quintal (aprox.).
Precio internacional (puesto en bodega): maíz amarillo ¢6 500 por quintal (aprox.); maíz blanco ¢7 000 por quintal (aprox.).
El cultivo de maíz en Costa Rica se concentra en tres regiones: Chorotega, Huetar Norte y Brunca. La producción ha disminuido cada año debido a dos razones de peso: presión del mercado y aspectos climáticos que han golpeado al país. Desde el 2016, ha caído desde 2.80 toneladas por hectárea hasta 1.57 en el último ciclo agrícola del 2019.
Fuente: Ing. José Valerín, gerente del Programa de Granos Básicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Salvaguardar la tradición alimentaria
La emprendedora de la marca de maíz pujagua Curubanda, Ligia Salazar, ha visto una oportunidad de encadenamiento al crear productos a partir de maíz Pujagua, como chips y premezcla para waffles, que permiten poner a disposición de los consumidores este alimento rico en nutrientes. “Estos son productos muy alimenticios, que podemos sembrar en Costa Rica, pero ¿cómo hacemos para darles ese valor agregado e ir más allá?, poniéndolo en un empaque atractivo y con etiquetas”.
Para el nutricionista y máster en antropología, Romano González, es necesario hablar de soberanía y seguridad alimentaria si queremos conservar la tradición alimentaria del maíz. Esta tradición le ha permitido a Nicoya ser una de las zonas azules del mundo y es importante mantenerla viva para proteger a las nuevas generaciones del cambio cultural y alimentario, que afecta radicalmente a las personas.
Otro aspecto clave, mencionado en este encuentro, para conservar los maíces criollos es seguir investigando y hacer el mejoramiento de cultivos de la mano con los agricultores, para brindarles características que sean de valor para ellos. Hay que conocer y caracterizar los materiales (maíces criollos), pero lo más importante es utilizarlos y conservar así el material, tal como ellos —los campesinos— lo utilizan, indicó Bonilla.
Decenas de investigadores de las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA) se dieron cita en Nicoya para unirse a las celebraciones de la guanacastequidad en el marco del 195 aniversario de la anexión del partido de Nicoya.
Cada diez años, Guanacaste experimenta sequías severas y prolongadas, incluso durante varios años, que agravan las condiciones secas propias de este lugar.
El aumento en la temperatura en los últimos años, atribuido al cambio climático, es uno de los factores que contribuye al incremento de la aridez de esta región del país, con efectos en la agricultura y en la escasez de agua para solventar las necesidades básicas.
El pasado 25 de mayo organizaciones comunales estuvieron sembrando árboles en el Bosque de la Marimba, en Santa Cruz de Guanacaste, un proyecto que busca conservar los árboles nativos de Guanacaste así como la tradición de la música y la construcción de Marimbas.
En distintos medios de comunicación se ha informdo sobre el proyecto Canal Seco Interoceánico, presentado desde hace algunos días como Canal Verde Interoceánico, que tiene como uno de sus objetivos construir un “mega puerto” en Bahía Santa Elena del cantón de La Cruz, Guanacaste.
Esta iniciativa privada ingresó al Consejo Nacional de Concesión el 26 de junio de 2016 y mantiene el nombre de «Canal Verde Interoceánico de Costa Rica».
El día 13 de junio del 2018, el Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste conoció en su Sesión Extraordinaria N°1-2018 el Informe de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco creada por la Universidad Nacional y presentado por la Coordinadora de dicha Comisión la Dra. Aurora Hernández Ulate. A tal fin, se ha tomado el siguiente acuerdo:
ACUERDO N°9. El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, después de conocer el Informe (resultados y conclusiones finales) de la Comisión Especial Proyecto Canal Seco de la Universidad Nacional, presentado en la Sesión Extraordinaria 01 del 13 de junio del 2018, en él se destaca lo siguiente:
Es claro, que en el informe se evidencia los potenciales impactos y consecuencias que la construcción de este proyecto podría generar en Costa Rica, particularmente en la Región Chorotega y el Área de Conservación de Guanacaste.
Es preocupante, que el ámbito social se puede indicar que no existe un plan de amortiguamiento para el desplazamiento humano. Además, no se evidencia un plan de relocalización de las familias, no hay articulaciones territoriales, articulaciones ambientales, pueden afectarse modos de vida tradicionales y darse cambio de uso de la tierra, así como pérdidas de oportunidades regionales, y una marcada división del espacio.
Así mismo,
No se establece el impacto en el aire: gases, ruido y vibraciones
No se establece el impacto en el suelo.
Aguas superficiales: se debe determinar impacto de inundación y construcción infraestructura.
Aguas subterráneas: no se establece el impacto en los acuíferos, ni en la demanda
No se establece el impacto sobre la flora y la fauna.
No se establece el impacto en aguas continentales (ríos, quebradas, humedales).
No se establece impacto en ambiente marino: bosques de manglar, arrecifes y especies indicadoras de flora y fauna.
No se establece la afectación sobre el Patrimonio Natural del Estado y las Áreas Protegidas
No se establece el impacto al ambiente socio-cultural: demográficos, vial, patrimonio cultural, arqueología, actividades culturales.
Además, según el estudio carece de los siguientes elementos de fondo:
No tiene un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto.
Un estudio de pre-factibilidad debe incluir las siguientes evaluaciones: técnica, económica, financiera, legal y administrativa. El estudio no incluye un capítulo «económico» propiamente dicho (a excepción de una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos), sino solo una rápida y cuestionable evaluación financiera.
No incluye ningún capítulo sobre evaluación administrativa (capacidad interna y externa para administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto).
No incluye el impacto ambiental, social y sobre el patrimonio cultural y natural.
Falta información, actualización de la información, análisis de datos.
Descriptivo y con una integración somera, parcial y fragmentada de la información.
Carece de un estudio legal.
POR TANTO, El Consejo Regional del Área de Conservación Guanacaste, se manifiesta en contra del Proyecto Canal Seco Interoceánico (Canal Verde Interoceánico). Comuníquese a quien corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME.
La Asociación para el Rescate de la Zona Marítima Terrestre convoca a la ciudadanía a la I etapa del Proceso Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Playas Cabuyal, Carbonal y Balsal BIENES DEMANIALES.
