El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, detuvo a once ex oficiales militares acusadas de ser los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1985, registradas en un documento militar conocido como el “Diario Militar”. Las detenciones en este caso representan un hito en la larga lucha de los sobrevivientes y los y las familiares de las víctimas por esclarecer los hechos y conseguir justicia.
El “Diario Militar” fue develado hace 22 años, en 1999, por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA). El documento, también conocido como el “Dossier de la Muerte”, registra a 183 personas quienes fueron detenidas, torturadas, violadas sexualmente, desaparecidas o asesinadas por el Estado de Guatemala, entre 1983 y 1985, época en que el Jefe de Estado fue el militar Oscar Humberto Mejía Víctores.
Entre las víctimas que aparecen consignadas en el Diario Militar existen perfiles muy diversos, pero la gran mayoría de los casos se trata de estudiantes, profesores universitarios, trabajadores de la universidad e integrantes de sindicatos. El Diario Militar demuestra cómo las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en esta época tuvieron un impacto especial en la academia, intentando destruir el pensamiento crítico, la disidencia y los proyectos de una Guatemala distinta.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de víctimas incluidas en el “Diario Militar”. La Corte ordenó al Estado “iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas (…) muerte (…) y tortura”.
La investigación realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en el cual se basa las detenciones de los once ex oficiales militares, es un paso importante en el cumplimiento de esta obligación internacional por parte del Estado de Guatemala de garantizar a las víctimas del Diario Militar sus derechos a la verdad y la justicia.
Ante este hecho, los académicos que suscribimos este comunicado expresamos nuestra mayor solidaridad con los y las sobrevivientes y familiares de las víctimas del Diario Militar, y con los funcionarios de justicia que han trabajado de manera diligente para cumplir con sus deberes profesionales de investigar los graves crímenes.
A su vez, exhortamos al Estado de Guatemala y en especial al Organismo Judicial a garantizar un proceso judicial imparcial, libre de impedimentos y de intervenciones externas que puedan obstruir el enjuiciamiento de los imputados en este caso. De tal modo, esperamos que a través de un juicio libre e imparcial se establezcan las responsabilidades correspondientes para que se materialice el derecho a la justicia de las víctimas y se evite que crímenes como éste ocurran en el futuro.
A los y las sobrevivientes y familiares, a las organizaciones que les acompañan y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, y a los funcionarios de justicia que actúen con buena fe hacia el esclarecimiento de los hechos, hacemos saber que desde fuera damos seguimiento a este caso y que unimos a sus anhelos nuestros deseos de una pronta justicia.
El próximo 30 de mayo se cumplirán 37 años del horroso crimen de La Penca, perpetrado con la finalidad de asesinar a Edén Pastora, en el marco de la lucha interna en Nicaragua entre la contra y el régimen sandinista. Tras dicho atentado que pretendía materializarse en una conferencia de prensa a orillas del rio San Juan, el Comandante Cero resultó severamente herido y se perdieron 7 vidas y hubo 22 heridos más, tras el estallido de una bomba, que aún hoy se desconoce quien la puso. Entre los fallecidos, valerosos trabajadores de la presa, cito a Lynda Frazier (del Tico Times), Jorge Quirós, Evelio Sequeira, Carlos Vargas Genè y Roberto Cruz (murió tiempo después por las secuelas). Entre los periodistas gravemente heridos y que hoy nos sobreviven Nelson Murillo, José Rodolfo Ibarra, Edgar Fonseca y don Gilberto Lopes.
Esa página negra en la historia patria dará origen a través de un decreto ejecutivo de 2010, a la creación del Día del Periodista.
Tras casi 4 décadas, no hay acusados y la justicia nacional e internacional le ha fallado al país y a las familias de fallecidos y sobrevivientes.
Esta fecha no puede pasar desapercibida. Constituye una gran afrenta a nuestra democracia, pues conforme pasa el tiempo se llegan a conocer mayores detalles y se pone en evidencia la complicidad de autoridades nacionales y de cuerpos de seguridad para que se perpetrara dicho atentado, ejecutado en territorio nicaragüense pero orquestado desde Costa Rica donde “otros movieron los hilos”.
Presumo que más de la mitad de quienes leerán esta nota, aún no habían nacido en ese momento. Y es que nos corresponde desmitificar que durante toda nuestra historia hemos sido un remanso de paz, de dicha y felicidad. Y que como los ticos hemos sido vistos tan buena gente y como mansos corderos, pareciera que fuerzas divinas nos han visto con sumo agrado y eso nos ha permitido vivir en medio de la virtud y de la abundancia. Nada más alejado de la realidad. Costarricenses hasta no hace mucho el país y Centroamérica entera, estuvo envuelta en graves y profundos conflictos donde la sangre inocente de miles de hermanos, fue derramada en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Toda esto ocurrió a muy pocos kilómetros de nuestras fronteras. El genocidio en Guatemala donde el general Ríos Montt masacró y provocó la muerte de miles y miles de indígenas. Guerra civil en El Salvador por los combates y enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla; entre las víctimas encontramos religiosas asesinadas por los fusiles del ejército y su temible batallón Atlacatl, la invasión al campus de la Universidad Centroamericana y el cobarde asesinato de Ignacio Ellacuría, así como de otros padres jesuitas y el martirio de monseñor Romero, hoy merecidamente canonizado por la iglesia.
Por eso resulta dolorosa la tozudez de autoridades educativas por bajarle el perfil a asignaturas tan importantes como lo son Estudios Sociales y Educación Cívica. Importantes contenidos en los programas de estudio de esas asignaturas en secundaria han estado asociados lógica y naturalmente al estudio de la historia; historia patria e historia de Centroamérica, así como la consolidación de nuestras instituciones democráticas y valores fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad de la prensa, debidamente consagrados en nuestra Constitución Política.
De ninguna mara podemos ir a la celebración de un cacareado Bicentenario con una visión parcial de la historia patria. Lo he dicho en otros momentos, se equivocan las autoridades educativas una y otra vez en que pruebas FARO y pruebas ISA no incluyan Estudios Sociales y Educacion Cívica, o será más bien que deliberadamente se quiere que se olvide todo esto y se profundice el mito fundante de que los ticos nunca hemos sufrido conflictos, guerras o violencia alguna. Por ejemplo, ignorar que muchas de las conquistas sociales que hoy disfrutamos fueron concesiones gratuitas de las clases dominantes y que no costaron vidas ni sangre ni lágrimas de otro costarricense que nos ha heredado esta patria. O que luchar por la libertad, la justicia y que la prensa realmente esté al servicio de la verdad ha costado hasta la vida y salud de valientes costarricenses.
Tras los horrores de la década de los ochenta vinieron los acuerdos de paz suscritos en Esquipulas y Chapultepec. Legaba la paz sobre todo a Guatemala y El Salvador. Pero hoy con estupor y dolor miramos las desgarradoras imágenes de caravanas de centroamericanos migrando hacia el norte en busca de una mayor calidad de vida, que su propio país no fue capaz de brindarles. A lo mejor llegó la paz a Centroamérica pero no así se detuvo la desigualdad y el agresivo proceso de acumulación de riqueza, hoy acelerado por la codicia y los efectos de la pandemia.
Por eso hoy debemos hacer un alto en el camino y honrar merecidamente a quienes perdieron su vida aquel 30 de mayo y a quienes resultaron seriamente heridos. No contribuyamos, con nuestra indiferencia a echar una palada más para que convenientemente se olvide tan macabro hecho. No lo merecen las familias de quienes perdieron su vida ni tampoco quienes aún hoy conviven con nosotros: Edgar Fonseca, Rodolfo Ibarra, Nelson Murillo y Gilberto Lopes. Para ustedes, grandes costarricenses y buenos periodistas, nuestra admiración y respeto imperecederos. Sigan haciendo periodismo grande, bueno, del que marca diferencia. Costa Rica los necesita.
El 21 de mayo de 1988, elementos del Ejército de Guatemala en complicidad con autoridades de Gobierno tomaron control de la Aldea Chiul, Cunén. Durante varias horas los soldados torturaron a las y los detenidos y violaron a las mujeres.
Las niñas y los niños fueron secuestrados, torturados y tirados en un pozo lleno de agua y de las heces de los soldados, donde poco a poco fueron muriendo ahogados.
Ese día 116 niñas y niños murieron en aquel pozo en Chiul. Un niño logró sobrevivir.
Desde el año 2000 Arnulfo Oxlaj, el niño sobreviviente, viene exigiendo justicia ante las instancias de gobierno. Pero el caso avanza poco, mientras los responsables de la masacre continúan viviendo en la impunidad.
“Necesitamos una Nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”, Javíer Díez Canseco.
Lic. José A. Amesty R.
En el transcurso de pocas semanas, han explotado dos naciones, una sudamericana y otra centroamericana, producto de los altos índices de corrupción, entre otras; en las altas, medias y bajas esferas de sus gobiernos, Perú y Guatemala. Lo irónico, es que sus presidentes, afirmaron alguna vez, en el caso de Alejandro Giammattei: “persigamos la maldita y asquerosa corrupción”; en el caso de Martín Vizcarra: “que se investigue todo, incluso aquellas denuncias que ya fueron archivadas”. Es obvio, que no pudieron, o se dejaron llevar por la descomposición social, política, económica, entre otras, aunque era su bandera política al llegar al gobierno. Echemos un vistazo a algunos datos, sobre la corrupción en estos dos países, aunque lo que da es vergüenza; sin extrañarnos, que haya nuevos casos prontamente, ya que al parecer los gobiernos de derecha en América Latina están echando aguas, y la corrupción los está engullendo. En el caso del presidente peruano Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral permanente”, pero lo sarcástico es que ese Congreso Nacional, más de 60 de sus parlamentarios, tienen denuncias en la Fiscalía, algunos tienen sentencia probada, y están esperando la decisión del Congreso, para que se levante su inmunidad parlamentaria. Veamos que la moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del Fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que saborearon su venganza, contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento, y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.
También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista, Unión por el Perú, cuyos principales parlamentarios están acusados de corrupción, y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004, por la muerte de cuatro policías, durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.
Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad, y que fue detenido acusado de haber sobornado magistrados, para lograr la irregular inscripción de su partido, que responde a una secta evangélica.
Lo cierto es, que las denuncias de corrupción son un flagelo que ha afectado, al menos, a los últimos seis gobernantes peruanos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; sin incluir los recientes Manuel Merino y Francisco Sagasti.
Lo cierto también es que, las entidades que conforman el Estado peruano, están, desde hace muchos años, en un proceso de degradación (de la clase dominante), que arrastra a toda la sociedad hacía su debacle e inviabilidad como país, cuya clase dirigente es incapaz de resolver, y quienes no se dan cuenta de este proceso de degradación social, que pone en jaque a todo su estrato social, pero que lastimosamente el pueblo peruano, aún herido por años de embrutecimiento, opresión y represión, sin dirección política alguna, no puede capitalizar a su favor, esta condición revolucionaria.
Un caso emblemático de corrupción en América Latina, y del cual no escapa Perú, son las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht, quien involucra a gobernantes, funcionarios y empresarios peruanos, ya que entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por 29 millones de dólares, a cambio de los cuales obtuvo más de 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EEUU, y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares, por haber entregado 788 millones de dólares, en sobornos para obtener contratos del sector público.
Algunos historiadores del Perú sitúan la corrupción desde una perspectiva ideológica de la corrupción (corrupción estructural), y cuya expresión mejor elaborada es: “ha robado, pero ha hecho obras”, refiriéndose a los mandatarios y funcionarios públicos peruanos.
En este sentido, la propia narración de la historia republicana peruana, a través de textos y no pocos tratados de historia, para la educación superior, ha contribuido con la ideología de la justificación del robo oficial, del soborno administrativo y de todo tipo de maniobras para apoderarse de millones del presupuesto nacional, en cada nivel gubernamental.
Claro, en las últimas décadas esta ideología, como percepción falseada de la realidad, se ha extendido y sofisticado en los procesos políticos electorales, desde las elecciones generales a la presidencia, hasta las regionales y municipales.
Hay, pues, entonces, según algunos historiadores, una corrupción de origen histórico, que ha ido conformado esa lacra ideológica de la corrupción. Pero la corrupción en el Perú no tiene solamente un origen histórico. Es la misma estructura económica y social imperante la que reproduce esa herencia histórica. El contenido patrimonialista del Estado, el carácter marcadamente privatizado de ese aparato de dominio de unas clases sobre otras dirige y promueve la tendencia a apropiarse de todo lo que sea posible en cuanto se asume una posición de poder.
Y en este sentido, para acabar con la corrupción, los cambios jurídicos no bastan, como lo propuso, en algún momento, el candidato a la presidencia Ollanta Humala, especialmente la no prescriptibilidad de los delitos de hurto en agravio del Estado, y la no aplicación de los privilegios penitenciarios a estos delincuentes de cuello y corbata.
Estas propuestas son importantes, pero insuficientes para terminar con el flagelo que corroe al viejo Estado peruano, que requiere una remoción total de su actual estructura económica y social.
Y qué decir de Guatemala y la corrupción. Iniciamos con un dato nada liviano, sucedido el año pasado, en relación a la descomposición de la sociedad guatemalteca.
Las autoridades de Guatemala impidieron el ingreso al país (2019) de un integrante, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Yilen Osorio, esta Comisión Anticorrupción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas ONU, está investigando a varios integrantes del gobierno, incluido el presidente, Jimmy Morales, y su hermano (Samuel Morales), que niegan todo tipo de acusaciones. Osorio dirige una investigación por presunta corrupción, en la que estarían involucrados entre otros también el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.
Jimmy Morales, fue presidente de la República de Guatemala, entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015.
Por supuesto, activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales, repudiaron la retención de Osorio, además una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas, calificaron de “vergonzosa” esa decisión de retener al investigador colombiano.
La premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, pidió ayer a la comunidad internacional condenar la retención del investigador de la CICIG.
En los últimos 11 años, la Comisión individualizó numerosos casos de corrupción que involucraron a más de 600 personas en Guatemala.
En resumen, Jimmy Morales, es considerado como el peor presidente de la Guatemala “democrática”, deja un país desolado por la desigualdad, el empobrecimiento y el pacto de corruptos.
Le sucede, Alejandro Giammattei, quien, según opinadores, no implicará mayores cambios para Guatemala, más que el aumento del autoritarismo, la represión y la continuidad del “pacto de corruptos”.
Con un 57,95% del electorado guatemalteco, obtuvo la victoria presidencial Giammattei, en medio de unas elecciones caracterizadas por el intervencionismo, el lawfare y el porcentaje más alto de abstencionismo en la historia, el 61,41%.
Llega al gobierno guatemalteco, con acusaciones en torno, primero, a la intromisión de la Corte de Constitucionalidad para eliminar de la contienda electoral a Thelma Aldana y a Zury Ríos, lo que posibilitó el camino electoral para Giammattei y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y segundo, Alejandro Giammattei es conocido por la masacre en el Pavón en 2006. Fue director del Centro Penal cuando se llevaron a cabo una serie de asesinatos, los cuales serían demostrados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, como parte de una política de limpieza social y mano dura.
Giammattei, durante la campaña electoral, se encontró rodeado por militares y por personas acusadas de corrupción. Además, en distintos momentos, Alejandro Giammattei alardeó sobre su tono autoritario y la mano dura es una de sus promesas de campaña.
Fue extraño, que, durante un viaje a Taiwán, los nombramientos de la rama securitaria, fueran hechos por los militares, sin su presencia.
A su vez, como si fuera poco, diversas carteras del Estado se encuentran en manos de ex asesores del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo parece indicar que en Guatemala seguirá reinando el neoliberalismo blindado por el Ejército.
Una perla en su gestión es que se suma la impunidad como política de Estado, donde Jimmy Morales fue juramentado como parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Brindándole a Morales la inmunidad parlamentaria. De momento, por donde se vea, las expectativas sobre cambio en Guatemala son prácticamente nulas. Y ello es una mala noticia para quienes viven en Guatemala y en toda Centroamérica.
Finalmente, hemos conocido las últimas informaciones, que tras la aprobación del presupuesto neoliberal para 2021, manifestantes incendian el Congreso Nacional y exigen la renuncia del presidente Giammattei, cuyo presupuesto no prevé aumentos en las partidas de salud y educación, y tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año 2020. La mayoría de los fondos, están dirigidos a infraestructuras para beneficiar al sector privado.
El 60% de la población, de casi 17 millones de habitantes de Guatemala, la mayoría indígenas, vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años. Además, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.
Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares, para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos, que no se usaron en temas de salud.
Los manifestantes llenaron la plaza central, frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, portando banderas azul y blanco del país, y pancartas con lemas como “No más corrupción”, “Fuera Giammattei” y “Se metieron con la generación equivocada”.
Para entender lo que está pasando en Guatemala es necesario comprender el modus operandi de la política del país. Que en términos generales se resume en un Estado cooptado por mafias que gravitan alrededor de los tres poderes. Estas mafias forman redes cuyo objetivo es enriquecerse con el presupuesto público controlando el congreso y el ejecutivo y asegurarse impunidad controlando el sistema de justicia. Por cierto, esta forma de operar el sistema político fue revelada a la ciudadanía gracias a las investigaciones de la CICIG. Como consecuencias existe una institucionalidad democrática débil para soportar la carga de un desarrollo integral.
Ahora bien, durante el 2020 ha habido varios hechos que han tensado la política guatemalteca. Entre los que se puede mencionar problemas relacionados con la pandemia del COVID 19 y de índole político. En el caso del primero se encuentra el endeudamiento del Estado a raíz de la pandemia del COVID 19 y cuyos resultados positivos no son evidentes (hospitales desabastecidos, médicos que no reciben salarios, etc.) y un gobierno incapaz de hacer frente al aumento de desigualdades sociales. En el segundo existe un intento de debilitar el sistema democrático con el descaro del Congreso de la República por no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los ataques contra la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.
A todo eso se suma la forma autoritaria de ejercer el gobierno que ha asumido Giammattei, ya sea enfrentándose a periodistas, atacando a organizaciones indígenas o simplemente haciendo oídos sordos a las demandas ciudadanas en cuanto a destitución de ministros y rendición de cuentas. Esto le ha representado que después de 10 meses Giammatei sea uno de los presidentes peor evaluados de la región (30% de aprobación y esta va en picada).
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Fue la aprobación del presupuesto para el siguiente año fiscal. Donde se hizo visible ese modus operandi de la estructura política guatemalteca. Hay varios puntos claves que molestó a la ciudadanía desde la aprobación en hora de la madrugada, diputados que alegan que el mismo día de la sesión fue entregado la propuesta y que ya todo estaba negociado, el aumento de la deuda, la compra de un nuevo edificio para el congreso, disminución de fondos para atender la desnutrición, aumento de fondos para el Congreso, etc.
Y lo peor de todo es el sentimiento de que los diputados se están aprovechando de la pandemia y las catástrofes naturales para hacer un presupuesto a la medida de la corrupción, con el apoyo del gobierno. Todo ello generó un consenso social de diversos sectores (que no se veía desde las manifestaciones del 2015) de hartazgo hacia el sistema político. Esto conllevo a la manifestación del sábado 11 de noviembre, siendo una de las consignas más importantes que el presidente vete el presupuesto. Pero la respuesta del gobierno fue la brutalidad policial, desde gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos, detenciones ilegales a periodistas y estudiantes, portación de armas de fuego de elementos de la fuerza pública y uso de la violencia física en contra de mujeres y jóvenes que manifestaban pacíficamente. Una brutalidad policial que en el pasado reciente solo se conocía en el interior del país contra los pueblos indígenas.
Como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas, en horas de la madrugada el congreso suspendió el trámite del presupuesto para desmotivar próximas manifestaciones. Aun así, todavía quedan varios puntos importantes por ejemplo el descontento ya no solo contra el presupuesto sino contra el sistema político, un presidente que cada día es más impopular, un congreso que carece de legitimidad y falta conocer cuál va a ser la reacción de las organizaciones campesinas e indígenas más allá de sus comunicados en oposición al presupuesto y papel del congreso. Lo que es una certeza es que hay todo un ambiente propicio para que la movilización ciudadana continúe.
Fuente de las imágenes: Tomada por Doug Tejeda de la cuenta de twitter de Pía La Periodista (@PiaLaPeriodista) Las otras dos fueron tomadas de la cuenta de Twitter de Agencia Ocote (@AgenciaOcote)
SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.
La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.
Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.
A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.
De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.
La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.
Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.
En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.
La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.
Cada sociedad vive la pandemia del Covid 19 de manera diferente, ya sea por el contexto específico de cada país o por la capacidad y responsabilidad del gobierno de turno, por lo tanto no es lo mismo vivirla en el centro de África que en Islandia. En el caso de Guatemala hay condiciones particulares que hace que la pandemia tenga efectos muy sensibles, por ejemplo tiene la inversión pública más baja en salud de toda Centroamérica (2.1% del PIB cuando lo recomendado es 6%), más del 60% de los guatemaltecos vive de la economía informal (lo que implica que vive al día y no posee protección social) y la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, sin mencionar la cultura de corrupción que impera en el Estado. Esto implica grandes desafíos para un gobierno que recién tomó posesión en enero de este año.
El primer caso se registró el 13 de marzo y el gobierno de Alejandro Giammattei (por cierto médico de profesión) tuvo el buen criterio de tomar las acciones correctas de manera pronta, por ejemplo habilitar hospitales temporales, implementar una política de distanciamiento social, imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas, la elaboración de programas de apoyo económico (como transferencias a la familias más vulnerables y kit de alimentos) y suspender varias actividades que no resultaban esenciales. Aunado a que se aprobó una ampliación de presupuesto de más de Q29 mil millones financiados con deuda (equivalente el 5% del PIB) para poner en marcha los programas de fortalecimiento del sistema de salud y de ayuda económica para las personas. Pero como todo gobierno tiene sus luces y sombras, y en este caso lo que empezó siendo una luz poco a poco se fue apagando.
Conforme pasan las semanas la pandemia empieza a revelar la realidad estructural de Guatemala y un gobierno que no está preparado para asumir este reto. Lo que empezó siendo luz con la instalación de hospitales temporales se fue apagando con un gobierno que se rehúsa a masificar los test por considerarlo innecesario (de esa manera manteniendo las cifras de contagio en un rango favorecedor a la opinión pública), un sistema hospitalario que a dos meses del primer caso y con más de mil contagios ya se ve superado, al punto de que los mismos médicos alegan no tener equipo suficiente para hacer frente a la situación. Y en el ámbito económico algo común es ver a mujeres y niños en la calle con una bandera blanca indicando que necesitan alimentos para sobrevivir, esperando la ayuda de los ciudadanos ya que a pesar de que el gobierno anunció hace más de un mes sus programas de ayuda estos no han sido bien ejecutados. A esto se suma el interés del gobierno de ocultar información, para mantener sus índices de popularidad, o hacer parecer que todo es un éxito mediante discursos del presidente donde hay más demagogia que realidad.
Hoy la desconfianza en la autoridades va en aumento, se pone en duda veracidad de lo que el presidente dice en sus conferencias de prensa y se cuestiona el uso de la deuda pública ya que estas ampliaciones no se han visto reflejadas en paliar la situación económica de las familias guatemaltecas ni en mejorar el sistema de salud. En esta situación las sombras del gobierno van aumentando y si no cambia esta realidad, la situación futura de Guatemala no se ve muy alentadora.
Guatemala, mayo del 2020
En los siguientes audios el autor da detalles importantes que explican la situación de Guatemala en medio de la pandemia:
¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno? ¿Son consistentes?¿Cuáles son los tres problemas que afectan la atención de la pandemia en Guatemala?
Foto de cabecera es de La Prensa Libre de Guatemala.
El eterno e inevitable contrapunto entre la ficción y aquello otro que podríamos calificar como la realidad (la extensión real única de que hablaba el filósofo ruso-francés Georges Gurvitch) o la presunta verdad histórica, aquella constelación de hechos y circunstancias que efectivamente habrían tenido lugar en una determinada circunstancia o período histórico, resulta ser un tema o asunto que no tiene fin, ni tampoco pareciera poder tenerlo en ningún caso, con independencia de la filosofía de la historia que asumamos, o el manejo historiográfico que intentemos realizar. Siempre habrá una sinuosa, y a ratos intangible frontera, entre la primera de ellas y esa otredad de lo real, la engañosa selectividad de la memoria se encarga de dejarnos sumidos en la perplejidad, muy a nuestro pesar.
En este ejercicio de intentar acercarnos a la incierta historia o historias, recreadas constantemente dentro del imaginario colectivo, con el paso del tiempo y las sucesivas generaciones, la creación literaria juega un papel de primer orden, no para dilucidar los enigmas planteados sino para ofrecernos la posibilidad de nuevos alcances, y perspectivas sobre innumerables hechos que quedaron en el olvido, por muy diversas razones, y a los que sólo la creación literaria tiene la virtud de traer de nuevo a un primerísimo plano, destacando una gran variedad de aristas de ellos que jamás hubiéramos podido imaginar siquiera. Tal es el caso de la más reciente novela del escritor Mario Vargas Llosa TIEMPOS RECIOS (Primera edición, Barcelona 2019), en la que este destacado novelista, cuya producción ha venido en alzada, no sólo en cuanto a la cantidad sino también y esencialmente en cuanto a la excelencia de la narrativa, como en el caso de una sus anteriores novela, titulada EL SUEÑO DEL CELTA, de una calidad indiscutible por la amenidad, lo bien elaborado de la trama y la erudición del autor. Es así como Varguitas, como lo habían llamado algunos de sus amigos peruanos de sus primeros tiempos como “escribidor” (v.g.r. Mario Vargas Llosa LA TÍA JULIA Y EL ESCRIBIDOR), nos ha ofrecido una panorámica de lo que fue aquella primavera democrática de Guatemala, iniciada en 1944, y que no alcanzó a cumplir los diez años, al ser truncada por la acción de poderosas fuerzas externas e internas, durante el mes de julio de 1954, cuando el satanizado presidente guatemalteco Jacobo Árbenz Guzmán debió “renunciar” a su cargo para el que había sido electo, por un importante número de ciudadanos, durante el año de 1951, consumándose así un golpe de estado, con el apoyo de la CIA y en beneficio de los intereses de la United Fruit Company, que estaba ubicada en el centro de la trama, asegurándose su materialización.
Con una cuidadosa elaboración de los componentes de la trama, pero sobre todo de los personajes insertos en ella, vistos en todas sus miserias y presuntas grandezas, o más bien sueños desmesurados de poderío y riqueza que jamás se concretaron, como en el caso del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó entre 1930 y 1961, habiendo aportado una importante ayuda económica y de logística militar a Carlos Castillo Armas, el oscuro personaje que se encargó de ejecutar el golpe militar y derrocar a Jacobo Árbenz: éste, una vez al frente del gobierno, ya como presidente de Guatemala se encargó de ignorar sus compromisos con el sátrapa dominicano, entre ellos el de invitarlo a participar en el desfile de la victoria y el de entregarle vivo al exilado dominicano, Miguel Ángel Ramírez, quien había jugado un papel decisivo en la guerra civil acontecida en Costa Rica, dentro de las fuerzas de José Figueres Ferrer, pocos años atrás, además de burlarse constantemente de él, de sus familiares y de algunos de sus allegados. La venganza, ejecutada a través de su agente John Abbes García, será el recurso empleado por Trujillo para cobrarse las afrentas que le infligiera el guatemalteco.
Lo más importante, sin embargo, son los hilos de la trama que va develando Vargas Llosa, a medida que da cuenta de cómo Mr. Sam Zemurray, el poderoso empresario bananero y cabeza de la United Fruit Company, acudió a los servicios del notorio publicista neoyorkino Edward L. Bernays, autor de una importante teoría sobre el uso de la publicidad para trastrocar el sentido mismo de la realidad: es así como la United Fruit Company logra mediante una astuta y calculada campaña publicitaria, divulgada a través de la prensa liberal estadounidense, convencer a la opinión pública de los Estados Unidos del peligro que implicaba una Guatemala “comunista” que jamás existió, mientras los líderes más importantes de la revolución guatemalteca de 1944, Juan José Arévalo con su “socialismo espiritual” y Jacobo Árbenz, el atildado y correcto militar que tomó conciencia de la realidad de su país, a través de la influencia de su esposa María Cristina Vilanova, aspiraban a implantar en su país lo que veían como el “modelo sociopolítico estadounidense”: una democracia en la que hubieran sindicatos obreros y en la que las grandes empresas pagaran sus impuestos, cosa que la United Fruit Company no estaba dispuesta a hacer, y que de hecho nunca lo llevó a cabo. Ese espejismo, hábilmente fabricado por el publicista mencionado, contando con el decido apoyo de la administración Eisenhower y la CIA, daría al traste con la naciente democracia guatemalteca y ese país entraría en el ciclo de las dictaduras militares y una interminable guerra civil. En esta novela se muestran, de manera transparente y amena, esos entretelones de una conspiración basada en un absoluto equívoco.
El ejército guatemalteco, convencido de la justeza de las reformas sociales de la primavera democrática de Guatemala, no estaba dispuesto a enfrentarse a la infantería de marina de los Estados Unidos, cuyo desembarco era una amenaza que recibían constantemente sus oficiales, a través del embajador estadounidense, John Emil Peurifoy, encargado de terminar con la “amenaza soviética” en la región, además un embargo de armas dispuesto por esa potencia los ponía en una situación todavía más difícil. En eso residió su tragedia, lo que condujo a un enfrentamiento de los cadetes de la Escuela Militar con los invasores o milicias “liberacionistas” de Carlos Castillo Armas, quien debió su eventual triunfo a una aviación contratada por los Estados Unidos, la que superaba en mucho a los cinco aviones de que disponían la aviación guatemalteca, a pesar de que habiendo invadido el país por varios puntos no fueron capaces de ganarle un solo combate a las fuerzas regulares.
Por otra parte, una insípida e inculta oligarquía guatemalteca dará su apoyo decisivo a la conspiración de la CIA, cegada por sus prejuicios raciales en contra de la mayoría “indígena” de la población, cuya suerte no les interesaba en absoluto, además de su “anticomunismo” de oficio, aunque no por ello dejaban de seguir mirando con desprecio al coronel Carlos Castillo Armas, un descolorido militar venido de las capas sociales bajas de la población, al que no quedaba más remedio que aceptar, aunque muchos –incluido el general Rafael Leonidas Trujillo y el propio embajador estadounidense, decidido impulsor del golpe de estado en marcha, durante la primera mitad de 1954- hubieran preferido al general Miguel Ydígoras Fuentes, quien más tarde llegará a ocupar la presidencia de Guatemala.
Es así como se infiere en el transcurso de la novela que, al frustrarse la revolución democrática de Guatemala se pierde una gran oportunidad de modernizar los países de la región, lo que hubiera evitado que los rebeldes cubanos del Movimiento 26 de julio, ante el ejemplo de Guatemala, terminaran alineándose con la Unión Soviética y dándole un rumbo estalinista al proceso revolucionario. Otros revolucionarios mucho más radicales que Árbenz matarán o se harán matar durante las siguientes décadas, algo que se nos plantea en el cierre de una novela, la que no pretende ni puede ser una transposición mecánica de la realidad, de lo que efectivamente pudo haber ocurrido.
Sin vacilación alguna recomendamos la lectura de las 350 páginas de una novela, que deja muy mal parados a los políticos de la región, durante la década de los cincuenta cuando la democracia no pasaba de ser una palabra vacía, todo ello en un escenario en el que se nos muestran una serie de personajes vistos en todas sus miserias y equívocos ante la vida misma, siempre situados entre la realidad y la ficción, donde muchos de ellos habiendo jugado el papel de victimarios, terminaron jugando el de víctimas, también a pesar suyo. Se trataba de tiempos muy rudos para jugar siquiera a la democracia, al estilo liberal estadounidense, y mucho menos hablar de justicia social, o peor aún intentarla, sin ser acusado de “comunista” y agente de los gobernantes del Kremlin moscovita.
El 24 de diciembre del 2017, Guatemala anunció que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén (véase nota de The Guardian titulada «Israel praises Guatemala over decision to move embassy to Jerusalem» y la reacción entusiasta de Israel en esta nota de SwissInfo, así como de Estados Unidos en esta otra nota). El hecho que Estados Unidos e Israel consideraron en los últimos días del 2017 como un acierto esta decisión del Presidente de Guatemala no impide que, desde la perspectiva del derecho internacional público, se considere totalmente desacertada.
Es el propósito de las líneas que siguen, en las que se analizarán los diversos desafíos que se plantean a Guatemala con esta desafortunada decisión. Nótese desde ya que sus máximas autoridades diplomáticas la presentan ante la opinión pública como una «decisión soberana» y han insistido en que no medió ninguna presión externa para tomarla: un aspecto que, como lo veremos a continuación, es sumamente discutible, en particular si se considera el contexto y lo sucedido en Naciones Unidas los días previos a la declaración hecha por el Jefe de Estado guatemalteco.
Foto extraída de nota de prensa (Libération) del 2 de enero del 2018 titulada «Israël adopte une loi visant à compliquer le partage de Jérusalem».
El comunicado oficial de Guatemala del 24 de diciembre
En un comunicado oficial de prensa con fecha del 24 de diciembre del 2017, emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, se pudo leer lo siguiente (texto integral):
«24/12/2017. Traslado de la Embajada de la República de Guatemala en Israel de Ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén.
El Presidente de la República, Jimmy Morales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 183, literal “o” de la Constitución Política de la República, anunció hoy la decisión de iniciar el proceso para trasladar la Embajada de Guatemala en Israel a la Ciudad de Jerusalén.
El Presidente Morales se comunicó hoy con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien conversó acerca de las excelentes relaciones bilaterales, desde que Guatemala apoyo la creación del Estado de Israel.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe la instrucción presidencial e inicia el proceso de ejecución de esta decisión de Política Exterior«.
Como se puede apreciar, el texto de este comunicado no precisa cuáles pueden ser las razones por tan repentina decisión, ni las motivaciones de la misma. Al ser la excelencia de las relaciones bilaterales entre ambos Estados una realidad de muchos decenios, no hay manera de encontrar en este escueto comunicado algún dato que permita justificar la decisión tomada.
Con relación a las actuales autoridades a cargo de las relaciones diplomáticas de Guatemala, cabe precisar que se encuentran en funciones desde hace unos meses: en agosto del 2017, al declarar el Presidente de Guatemala “non grato” al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenar su expulsión inmediata, el Jefe de Estado también destituyó a su canciller y a su vicecanciller (véase nota de prensa).
El voto previo en la Asamblea General de Naciones Unidas
La discreción de este comunicado oficial de la diplomacia guatemalteca invita a buscar razones con relación a lo sucedido en Naciones Unidas. Desde esta óptica, se intentará hacer ver que el anuncio hecho por el Presidente de Guatemala no es ajeno a lo ocurrido días antes en Nueva York.
En efecto, su declaración se da dos días después de un estrepitoso fracaso de las diplomacias norteamericana e israelí en un intento por frenar en la Asamblea General de Naciones Unidas la adopción de una resolución exigiendo a los Estados respetar el estatuto internacional de Jerusalén y abstenerse de establecer ahí sus legaciones diplomáticas (véase texto de la resolución en español). El texto de la resolución adoptada el 21 de diciembre en el marco de una sesión de emergencia solicitada por Turquía y Yemen (véase carta de solicitud) obtuvo un respaldo masivo de 128 votos a favor, mientras tan solo 9 Estados votaron en contra, entre los cuales Guatemala (véase nuestra breve nota titulada «Contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital» y publicada en Elpais.cr).
Pese a negar insistentemente (y de forma reiterada…) la existencia de presiones externas por parte de sus autoridades, Guatemala adoptó esta decisión en un momento en el que el pronunciado aislamiento de Estados Unidos e Israel requería de algún gesto por parte de otros Estados. De los 9 Estados que votaron en contra de la resolución el pasado 21 de diciembre (Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Togo) era imperativo para Estados Unidos e Israel que alguno optase por alinearse con la misma desafiante actitud que la de Estados Unidos.
Toma del tablero de la votación acaecida este 21 de diciembre sobre el estatuto de Jerusalén, circulada en diversas redes sociales.
Desde el punto de vista jurídico, el establecimiento de una embajada en Jerusalén constituye una flagrante violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad, jurídicamente vinculantes para los Estados miembros de Naciones Unidas. Desde el punto de vista político, el hecho que Estados Unidos ya no esté sólo persistiendo con esta pretensión constituye un logro de su diplomacia y la israelí.
No se tiene claro si Guatemala valoró otros aspectos (como los políticos y comerciales, entre muchos otros) antes de tomar esta polémica decisión que puede ser leída de muy diversas maneras en el mundo.
El ejercicio anterior ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: 14 votos y un veto
Resulta oportuno recordar que un proyecto de resolución muy similar (véase texto) presentado por Egipto el pasado 18 de diciembre al Consejo de Seguridad, reiterando que ningún Estado debe establecer embajadas en Jerusalén, fue objeto de un único veto (Estados Unidos). Frente a 14 votos a su favor de los demás Estados miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos optó por recurrir al veto: se trata del primer resultado tan adverso que obtiene la administración del Presidente Trump, denotando lo insensato que resulta (aún para sus tradicionales aliados) el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el cual fue oficializado el pasado 6 de diciembre por el Presidente norteamericano. La lectura detallada de las declaraciones de los demás Estados miembros confirma la incómoda posición de Estados Unidos en el seno del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8128 en su versión en español). El delegado del Reino Unido (p. 7 del acta precitada) no dudo en expresar de manera contundente que:
«Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la decisión de los Estados Unidos de trasladar su Embajada a Jerusalén y reconocer de forma unilateral a Jerusalén como capital de Israel antes de que se logre un acuerdo sobre el estatuto definitivo. Esas decisiones no son útiles para las perspectivas de paz en la región, un objetivo con el que sé que todos los que integramos el Consejo de Seguridad seguimos comprometidos. La Embajada británica en Israel radica en Tel Aviv, y no tenemos planes de trasladarla».
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«We therefore disagree with the United States decision to move its Embassy to Jerusalem and to unilaterally recognize Jerusalem as the capital of Israel before a final status agreement. Those decisions are unhelpful to the prospects of peace in the region — an aim that I know all of us in the Security Council remain committed to. The British Embassy to Israel is based in Tel Aviv, and we have no plans to move it«.
Ante el bloqueo al que Estados Unidos procedió el 18 de diciembre frente a los demás miembros del Consejo de Seguridad, los Estados impulsores de la iniciativa optaron por medir fuerzas en el órgano plenario de Naciones Unidas (en el que no aplica ningún derecho al veto). Nótese que este veto norteamericano impidió la adopción de una resolución en favor de la cual votaron los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad sin excepción de ningún tipo o abstención (véase al respecto nuestra breve nota titulada «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«, publicada en el sitio jurídico de DIPúblico).
Ante una soledad tan pronunciada que se reflejó en este resultado y la solidez de los argumentos contra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que se pueden consultar en las diversas explicaciones de voto dadas por los demás 14 integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8139 de la sesión, en español) Estados Unidos e Israel intensificaron sus presiones, precisamente de cara al ejercicio en la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar el 21 de diciembre. Un cerco tan sólido a las pretensiones de ambos en el seno del Consejo de Seguridad ameritaba una acción diplomática mayor con miras a debilitarlo en el seno de la Asamblea General.
Centroamérica y embajadas en Jerusalém por trasladarse
Estas intensas presiones diplomáticas sí surtieron efectos en Centroamérica, pese a lo afirmado por las autoridades guatemaltecas que han aducido, en sus diversas declaraciones públicas a una «decisión soberana«. La insistencia de los diplomáticos de Guatemala sobre este preciso punto ha sido tal (véase por ejemplo nota de la Prensa Libre) que ha arrojado mayores dudas entre analistas y observadores. Uno de ellos, Juan Alberto Fuentes Knight, no dudo en concluir su análisis titulado «Aislamiento internacional y deterioro económico» publicado en la Prensa Libre al iniciar el 2018 (véase texto) de la siguiente manera:
«Esta lamentable iniciativa, de nuevo ampliamente divulgada a nivel internacional, fortalecerá la percepción global de que Guatemala es un Estado títere y vulnerable, contradictorio y aislado, con una institucionalidad endeble«.
Con este anuncio hecho por su máxima autoridad, Guatemala se convierte en el primer Estado en el mundo en acompañar oficialmente a Estados Unidos en aras de establecer una embajada en Jerusalén, contraviniendo así no solamente a una serie de resoluciones del mismo Consejo de Seguridad, sino a varias resoluciones de la misma Asamblea General de Naciones Unidas, así como al consenso internacional sobre el estatuto peculiar de Jerusalén de 70 años.
En el caso de Honduras, que acompañó a Guatemala votando en contra de la resolución sobre Jerusalén el pasado 21 de diciembre, nótese que 24 horas después del voto acaecido en Nueva York, Estados Unidos reconoció oficialmente como válidos los resultados del cuestionado proceso electoral vivido en Honduras y como legítimas las actuales autoridades hondureñas (véase nota del NYTimes). El pasado 17 de diciembre la misma Organización de Estados Americanos (OEA) había llamado a realizar nuevas elecciones generales en Honduras ante la gran cantidad de irregularidades y de vacíos detectados (véase comunicado oficial publicado en Elpais.cr).
Cabe señalar que el resultado del voto en Naciones Unidas del pasado 21 de diciembre exhibió a una Centroamérica muy dividida, arrojando las siguientes posiciones: mientras Costa Rica y Nicaragua votaron a favor del texto, Guatemala y Honduras votaron en contra, Panamá se abstuvo y El Salvador optó por recurrir al «No Show» (ausencia de su delegado en el momento preciso en que se realizó la votación). En el resto de América Latina, Argentina, Haití, México, Paraguay y República Dominicana se abstuvieron, al tiempo que Brasil votó a favor, así como Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Por su parte, Colombia optó por una práctica que siempre plantea una serie de interrogantes, al retirar a su delegado en el momento de la votación («No Show«): en este último caso, un breve comunicado de prensa intentó decir algo sin explicar mayormente cuál fue la razón que obligó al representante colombiano a salir de la sala (Nota 1).
Habíamos tenido la oportunidad de reseñar las diversas manifestaciones oficiales de repudio por parte de Estados de América Latina al anuncio hecho por el Presidente de Estados Unidos el 6 de diciembre en el que declaró reconocer a Jerusalén como capital de Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Reacciones de repudio en América Latina a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel«, publicada en Debate Global).
Un gesto leído como una verdadera provocación por parte de Guatemala
La verdadera afrenta que significa para el mundo musulmán el reconocer a Jerusalén como capital de Israel podría significarle a Guatemala una fuerte reacción de repudio y un desmejoría notable en sus relaciones oficiales con Estados miembros de la Liga Árabe o de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), incluyendo medidas contra productos guatemaltecos que son comercializados por estos Estados, como el cardamomo y el café por ejemplo. Arabia Saudíta es el principal destino del cardamomo guatemalteco (véase datos oficiales de Guatemala al 2016), seguida por Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Remitimos al lector a este artículo de la BBC que detalla el problema que puede significarle a Guatemala el boicott del cardamomo.
El jefe de la diplomacia jordana no dudo en escribir en su cuenta de twitter que:
«We reject Guatemala decision to move embassy to Jerusalem & condemn it as absurd provocation, violation of international law. Occupied Jerusalem is capital of Palestinian state which must be established on June 4 1967 lines on basis of 2-state solution as only path to peace«.
Foto extraída de nota de prensa de I24news del 26 de diciembre del 2017 titulada «Ambassade du Guatemala à Jérusalem: «un acte honteux» pour les Palestiniens».
Por su parte, en un comunicado oficial de su cancillería del 26 de diciembre (véase enlace oficial al comunicado), Qatar expresó que:
«The State of Qatar denounced the announcement by President of Guatemala of his country’s intention to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. The Foreign Ministry said in a statement Tuesday that Guatemala’s decision is null, devoid of legal effect and a deviation from the international consensus which was reflected in the UN General Assembly’s rejection by a two-thirds majority to recognize Jerusalem as the capital of Israel. The Ministry expressed hope that Guatemala would review its decision and support the Palestinian right. The statement reaffirmed Qatar’s firm and long-standing stance in supporting the Palestinian cause and the steadfastness of the brotherly Palestinian people based on the resolutions of international legitimacy and the two-state solution, ensuring the establishment of an independent Palestinian state on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital«.
No cabe duda que el tono y la profunda molestia externados por Jordania y de Qatar con relación a la decisión de Guatemala son ampliamente compartidos por diversos Estados y que es muy probable que muchos otros se manifiesten en similar sentido.
En un comunicado oficial del 29 de diciembre (véase enlace oficial), la diplomacia de Brasil externó lo siguiente, sin mencionar a ningún Estado en particular: «Nota 427 Estatus de Jerusalén 29 de diciembre del 2017 – 13:23
En vista de recientes anuncios de gobiernos y parlamentos – con puntos de vista opuestos – sobre Jerusalén, Brasil reitera los términos de su nota 409, de 7 de diciembre de 2017, y pide a todos que se abstengan de acciones unilaterales que puedan comprometer el resultado de las negociaciones sobre el estatus final de la ciudad.
En ese sentido, el Gobierno brasileño entiende que el estatus de Jerusalén será definido en las negociaciones entre israelíes y palestinos para el establecimiento de dos Estados, dentro de fronteras delimitadas con base en las líneas de junio de 1967, internacionalmente reconocidas, y con libre acceso a los lugares santos de las tres religiones monoteístas, en los términos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Brasil mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1949 y reconoció el Estado de Palestina en 2010«.
Es de destacar que, salvo error de nuestra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha sido el único en América Latina en manifestarse formalmente, después del anuncio hecho por Guatemala, sobre el estatuto de Jerusalén.
Centroamérica y embajadas en Jerusalém: inéditos traslados en el pasado
Centroamérica ha constituido un terreno muy fértil para la diplomacia israelí. Cuando en 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó retirar las embajadas de Jerusalén a los Estados Miembros de la organización, de los 13 Estados con embajadas en Jerusalén, la mayoría pertenecían a América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Países Bajos, Panamá, Uruguay y Venezuela. Estos Estados procedieron a trasladar sus embajadas a Tel-Aviv poco tiempo después, causando la ira de Israel (véase a modo de ejemplo comunicado israelí al retiro realizado por los Países Bajos en agosto de 1980).
Como dato que es importante reseñar, Costa Rica y El Salvador instalaron nuevamente sus embajadas en Jerusalén (en 1982 en el caso de Costa Rica, 1984 en el caso de El Salvador), violando claramente las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad unos años antes y provocando la ruptura de relaciones diplomáticas de Egipto con ambos (véase nota de El Pais de 1984). La permanencia de ambas embajadas en Jerusalén hasta el 2006 fue considerada por la comunidad árabe como una verdadera provocación, y explica que no es sino hasta después del 2006 que se reanudaron relaciones diplomáticas con algunos Estados miembros de la Liga Arabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Al trasladar nuevamente su embajada a Tel-Aviv en el 2006, Israel expresó su «desilusión» a Costa Rica (véase extractos de carta oficial en esta nota de prensa del 17 de agosto del 2006). El 26 de agosto del 2006, El Salvador, único Estado en mantener una embajada en Jerusalén, también anunció que la trasladaría a Tel-Aviv (véase nota de La Nación). En esta nota de El Pais de agosto del 2006, se lee por parte del entonces canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, que:
«Nuestra decisión es congruente con el cumplimiento de obligaciones con el Derecho Internacional y resoluciones de Naciones Unidas que durante 24 años Costa Rica contravino al mantener su representación en Ciudad Santa«.
El lograr que Costa Rica y El Salvador mantuviesen durante más de 20 años a sus respectivas embajadas en Jerusalén constituye un dato de interés cuya investigación arrojaría, estamos seguros de ello, aspectos poco conocidos y difundidos a la opinión pública de ambos Estados (Nota 2).
A modo de conclusión
El actual contexto difiere sensiblemente del de los años 80, en la medida en que en este caso, Estados Unidos ha oficialmente declarado, desde el pasado 6 de diciembre, que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y que trasladará su embajada a la Ciudad Santa.
Después del fracaso obtenido en Naciones Unidas, primero en el seno del Consejo de Seguridad, con un marcado resultado de 14 votos contra el único veto norteamericano, y luego en la Asamblea General (128 votos a favor, 9 en contra), para Estados Unidos e Israel el contar con otro Estado que acuerpara la decisión de Estados Unidos constituía una máxima prioridad: Guatemala les permite ahora materializarla.
Esta desafiante actitud bien podría llevar a varios Estados a acudir a la justicia internacional, solicitando en este caso una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3): desde la perspectiva jurídica, la declaración norteamericana del pasado 6 de diciembre y la guatemalteca del 24 de diciembre constituyen una violación flagrante al consenso internacional sobre Jerusalén de los últimos 70 años, precisado en diversas resoluciones del Consejo de Seguridad (de acatamiento obligatorio) y de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Notas
Nota 1: El comunicado emitido desde su capital por Colombia se lee así: “Comunicado de prensa de sobre el estatus de Jerusalén. 21/12/2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reitera su posición histórica sobre el estatus de Jerusalén. Colombia reconoce que sobre este tema existe un consenso internacional de más de 70 años. Colombia siempre ha privilegiado una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel. En este sentido, hemos expresado la necesidad de mantener un diálogo y una negociación directa para alcanzar una solución sostenible que ponga fin a este conflicto. Para Colombia es fundamental apoyar acciones que contribuyan al consenso y no que sigan dividiendo aún más a la comunidad internacional. Bogotá, diciembre 21 de 2017”.
Nota 2: En un libro editado en el 2013, el mismo Bruno Stagno escribe: “Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto “correcto” de Costa Rica”. Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp. 70-71.
Nota 3: Solicitada en diciembre del 2003 sobre la ilegalidad de la contrucción de un muro israelí en territorios palestinos, la CIJ rindió su veredicto en el mes de julio del 2004, confirmando la ilegalidad de esta obra emprendida por Israel: véase detalles del procedimiento seguido en este enlace oficial de la CIJ. En el párrafo 151 de la parte conclusiva de su decisión (véase texto) se lee que:
«151. Israel accordingly has the obligation to cease forthwith the works of construction of the wall being built by it in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem. Moreover, in view of the Court’s finding (see paragraph 143 above) that Israel’s violations of its international obligations stem from the construction of the wall and from its associated régime, cessation of those violations entails the dismantling forthwith of those parts of that structure situated within the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem. All legislative and regulatory acts adopted with a view to its construction, and to the establishment of its associated régime, must forthwith be repealed or rendered ineffective, except in so far as such acts, by providing for compensation or other forms of reparation for the Palestinian population, may continue to be relevant for compliance by lsrael with the obligations referred to in paragraph 153 below.» // «151. Israël a en conséquence l’obligation de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris a l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Par ailleurs, la Cour ayant indiqué plus haut (voir paragraphe 143 ci-dessus) que les violations par Israël de ses obligations internationales résultaient de l’édification du mur et du régime juridique qui lui est associé, la cessation de ces violations implique le démantèlement immédiat des portions de cet ouvrage situées dans le territoire palestinien occupé, y compris a l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. L’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de son édification et de la mise en place du régime qui lui est associé doivent immédiatement être abrogés ou privés d’effet, sauf dans la mesure ou de tels actes, en ayant ouvert droit à indemnisation ou à d’autres formes de réparation au profit de la population palestinienne, demeurent pertinents dans le contexte du respect, par Israël, des obligations visées au paragraphe 153 ci-dessous«.
Como previsible, el juez norteamericano de la CIJ Thomas Buergenthal añadió a la opinión consultiva una larga declaración en la que objeta las conclusiones a las que llega la CIJ (véase texto completo).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Desde el viernes anterior el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nos está dando una lección de lo que pueden ser capaces los gobernantes elegidos por el voto popular en un Estado Democrático formal.
El sábado declaró que “Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario. El viernes anterior el Presidente guatemalteco visitó al Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. En su visita oficial algunas fuentes aseguran que se hizo una queja contra el comisionado Iván Velásquez (PL, 28/08/17), además de entregarle una nota formal donde «se planteó la necesidad de que la Cicig se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala«.
Es conocido por toda la ciudadanía que el presidente Jimmy Morales, actúa en reacción a las acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quienes presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales Cabrera por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que no fueron reportados por FCN (partido del Presidente) al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Es un principio general manejado por todo occidente que un presidente que es elegido por el voto popular debe actuar en beneficio de sus electores y no del suyo propio. No obstante, está actuando para sus propios intereses, utilizando su embestidura de gobernante para cubrir su delito, el cual fue contra los electores y el sistema político nacional.
Lo interesante es que en estos momentos su gabinete de gobierno se está despedazando y el pueblo guatemalteco esta en las calles protestando contra estos actos que riñen con la honestidad, la transparencia y el manejo limpio de lo público en un Estado Democrático. Sucede muy a menudo que nuestros gobernantes se «empoderan tanto de su cargo» que llegan a creer que los pueblos son ellos y aseguran que la «patria soy yo» así, cualquiera que le critica y le reclama, está actuando contra ese pueblo y esa «su patria». Para defenderla debe utilizar todo su poder y las leyes para castigar a quienes se oponen a su forma de gobernar. Es a todas luces la usurpación de la Democracia en beneficio privado, lo cual no pareciera entrar en conflicto con los principios del neo liberalismo.
