El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, detuvo a once ex oficiales militares acusadas de ser los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1985, registradas en un documento militar conocido como el “Diario Militar”. Las detenciones en este caso representan un hito en la larga lucha de los sobrevivientes y los y las familiares de las víctimas por esclarecer los hechos y conseguir justicia.
El “Diario Militar” fue develado hace 22 años, en 1999, por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA). El documento, también conocido como el “Dossier de la Muerte”, registra a 183 personas quienes fueron detenidas, torturadas, violadas sexualmente, desaparecidas o asesinadas por el Estado de Guatemala, entre 1983 y 1985, época en que el Jefe de Estado fue el militar Oscar Humberto Mejía Víctores.
Entre las víctimas que aparecen consignadas en el Diario Militar existen perfiles muy diversos, pero la gran mayoría de los casos se trata de estudiantes, profesores universitarios, trabajadores de la universidad e integrantes de sindicatos. El Diario Militar demuestra cómo las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en esta época tuvieron un impacto especial en la academia, intentando destruir el pensamiento crítico, la disidencia y los proyectos de una Guatemala distinta.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de víctimas incluidas en el “Diario Militar”. La Corte ordenó al Estado “iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas (…) muerte (…) y tortura”.
La investigación realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en el cual se basa las detenciones de los once ex oficiales militares, es un paso importante en el cumplimiento de esta obligación internacional por parte del Estado de Guatemala de garantizar a las víctimas del Diario Militar sus derechos a la verdad y la justicia.
Ante este hecho, los académicos que suscribimos este comunicado expresamos nuestra mayor solidaridad con los y las sobrevivientes y familiares de las víctimas del Diario Militar, y con los funcionarios de justicia que han trabajado de manera diligente para cumplir con sus deberes profesionales de investigar los graves crímenes.
A su vez, exhortamos al Estado de Guatemala y en especial al Organismo Judicial a garantizar un proceso judicial imparcial, libre de impedimentos y de intervenciones externas que puedan obstruir el enjuiciamiento de los imputados en este caso. De tal modo, esperamos que a través de un juicio libre e imparcial se establezcan las responsabilidades correspondientes para que se materialice el derecho a la justicia de las víctimas y se evite que crímenes como éste ocurran en el futuro.
A los y las sobrevivientes y familiares, a las organizaciones que les acompañan y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, y a los funcionarios de justicia que actúen con buena fe hacia el esclarecimiento de los hechos, hacemos saber que desde fuera damos seguimiento a este caso y que unimos a sus anhelos nuestros deseos de una pronta justicia.
Para firmar ingresar al enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nUNy8ED3ziNqfyJ5ZVPTCPSedQdwZidJHe-uK-3NyT6VxA/viewform
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.