Personas vecinas de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás se reunirán convocadas por la Coordinadora Intercantonal por el Agua, compuesta por personas vecinas, líderes y lideresas comunales de los cantones afectados, quienes, en vista de la adversidad y la afectación vivida, han concertado un frente común para defender el derecho al agua y hacer valer el derecho constitucional de acceso al líquido vital en calidad y cantidad.
Tema: acciones a tomar en relación con los desabastecimientos de agua potable.
La actividad se realizará en el Centro de Amigos por la Paz este 18 de abril.
SURCOS informará lo que se avance en este proceso.
Conversamos con Rocío Ramírez Varela sobre la situación que enfrenta Hatillo ante las suspensiones del servicio de agua potable en la comunidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué sucedió el 18 de marzo ante la privación de libertad de personas lideresas? Reflexionamos también, sobre los desafíos comunitarios que deja esta situación.
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Una de las pocas cosas buenas, que se podrían rescatar de la gestión por ocho años de «gente PAC» en el AyA, era el proyecto para mitigar, al menos, el gran DESPERDICIO de agua que se vive en el balneario de Ojo de Agua. Agua cristalina que brota desde el acuífero Barva, y que desciende por la «catarata», para después de fluir por las piscinas recreativas, antes de pasar al laguito artificial, donde se produce significativa infiltración y evaporación. Del laguito, el agua drena hacia la pequeña quebrada La Fuente, de pequeña cuenca tributaria, y mucho desarrollo urbano, por lo cual transfiere un muy bajo caudal. Leemos en el estudio de impacto ambiental realizado para la carretera San José – San Ramón, que el riachuelo juega un papel importante como receptor de agua de lluvia, pues en la región se muestran altos niveles de precipitación (de 146 a 148 mm/h), que provocan altos valores de escorrentía superficial en tiempo muy corto. Asimismo, e Inevitablemente, producto del desarrollo urbano poco ordenado, la quebrada es receptora de contaminantes aguas servidas, antes de terminar su corto recorrido en el río Segundo, que a su vez desemboca en el río Virilla.
Recordemos que en 1937, los estadistas el presidente León Cortés y su ministro de Fomento, Ricardo Jiménez, ante las necesidades de poblaciones de la vertiente del Pacífico, entregaron concluida una cañería de 80 kilómetros, desde donde brota esa riqueza natural, hasta Puntarenas, pues comprendieron que era irracional que, mientras donde hoy está el balneario, se estaba derrochando el líquido vital, muchos compatriotas, a lo largo de la línea del tren a vapor que corría de San José al puerto, no tenían agua suficiente para satisfacer sus necesidades familiares. Muy importante fue el que no se evidenciara mezquindad alguna, en contra del presidente y su ministro, por tomar agua de ese sitio para satisfacer la sed de compatriotas que la necesitaban.
Pasaron los años, y aparte de un aporte a los pobladores de San Rafael de Alajuela, el resto del agua se siguió utilizando para el hermoso y popular balneario, que tantas historias encierra para los ticos. Balneario que, a diferencia de la inmensa mayoría de las piscinas en el mundo, sus aguas, muy frías, por cierto, fluyen constantemente, a una velocidad de más de 350 litros por segundo. Agua, de gran pureza, que no se recircula, no se filtra, no se clora, y que ahorita, mientras usted nos honra con su lectura, está fluyendo desde el ojo de agua hasta el río Virilla, sin ningún aprovechamiento. Agua con capacidad de saciar la sed y satisfacer otras necesidades, de unas 140 mil personas, que, en el AyA, después de mucho «pensarlo», concluyeron que ese desperdicio irracional debía, al menos, mitigarse. Así surgió el proyecto «Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua”, con el que se podría captar, ¡durante las noches!, hasta aproximadamente, el 40% del caudal (150 L/s), cuidándose de que el laguito artificial y la quebrada que lo drena, mantuviera su caudal ecológico durante esas horas nocturnas. Por lo dicho, ha de aclararse, que, como se ha descrito, ni las piscinas recreativas, ni el laguito, ni la quebrada La Fuente, se irían a quedar sin agua suficiente para lo que se necesitare.
Como parte de dicho racional proyecto, se propuso construir una mini-cañería de tan solo 1,4 km (si se le compara con la magna obra construida hasta el bello puerto hace casi 90 años), que, desde el cercano Puente de Mulas, abastecería de agua potable, a las comunidades de Hatillo, Alajuelita, y otras comunidades sedientas del sur de San José, a las que se les incumple, impunemente, el precepto constitucional de que el acceso al agua, en calidad y cantidad suficientes, es un derecho humano.
Pero, como también con el tiempo, ha cambiado el comportamiento de algunos compatriotas, antes solidarios y siempre prestos a tender la mano a sus semejantes necesitados, no faltaron los que se opusieron a tan loable y digno proyecto. Así, mostrando poca solidaridad con los niños, ancianos y demás habitantes de las citadas poblaciones, ante la oposición de un comité, formado para defender «el balneario y el «gran» río», que se forma con las aguas que salen del laguito artificial, el presidente Chaves ordenó a los jerarcas del AyA (a los que estaban hace año y medio), que archivaran el proyecto, que se olvidaran de él, que buscaran otra solución a la escasez de agua en el sur de San José, pues él, en atención “al clamor popular” que escuchaba desde «las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela», tenía que escuchar al pueblo…
Sumado a ese pretexto populista, se alegó que había que obtenerse la casi imposible viabilidad ambiental de las autoridades ambientales, cual, si en la Setena fueren a rechazar un proyecto semejante, así porque así.
Ahora que la situación de escasez de agua, principalmente en Hatillo, es insostenible, por inhumana e irracional, los culpables de haber obstaculizado la solución concreta al gravísimo problema, ¡que sí fueron escuchados por Chaves!, guardan incómodo silencio, pues prefieren que nadie hable de la pírrica victoria obtenida, supuestamente en defensa de un importante “río”, que falsamente afirmaron, iría a secarse, al tiempo que se destruiría el querido balneario, dijeron.
Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.
Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.
Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.
Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.
La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.
Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.
La Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, expresa solidaridad con los vecinos de la comunidad de Hatillo. Consideramos indignante que ante la falta respuesta por la carencia de agua, llueva garrote y represión policial. De ninguna manera aceptamos que la violencia policial sea la salida frente a la inoperancia institucional y la incapacidad de diálogo del gobierno de turno Daniel Enrique Quesada Mora presidente de CONADECO.
Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora.
Comunicado Guadalupe por el agua
El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico.
Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.
Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen.
Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.
Unidos por el Agua – Guadalupe
Martes 18 de marzo 2024
Comunicado Tibás por el agua
Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:
Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua.
El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.
Por lo tanto:
Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua.
Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.
Denuncia pública a la opinión nacional e internacional
El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.
Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.
Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.
Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública. En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.
Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.
Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.
Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.
Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.
¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!
Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:
Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.
Les compartimos esta infografía para abrir este debate.
El martes 18 de marzo, un grupo de personas se unieron para demandar un correcto suministro de agua en Hatillo, y como respuesta institucional se empezaron a realizar arrestos hacia los líderes de dicha movilización.
El video adjunto a esta nota evidencia los arrestos, donde el autor del video destaca la detención selectiva de personas, al ser a los líderes de la protesta a quienes están arrestando, además se reporta una agresión policial a una mujer durante el suceso.
Se reportan 12 personas detenidas, quienes se encuentran en la delegación de Barrio México, a la espera de ser trasladados al primer circuito judicial. Entre los detenidos se encuentran Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valery Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, José Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas, y una mujer no identificada.
Ante esto, el sindicato de trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitan una liberación inmediata a los ciudadanos de Hatillo que exigen agua en cantidad y calidad, e infraestructura para las comunidades, no “curtidas con cisternas”, como mencionan.
El sindicato indica que el Presidente Ejecutivo del AyA brinda a empresarios luz verde para disponibilidades, pero no resuelve sobre el recurso para los habitantes. Ante esto demandan urgencia para un decreto que active infraestructura para las comunidades vulnerables, y la redistribución de agua de zonas adineradas a zonas con menos recursos.
Indican que se esperaba un número mayor de detenidos, junto con el ingreso de patrullas a la delegación. De esta forma, llaman a la solidaridad con las personas detenidas ya que la protesta social es un derecho y no un delito.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) alza su voz a modo de protesta en contra de la detención de Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valkyrie Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, Juan Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas y una mujer no identificada, el día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, que se da durante la manifestación de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes reclamaban por el derecho humano al agua potable.
Esta detención se realiza, según declaraciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, porque existe una denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de algunas de estas personas y el fiscal Álvaro Montoya ordenó su detención. Consideramos que esta es una detención sistemática y selectiva que recae sobre las personas líderes de este movimiento, dentro de quienes destacan miembros del recientemente electo Consejo Municipal del cantón San José, entre los cuales se encuentra David Contreras, regidor electo por el Partido Frente Amplio (FA). Además, después de estos hechos, la policía ha continuado amenazando a las personas manifestantes con realizar más detenciones.
Tres de las personas detenidas fueron trasladadas al Circuito Primero de Flagrancia y las demás personas permanecen detenidas en la Delegación de Barrio México, donde Sofía Guillén, diputada del FA, ha llegado a dar su apoyo, en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. En estas circunstancias, se evidencia el incumplimiento de los cuerpos policiales de Costa Rica para preservar y proteger la libertad, la dignidad y la vida de la población, y denunciamos la línea autoritaria de gobierno que intenta criminalizar y desmovilizar una protesta social que exige agua potable para los hogares. Esta criminalización tiene como fin continuar con el modelo de privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los seguros, etc., que son servicios y derechos vitales para que la población tenga una calidad de vida digna. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos, ya que estas están estrechamente vinculadas a la promoción y defensa de la democracia. La indignación de las personas manifestantes debe ser considerada como una demanda colectiva, para un cambio social en favor del cumplimiento del derecho constitucional al agua potable. Desde el FNL consideramos que esto es un ataque directo en contra del derecho a la protesta y censuramos la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garantía frente a los derechos involucrados; desaprobamos la vulneración de los derechos a la libertad y la seguridad personal de quienes participaron en la manifestación.
El Frente Nacional de Lucha indagará el origen de la denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de las personas líderes del movimiento y los motivos específicos de específicos de su detención para denunciar nacional e internacionalmente las injusticias a partir de las cuales nos pretenden imponer un modelo de estado en el cual el agua no sea un derecho humano, sino un bien económico y donde las leyes sólo sirvan para el beneficio de unos cuantos grupos de poder.