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Etiqueta: Honduras

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El asesinato de Berta Caceres en Honduras
Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».

En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.

A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crimen (véase informe titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores«; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de «vergonzosa» la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).

Un informe detallado y certero en medio de una impunidad rampante

Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un líder indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura. Estas personas se encuentran en una situación particularmente vulnerable al oponerse a poderosos sectores que en muchos casos, han cooptado por completo a las instituciones del mismo Estado. La tendencia a eliminarlas físicamente es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida.

La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluida). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:

«…diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina«.

Cuestionados megaproyectos y alianzas público-privadas

La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entidades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.

En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado «El magistrado y los elefantes» refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:

«Ni las autoridades del Ministerio de Seguridad ni los efectivos que luchan contra el narcotráfico (Ud. está dedicado a estas funciones hace más de 5 años) pueden “lavarse las manos” en lo que les compete con la muerte de Jairo«.

El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada «Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes«). En Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene una serie de interrogantes que el tiempo no logra borrar: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público céntrico de la capital de Costa Rica (Nota 2). Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales costarricenses (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquiles Rivera (véase nota de prensa).

El contenido del informe GAIPE en breve

En el resumen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:

«A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes» (pp. 2-3).

En esta entrevista realizada por El Espectador a dos integrantes del GAIPE de nacionalidad colombiana, se lee que:

«Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación«.

En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:

«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.

  1. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.
  2. El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.
  3. La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados» (p. 46).

A modo de conclusión

El informe completo del GAIPE, que se titula «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres» y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.

Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 3), pero también a la comunidad internacional como tal.

 

Notas

Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendaciones finales, que: «en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).

Nota 2: Con relación al caso de los cuatro integrantes de AECO, en 1997 el Estado costarricense concluyó oficialmente que no hay mayor elementos que permitan concluir otra cosa que lo siguiente: «1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz.«: véase las conclusiones de la Opinión Jurídica OJ-004-97 de la Procuraduría General de la República (PGR), elaborada en el año de 1997.

Nota 3: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: «El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (párrafo 190).

 

Otros artículos de interés del autor:

BOEGLIN N., «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«, Informa-tico, mayo del 2016. Texto disponible aquí

BOEGLIN N., «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante«, Revista digital Contexto, marzo del 2017. Texto disponible aquí.

BOEGLIN N., «Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica«, Revista Pensamiento Penal, junio del 2017. Texto disponible aquí.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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Declaración del V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • “El M4 existe porque resiste”

 

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.

¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:

¡Del Perú a Canadá la minería no va!

Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero

 

Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).

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Honduras: El asedio, a la vida universitaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • “El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional…así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar su sistema político, social o económico”. (Código de ética periodística de la UNESCO, 1983)

 

Ronnie Huete Salgado (*)

Periodista y defensor de DD.HH

 

Latinoamérica, 13 de agosto de 2107. Tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), marcan el primer referente de estudiantes condenados en un tribunal de justicia en Latinoamérica, por defender la educación pública superior como un derecho universal.

Ante este acontecimiento, el asedio contra la vida en la Máxima Casa del Conocimiento en Honduras, fundamenta el dogma de la persecución, iniciado en los universitarios, Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres.

La deformación de los acontecimientos en Honduras es una agenda que persiste en fomentar la apología del odio. En menos de tres meses dos asesinatos recorren en el imaginario colectivo de la opinión pública nacional e internacional, y lo vinculan con el conflicto de la UNAH.

Aún no existe un dictamen oficial de parte de las autoridades responsables, de efectuar las investigaciones pertinentes, que definan la causante de los asesinatos.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los intereses oscuros que realmente delinean las acciones de las autoridades del Alma Mater, motivan a que los mercenarios de la información destruyan el imaginario colectivo de las masas.

Cuando la razón y el humanismo dejan de existir en la toma de decisiones en la máxima casa de estudios, desde las altas esferas del odio, aniquilan la universalidad del pensamiento para la que fue creada la UNAH en 1848, involucionando en un terrorismo universitario.

Desde el principio de la crisis de 2017 en la UNAH, la comitiva del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), aconsejaron utilizar la vía del dialogo bajo este contexto universal del pensamiento, sin embargo, este raciocinio de ambos organismos fue desvirtuado con respuestas abruptas desde la alta jerarquía universitaria.

Nuevamente el Ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, realiza una nueva recomendación, recurrir al Consejo Nacional de Educación, una instancia creada en Honduras por la ley fundamental de educación para garantizar el derecho humano a la educación de toda persona en Honduras.

Derecho humano que ha sido fuertemente violentado con la expulsión de 20 estudiantes universitarios, como una medida arbitraria dictaminada desde la rectoría y con el agregado de imputaciones judiciales desde los tribunales de justicia de este país.

Por tal motivo el Ombudsman hondureño fue contundente al expresar que, si ellos no encuentran la solución a la problemática, en los próximos días, es necesario que se asuma y se tome una decisión de Estado.

A casi tres meses de haber iniciado esta crisis de 2017, los acontecimientos van desde enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional, y algunos comunicadores sociales, hasta el asedio contra el Padre Jesuita Ismael Moreno.

Y es que la utilización de mercenarios dentro de la UNAH, para agredir físicamente y perseguir a los estudiantes y a las personas que allí se encuentran, no solo se resume en lo físico, puesto que los ataques mediante un reducido sector de la prensa, comprueba el precio que tiene el desinformar a la población.

Tanto los mercenarios de la información como los que atacan físicamente, se suman a los misteriosos ataques que se han perpetuado en los alrededores de la UNAH.

El pasado viernes 11 de agosto según información de un estudiante, un universitario que está siendo objeto de criminalización desde las altas esferas universitarias, fue víctima de un atraco y amenazado con un arma de fuego, despojándole de su celular.

Este hecho se efectuó dentro de las instalaciones de la universidad, ese mismo día, el atacante fue perseguido por los estudiantes que allí se encontraban, y la acción del atracador fue el de dispararles con arma de fuego en mano.

Por razones de seguridad no se revela el nombre de la fuente, sin embargo, aseguró que en donde se realiza la huelga de hambre que lleva 47 días, todas las noches son vigilados por vehículos desconocidos sin número de placa y con vidrios poralizados.

Son tres los estudiantes que mantienen la huelga de hambre y que han tenido relevos, por recomendaciones de la doctora Ligia Ramos, quien voluntariamente evalúa la salud de los estudiantes.

Por tal motivo la huelga de hambre se mantiene gracias a los relevos que han hecho los estudiantes, según las recomendaciones médicas, no obstante, aunque esta forma de acción es totalmente pacifica, es amedrentada utilizando técnicas que remarcan el fascismo.

Según informes de los propios estudiantes, los edificios de la UNAH, se encuentran cerrados como otra medida de presión y protesta, lo que ha resultado en la ausencia de clases durante los dos últimos meses.

Debido a esta acción, las autoridades del Alma Mater, publicaron un comunicado asegurando que no pagaran el salario de los docentes, puesto que no han impartido sus cursos según correspondía en el calendario académico y la rectoría los acusa de cómplices en la huelga que lidera el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

La persecución también ha llegado a los docentes de la UNAH, quienes tendrán que enfrentarse a no recibir su próximo salario, puesto que la crisis es agudizada por dictamines fuera de orden en una nación cuasi incivilizada.

Sumado a esta persecución, recientemente fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia 15 estudiante universitarios del Centro Universitario Regional Litoral del Pacifico, quienes ahora enfrentan cargos judiciales en su contra por hacer uso del derecho universal de la protesta.

En total son 44 los universitarios judicializados, y que enfrentan a la justicia de Honduras como si se tratase de delincuentes comunes.

Mi persona, también está siendo víctima de criminalización por hacer uso del libre ejercicio del periodismo cuando el 24 de mayo hice cobertura periodística internacional de una acción de protesta en el edificio administrativo de la UNAH, sin embargo, fui víctima de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, robo y privación injusta de mi libertad y ahora se me imputan cargos.

Ser periodista y corresponsal internacional en Honduras, alejado de los lineamientos producidos por las altas esferas de la UNAH, lo puede llevar a la cárcel o incluso a la muerte.

En el último mes he sido objeto de seguimiento de parte de vehículos extraños, en las avenidas de Tegucigalpa, así como la intervención constante de mi teléfono celular, aunque ya interpuse una denuncia contra las personas que me torturaron y robaron el 24 de mayo de 2017 en la UNAH, aún no he tenido una respuesta contundente del Ministerio Publico de este país centroamericano.

A través de la Secretaria de Seguridad, mantienen una instancia llamada el Mecanismo de Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, la protección de la misma solo se ha reducido a analizar mi caso para hacer un diagnóstico, desde hace casi tres meses de ocurridos estos hechos que atentaron contra mi vida.

En uno de los considerandos de la Carta Universal de los Derechos Humanos menciona “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”

Tal descripción bajo el contexto universal de los derechos humanos, confirman que en Honduras existe una barbarie, cuyo epicentro es la máxima casa de estudios. La guerra de baja intensidad persiste, ahora desde la casa universal del conocimiento.

La filosofía pragmática, de conseguir el poder y el dinero acosta de lo que fuese, es el perfecto reflejo que brilla en el Estado fallido de Honduras.

Tras esta intensa etapa de crisis, es sumamente necesaria la praxis de la filosofía humana, para el servicio de la humanidad, rescatando los valores morales que enaltecen la honestidad y el amor al prójimo. La universidad es la responsable del óptimo desarrollo de la humanidad que habita Honduras.

La paz es necesaria para fortalecer los valores democráticos, sin embargo, en donde se desarrolla el conocimiento, a través de la universalidad del pensamiento, es decir la UNAH, se encuentra en una constante riña con la paz, puesto que la filosofía pragmática es la oscuridad que es inseparable de las actuales autoridades.

 

(*) Ronnie Huete es Licenciado en periodismo (UNAH) con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos, estudió presencial en la Universidad Politécnica de Valencia, España y se ha desempeñado como docente universitario de la UNAH y otras universidades privadas. En 2010 vivió en Florianópolis, Brasil, regresando a Brasil el primer semestre de 2012 en la ciudad de São Paolo. en 2008 viajó por Centroamérica, para luego en 2013 desplazarse a California, EUA. En Julio de 2015 viajó hacía Washington D.C. y luego tuvo una corta estadía en Nueva York, terminando en el Estado de Florida. En 2016 produjo un programa radial en el Condado de Orage, California.

Actualmente se encuentra en Honduras, en donde estudiaba su segunda licenciatura en sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, sin embargo, fue víctima de criminalización y persecución judicial por parte de las autoridades universitarias, por lo que está tomando fuertes medidas de seguridad, ya que su vida corre peligro.

El 24 de mayo de 2017, el periodista Ronnie Huete Salgado, se encontraba en el edificio administrativo de la UNAH, en donde realizaba cobertura periodística internacional para la agencia brasileña de prensa desacato.info, sin embargo, fue torturado, despojado de su celular y privado de su libertad por elementos de la seguridad privada de la UNAH, para luego ser encarcelado. Actualmente posee medidas sustitutivas a la prisión y es víctima de persecución como resultado del trabajo que desempeña como periodista en su país natal Honduras.

Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras y o los que menciono en el presente artículo.

El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria para la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red , el portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil, rebelion.org, http://conexihon.hn , criterio.hn, www.hondurastierralibre. Entre otras agencias de prensa internacional para la cual trabaja de forma independiente (freelance) y que cuyas publicaciones son efectivas en España, México, Argentina, entre otros países de América Latina.

 

Enviado por el autor.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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Periodista torturado hace un llamado internacional de auxilio

Escrito en . Publicado en Derechos.

Yo, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, licenciado en periodismo, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y con posgrado en Cooperación al Desarrollo, graduado en la Universidad Politécnica de Valencia, España y con número de identidad 0801-1981-01554 y con número de colegiación periodística C-1342 emitida por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ciudadano de Honduras, comparezco ante los organismos internacionales, que mantienen un fuerte vinculo diplomático y económico en Honduras, y sobre todo porque están al tanto del respeto de los derechos humanos en este país centroamericano, que como será de su conocimiento, hay un fuerte debilitamiento del respeto a la vida y por ende a los derechos humanos.

He trabajado en el ejercicio del periodismo durante los últimos 17 años, y me he desempeñado como catedrático universitario en la Escuela de Periodismo de la UNAH entre otras universidades privadas, así mismo he sido testigo de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y de las que me he encargado de denunciar en su debido momento, en pro de la defensa de la vida.

Este trabajo periodístico que realizo como corresponsal internacional, me ha costado amenazas a muerte en 2009, exilio en 2010 y ahora estuve a punto de perder mi vida al brindar cobertura periodística en la noche del 24 de mayo de 2017, hasta la madrugada del 25 de mayo, día del periodista en Honduras.

Esta cobertura periodística la realice en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el edificio administrativo en donde un grupo de 19 estudiantes realizaban una toma pacífica de este predio, utilizando el derecho universal de la protesta, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Desde hace 7 años, brindo cobertura periodística en la UNAH, y a la vez realizo observación en el respeto de los derechos humanos, puesto que, en la UNAH, en los últimos meses se han violentado estos derechos.

Yo, recibí una llamada anónima, de que se efectuaba una toma en la UNAH, y que había peligro del irrespeto a la vida, inmediatamente como periodista y defensor de derechos humanos, me hice presente en las instalaciones del Alma Mater.

Al llegar, no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y al observar a los alrededores del edificio administrativo de la UNAH, observe a un grupo de guardias de la seguridad privada de la UNAH, cuya compañía privada es conocida como ESPA.

Como periodista internacional, les pregunte a ellos que estaba ocurriendo, sin embargo, me respondieron que no estaban autorizados a brindar declaraciones, por lo que me desplace a los alrededores del edificio administrativo y vi a un grupo de personas que cubrían su rostro y se identificaron como estudiantes, quienes accedieron a dar declaraciones en vivo para el medio al cual trabajo.

Comencé hacer mi labor periodística, a grabar los hechos, a explicar al mundo lo que estaba pasando, esa noche del 24 de mayo de 2017 en la UNAH.

Seguí con mi trabajo periodístico indagando sobre lo que ocurría, me desplace al estacionamiento de la planta baja del edificio administrativo, en donde observe que los estudiantes y un grupo de personas, encapuchadas y con palos en sus manos, estaban discutiendo con los estudiantes, quienes también se cubrían el rostro; la escena me dictaba a mi persona, que podría haber pérdidas humanas, por lo que me dispuse a seguir grabando con mi herramienta de trabajo periodístico, un celular que me permitía transmitir en vivo, para la página oficial para el medio de comunicación para el cual realizo corresponsalía internacional hasta la República Federativa de Brasil con cobertura por internet al mundo.

Al ver que el peligro era latente hice el llamado a la prensa nacional e internacional, así como a mi familiar más cercano, mi papá. Comenzó una fuerte discusión entre ambas partes, por lo que intente mediar para que primara la paz, pero ya era tarde, los sujetos encapuchados con una camisa blanca y algunos hasta dejaron al descubierto su dorso, se lanzaron de la planta baja del edificio hasta el estacionamiento, para dar persecución a los estudiantes.

Estos sujetos al bajar, comenzaron a golpear con sus palos una de las puertas que conduce a la recepción del edificio y luego se abalanzaron hacía mi persona, rociándome con gas pimienta directamente a mi rostro. Este toxico que es prohibido por convenios internacionales.

Luego de haberme rociado me identifiqué como periodista, les mostré mi credencial como corresponsal internacional y defensor de derechos humanos, sin embargo, ellos procedieron a quitarme mi celular y carnet de periodista internacional, acto seguido comenzaron a golpearme con los palos que sujetaban en sus manos, y con fuertes patadas me tiraron al suelo.

Les repetí constantemente que estaba trabajando en mis funciones como periodista, sin embargo, no me escuchaban y sus respuestas solo eran golpes contra mi persona, les implore por mi vida, pensé que moriría en ese momento.

Uno de esos sujetos quien portaba un pantalón negro con rayas verdes, y su dorso desnudo, les dijo que pararan, procedieron a levantarme del suelo de ese estacionamiento, para decirme que no me moviera, les volví a repetir que era periodista, pero se limitaron a decirme que me callara o procederían a golpearme nuevamente, estaba privado de mi libertad por sujetos encapuchados, cuyo pantalón negro era delineado por una raya verde.

En mi vista y manos sentía fuego, como producto del gas pimienta que me habían rociado, sentía dolor en mi mano derecha por la contusión de la que fui víctima, y el mismo dolor se fue desplazando en varias partes de mi cuerpo, fui víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes, fui torturado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Nunca en la historia de la UNAH, un periodista había sido torturado por cumplir sus funciones como corresponde.

Seguido de esto, después de un tiempo de estar tirado en el suelo suplicando por mi vida, los sujetos torturadores me vigilaban, para que no saliera del lugar, ocupaba asistencia médica de inmediato, pero a ellos, no les importo.

No recuerdo el tiempo exacto que estuve allí, pero sí del fuego en mi rostro y manos como producto del gas lacrimógeno, me puse de pie como pude, para pedir auxilio, ya un defensor de derechos humanos estaba presente, escuché su vos, por lo que me dispuse a moverme con el temor de que los sujetos torturadores me torturan nuevamente.

Logré salir del estacionamiento, para desplazarme hacía la recepción del edificio administrativo, en donde se encontraba mi papá y el defensor de derechos humanos, les dije a los sujetos torturadores que me regresaran mi celular y mi credencial como periodista internacional, pero mi conversación fue en vano, nunca me regresaron mi herramienta de trabajo, ni tampoco mi credencial.

Seguido de esto, el defensor de derechos humanos, me dijo que necesitaba urgentemente asistencia médica, por lo que me desplace con él y mi papá hacia la planta baja del estacionamiento para poder salir.

Al salir del edificio se encontraba un contingente de la Policía Nacional, quienes nos preguntaron hacía donde íbamos, por lo que el defensor de derechos humanos, le respondió que aun hospital para asistir a mí persona, sin embargo, respondieron que tenían la orden de detener a todo el que saliera del edificio.

Rápidamente mostramos las credenciales, yo tenía una acreditación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), guardada en mi cartera de bolsillo, a la que no tuvieron acceso los sujetos torturadores, se la mostré al policía que coordinaba el operativo, sin embargo, obvio mi credencial y procedió a detenerme.

Luego, fui trasladado a una posta policial, en donde se me privo de mi libertad por aproximadamente 36 horas, la tortura de la que fui víctima en la UNAH, seguía en los centros de detención, ya que dormí en el suelo, olores nauseabundos primaban en el lugar, y el acceso al agua y comida se había limitado.

Esposado de pies y manos en los juzgados de la granja, se me trato como un delincuente común, por el hecho de estar ejerciendo mi profesión como periodista.

Parte de estos hechos narrados, fue la experiencia que viví como torturado, por lo que hago de conocimiento internacional y nacional de que mi vida corre peligro en Honduras, me siento vulnerable y aún con fuertes traumas psicológicos, como producto de la tortura que se me propició en el Alma Mater de Honduras.

Alzo mi voz ante el mundo, pidiendo el auxilio internacional, ya que mi vida está en constante peligro después de estos hechos, me avoco hacía ustedes como instancia internacional veedora de los derechos humanos en Honduras, para solicitar la protección correspondiente, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Pese a ser una víctima de tortura, se me imputan cargos judiciales en mi contra, y actualmente estoy con medidas cautelares, ya que los denunciantes aducen que yo fui parte de esa toma, lo cual es totalmente falso, puesto que me desempeñaba en mis funciones como corresponsal internacional, cumpliendo con mi labor de informar al mundo como periodista, lo que considero una acción violatoria al libre ejercicio del periodismo en Honduras, ya que fui víctima de tortura, en el lugar de los hechos ya descritos.

Comparezco ante ustedes muy respetuosamente, para que tomen en consideración mi testimonio, ya que mi vida corre peligro después de este hecho y mi derecho a la libertad tiende hacer irrespetado por la denuncia que pesa sobre mí. Denuncia que considero injusta, ya que como he descrito solo estaba cumpliendo con mi labor periodística.

 

A los 30 días del mes de mayo de 2017.

Atentamente.

 

Msc. Ronnie Ezequiel Huete Salgado

Periodista y Defensor de Derechos Humanos.

 

Detienen y torturan a periodista Ronnie Huete. Video:

https://youtu.be/6hSGqO2hg6I

 

Seguimiento de este hecho dado por otros medios hondureños:

–http://criterio.hn/2017/05/31/periodista-torturado-la-policia-presenta-denuncia-violacion-derechos-ante-organismos-acreditados-honduras/

–http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-hondure%C3%B1o-es-detenido-el-d%C3%ADa-del-periodista

 

*Imagen tomada de criterio.hn

 

Enviado por Ronnie Huete Salgado.

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A un año del asesinato de Berta Cáceres: Acción global para exigir justicia en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

A un ano del asesinato de Berta Caceres fecon

Distintos grupos sociales has estado realizando actividades para recordar y protestar por la impunidad en el caso de la activista hondureña Berta Cáceres asesinada hace un año. El pasado 2 de marzo en la Embajada de Honduras en La Sabana y el pasado 03 de marzo en la Rotonda de la Hispanidad.

Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo con lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.

Las últimas revelaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. El único testigo de la muerte de la lideresa, Gustavo Castro, señala al Estado hondureño como responsable.

Uno de los detenidos es exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual luchaba Berta que había recibido 33 veces amenazas de muerte.

Desde 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.

Según Global Witness, entre el 2002 y el 2013, como mínimo 908 personas en todo el mundo fueron asesinadas, con tasas brutales en Perú, Honduras, Colombia, Guatemala, Brasil y México, entre otros países http://www.alainet.org/es/articulo/173493 , y en 2015 al menos otras 78 personas fueron asesinadas http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/09/actualidad/1449685932_80796 Incluso en Costa Rica, país reconocido por su estereotipo de “verde”, se asesinó a un protector de tortugas en el 2013 y al menos otras diez personas desde 1975.

Para FECON “Esas y muchas más agresiones son evidencia clara de que los focos de violencia en América Latina y el mundo, apuntan cada vez más contra ambientalistas, indígenas, feministas , ecologistas y en general defensores de derechos humanos políticos, económicos, culturales, ligados a la protección de la naturaleza. A esto se suma la judicialización y penalización de cualquier forma de protesta social, lo cual reduce cada vez más la participación civil frente a los negocios estatales y privados y la concentración de la riqueza”.

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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A un año del asesinato de Berta Cáceres en Honduras: una impunidad campante

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

 

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fin a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa de El Heraldo).

Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Amnistía Internacional ha calificado recientemente de «vergonzosa» la supuesta «investigación» realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.

A un ano del asesinato de Berta Caceres
Foto extraída de nota de prensa titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».

La profunda desconfianza en las autoridades hondureñas para esclarecer la muerte de Berta Cáceres

A raíz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa de La Prensa). Nótese que una fuerte movilización y una petición en línea precedieron la decisión del BCIE, y que persisten a la fecha serias críticas a las empresas alemanas involucradas en este proyecto hidroeléctrico (véase nota de DW). En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente judicial sobre este asesinato (véase nota de prensa de La Prensa).

Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (véase nota de La Nación), se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos». Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: «nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente».

El precedente sentado por el caso Kawas Fernández

La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la líder ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dio lugar a una demanda contra Honduras que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:

«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos».

En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: «11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia».

La implementación de esta histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dio en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.

En Costa Rica, esta extraña sensación de unísono empresa-Estado fue calificada de «compadrazgo» y «contubernio» «indignante y vergonzoso» por quiénes asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota del Semanario Universidad). En esta última, leemos que: «Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”.

Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental

En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: «Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina». El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.

A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: «Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala» (p. 16).

Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada «¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina» (texto disponible aquí). En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica algo inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (véase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los demandados por Infinito Gold se tituló: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» y fue publicada en La Nación en julio del 2012 (véase texto).

En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.

El caso de Costa Rica

Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios más en Costa Rica (véase nota de CRHoy del 2015 y el artículo de opinión publicado en el 2013 titulado «Los ambientalistas exigimos respeto, René Castro»).

El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994»).

Conclusión

En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica (véase nota sobre convocatoria en Costa Rica), así como en Canadá y en varias capitales europeas (véase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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COPINH denuncia detención de compañero indígena Lenca

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Honduras: Alerta

 

COPINH alerta de manera URGENTE la detención y hasta el momento desaparición del compañero de COPINH Mauro Gómez de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, Intibucá. Compañeras y compañeros de Río Blanco nos informaron que hoy, a medio día, fue detenido en la vega del Achotal mientras trabajaba, por miembros de la policía y el ejército de Honduras, el nombrado compañero, alegando el delito de tala de un árbol.

Además alertan que hoy mismo se observaron en la comunidad 3 carros pertenecientes a la empresa DESA que circulaban con miembros de la policía. Las autoridades hicieron manifiesto que lo trasladarían a La Esperanza, Intibucá, pero a esta hora la Coordinación General se ha movilizado a investigar y no se encuentra registrado como detenido en La Esperanza, por tanto, desconocemos su paradero.

Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a llamar de manera inmediata a las autoridades hondureñas para saber el fin y liberación de nuestro compañero Mauro.

Entre ellos al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco: (504) 9456-3699; Sagrario Prudott (Jefa de de DDHH en la Secretaría de Seguridad): (504) 3152-8878.

Hay que decir que este hecho sucede inmediatamente después de culminada la audiencia sobre el mecanismo de protección para defensores y defensoras (…), que se desarró en Panamá en el marco del 159 Periodo de Sesiones de la CIDH, quedando demostrada la negligencia y la actuación cínica del Estado de Honduras.

2 de diciembre del 2016.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de copinhonduras.blogspot.com

Enviado a SURCOS Digital por Rafael López Alfaro.

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Comunicado en solidaridad con Tomás Gómez Membreño y Alexander García Sorto, Honduras

Escrito en . Publicado en Derechos.

A los Gobiernos Latinoamericanos y del Caribe

A las organizaciones internacionales

A los Movimientos Sociales y Populares

A los y las defensores de Derechos Humanos

A la sociedad en general

Comunicado en solidaridad con Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH y Alexander García Sorto, Líder Comunitario de Llano Grande, Colomoncagua, Honduras

 

Ya se han cumplido 6 meses desde el cruel asesinato de la compañera Lenca del COPINH, Berta Cáceres, el cual fue duramente reprochado por un gran sector de la comunidad internacional, creyentes de la paz, de los derechos humanos y la justicia social entre los pueblos. Desde su asesinato, se han dado nuevos hechos delictivos de este tipo, los cuales nos hacen creer que la violencia en Honduras es de nunca acabar.

El día 10 de octubre, trascendió la comunicación de un nuevo hecho: los intentos de asesinato contra los del compañeros Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH y Alexander García Sorto, líder Comunitario de Llano Grande, Colomoncagua.

En dos circunstancias distintas, el día 9 de octubre, fueron objeto de disparos los compañeros mencionados; en horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas.

Los disparos fueron realizados con la intención de asesinar al compañero Alexander o a las integrantes de su familia. En la noche del mismo día, una persona disparó contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, cuando salía del centro de encuentros Utopía con dirección a su casa.[1]

Ante estos hechos de violencia, la Junta Directiva del Centro de Amigos para la Paz (CAP), expresa su preocupación por este y otro hechos de violencia que continúan en la hermana nación Honduras, donde defensores(as) de DDHH y de los pueblos originarios están siendo asesinados(as) o está siendo comprometida su vida.

Este tipo de acciones que violentan los derechos humanos repercuten en la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe quienes en reiteradas ocasiones se han manifestado por la paz y la justicia.

Como CAP denunciamos públicamente e instamos al Gobierno de la Republica de Honduras el esclarecimiento de este hecho y la prevención de cualquier otro hecho de violencia contra cualquier otro defensor o defensora de DDHH quienes por defender los derechos de la madre tierra y sus tierras ancestrales están en grave peligro. Hacemos un llamado a la unión y la solidaridad en este momento difícil que se vive en Centroamérica.

Centro de Amigos para la Paz (CAP)

11 de octubre 2016

 

“Despertemos… Despertemos Humanidad. Ya no hay tiempo. Las conciencias serán sacudidas por el hecho de estar contemplando la auto destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal” –Berta Cáceres-.

[1] Estas informaciones fueron proporcionadas por el COPINH.

 

*Imagen tomada de https://copinh.org

Enviado a SURCOS digital por Marcela Zamora Cruz.

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Honduras: mujeres lanzan campaña por la defensa de sus territorios

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca

 

Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».

Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.

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Criminalización

A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.

«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.

La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.

Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

¡No más criminalización a las defensoras de la vida!

 

Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:

ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).

 

Contacto:

 

Enviado a SURCOS Digital por Plataforma Agraria: www.plataformaagraria.hn

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