Distintos grupos sociales has estado realizando actividades para recordar y protestar por la impunidad en el caso de la activista hondureña Berta Cáceres asesinada hace un año. El pasado 2 de marzo en la Embajada de Honduras en La Sabana y el pasado 03 de marzo en la Rotonda de la Hispanidad.
Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo con lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.
Las últimas revelaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. El único testigo de la muerte de la lideresa, Gustavo Castro, señala al Estado hondureño como responsable.
Uno de los detenidos es exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual luchaba Berta que había recibido 33 veces amenazas de muerte.
Desde 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.
Según Global Witness, entre el 2002 y el 2013, como mínimo 908 personas en todo el mundo fueron asesinadas, con tasas brutales en Perú, Honduras, Colombia, Guatemala, Brasil y México, entre otros países http://www.alainet.org/es/articulo/173493, y en 2015 al menos otras 78 personas fueron asesinadas http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/09/actualidad/1449685932_80796 Incluso en Costa Rica, país reconocido por su estereotipo de “verde”, se asesinó a un protector de tortugas en el 2013 y al menos otras diez personas desde 1975.
Para FECON“Esas y muchas más agresiones son evidencia clara de que los focos de violencia en América Latina y el mundo, apuntan cada vez más contra ambientalistas, indígenas, feministas , ecologistas y en general defensores de derechos humanos políticos, económicos, culturales, ligados a la protección de la naturaleza. A esto se suma la judicialización y penalización de cualquier forma de protesta social, lo cual reduce cada vez más la participación civil frente a los negocios estatales y privados y la concentración de la riqueza”.
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fin a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa de El Heraldo).
Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Amnistía Internacional ha calificado recientemente de «vergonzosa» la supuesta «investigación» realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».
La profunda desconfianza en las autoridades hondureñas para esclarecer la muerte de Berta Cáceres
A raíz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa de La Prensa). Nótese que una fuerte movilización y una petición en línea precedieron la decisión del BCIE, y que persisten a la fecha serias críticas a las empresas alemanas involucradas en este proyecto hidroeléctrico (véase nota de DW). En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente judicial sobre este asesinato (véase nota de prensa de La Prensa).
Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (véase nota de La Nación), se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos». Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: «nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente».
El precedente sentado por el caso Kawas Fernández
La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la líder ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dio lugar a una demanda contra Honduras que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:
«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos».
En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: «11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia».
La implementación de esta histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dio en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.
En Costa Rica, esta extraña sensación de unísono empresa-Estado fue calificada de «compadrazgo» y «contubernio» «indignante y vergonzoso» por quiénes asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota del Semanario Universidad). En esta última, leemos que: «Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”.
Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental
En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: «Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina». El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.
A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: «Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala» (p. 16).
Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada «¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina» (texto disponible aquí). En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica algo inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (véase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los demandados por Infinito Gold se tituló: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» y fue publicada en La Nación en julio del 2012 (véase texto).
En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.
El caso de Costa Rica
Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios más en Costa Rica (véase nota de CRHoy del 2015 y el artículo de opinión publicado en el 2013 titulado «Los ambientalistas exigimos respeto, René Castro»).
El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994»).
Conclusión
En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica (véase nota sobre convocatoria en Costa Rica), así como en Canadá y en varias capitales europeas (véase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
COPINH alerta de manera URGENTE la detención y hasta el momento desaparición del compañero de COPINH Mauro Gómez de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, Intibucá. Compañeras y compañeros de Río Blanco nos informaron que hoy, a medio día, fue detenido en la vega del Achotal mientras trabajaba, por miembros de la policía y el ejército de Honduras, el nombrado compañero, alegando el delito de tala de un árbol.
Además alertan que hoy mismo se observaron en la comunidad 3 carros pertenecientes a la empresa DESA que circulaban con miembros de la policía. Las autoridades hicieron manifiesto que lo trasladarían a La Esperanza, Intibucá, pero a esta hora la Coordinación General se ha movilizado a investigar y no se encuentra registrado como detenido en La Esperanza, por tanto, desconocemos su paradero.
Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a llamar de manera inmediata a las autoridades hondureñas para saber el fin y liberación de nuestro compañero Mauro.
Entre ellos al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco: (504) 9456-3699; Sagrario Prudott (Jefa de de DDHH en la Secretaría de Seguridad): (504) 3152-8878.
Hay que decir que este hecho sucede inmediatamente después de culminada la audiencia sobre el mecanismo de protección para defensores y defensoras (…), que se desarró en Panamá en el marco del 159 Periodo de Sesiones de la CIDH, quedando demostrada la negligencia y la actuación cínica del Estado de Honduras.
2 de diciembre del 2016.
Imagen con fines ilustrativos tomada de copinhonduras.blogspot.com
Comunicado en solidaridad con Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH y Alexander García Sorto, Líder Comunitario de Llano Grande, Colomoncagua, Honduras
Ya se han cumplido 6 meses desde el cruel asesinato de la compañera Lenca del COPINH, Berta Cáceres, el cual fue duramente reprochado por un gran sector de la comunidad internacional, creyentes de la paz, de los derechos humanos y la justicia social entre los pueblos. Desde su asesinato, se han dado nuevos hechos delictivos de este tipo, los cuales nos hacen creer que la violencia en Honduras es de nunca acabar.
El día 10 de octubre, trascendió la comunicación de un nuevo hecho: los intentos de asesinato contra los del compañeros Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH y Alexander García Sorto, líder Comunitario de Llano Grande, Colomoncagua.
En dos circunstancias distintas, el día 9 de octubre, fueron objeto de disparos los compañeros mencionados; en horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas.
Los disparos fueron realizados con la intención de asesinar al compañero Alexander o a las integrantes de su familia. En la noche del mismo día, una persona disparó contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, cuando salía del centro de encuentros Utopía con dirección a su casa.[1]
Ante estos hechos de violencia, la Junta Directiva del Centro de Amigos para la Paz (CAP), expresa su preocupación por este y otro hechos de violencia que continúan en la hermana nación Honduras, donde defensores(as) de DDHH y de los pueblos originarios están siendo asesinados(as) o está siendo comprometida su vida.
Este tipo de acciones que violentan los derechos humanos repercuten en la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe quienes en reiteradas ocasiones se han manifestado por la paz y la justicia.
Como CAP denunciamos públicamente e instamos al Gobierno de la Republica de Honduras el esclarecimiento de este hecho y la prevención de cualquier otro hecho de violencia contra cualquier otro defensor o defensora de DDHH quienes por defender los derechos de la madre tierra y sus tierras ancestrales están en grave peligro. Hacemos un llamado a la unión y la solidaridad en este momento difícil que se vive en Centroamérica.
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
11 de octubre 2016
“Despertemos… Despertemos Humanidad. Ya no hay tiempo. Las conciencias serán sacudidas por el hecho de estar contemplando la auto destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal” –Berta Cáceres-.
[1] Estas informaciones fueron proporcionadas por el COPINH.
Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca
Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.
La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.
«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».
Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.
Criminalización
A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.
«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.
La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.
Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.
¡No más criminalización a las defensoras de la vida!
Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:
ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).
El Estado no puede librarse de la responsabilidad de asegurar el buen trato a la ciudadanía, ya sea por las relaciones cotidianas y constantes de sus empleados con la población, o las relaciones que entablan las empresas privadas con sus trabajadores y con la ciudadanía a la cual presta servicios que de lo contrario tendría el Estado mismo que brindarlos.
Como sabemos, los funcionarios públicos son poseedores de autoridad, mientras las personas a las que debe servir son la parte débil de esta relación de poder. Es decir, los funcionarios del Estado son los depositarios de la autoridad delegada por el soberano (el pueblo mismo). Por esta misma razón y por derechos como personas humanas, los empleados públicos están obligados a tratar respetuosamente a los ciudadanos que sirven por los derechos adquiridos, con dignidad implícita en su condición de personas civiles o ciudadanas.
Cuando el Estado autoriza a las empresas particulares a brindar un servicio, le está delegando no solamente el permiso de explotación al servicio público sino que una parte de su autoridad, la que implica transferencia del respeto mismo a toda persona a la que sirve. No obstante, el Estado no se libera de la responsabilidad de asegurar tal respeto.
Servicio de transporte
Cuando uno viaja por diferente países se evidencia la diferencia de trato que existe entre la mayoría de esos países con el trato que la ciudadanía recibe en Honduras. Por mucho tiempo hemos observado que esta ciudadanía se acostumbró a ser maltratada. Incluso la clase media, quien normalmente exige mejores tratos, aquí soporta ser muy maltratada.
Las evidencias de esta relación del servidor con la ciudadanía se develan mucho si se viaja por tierra, por mar o por avión. Los peores maltratos se reciben como pasajeros del transporte terrestre y luego está el marítimo nacional. Es como que se pierde calidad ciudadana cuando pasa del avión al autobús.
Algunos analistas piensan que son las clases medias las que obligan a las instituciones y empresas de servicios a brindar un buen trato a la ciudadanía, mientras las clases bajas, pese a merecer un mejor trato, no se atreven a reclamar por ser sometidas al maltrato desde siempre que abrieron los ojos. La clase alta normalmente tiene otras opciones de servicios de alta calidad, de manera que si no le gusta el trato que servidores públicos o empresariales le brindan, simplemente buscan mejores opciones o utilizan sus influencias político-económicas para hacer que les satisfagan debidamente sus necesidades, exigiendo el castigo correspondiente al empleado que no le supo tratar bien.
Sabemos que los dueños y conductores de transportes son generalmente de la clase media baja y baja, con muchos casos de pertenecer al último quintil de la sociedad. Algunas excepciones los medios de transporte son propiedad de diputados, altos funcionarios y militares que poseen un lote de autobuses y taxis como su negocio. No obstante, las relaciones de los conductores y cobradores con sus clientes son soberbias. No hacen más que dar órdenes y hasta insultar a quienes usan sus servicios. No discriminan si tratan con una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una estudiante o un obrero, un enfermo o un niño. Estos valen tanto como el costo del pasaje. Llenan los autobuses como si fuesen latas de sardinas, sin importar nada más que la cantidad de dinero que recogen en el camino. Desde luego, las autoridades de tránsito son sus cómplices.
Existen alternativas en la clase media, puesto que utilizan automóviles particulares, aunque por la pauperización de los últimos ocho años, la mayoría busca comprar autos de segunda mano, más obligados por la inseguridad del transporte público que por comodidad. En el caso de transporte interurbano se puede seleccionar, en algunos casos, el de lujo o ejecutivo, que aun cuando se paga casi el doble por pasaje, no sufre del ultraje y los abusos de cobradores y conductores, que van recogiendo pasajeros en todo el trayecto, al grado que se pasan los traseros por las narices de los demás pasajeros si no es que le obligan a cargar con la mitad del cuerpo de quien acaba de subir. Reclamar puede costar un insulto o una expresión grosera del cobrador o del conductor. Esto nos hace ver que la gran mayoría viaja en condiciones adversas, pero no se queja. Soporta cualquier incomodidad y ofensa a su dignidad con tal llegar a su destino.
Transporte a obreros
También existe el transporte para trabajadores manuales, especialmente para llevarles a los centros de trabajo agrícola. Para el ciudadano común es normal observar camiones con estructuras propias para acarrear ganado vacuno, repleto de mujeres y hombres obreros colgados de las tablas y reglas que componen las carrocerías de los camiones, yendo y viniendo de sus largos y groseros jornales. Gente sin derechos más que al medio salario diario. Estos “pasajeros” aguantan sol, lluvia y polvo, sin que nadie se atreva a protestar por el maltrato. Nada que envidiar a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX cuando los blancos trataban a los negros como esclavos en los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Europa.
Servicio de Aduanas y Migración
Una de estas evidencias de la degradación al viajero del transporte terrestre está en las aduanas de las fronteras entre los países vecinos. Realmente son lamentables los tratos y la infraestructura existentes en ellas. Cuando usted pasa entre Honduras y Nicaragua, siente que el tiempo se detuvo hace unos cuarenta años. Hasta para ir a un baño un turista prefiere salir al monte por considerarlo más higiénico. Se atiende al turista casi al aire libre, o en bancas metálicas soldadas muy artesanalmente. La suciedad y polución del ambiente evita que el turista sienta deseos de comerse una de tantas ofertas de fritangas que hay en venta. Lógicamente, el turista, quien no se reduce a centroamericanos, se debe preguntar qué hace la administración con todo el dinero que recogen en impuestos. Esas aduanas pasan repletas de turistas y camiones repletos de mercadería que pasan durante 10 horas diarias, cuando toda persona y vehículo liviano y de carga paga impuestos.
Carreteras
A esto hay que añadirle el pésimo estado de las carreteras. Si se sale de la carretera que va entre Tegucigalpa y San Pedro Sula (CA-5), y entre San Pedro Sula y La Ceiba, hay que prepararse porque si se evade un hueco va a caer en dos o tres más, eso cuando se corre en carretera que tuvo asfalto. Si viaja entre municipios que están afuera de esos circuitos, el viaje puede ser una real aventura. Más aún si viaja a municipios sin carretera con asfalto, llamadas “de tierra”, es probable que el autobús no llegue ese mismo día a destino en período de invierno.
Pero revisen la cartera de créditos internacionales y nacionales para la construcción y reconstrucción de las carreteras de Honduras durante los últimos 15 años, con esos financiamientos que estamos pagamos con nuestros impuestos, pudo construirse un bulevar de seis carriles de concreto, bien señalado y moderno, desde la frontera entre México y Guatemala a la ciudad de Panamá.
Estas gestiones públicas se pueden incluir en el maltrato a la ciudadanía, puesto que le insultan su inteligencia. Si no aprendemos a reclamar un buen trato, menos podremos lograr que nuestra juventud, niñez y adulto mayor sea respetada en su dignidad y derechos humanos.
La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.
Terror
En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.
Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.
Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.
Negocio
Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.
Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.
La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.
En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.
Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.
Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.
Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.
Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.
Balance
Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.
Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.
Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.
Giro a Prevención
Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y desde la familia de Berta Cáceres se está convocando para el próximo 15 de junio, a una acción a nivel internacional frente a las embajadas de Honduras para exigir justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres.
Con el fin de organizar dicha manifestación, es que se realizará este martes 31 de mayo a las 6:00 pm en el Centro de Amigos para la Paz, una reunión para coordinar la acción de solidaridad por justicia con Berta Cáceres y con el COPINH.
Se adjunta video de la mayor Pascualita Vásquez del COPINH convocando a esta petición de justicia:
El pasado viernes 1 de abril, en Entrevista con Valladares de canal 11, estuvieron el Dr. Denis Castro Bobadilla, reconocido médico forense y la Abogada Ritza Antúnez, ex Fiscal.
No solamente pudimos confirmar que más de 50 mil asesinatos no han tenido la atención debida y que técnicamente estamos a cien años de alcanzar los niveles de investigación penal que tienen los países más avanzados y a 40 o más de los países en desarrollo.
Pese a que la Directora del Medicina Forense, Dra. Julissa Villanueva trató de defender su trabajo, fue evidente que todo lo que ofrece es para realizar mañana y nada de lo que ha ocurrido con los asesinatos perpetrados hasta ahora en los últimos 3 o 4 años. Su intervención no tuvo nada que envidiarle a uno de los mejores oradores políticos del momento.
El Dr. Denis Castro confirmó la contaminación de la escena del crimen a Berta Cáceres y las amplias debilidades y errores cometidos en la investigación, solamente utilizando las fotografías tomadas por periodistas. Confirmó que no se hicieron las pesquisas elementales del caso.
La abogada Antúnez fue clara en confirmar que los jueces se ven obligados a juzgar más por intuición o por apreciaciones personales que por las pruebas contundentes que la policía y Medicina Forense presenta. Esto, desde luego, vuelve el cuadro de la justicia mucho más inclinada a determinar culpabilidad de acuerdo a presiones sociales y políticas, sin mencionar los sobornos.
Nos ha preocupado confirmar que la autopsia de Berta fue realizada por una médico general sin mayor experiencia profesional y menos con alguna preparación técnico académica para este tipo de trabajo.
Desde luego, tales condiciones hacen ver la mayor importancia que tiene una investigación desde las capacidades internacionales para el caso de Berta Cáceres.
Así que debemos seguir insistiendo en una investigación desde la comunidad internacional.
#CIDHAudiencias. Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, entrega una flor a la delegación del Estado de Honduras durante la audiencia sobre la situación en el Bajo Aguán.
“Mi mami era una lideresa constantemente amenazada por sostener sus convicciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Honduras, la defensa de nuestro territorio ancestral y nuestros bienes comunes de la naturaleza”, dijo ante los Comisionados y las Comisionadas y ante la delegación del Estado. “Le dispararon en el pecho tratando de detener su latido, pero su latido se encuentra en todo el pueblo lenca, en nosotros sus hijas e hijo, y en todas las personas que soñamos y luchamos por un mundo lejos de la injusticia. Su asesinato es reflejo de la preocupante y grave situación de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes alzan la voz y defienden derechos humanos en Honduras”.
Dijo que a más de un mes del asesinato de su madre, “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como coadyuvantes del proceso”.
