La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, que el gobierno de Honduras ha solicitado al gobierno de Costa Rica la extradición del dirigente estudiantil y defensor de los Derechos Humanos, EDUARDO ENRIQUE URBINA AYALA, de 22 años de edad, estudiante de tercer año de la Carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH.
El joven ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre de 2017, con documentos legales y con una visa de turista de 90 días, por recomendación del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), debido a la fuerte persecución política que sufre por parte de los aparatos represivos y militares de Honduras, corriendo riesgo su vida ante reiteradas amenazas de muerte. Persecución que es producto de un contexto de violencia institucionalizada donde, día a día, aumenta la represión, asesinato, judicialización, tortura y encarcelamiento arbitrarios contra quienes expresan su derecho a la protesta social y defensa de los Derechos Humanos; donde jóvenes y estudiantes hoy forman parte de 22 presos políticos; entre ellos, una joven. Así mismo, a partir del fraude electoral, suman más de 33 personas asesinadas por ejercer su derecho a manifestarse, y más de 100 personas judicializadas o criminalizadas.
Cuyos autores materiales son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar de Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y Dirección Policial de Investigación.
Cuando el joven Urbina tenía 4 días de haber ingresado a nuestro país, el gobierno de Honduras, a través de la Fiscalía General de Honduras, montaron la historia falsa a fin de culparlo de la quema de un camión militar, efectuada el día 15 de diciembre de 2017. Posteriormente, solicitan al gobierno costarricense la deportación.
Ante este atropello a los derechos humanos –práctica sistemática del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH)- los organismos de Derechos Humanos de Honduras y Costa Rica, reiteramos a nivel internacional, que Eduardo Urbina Ayala es totalmente inocente de dichas acusaciones; en tanto, al darse dichos hechos, ya tenía cuatro días de permanecer en Costa Rica.
Lamentamos y condenamos que el gobierno de Honduras haya, además, interpuesto la orden de extradición. Procedimiento que ha hecho que el joven sea trasladado a la cárcel, en el Segundo Circuito Judicial de San José, Organismo de Investigación Judicial (OIJ); bajo la latente amenaza de ser recluido en un Centro Penal, por ser perseguido político, para luego ser extraditado a su país, conocido internacionalmente como dictadura con disfraz de democracia y en donde no se respetan las garantías constitucionales y los Derechos Humanos.
Proceso que afecta drásticamente al joven Eduardo Urbina, con suficientes pruebas de ser inocente de lo que se le imputa en Honduras.
El gobierno de Costa Rica ha sobresalido históricamente por tener una política de Estado de Respeto a los Derechos Humanos, con un marco Institucional y Normativo adecuado. En este escenario, apelamos a la sensibilidad y conciencia de sus autoridades competentes, para que, en congruencia con esta política, apruebe la solicitud de refugio en este país hecha por el joven Urbina Ayala; quien claramente es perseguido político del gobierno de Honduras; por lo que de ser extraditado, el gobierno hondureño atentará contra su vida e integridad física, donde significa prácticamente condenarlo a tortura y muerte, por ser un estudiante universitario que se opone a la pérdida de la «democracia en su país».
Agradecemos todos los esfuerzos emprendidos por organismos de DDHH, organizaciones y personas solidarias y conscientes, a nivel nacional e internacional, en aras de extender su apoyo al joven Urbina, y mantenerse vigilantes en este proceso.
¡Respeto a los Derechos Humanos del joven Eduardo Urbina Ayala!
¡Solidaridad y refugio para Eduardo Urbina Ayala!
¡Honduras no es un Estado de Derecho y se violentan sistemáticamente los Derechos Humanos!
El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que «el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica«. El joven es solicitante de refugio.
Este universitario ingresó a Costa Rica el 1 1 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El comunicado señala que el joven Urbina Ayala se mantiene a la espera de que el Gobierno de Costa Rica, le otorgue el estatus de refugio y de esa manera se le brinde la protección internacional que se requiere, por tratarse de un perseguido político amenazado en Honduras.
El martes 20 de marzo a las 10 de la mañana se ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles. La actividad será en el Centro de Amigos para la Paz en San José.
Honduras, en su última década ha pasado por experiencias políticas que ninguna sociedad madura puede envidiar. No solamente es un país que expulsa sus familias completas a buscar su futuro económico al Norte de América, como lo hacen los otros dos países del denominado “triángulo norte”, pero ahora tiene exiliados políticos en otros países, por la constante represión política, asesinatos de sus líderes sociales y políticos, etc. Desde las elecciones de noviembre del 2017, se cuentan más de doscientos exiliados políticos, declarados o no, en su gran mayoría estudiantes. Algunos han logrado salir con visas y medios adecuados, pero otros han tenido que escapar de la represión por cualquier medio que les permita salvaguardar sus vidas. Esto, sin contar con más de veinte prisioneros políticos encarcelados como los peores delincuentes y, lo peor, hay otras decenas de víctimas letales en manos de las fuerzas gubernamentales, regulares o irregulares, aun en la impunidad.
Uno de los logros nefastos del actual régimen dictatorial, con el apoyo de la derecha internacional, es envenenar la conciencia de la juventud para que ésta concluya despreciando la sola existencia de un Estado. Eventualmente puede llegar a desear, o un Estado neo fascista o la anarquía completa. Sin elegir a ningún gobernante por no creer en la real democracia. Podremos llegar a tener una juventud que no creerá posible un Estado democrático esencial para la vida de toda sociedad, pues no habrá llegado a vislumbrar, ni intelectualmente, la libertad, la equidad social y económica en toda su dimensión.
Con los dos últimos simulacros electorales, después del golpe de Estado por un grupo de liberales, aliados con nacionalistas, empresarios y jerarcas religiosos, en el 2009, esta ciudadanía no ha vuelto a vivir un estado democrático; es decir, que su población, ahora apenas en mayoría de edad (18), quien, en el golpe de Estado, apenas tenía cumplidos siete, ni siquiera ha vivido y conocido lo que es una elección política honrada y correcta. Conoce de golpes de Estado, de estados denominados “Democráticos” pero que son de-facto, de sobre-militarización y de violencia por expresar una opinión diferente. No ha vivido, con capacidad de discernimiento siquiera, los pocos años de democracia representativa anterior al 2009. Llegará a sus veintiunos (21) sin vivirlo, pero sí con esperanza de lograrlo, cuando alguien lo persuada de eso. Los gobernantes actuales saben eso, por lo que buscan consolidar un ejército de jóvenes neo-fascistas, que controle cualquier intento de Democracia real.
Los tres poderes de la república formal, junto a sus instituciones autónomas, no son otra cosa que un conglomerado institucional atado, desde sus bases hasta su vértice más elevado, como lo hace una enredadera-parásito sobre un árbol, hasta matarlo. Las redes corruptas, creadas por un grupo militante del Partido Nacional, cada una liderada por sus piezas más astutas, así como cínicas, controlan desde su base, hasta su parte superior, coordinando dentro de un circuito cuyo centro lidera su presidente Juan Orlando Hernández.
Pero este presidente no dirige sólo, este sistema corrupto, avasallador y degradante requiere de otros actores nacionales e internacionales. Él debe contar con las directrices de un grupo cerrado de los grandes empresarios y banqueros, además de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes participan de los mayores beneficios del botín. Éste poder también debe contar con el visto bueno y, generalmente, con las propuestas del poder estadounidense, como es usual. Esa última fuerza internacional ya se ha asegurado del sometimiento absoluto a sus directrices.
Pese a lo anterior, la ciudadanía sigue ejercitando algunas acciones democráticas en sus organizaciones locales, en sus barrios, escuelas, y demás espacios donde puede expresarse con algún grado de libertad. Lo que no deja de haber es la expresión de resistencia y protesta frente a los abusos y ofensas a los derechos ciudadanos por parte de las argollas del poder del PN. Ya se aprendió que no hay que estar inscrito en un partido político de oposición para expresar su repudio al sistema dictatorial, corrupto y narco que tiene el poder usurpado. Se aprendió que el problema atañe a toda la ciudadanía por igual.
No obstante, contradictoriamente, se está aprendiendo que el patriotismo y nacionalismo que expresan los grupos políticos mafiosos es parte de un simulacro construido desde el inicio de sus «carreras políticas» para ganar adeptos. Al momento mismo de acumular los primeros millones obtenidos por actos delincuenciales, abren sus cuentas en bancos internacionales, compran sus lujosas viviendas afuera de Honduras y en «paraísos urbanos» de la clase burgués que no habla el idioma español y menos el catracho. Buscan obtener membresía en clubs de la alta clase social extranjera y rosarse socialmente con grupos de “políticos” y empresarios dueños de fuertes capitales. Eso les hace felices, pues se asimilan cada vez más a otras “especies humanas, menos centroamericanas”.
Porque sus proyecciones familiares están afuera de Honduras, no les importa si dejan abismales deudas en el Estado, menos si dejan un pueblo más pobre y miserable, si las empresas extractivistas se llevan los recursos naturales, nada de eso importa. Más bien, gracias a esos daños irreversibles, esa clase gobernante, puede enriquecerse más rápido. Ojalá haya más pobres, sin casa, ropa ni zapatos, sin alimentación, etc., pues eso permite venderle proyectos a la comunidad internacional, quienes luego los sobre-financian. Así se lucha contra los pobres y a “favor del combate a la pobreza”.
Con esta pobreza institucionalizada y democracia dictatorial, Honduras confirma parte de lo que Trump llama “cloacas obscuras” y que la juventud catracha seguirá rechazando día a día, hasta transformar su institucionalidad en una democracia activa y participativa.
“La guerre du golfe n’ aura pas eu lieu” Jean Baudrillard
Hace ya un mes que tuvieron lugar en la República de Honduras, unas elecciones generales, las que al parecer tenían como propósito escoger al nuevo presidente de la república y a los integrantes de los poderes legislativo y municipal, al menos esa era la impresión dada por los pocos medios de comunicación locales que hicieron referencia a ese acontecimiento, el que pasó casi desapercibido para la gran mayoría de los costarricenses, por lo general inmersos en las dimensiones más apremiantes de su cotidianidad. Fue así como, el domingo 26 de noviembre recién pasado, millones de ciudadanos hondureños acudieron a emitir su voto, siempre con la expectativa de que en pocas horas, o al menos días, se pudieran conocer, con toda transparencia, y sin dilatorias de ninguna clase, los resultados de su decisión en las urnas.
Durante los primeros dos días, los resultados que fueron emitidos mostraron una nítida tendencia de que el candidato de Alianza Opositora contra la dictadura, el ingeniero Salvador Nasralla, estaba ganando las elecciones por más de cinco puntos porcentuales de diferencia, súbitamente el día martes 28 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral manifestó que no emitiría más datos, porque sus integrantes aseguraban que el resto de la información no les había sido remitida (menos del 30% de los datos electorales). Parecía que el juego de las “posverdades” o enunciaciones ambiguas de hechos e intenciones que también lo son, del que se habla tanto en estos tiempos, había comenzado a evidenciarse, la ciudadanía mientras tanto pudo comprobar sus sospechas más inquietantes, acerca de que el fraude que aparecía ante sus ojos desde el primer momento, estaba a punto de materializarse, fue entonces cuando la heroica resistencia del pueblo de hondureño se expresó y adquirió visos de realidad en sí misma, haciéndose evidente en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cortés, La Ceiba, La Paz Intibucá y por todos los campos y áreas urbanas de ese país. Para el universo virtual de la dictadura mediática internacional, sin embargo, esos hechos no estaban ocurriendo, ni tuvieron lugar nunca, lo que para su capítulo costarricense y los ejecutores in situ del férreo cierre comunicacional se convirtió en un axioma, pues todo lo que no entra en esos mundos virtuales, sencillamente no existe. Es así como, no sólo nunca ocurrieron esas elecciones, a las que hicimos alusión supra, tendientes a escoger al presidente de la república y los integrantes de los otros poderes del estado hondureño, por la vía del voto directo de los hondureños, sino que tampoco adquirió dimensiones o rasgos de realidad el gigantesco fraude electoral que se preparó y ejecutó delante de los ojos de toda la llamada opinión pública internacional: lo único que aconteció, ante los ojos de la derecha totalitaria del continente fueron, al parecer, los actos formales tendientes a la ejecución del evento material que se realizó, contra viento y marea, para asegurar la continuidad de la dictadura de los cachurecos o nacionales(del Partido Nacional), encabezada por Juan Orlando Hernández(JOH), con todas sus falacias y alteración de los datos contenidos en las actas electorales. Con la complicidad, además del apoyo activo, de la Casa Blanca de Washington, la embajada estadounidense en Tegucigalpa y los militares estadounidenses de la Base de Palmerola, próxima a Comayagua, el acto del fraude y proclamación del dictador Juan Orlando Hernández, a quien desde Washington se le felicitó, a pesar de algunas “irregularidades” en el recuento, las que se asumieron como normales por las cabezas políticas del imperio, el montaje escénico tuvo lugar. De esa manera, el inmenso y descarado engaño se materializó, paso a paso, digamos que, de una manera lenta y sibilina para dar la impresión de que se seguían y se respetaban los procedimientos, dentro de los términos legales y en el marco de una presunta legitimidad, cada más inexistente por lo irreal, o surrealista de una escena política tan truculenta.
Durante un mes, la represión de las llamadas fuerzas del orden ha asesinado a más de 34 ciudadanos opositores, ha herido a un número mucho mayor de ellos y desaparecido o privado de su libertad a una cantidad indeterminada de opositores a la dictadura. Jugando a desgastar a la Alianza Opositora, y a sus dirigentes nacionales y regionales o locales, el régimen busca activamente imponer su versión de los hechos, con la eficaz ayuda del aparato de la dictadura mediática internacional, dueño de la mayor parte de los medios de comunicación del continente entero.
Con el paso del tiempo, y cuando ya ha transcurrido un mes de haberse efectuado unas votaciones, cuyo resultado verdadero al parecer nunca se sabrá, el ingeniero Salvador Nasralla verdadero ganador de esos comicios, que debió haber sido proclamado como presidente de Honduras, semanas atrás, anuncia su retiro de la Alianza opositora contra la dictadura, en tanto que Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la república y líder del Partido Libre(Libertad y Refundación), el más importante de la coalición opositora, hace el importante anuncio de que, de acuerdo con lo que dispone la propia constitución hondureña, la oposición continuará luchando en las calles, y acudiendo a todas las vías legales, dentro y fuera del país, llevando a cabo una insurrección cívica de grandes proporciones, ante la violencia física y simbólica de un régimen político tan paradojal, que para imponerse ha terminado por erosionar las bases de su propia legitimidad.
Mientras el pueblo hondureño vive horas dramáticas de lucha y de duelo, donde ha habido que acudir al sacrificio supremo de la vida y de la libertad personal, en el resto de los países del istmo de la América Central se guarda un cauteloso y hasta cínico silencio, acerca de los pormenores de un drama que para el universo totalitario de los MEDIA, sencillamente no existe y no tuvo lugar jamás. Lo más terrible es que, al mismo tiempo que Honduras se desliza hacia una catástrofe humanitaria de grandes proporciones, en el resto de la región centroamericana se asume que estos graves hechos no tendrán consecuencias fuera de las fronteras de Honduras, cuando precisamente lo que puede sucedernos a todos los demás habitantes del istmo, es que el resultado del acto de volverle la espalda a la verdad, podría dar lugar en el mediano y largo plazo, a que esta violencia nos alcance en pleno rostro, y de la manera más sorpresiva, sin que tengamos tiempo y margen suficientes, para reaccionar siquiera.
Este miércoles 20 de diciembre a las 4 p.m. se llevará a cabo el Encuentro de Libre Expresión Solidaridad con Honduras en el Parque Morazán.
Será una jornada cultural e informativa de libre expresión, en solidaridad con el pueblo hondureño, que vive una situación de violencia y represión por parte del Estado. Tras el fraude del reciente viciado proceso electoral y el auto-golpe militar, el actual gobierno pretende perpetuar la criminal dictadura.
Se unirán voces, cantos, bailes y otras expresiones artísticas en un solo clamor: ¡FUERA JOH! ¡ALTO A LA REPRESIÓN! ¡ABAJO LA DICTADURA!
“Te invitamos a que te expreses en este encuentro, que es un canto a la vida”. Movimiento de Solidaridad con Honduras
Organizado por Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz; FECOU – Frente Ecologista Universitario; Asociación Costarricense de Derechos Humanos – Acodehu; Juventud Vanguardista Costarricense; Quilombo Laceuna; Partido Obrero Socialista CR (POScr).
Para quien no lo sepa, en el 2008 yo estuve hambreando junto con los Fiscales en la Huelga de Hambre contra la Corrupción. Soy Waldina Mejía Medina, poeta, escritora y maestra en estas Honduras.
Y ahora, este gobierno corrupto se quiere reelegir otra vez con fraude electoral.
La gente está brava por el fraude y andan muchos revueltos en las calles. Entonces el Gobierno de JOH, declaró estado de sitio de 6 pm a 6am desde ayer por diez días. Seguro lo aumentan.
Estoy preguntando qué puedo hacer contra ese fraude electoral evidente. Y haciendo al menos esto:
¡PROTESTEMOS!
LOS INVITO: MAÑANA DOM 3 a las 2 pm en la UNP de Tegus, habrá plantón para protestar por el fraude electoral con que este gobierno corrupto quiere seguir pegado a la teta del Estado, cuyos recursos pertenecen a todos los hondureña/os.
Hay que asistir a todas las protestas que podamos convocadas por la Alianza en todo el país y por todos los que estamos hartos de tanta corrupción, no importa en qué partido esté su corazoncito. Yo tengo muchos amigos nacionalistas y liberales, pues son honestos.
No teman: si hay alguno que anda en “la cabuya” o son infiltrados del gobierno para armar bochinche (y así justificarse más estado de sitio), hay compas que se encargan de la vigilancia al interior de la manifestación.
Yo no soy “fan” de Mel ni los teteadores que están a su lado, ni de nadie. Pero en políticos hay que optar por el menos peor, o se queda uno sin nada.
Y Salvador Nasralla demostró que habla en serio contra la corrupción; por ejemplo, cuando los diputados del PAC junto con otros los de LIBRE se opusieron a la elección de una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Electoral cómplices de la corrupción. Lástima que unos/as de los mismos diputados del PAC que ganaron por Salvador, se terminaron vendiendo y al fin nombraron a esos sinvergüenzas en el Congreso, por los sinvergüenzas de allí adentro.
Yo sí creo en la teoría de la democracia política y creo que hay que luchar por irla aplicando y perfeccionando en la práctica (porque lo más nefasto -como bien nos dice la Historia del mundo- es la dictadura de «izquierda» o de «derecha», pues se confabulan pues ya no quieren soltar tan sabrosa teta, se vuelven todos del «Partido de la Teta» con sus secuaces, sin importar qué color vestían cuando llegaron a ella (aunque el resto de la población esté muriendo por miseria y abusos).
Me he informado y meditado mucho y estoy clara de que el mayor impedimento para que logremos esa democracia en nuestros países y el mayor problema en Honduras es LA CORRUPCIÓN y el latrocinio contra el Estado; o sea, contra todos los ciudadanos no corruptos, que somos la mayoría, sin importar qué partido político tenga en su corazoncito (Tengo muchos amigos nacionalistas y liberales que son honestos). LA CORRUPCIÓN Y EL LATROCINIO y el “desespero” de esos corruptos de seguir teteando del poder es lo que nos tiene fundidos a Honduras (y a muchos otros países) y esa gran gana de seguir encaramados en el gobierno (y en nosotros) para seguir chupando los recursos del Estado, que deben ser para beneficio de la mayoría (en muchos otros países sucede este sobre abuso).
Como en muchos países, el Estado de Honduras reúne suficiente dinero (con todos los impuestos directos e indirectos que nos cobra), para garantizar buena salud, educación y seguridad social a toda su población, y que éstos no sigan siendo privilegios para los ricos, la alta clase media y los corruptos (que así se hacen ricos o más ricos! ¡No tienen fondo!!)
Pero estos teteadores se roban nuestros impuestos!!! (y pa disimular y hacerse propaganda dan unas migajitas en fogones y bolsas solidarias, que ¡ojo! salen extrañamente de préstamos (que seguiremos pagando los ciudadanos por décadas), no del presupuesto directo del país y menos del sueldo y movidas de esos altos “funcionarios” (¿ya vieron la gran mansión que la mujer de JOH se compró en Miami? Ni el gran sueldo de presi les ajusta para pagarla, entonces de ¿dónde?).
Los corruptos, sin importar el color con que lleguen al Congreso, se confabulan en el “Partido de la Teta” y hacen “leyes” como ésa de que no queda elegido el diputado más votado de cada partido, sino que suman los votos que sacó todo el partido “X”, y las diputaciones que le tocan a cada partido según el cociente electoral (el total de votos válidos entre los puestos a repartir) las van asignando desde la casilla uno y subsiguientes, de modos que los que están en las primeras posiciones de las planillas son lo que se quedan con la teta. Por supuesto, las primeras posiciones están apartadas para ellos mismos. De modo que siempre quedan los teteones que se han adueñado del partido “X”, y no necesariamente los más votados de cada partido, como debiera ser. Los nuevos de cada partido, solo sirven de escalera a esos dinosaurios (y a sus “bebés y protegidos”) y puede que se cuele uno que otro que tenga suficiente plata para comprar esas posiciones primeras en las planillas (y que, por supuesto, llegan voraces al Gobierno a “recuperar” su “inversión” consiguiendo mucho más a como dé lugar).
Así que no sirve lo que les digo a mis alumnos: que voten por los nuevos (sin antecedentes de corruptos ellos y sus papis y padrinos), porque tal vez tenemos chance con ello/as de que mejoren la cosa, o –si salen cachiflines–, al menos repartimos la teta entre más gente, por cuatro años, y ¡¡fuera!! (Perdónenme, por favor, si me sienten cínica). En realidad, estoy en contra de toda reelección, tampoco de los dipus, hay muchísima gente capaz en Hn para administrar bien el país, con solo que no lo/nos roben, Y se conformen con sus sueldazos de dipus y altos funcionarios públicos). Pero no, los que están enconados en el Gobierno quieren seguir y a ¡cuatro tetas! como dice el refrán.
Si nos quedamos callados, en casita, sin hacer nada, ¡SOMOS CÓMPLICES!!
¡¡PROTESTEMOS!!
¡Vamos a la manifestación de mañana y a todas las que podamos!!
*Imagen con fines ilustrativos, tomada de imágenes de Daniel Soto Ortega.
Piquete de solidaridad con el pueblo hondureño ante el fraude y represión, posterior a las elecciones de ese hermano pueblo, desde Fuente La Hispanidad, San Pedro
Este jueves 30 de noviembre se solicitó a todos los colectivos, las organizaciones y las personas para realizar un piquete solidario con el pueblo hondureño en la Rotonda de la Hispanidad.
Aprovechando la coyuntura electoral, los sectores económicos y que están en el poder, pretenden golpear a los sectores sociales y populares que han venido avanzando organizadamente, por lo que se convocó a la solidaridad para defender las garantías fundamentales y los derechos humanos de las personas que han venido defendiendo comunidades, territorios y espacios de vida ante la eventual arremetida contra el movimiento social y popular hondureño.
Llamamos a que se respete la voluntad emitida en las urnas pero fundamentalmente a que se respete las garantías y los derechos humanos de las y los hondureños, quienes tienen derecho a vivir en paz y con dignidad.
Centro Feminista de Información y Acción – Cefemina; Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU; Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica – SERPAJ-CR; Centro de Amigos para la Paz – CAP; Justicia, Paz, Integridad de la Creación – Costa Rica – JPIC-CR y todas las organizaciones, colectivos y personas que quieran unirse a este llamado a la solidaridad urgente
Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».
En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.
A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crimen (véase informe titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores«; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de «vergonzosa» la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).
Un informe detallado y certero en medio de una impunidad rampante
Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un líder indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura. Estas personas se encuentran en una situación particularmente vulnerable al oponerse a poderosos sectores que en muchos casos, han cooptado por completo a las instituciones del mismo Estado. La tendencia a eliminarlas físicamente es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida.
La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluida). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:
«…diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina«.
Cuestionados megaproyectos y alianzas público-privadas
La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entidades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.
En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado «El magistrado y los elefantes» refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:
«Ni las autoridades del Ministerio de Seguridad ni los efectivos que luchan contra el narcotráfico (Ud. está dedicado a estas funciones hace más de 5 años) pueden “lavarse las manos” en lo que les compete con la muerte de Jairo«.
El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada «Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes«). En Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene una serie de interrogantes que el tiempo no logra borrar: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público céntrico de la capital de Costa Rica (Nota 2). Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales costarricenses (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994«). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquiles Rivera (véase nota de prensa).
El contenido del informe GAIPE en breve
En el resumen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:
«A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes» (pp. 2-3).
En esta entrevista realizada por El Espectador a dos integrantes del GAIPE de nacionalidad colombiana, se lee que:
«Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación«.
En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:
«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.
Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.
El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.
La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados» (p. 46).
A modo de conclusión
El informe completo del GAIPE, que se titula «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres» y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.
Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 3), pero también a la comunidad internacional como tal.
Notas
Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendaciones finales, que: «en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).
Nota 2: Con relación al caso de los cuatro integrantes de AECO, en 1997 el Estado costarricense concluyó oficialmente que no hay mayor elementos que permitan concluir otra cosa que lo siguiente: «1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz.«: véase las conclusiones de la Opinión Jurídica OJ-004-97de la Procuraduría General de la República (PGR), elaborada en el año de 1997.
Nota 3: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: «El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos» (párrafo 190).
Otros artículos de interés del autor:
BOEGLIN N., «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«, Informa-tico, mayo del 2016. Texto disponible aquí
BOEGLIN N., «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante«, Revista digital Contexto, marzo del 2017. Texto disponible aquí.
BOEGLIN N., «Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica«, Revista Pensamiento Penal, junio del 2017. Texto disponible aquí.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.
Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.
En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.
Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.
Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.
Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.
Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).
Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.
Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.
Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.
Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.
Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.
Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:
La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.
¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!
En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:
¡Del Perú a Canadá la minería no va!
Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).
