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Etiqueta: huelga

Ciclo de Foros: «Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y Aprendizajes»

  • Las reacciones antisindicales ante la huelga

  • Proyectos de Ley y política del Gobierno

 

Este miércoles 19 de diciembre se estará llevando a cabo Ciclo de Foros: «Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y Aprendizajes», a las 2 p.m. en el Auditorio de APSE.

Panelistas:

  • Manuel Harnández, abogado laboralista
  • Eugenia Román, asesora legislativa
  • Ariane Grau, socióloga e investigadora, APSE

 

 

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Sindicatos judiciales piden arbitramiento obligatorio

ANIC-SITRAJUD- ANEJUD

SIMIPU-ASPROTECOFI-SINDIJUD

LA COALICIÓN DE SINDICATOS del Poder Judicial informa que, hoy 11 de diciembre del 2018, el Tribunal de Apelación de Trabajo II Circuito Judicial de San José, Sección Segunda «CONFIRMA la sentencia de primera instancia, en cuanto dispuso declarar legal la huelga política ejercitada por empleados de diferentes centros de trabajo del Poder Judicial«. Lo anterior correspondiente al expediente 18- 001908-0166.La.

Los Sindicatos del Poder Judicial, reconocemos y agradecemos el esfuerzo y perseverancia de los judiciales, que participaron valiente y activamente en éste movimiento patriótico.

Con base en el último acuerdo de Asamblea Multisindical del pasado jueves 6 de diciembre comunicamos:

Al tener hoy declarada la legalidad en firme de la huelga, contra la política pública, consistente en el proyecto 20.580, actual ley de la República, los servidores judiciales, retornaremos a partir de mañana, 12 de diciembre del 2018, a las labores ordinarias de nuestras oficinas y despachos.

LA COALICIÓN SINDICAL Judicial, de acuerdo al artículo 709 del Código de Trabajo, convocará a los tres Poderes de la República, para exigir el «arbitramiento obligatorio», que obliga la ley en estos casos (negociación). Propendemos evitar, el «vil empobrecimiento» del pueblo costarricense y garantizar la defensa del Estado de Derecho.

Invitamos a todo el colectivo judicial, a manifestar su apoyo a la COALICIÓN SINDICAL de manera organizada.

 

Imagen con fines ilustrativos.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Tercera parte y final

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Jorge D. García: “Desde el año 1958, aprobada la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, los docentes cotizamos sin interrupción para financiar nuestras pensiones. Sin embargo, esos dineros fueron destinados a gasto ordinario de los diferentes gobiernos, hasta 1995, año de creación del Régimen de Capitalización Colectiva de Pensiones Magisteriales. De fuente absolutamente confiable, y con referencia en mano, puedo informarle que la reserva resultante, si se hubiera creado un fondo de pensiones a partir de 1958 y hasta 1995, una vez canceladas las pensiones correspondientes, sería de aproximadamente 5 billones de colones (5 mil millones de colones, en valores de aquella época). Increíblemente, cuando en una ocasión se encaró a Hacienda al respecto, dijeron “que la ley no los obligaba a crear un fondo de pensiones” (¡). Pero la desgracia no termina ahí. La respuesta de las diferentes legislaturas a la presión que resulta de la ausencia de dicho fondo de pensiones, ha sido limitar y disminuir los beneficios de las pensiones del Magisterio, llegando al extremo de presentar en corriente legislativa, en las últimas semanas, proyectos que resultarían incluso en el cierre a futuro del sistema de pensiones del Magisterio. Y todo ello bajo premisas como de que el Magisterio “no cotizó para recibir tales beneficios” (Proyecto 21035 en corriente legislativa) ¿Amnesia histórica o simple ineptitud?”

Una vez impuesto el proyecto de ley 20580, aprobado en segundo debate por los integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante el procedimiento de torcer brazos, tanto de los diputados (con el uso de toda clase de presiones, las que todavía no llegan al conocimiento público) como de algunos funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional o Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, quienes optaron por ignorar las graves violaciones al orden jurídico y constitucional del país, contenidas en ese expediente, el régimen de la dictadura en democracia, imperante en el país y su aparato mediático se afanan en declarar, de manera festiva, que han derrotado al movimiento cívico y social que se les enfrentó, con coraje y determinación, a lo largo de más de ochenta días de una huelga sostenida, sobre todo por los trabajadores de la educación y otros funcionarios públicos. Nada más falso que este alborozo, cuando bien sabemos que lo que sucedió es que esa costosa “victoria”, obtenida por la clase política del PLUSC y el oficialista PAC, ahora convertido en uno más de los integrantes de la coalición neoliberal-neoconservadora, las cámaras o sindicatos empresariales, y los grandes medios de comunicación colectiva, es algo que ocurre en momentos en que un gran sector de la población desinformado por ellos, todavía no se ha percatado de que las leyes contenidas en ese expediente, las que establecen medidas económicas de austeridad, y de restricción de los ingresos de los funcionarios del sector público, terminarán por afectar al conjunto de la economía: todo se resume en que no habrá crecimiento económico, sino todo lo contrario, una vez que se desplieguen esas políticas, a lo largo de los próximos meses y años. Entonces la llamada opinión pública, a semejanza de los vientos girará en otra dirección, con lo que las protestan también.

Envalentonadas por los detalles más visibles de esta volátil coyuntura social y política, las fuerzas de la reacción proclives hacia la conformación de un régimen totalitario, dentro del que la división de poderes no existe en modo alguno, como lo demostró la actitud evasiva y complaciente hacia los designios del Poder Ejecutivo que mostró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la que hacíamos referencia, en un hecho que ha sido calificado, en estos días, como un golpe de estado blando, por parte del filósofo y escritor Arnoldo Mora Rodríguez. Estas fuerzas sociales y políticas se preparan para una ofensiva total contra las conquistas históricas de los trabajadores, tanto en materia de sindicalización como en lo referente al derecho de huelga, como parte de una contrarreforma conservadora.

Mientras el capital financiero y sus adláteres se preparan para saquear los fondos de pensiones la opinión pública se indigna y estremece al conocer la lista de grandes empresas que durante una década, entre los años de 2008 hasta el 2017, reportaron haber tenido cero utilidades, dentro de lo que el economista Luis Paulino Vargas Solís calificó, como una hábil jugada financiera más propia de la elusión fiscal que de llamada evasión en sí misma, pues sostiene ese autor que: “1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.”(Vargas Solís, 2018). Dicho de otro modo, la mentira y el terror mediático fueron las herramientas esenciales del régimen para imponernos el endeudamiento del país, ocultando la evasión e impunidad de la clase política y de un grupo de empresarios, entre ellos tenedores de títulos de la deuda pública, además de especuladores con el valor de la moneda nacional (la que sufrió una fuerte devaluación durante los últimos meses), por lo general cercanos a las altas esferas del poder político.

Después de muchas semanas satanizando la lucha del magisterio, y de otros trabajadores del sector público, cuando ya el plan fiscal pasó de la Asamblea Legislativa a las esferas de decisión del Poder Ejecutivo, resulta que los gobernantes y los dirigentes de los viejos aparatos políticos, no sólo se disponen a anular el Código Procesal Laboral y el código de trabajo, en sus disposiciones más esenciales, para de ese modo criminalizar la protesta social, sino que preparan sendos proyectos de ley(como es el caso del expediente 21035) para saquear los fondos de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial y el Magisterio Nacional(régimen de capitalización, creado en los años noventa, después de que el reparto fuera saqueado por los gobiernos que se sucedieron entre 1958 y 1995), mientras que el de la Caja(Invalidez, vejez y muerte) y los regímenes complementarios están en constante riesgo por las maniobras del Poder Ejecutivo y la voracidad del capital financiero, sin que haya una respuesta enérgica además de una acción organizada por parte de la ciudadanía para contrarrestar los efectos de esas amenazas para las jubilaciones de las generaciones más jóvenes. Por todo lo anterior, no nos cabe duda alguna de que estos temas serán prioritarios en las agendas de lucha del movimiento social, durante los próximos años.

Esta huelga, sostenida sobre todo por los trabajadores de la educación, ha sido un hecho histórico bastante singular ya que puso a prueba la naturaleza del régimen político y de sociedad existentes en la Costa Rica del siglo XXI. Sin abandonar el discurso democrático los gobernantes, los dirigentes políticos, el aparato mediático y buena parte de la opinión pública se desenmascararon, mostraron su desesperación por imponer sus decisiones inconsultas en el orden de lo político y lo social, el autoritarismo se les salió hasta por los poros, acudiendo a muchas de las tácticas propias de los movimientos totalitarios del siglo anterior, pues no hay ya duda alguna de que a nuestras clases dirigentes les estorba la democracia, una fachada de la que aún no logran desprenderse del todo, pero que han venido sustituyendo por la llamada dictadura en democracia partiendo de que la presunta legitimidad otorgada por los electores equivale a un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Podríamos concluir manifestando que este fue apenas un episodio de una larga lucha que recién empieza, en la que los trabajadores y sus organizaciones sindicales mostraron su mejor músculo, en el futuro veremos como ellos mismos superarán sus acciones y su voluntad de resistencia, llevándolos hasta alturas todavía insospechadas.

s. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.

2. Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.»

 

Enviado por el autor.

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Un balance sobre la huelga

Por Marjorie Hernández Delgado

¿SE PERDIÓ LA HUELGA?

Deseo aclararle lo siguiente a aquellos que están diciendo que deponemos la huelga, porque esta se perdió contra la ley 20580:

La huelga se levanta porque ya se cumplió el fin para la cual se había convocado. El propósito era la lucha por un Plan Fiscal justo y progresivo. Y la decisión fue llevar la lucha hasta el final. Si ya había cumplido todo el proceso, ¿qué sentido u objetivo tenía continuar en huelga? No creo que se perdiera la lucha, todo lo contrario. La ley 20580 se caerá solita ya lo verán, es cuestión de tiempo. En realidad lo negativo en esta batalla fue la persecución, presión, acoso, humillaciones, burlas, amenazas que sufrimos quienes asumimos el compromiso de salir a las calles con la convicción de que esta era una causa justa y necesaria.

Lo demás, fue solo ganar-ganar: Se logró abrir un debate nacional en torno al 20580, se dio un despertar de conciencias sobre la importancia de conocer las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa y el rol que tenemos como ciudadanos costarricenses, nuestra responsabilidad en la participación de las políticas públicas. O sea se inició un proceso de educación ciudadana. Lo cual considero es de suma importancia en momentos donde la ciudadanía desconoce sus derechos y deberes.

Se iniciaron cambios que siguen su curso y es cuestión de tiempo (no mucho) que se darán verdaderas transformaciones. Esta huelga, por sí misma, ha dejado un precedente histórico nunca antes vivido en la historia de Costa Rica porque ha tenido un efecto transformador y el tiempo nos dará la razón. Nos retiramos muy orgullosos de la lucha dada, valientes y decididos fueron mis compañeros en esta batalla. Y aunque intentaron violentar nuestro derecho constitucional de huelga, no lograron hacernos claudicar. Quedó en evidencia la violación del art. 9 de nuestra Carta Magna. Y sobre esto hay mucho que trabajar. Así es que como pueden darse cuenta, la huelga no se perdió.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por la autora.

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Sala Constitucional convoca a periodista en relación con agresión policial

  • Por las limitaciones a su trabajo y las agresiones recibidas el 12 de setiembre de 2018

  • El periodista tendrá 15 minutos para referirse a los hechos frente a los Magistrados de la Sala Constitucional

  • El Ministerio de la Presidencia también tendrá 15 minutos para referirse a los hechos

El pasado miércoles 12 de setiembre de 2018, un grupo de estudiantes de distintas universidades públicas, en el marco de la huelga general indefinida convocada por las organizaciones sindicales, políticas y populares deciden realizar una manifestación, que toma la avenida, a la altura de la Iglesia de San Pedro de Montes de Oca para expresar su descontento y oposición al proyecto de ley conocido popularmente como Combo Fiscal.

Como consta en los videos que se realizaron ese día y en los testimonios de las y los manifestantes y otros testigos, al ser las 7:30 de la noche, un fuerte contingente de antimotines se hizo presente en el lugar y, sin previo aviso, arremetió fuertemente contra las y los estudiantes, los cuales se replegaron sin oponer resistencia, retirándose hacia la universidad por la calle central de Montes de Oca.

Sin embargo y a pesar de que las y los estudiantes realizaban un repliegue completamente pacífico, las fuerzas policiales arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, vapuleando a varios estudiantes y golpeando a periodistas e incluso a transeúntes.

Cuando las y los estudiantes ingresan al Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, un contingente policial irrumpe en el Recinto Universitario ‒violentando la Autonomía Universitaria‒ golpea violentamente a varios estudiantes, dos de los cuales debieron luego ser llevados al hospital por la gravedad de las heridas, realizan destrozos y daños a la propiedad pública de la Universidad y detienen a cuatro estudiantes durante el operativo.

Los cuatro estudiantes detenidos, tres estudiantes universitarios y un estudiante de secundaria no solo fueron golpeados y detenidos, sino que se les está judicializando y criminalizando por protestar, los cuatro tienen abiertos expedientes penales en investigación en el Ministerio Público.

Además de la agresión a las personas estudiantes y que se violentó la Autonomía Universitaria, la Fuerza Pública agredió al menos a dos periodistas, entre estos a Javier Córdoba Morales, Periodista del Semanario Universidad.

El abogado Mario Alb. Zamora Cruz, quien en ocasiones anteriores ha colaborado con nuestro colectivo esa noche interpuso un Recurso de Hábeas Corpus a favor de los estudiantes: Steven Castillo Hernández, Carlos Garro Nuñez, Estibalis Ríos Madriz y Emanuel Miranda Alexandropulos y del periodista: Javier Córdoba, Periodista, bajo el expediente de la Sala Constitucional: 18-014448-0007-CO.

La Sala Constitucional se ha tomado el tiempo para analizar este expediente, en este tiempo ha solicitado Informe a la Presidencia de la República y al Ministerio de Seguridad, Informe al periodista Javier Córdoba y copia de los videos de las cámaras de la Municipalidad de Montes de Oca.

El 15 de setiembre de 2018 fue recibido en la Sala Constitucional la Contestación al Recurso de Hábeas Corpus por parte de Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia y de Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad Pública.

El periodista Javier Córdoba presentó el 17 de octubre de 2018, en tiempo, su informe refiriéndose a los hechos del 12 de setiembre de 2018.

La Sala Constitucional ahora, como parte del análisis del expediente citado, está convocando al periodista Javier Córdoba Morales, en su condición de periodista del Seminario Universidad, junto con el abogado que presentó el Recurso de Hábeas Corpus, a una vista oral y pública que se realizará a las 9 horas del día 6 de diciembre del 2018, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia en Barrio González Lahmann, San José; con el fin de que expongan de forma oral sus argumentos dentro del presente asunto.

El periodista tendrá 15 minutos para referirse a los hechos frente a los Magistrados de la Sala Constitucional, de la misma manera, el Ministerio de la Presidencia tendrá 15 minutos para  referirse a los hechos, 5 minutos cada parte de Réplica y luego los Magistrados harán las preguntas que consideren pertinentes.

Ante esto, convocamos a los medios de comunicación a cubrir esta audiencia por la importancia que tiene con relación a la Libertad de Prensa y de manera más amplia la Libertad de Expresión en Costa Rica.

Vista Oral y Pública

Fecha: Jueves 06 de diciembre de 2018.

Hora: 9 am.

Lugar: Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Barrio González Lahmann, San José

San José, Costa Rica, 04 de diciembre de 2018.

Colectivo Derecho a la Protesta Social.

Imagen tomada de la nota: UCR Fuerza publica ingresa al campus universitario y agrede a estudiantes dentro del mismo

Enviado por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Segunda parte

Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Esperanza Tasies: “Hemos hablado públicamente contra Hacienda, hemos dicho que quienes están ahí, deben ser investigados por sus nexos con los tenedores de bonos y evasores porque un hecho cierto es que ahí podrán ver a quienes incriminar por este saqueo y chantaje al país”.

Esta huelga cívica y laboral, que han venido protagonizando los trabajadores del sector público, y sobre todo los que laboran en el sector de la educación de Costa Rica, durante un lapso de más de ochenta días, constituyéndose en una de las más largas de nuestra historia social más reciente, es ya un hecho histórico singular que nos ha dejado profundas enseñanzas, las que se harán sentir o podrán ser captadas con mucha más intensidad, en el largo y el mediano plazo, sobre todo por parte de quienes serán realmente las víctimas de la contrarreforma social, puesta en marcha por el gobierno, los partidos políticos y la clase empresarial, aunque muchos de ellos no logren entender todavía los sutiles hilos de la trama, los que habrán de evidenciarse, de manera brutal a lo largo de los próximos meses y años. Resulta innegable que esta ha sido una lucha contra viento y marea, en un medio en el que por desgracia muchas de las víctimas de lo que vendrá han terminado, por el momento, amando a los opresores y denostando en los peores términos, ante la carencia de argumentos sólidos, a quienes escogieron el duro camino de la lucha y la resistencia, razón por la que cabe destacar nuestro reconocimiento y respeto para estas gentes valerosas.

La estrategia de signo totalitario de los mencionados sectores sociales, destinada a aplastar cualquier foco de resistencia a sus políticas, se basa en una campaña ideológica muy bien montada, con la que han pretendido satanizar la figura de quienes trabajan en la función pública, haciéndole creer a un amplio segmento de la población, sobre todo entre la que habita en las áreas urbanas, una de cuyas características más esenciales es la de estar conformado por gentes que no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean aquellas que, como los grandes diarios y noticiarios de televisión, por lo general en poder de los empresarios, han sido los eternos detractores de los movimientos huelguísticos y de las organizaciones sindicales, llevándolos a afirmar tercamente que son los salarios y beneficios que tienen estos trabajadores los que llevaron (o llevarán) al país y la economía nacional a una profunda crisis que, según afirman los voceros del régimen, se expresa en un abultado déficit fiscal(aunque las cifras del mismo sean presentadas, de una manera contradictoria, fragmentada y presentando variaciones intencionales, en diferentes momentos, llegándose a admitir la existencia de presuntos errores), el que según las élites del poder es preciso corregir o eliminar con un conjunto de medidas de política social y económica, cuando en realidad no solucionan nada al no atacar la elevada evasión y elusión tributarias, sino que lo que buscan es obtener la aceptación de los usureros internacionales para seguir endeudando al país, para en el mediano y largo plazo llevarlo a lo quiebra y someterlo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (Han hablado de un déficit fiscal que supera el 8 % del PIB, aunque después dijeron que era apenas equivalente al 6% del mismo, en tanto que el paquete fiscal si acaso produciría un monto del 1,9% del mencionado PIB, al cabo de un año y siempre que la economía crezca, cosa que no va a suceder como consecuencia de la disminución del poder de compra de los funcionarios públicos), mientras tanto se abocan a una serie de acciones punitivas que, aunque son presentadas como una reforma tributaria en los términos ya indicados, y reducir así el crecimiento de la deuda pública, en realidad de lo que se trata en esencia, es de la implementación de una violenta reorganización del régimen de empleo público, la que traerá una reducción y un estancamiento de los salarios nominales de esos trabajadores, una medida que dará lugar en los próximos años a una disminución importante de la demanda de bienes y servicios, por parte de ese sector de la sociedad, lo que terminará por afectar también a quienes laboran en el sector privado, donde habrá una disminución del empleo y en el caso de la abultada informalidad de grandes segmentos del mundo laboral, esta también continuará creciendo sin ninguna perspectiva de que vaya a bajar, en el mediano plazo.

Durante el interregno del conflicto, y aún antes de su materialización, los poderes fácticos se abocaron a la especulación con las tasas de interés de los títulos valores de la deuda pública(Una maniobra de la que casi nadie se ha percatado, pero que ha hecho crecer la deuda pública hasta alturas insospechadas, esa obligación financiera que nunca se podrá pagar) y con el tipo de cambio o paridad fija entre el colón costarricense y el dólar estadounidense, el que hace ya muchas semanas superó los seiscientos colones por dólar, en una jugada que les ha dejado grandes ganancias (del orden de los 93.111 millones de colones, según informó el Semanario Universidad en su edición n°2253, 7 al 13 de noviembre de 2018, página 2) y ha empobrecido a la mayoría de la población, dada la violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, al que se suela llamar salario real. Son medidas que los han beneficiado inmensamente, de una manera fraudulenta y descarada, pero que al mismo tiempo han formado parte esencial de la estrategia del terror, bien diseñada para someter al pueblo costarricense a los designios de las élites o poderes fácticos, que son los que de verdad toman las decisiones más importantes en materia de política económica y social, tanto en este como en los otros países de la región.

Uno de los aportes de esta huelga, digamos que colaterales, más no en daño, es el hecho esencial de que, durante las largas semanas en que se ha sostenido con heroica y decidida determinación, se ha producido un importante y voluminoso material informativo, producido por valiosos economistas y analistas sociales como Luis Paulino Vargas, Walter Antillón Montealegre, Gerardo Contreras, Manuel Delgado, Sofía Guillén, Pablo Abarca y Esperanza Tasis, entre otros, el que ha sido divulgado y analizado con las bases sindicales, lo mismo que con amplios sectores de la población, en lo que ha sido todo un acto de reflexión y educación política que nos presenta un panorama muy diferente al de los anuncios paradisíacos de los impulsores del proyecto de ley 20580, aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. El hecho esencial es que la huelga permitió desenmascarar, ante los ojos de los sectores populares, la perfidia de los planes de la reacción conservadora para destruir la economía nacional, poniendo al país en manos del FMI y de los banqueros internacionales, con su insaciable codicia. En la siguiente y última entrega de este artículo hablaremos del saqueo de los fondos de pensiones, de la criminalización de la protesta social, y de las implicaciones de la judicialización de la política, con lo que se cae el mito de la división de poderes, dentro de lo fue una democracia de baja intensidad, basada sobre todo en las mascaradas electorales, la que se nos ha venido cayendo a pedazos con la complicidad y decidida participación de los políticos profesionales del PLUSC PAC(que por fin se desenmascaró, al destartalarse su fachada progre), además de la complicidad de un sector del llamado Frente Amplio, por lo que estamos apenas en los inicios de una dura y larga batalla. Hace ya mucho rato que la dictadura en democracia, ese engendro fascistoide, se encuentra enquistada entre nosotros, aunque muchas buenas gentes no se den por enteradas.

 

Enviado por el autor.

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Carta pública a las organizaciones magisteriales

San José de Costa Rica, 3 de diciembre de 2018.

De Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la UNA

A los compañeros de las organizaciones magisteriales (ANDE, APSE, SEC, SINPAE Y OTROS)

La justa y prolongada huelga que ustedes han mantenido, a lo largo de más de ochenta días, contra viento y marea, contra toda clase de amenazas, en medio de un cerco ideológico violento y totalitario, donde los medios de (in)comunicación social mienten y tergiversan lo que está pasando en el país, mientras se preparan para asaltar la institucionalidad del país, buscando que la deuda pública siga creciendo hasta el infinito hasta que se vuelva inmanejable, de tal manera que habiendo llegado a ese punto tengamos que someternos a los dictados del Fondo Monetario Internacional: Entonces liquidarán a precios de baratillo nuestras instituciones más importantes como la Caja del Seguro Social y el ICE dándoselas a sus amigotes, así como ya entregaron el monopolio de los contenedores en Moín a la empresa holandesa a APM Terminals, lo que traerá más hambre y desempleo en nuestro puerto caribeño. Por ahora, los políticos y gobernantes han emprendido una contrarreforma laboral que congela los salarios de los trabajadores del sector público, castiga con impuestos indirectos a los sectores más desfavorecidos, los que aún no logran entender lo que pasará, por lo que algunas de estas gentes nos atacan. Especulando con las tasas de interés de los bonos de la deuda pública y con el valor de la moneda nacional ya depreciaron los salarios reales, es decir ya redujeron su poder de compra mientras los congelan, de manera formal, es por eso que la economía no crecerá al estancarse el PIB, conformado en buena medida por los gastos de los hogares costarricenses. Lo más grave está por venir, sin embargo, con la ley del empleo público, con el saqueo de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional, cuyos fondos fueron saqueados en la década de los noventa, perdiéndose alrededor de un billón de colón en un agujero negro, del que nadie quiere hablar, mientras el de la caja es constantemente manipulado y puesto en riesgo, es por eso que hoy debemos estar más unidos que nunca.

A los compañeros del SEC les digo que el hecho de que hayan decidido levantar la huelga no los separa del resto de las organizaciones magisteriales, como fundador que fui de ese sindicato (acabamos de despedir a su primer presidente, el compañero Carlos Vargas Solano, fallecido hace apenas un mes, con quien compartimos muchos episodios de lucha) les pido reflexionar y manejarse con mucho cuidado, algunos políticos rondan por ahí y podrían querer confundirnos.

A los compañeros de la ANDE, a quienes acompañé por todo el país después de la huelga de julio-agosto de 1995, a petición de la recordada compañera Lilliam Mora, gran dirigente de aquellos años, para reflexionar sobre las consecuencias y alcances de aquellas jornadas de lucha tan importantes, un saludo fraternal y respetuoso.

A los compañeros de APSE, y de otras organizaciones, que con tenacidad y un valor inmenso han levantado las banderas de lucha sin dejarlas caer un solo momento, va también mi saludo, no desmayen en esta lucha que la semilla que ya sembraron fructificará en suelo fértil, en todas las luchas que vendrán.

Sólo la unidad y la persistencia en los objetivos planteados en este momento histórico nos permitirá alcanzar la victoria. Con todo mi afecto y respeto para ustedes.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Experiencias y aprendizajes de la huelga magisterial

Enviado por Rogelio Cedeño Castro.

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Mujeres por Costa Rica: La educación es un derecho

El colectivo Mujeres por Costa Rica: madres, abuelas, tías, hermanas y muchas de nosotras educadoras, hacemos un llamado al Magisterio Nacional, en especial a las mujeres docentes y personal administrativo, para que pongamos fin a la situación de incertidumbre, a los temores y congojas que hemos vivido en los hogares costarricenses en estos más de setenta días de huelga.

Instamos como mujeres a nuestras conciudadanas para que pensemos en nuestros niños, niñas y adolescentes y pongamos de primero su interés y bienestar, como nos lo obliga no solo la ley sino nuestra naturaleza misma como mujeres y promotoras de paz.

Apelamos a su compromiso de respetar el derecho humano a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos y a promover y garantizar la educación de las personas menores, según el tratado internacional de la Convención de Derechos del Niño de 1990.

Apelamos a la obligación que, como personas adultas tenemos, de poner primero el interés superior de las personas menores por sobre cualquier otro interés, según se expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Esa normativa nos dice que cualquiera de nuestras acciones, públicas o privadas, que conciernan a una persona menor de dieciocho años, debe considerar de primero el interés y los derechos de la persona menor.

Por lo tanto, a la hora de decidir cualquier cuestión que les afecte, debemos como personas adultas en primera instancia proteger los derechos de las personas menores, respetar su desarrollo integral, procurar una vida digna, y velar por sus intereses.

De ahí que el derecho a huelga se debe respetar pero no puede estar NUNCA por encima del derecho superior de las personas menores, en este caso su derecho a la educación.

La huelga ha provocado serios daños a cientos de miles de estudiantes de escuelas y colegios públicos: desde el punto de vista social, hemos afectado mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país al retroceder su proceso educativo, así como desatender las necesidades alimenticias y la adecuada nutrición con el cierre de numerosos comedores escolares, sin considerar que para muchos de nuestros niños y niñas, la principal comida es la que obtienen en el centro educativo.

Con estas acciones lo que propiciamos es el aumento de la brecha social y la inequidad en nuestro país.

Desde el punto de vista ético, es necesario reconocer que la Educación es un derecho humano y un bien común y por lo tanto, la interrupción y el abandono del proceso educativo atentan contra los principios fundamentales de nuestra legislación en materia educativa de la que nos hemos sentido orgullosos como costarricenses.

Esos actos tienen consecuencias impredecibles en la formación ética de nuestros estudiantes quienes han sido sometidos a situaciones de estrés innecesarias, al negarles sus promedios de notas, al obstaculizar exámenes y actos cívicos, al incumplir deberes docentes y administrativos, al escuchar y leer manifestaciones consideradas como “bullying” contra autoridades nacionales.

Desde lo pedagógico, es clara la afectación de que tantos días de abandono requerirá de un gran esfuerzo que tendrá un impacto económico tanto sobre las maltrechas finanzas públicas como las de las familias.

Los procesos educativos tienen una secuencia y deben mantenerse en los tiempos programados, contando para ello con la orientación y el acompañamiento de las personas adultas asignadas por el Estado para cumplir con esa noble misión de educar personas. Requerimos por lo tanto, iniciar procesos de recuperación pedagógica lo antes posible.

Dado lo anterior hacemos un llamado a los funcionarios y funcionarias públicas del sector educación para que privilegiemos sobre cualquier otro interés, el interés principal de las personas menores.

Para ello instamos a cada persona a que se reintegre a su trabajo y cumpla con su deber de procurar una mejor educación.

Unamos esfuerzos para recuperar la educación pública como promotora de la movilidad social y base de la democracia costarricense, en el marco de una cultura de paz.

 

Imagen ilustrativa tomada del video ¿Qué dicen realmente los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral del MEP?

Enviado por Erika Henchoz.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Primera parte

Primera parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

Los expertos en toda clase de artes políticas, especialmente apropiadas para manejar el pensamiento y la voluntad de las gentes del común, alineándolas dentro de sus formas de pensar y actuar para llevar este país a la ruina, e impidiéndoles captar todos los componentes de lo que está en juego, dentro del presente histórico que estamos viviendo, han desplegado durante los dos meses y medio, desde que dio inicio esta huelga tan singular, una ofensiva incesante de gestos violentos, cínicos y descarados. Desde el primer momento, dijimos que esta era una huelga cívica y laboral que tenía como su propósito más importante, el poner de manifiesto ¿qué tipo de sociedad y de régimen político es el que impera en este país centroamericano?, el tema de la protesta social, de la democracia y del ejercicio de las libertades públicas era lo que estaba en juego, dentro de un primerísimo plano, como se hizo evidente al poner de relieve la legitimidad de la protesta contra las políticas de un gobierno, y de una sociedad política (PLUSC, PAC, FA), cuyos voceros se muestran decididos a terminar con el estado social de derecho, y con lo que queda de las conquistas (ahora convertidas en privilegios), obtenidas por la clase trabajadora, como resultado de sus luchas durante las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta del siglo anterior. La mafia política, hoy enseñoreada, siente que encontró su momento para derrumbar la institucionalidad democrática y social del país, desquitándose con los trabajadores del sector público, dañando de paso a toda la economía nacional, la que no crecerá con el tipo de políticas que impulsan, ya que habrá un notorio decrecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios. Ya no están los reformadores sociales de antaño, de uno y otro bando, quienes dieron impulso a un proyecto de nación más inclusivo, llevando el bienestar de las gentes a índices notoriamente buenos, ahora estamos en el camino de convertirnos en uno de los países de la región, donde la desigualdad social crece más rápido, tal y como lo ha demostrado una serie de informes recientes.

Habiendo tomado el camino de “la dictadura en democracia”, un régimen que ya lleva sus días en Costa Rica(los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, Óscar Arias dixit), nos damos cuenta de que es ahora cuando este se mostró en todo su esplendor, dentro de las exteriorizaciones de un juego que oscila entre las más elaboradas formas de “torcer brazos” y “voluntades”, hacia el interior de los poderes públicos, hasta el uso de las manifestaciones de un terror sistemático, con la amenaza del caos, si los receptores o destinatarios de estos mensajes se niegan a aceptarlos y asumirlos. Con el poderoso concurso de la gran mayoría de los medios de comunicación/incomunicación social han llegado al punto en que la mentira termina siendo asumida como la verdad única e irrefutable. Los managers y operadores políticos de todo pelaje, a los que se une una legión de trolles en las llamadas redes sociales nos han dado una demostración de sus habilidades bien aprendidas, además el gran hermano (someone that is watching you all the time, just like on the most evidents manifestations of the terrify universe of 1984, the George Orwell roman) convenció, no sin algunas dificultades, a estas buenas gentes, de que los culpables de la implantación del caos y la catástrofe nacional, serán en última instancia, aquellos que terminarán siendo sus víctimas propiciatorias: los trabajadores formales e informales del sector privado. Según este terrorífico relato los culpables son aquellos trabajadores asalariados que, como los del sector público disfrutan de algunos derechos y garantías, con las que no pueden siquiera soñar los trabajadores de las empresas privadas, muchas de ellas grandes beneficiadas con la evasión fiscal, sobre todo en materia de impuesto sobre la renta; sin embargo, lo que no saben estos últimos es que una vez que los primeros vean reducido su poder de compra, por la vía del congelamiento institucional e inflacionario de sus salarios, serán ellos los más afectados, dado que el Producto Interno Bruto no crecerá y el despegue económico tan falsamente anunciado no llegará, las empresas tendrán que reducir sus puestos de trabajo y quienes se mueven en el sector informal ¿a quién o a quienes les venderán sus productos?

El régimen totalitario de la dictadura en democracia, durante este su cuarto gobierno, si nos atenemos a la realidad, aunque el tercero fue un tanto anodino y disfrazado de progre, decidió reprimir esta huelga acudiendo a las amenazas, pero sobre todo a la manipulación mediática más descarada. No bastaba con doblar brazos, cosa que intentaron en todo momento, había que montar un drama alrededor de los temas del curso escolar con los pobres niños sin recibir lecciones, como si la mayor lección obtenida por ellos no hubiera sido ya la huelga misma, los mismos estudiantes podrán constatar en los años venideros los estragos del caos que sembraron estos gobernantes autoritarios y falsos, ellos serán los mejores jueces: sus mentores en el aula, por lo menos podrán mirarlos a los ojos y de frente, en cambio si no hubieran sido capaces de luchar, incluso contra toda esperanza -como decía San Pablo o Pablo de Tarso-, se habrían ganado el desprecio más profundo de la generación que los sucederá, la de sus propios alumnos, pues cabe recordar que las lecciones que nos da la vida no se reducen a las paredes de un aula, tal y como le sucedió a muchos franceses colaboracionistas del período de la ocupación nazifascista alemana en su país. Cabe destacar que para los trabajadores de la educación de Costa Rica este episodio de lucha no ha culminado en una derrota, aunque algunas apariencias pudieran decirnos lo contrario: ya dejaron sembradas las semillas de la resistencia y la lucha, las que vendrán a dar sus frutos en los años y en las décadas venideras, frente a tanta barbarie, surgida en las entrañas de un régimen que sólo destruyendo puede continuar, de momento, con su precaria y mediocre existencia.

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Desayunos-Radio Universidad: ¿Cuándo es legal o no la huelga?

¿Cuándo es legal o no una huelga? ¿De qué depende que sea legítima? ¿Cuáles derechos se afectan y cuáles se defienden con ese tipo de medidas de presión? Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista, docente e investigador en la UCR, nos ayuda a responder estas y otras preguntas mañana en Desayunos – Radio Universidad, conversando con Vilma Leandro Zúñiga y Eva Carazo Vargas.
Les invitamos a escuchar el programa de 7 a 8 a.m. (con repetición a las 10 p.m.) por 96.7 FM y por radios.ucr.ac.cr.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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