Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor
De Jorge D. García: “Desde el año 1958, aprobada la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, los docentes cotizamos sin interrupción para financiar nuestras pensiones. Sin embargo, esos dineros fueron destinados a gasto ordinario de los diferentes gobiernos, hasta 1995, año de creación del Régimen de Capitalización Colectiva de Pensiones Magisteriales. De fuente absolutamente confiable, y con referencia en mano, puedo informarle que la reserva resultante, si se hubiera creado un fondo de pensiones a partir de 1958 y hasta 1995, una vez canceladas las pensiones correspondientes, sería de aproximadamente 5 billones de colones (5 mil millones de colones, en valores de aquella época). Increíblemente, cuando en una ocasión se encaró a Hacienda al respecto, dijeron “que la ley no los obligaba a crear un fondo de pensiones” (¡). Pero la desgracia no termina ahí. La respuesta de las diferentes legislaturas a la presión que resulta de la ausencia de dicho fondo de pensiones, ha sido limitar y disminuir los beneficios de las pensiones del Magisterio, llegando al extremo de presentar en corriente legislativa, en las últimas semanas, proyectos que resultarían incluso en el cierre a futuro del sistema de pensiones del Magisterio. Y todo ello bajo premisas como de que el Magisterio “no cotizó para recibir tales beneficios” (Proyecto 21035 en corriente legislativa) ¿Amnesia histórica o simple ineptitud?”
Una vez impuesto el proyecto de ley 20580, aprobado en segundo debate por los integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante el procedimiento de torcer brazos, tanto de los diputados (con el uso de toda clase de presiones, las que todavía no llegan al conocimiento público) como de algunos funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional o Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, quienes optaron por ignorar las graves violaciones al orden jurídico y constitucional del país, contenidas en ese expediente, el régimen de la dictadura en democracia, imperante en el país y su aparato mediático se afanan en declarar, de manera festiva, que han derrotado al movimiento cívico y social que se les enfrentó, con coraje y determinación, a lo largo de más de ochenta días de una huelga sostenida, sobre todo por los trabajadores de la educación y otros funcionarios públicos. Nada más falso que este alborozo, cuando bien sabemos que lo que sucedió es que esa costosa “victoria”, obtenida por la clase política del PLUSC y el oficialista PAC, ahora convertido en uno más de los integrantes de la coalición neoliberal-neoconservadora, las cámaras o sindicatos empresariales, y los grandes medios de comunicación colectiva, es algo que ocurre en momentos en que un gran sector de la población desinformado por ellos, todavía no se ha percatado de que las leyes contenidas en ese expediente, las que establecen medidas económicas de austeridad, y de restricción de los ingresos de los funcionarios del sector público, terminarán por afectar al conjunto de la economía: todo se resume en que no habrá crecimiento económico, sino todo lo contrario, una vez que se desplieguen esas políticas, a lo largo de los próximos meses y años. Entonces la llamada opinión pública, a semejanza de los vientos girará en otra dirección, con lo que las protestan también.
Envalentonadas por los detalles más visibles de esta volátil coyuntura social y política, las fuerzas de la reacción proclives hacia la conformación de un régimen totalitario, dentro del que la división de poderes no existe en modo alguno, como lo demostró la actitud evasiva y complaciente hacia los designios del Poder Ejecutivo que mostró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la que hacíamos referencia, en un hecho que ha sido calificado, en estos días, como un golpe de estado blando, por parte del filósofo y escritor Arnoldo Mora Rodríguez. Estas fuerzas sociales y políticas se preparan para una ofensiva total contra las conquistas históricas de los trabajadores, tanto en materia de sindicalización como en lo referente al derecho de huelga, como parte de una contrarreforma conservadora.
Mientras el capital financiero y sus adláteres se preparan para saquear los fondos de pensiones la opinión pública se indigna y estremece al conocer la lista de grandes empresas que durante una década, entre los años de 2008 hasta el 2017, reportaron haber tenido cero utilidades, dentro de lo que el economista Luis Paulino Vargas Solís calificó, como una hábil jugada financiera más propia de la elusión fiscal que de llamada evasión en sí misma, pues sostiene ese autor que: “1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.”(Vargas Solís, 2018). Dicho de otro modo, la mentira y el terror mediático fueron las herramientas esenciales del régimen para imponernos el endeudamiento del país, ocultando la evasión e impunidad de la clase política y de un grupo de empresarios, entre ellos tenedores de títulos de la deuda pública, además de especuladores con el valor de la moneda nacional (la que sufrió una fuerte devaluación durante los últimos meses), por lo general cercanos a las altas esferas del poder político.
Después de muchas semanas satanizando la lucha del magisterio, y de otros trabajadores del sector público, cuando ya el plan fiscal pasó de la Asamblea Legislativa a las esferas de decisión del Poder Ejecutivo, resulta que los gobernantes y los dirigentes de los viejos aparatos políticos, no sólo se disponen a anular el Código Procesal Laboral y el código de trabajo, en sus disposiciones más esenciales, para de ese modo criminalizar la protesta social, sino que preparan sendos proyectos de ley(como es el caso del expediente 21035) para saquear los fondos de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial y el Magisterio Nacional(régimen de capitalización, creado en los años noventa, después de que el reparto fuera saqueado por los gobiernos que se sucedieron entre 1958 y 1995), mientras que el de la Caja(Invalidez, vejez y muerte) y los regímenes complementarios están en constante riesgo por las maniobras del Poder Ejecutivo y la voracidad del capital financiero, sin que haya una respuesta enérgica además de una acción organizada por parte de la ciudadanía para contrarrestar los efectos de esas amenazas para las jubilaciones de las generaciones más jóvenes. Por todo lo anterior, no nos cabe duda alguna de que estos temas serán prioritarios en las agendas de lucha del movimiento social, durante los próximos años.
Esta huelga, sostenida sobre todo por los trabajadores de la educación, ha sido un hecho histórico bastante singular ya que puso a prueba la naturaleza del régimen político y de sociedad existentes en la Costa Rica del siglo XXI. Sin abandonar el discurso democrático los gobernantes, los dirigentes políticos, el aparato mediático y buena parte de la opinión pública se desenmascararon, mostraron su desesperación por imponer sus decisiones inconsultas en el orden de lo político y lo social, el autoritarismo se les salió hasta por los poros, acudiendo a muchas de las tácticas propias de los movimientos totalitarios del siglo anterior, pues no hay ya duda alguna de que a nuestras clases dirigentes les estorba la democracia, una fachada de la que aún no logran desprenderse del todo, pero que han venido sustituyendo por la llamada dictadura en democracia partiendo de que la presunta legitimidad otorgada por los electores equivale a un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Podríamos concluir manifestando que este fue apenas un episodio de una larga lucha que recién empieza, en la que los trabajadores y sus organizaciones sindicales mostraron su mejor músculo, en el futuro veremos como ellos mismos superarán sus acciones y su voluntad de resistencia, llevándolos hasta alturas todavía insospechadas.
s. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.
2. Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.»
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