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MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social,
Coordinador MENTES EN MOVIMIENTO UTN 2028 (Grupo de Pensamiento Universitario)

La crisis de las personas en situación de calle en el Cantón Central de San José ha dejado de ser un problema meramente de asistencia social para convertirse en una emergencia urbana, económica y de salud pública. En la última década, esta población creció un 150%, concentrándose principalmente en distritos clave como Merced, Hospital y Catedral. Frente a una inversión local que supera los ₡2.000 millones anuales sin soluciones definitivas, la alcaldía liderada por Diego Miranda y el Poder Ejecutivo han planteado una ruta de choque inmediata.

El diagnóstico de la crisis capitalina

De las aproximadamente 3.733 personas en situación de calle registradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el país, 7 de cada 10 habitan en San José. Los factores determinantes combinan la exclusión social, la farmacodependencia extrema, el desarraigo familiar y la falta de opciones de empleo. Zonas comerciales de la Avenida 7, Avenida 9 y las inmediaciones de la antigua Castellana sufren un impacto directo en la seguridad y las ventas, lo que evidencia la urgencia de cambiar el asistencialismo pasivo por una intervención activa.

Plan de acción a corto plazo: Intervenciones prioritarias

Para mitigar los efectos inmediatos y estabilizar la situación en las avenidas josefinas, las propuestas vigentes se agrupan en cinco ejes de ejecución rápida:

1. Despliegue de la Estrategia Nacional de Convivencia

• Foco en el Distrito Merced: Lanzamiento prioritario del plan estatal de atención directa en los cuadrantes más críticos del casco central.

• Alianzas operativas: Coordinación inmediata con ONG consolidadas, tales como la Asociación Misionera Club de Paz y Casa Hogar San José, para el suministro diario de alimentación, duchas y vestimenta básica.

2. Ampliación y apertura de albergues de emergencia

• Optimización de recursos: Maximizar los 102 espacios de pernoctación del Centro Dormitorio Municipal, que además de una cama digna provee vinculación con servicios de salud.

• Infraestructura en marcha: Agilizar el acondicionamiento del nuevo mega-albergue municipal (aprobado con fondos locales por ₡1.100 millones) diseñado para dar refugio a 300 personas en condición vulnerable.

3. Activación de la Mesa Interinstitucional de Choque

• Articulación de presupuestos: Convocatoria impulsada ante la Presidencia para sentar en una misma mesa técnica al IMAS, el IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El objetivo es unificar fondos y evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos.

4. Soporte legal mediante el proyecto «Reintegra San José»

• Ruta de desintoxicación obligatoria: Apoyo legislativo inmediato al proyecto de ley promovido por la vicealcaldía josefina. Esta propuesta jurídica busca dotar a la Policía Municipal y al sector salud de herramientas legales para guiar obligatoriamente a los habitantes con adicciones hacia procesos formales de desintoxicación, albergue y reinserción laboral.

5. Medida de descongestión territorial: Macro-complejo de reubicación fuera del GAM

• Compra de finca periférica: Adquisición de un terreno de gran extensión en la provincia de Puntarenas para centralizar la atención integral de la población meta.

• Traslado masivo y voluntario: Desarrollo de un modelo habitacional, productivo y de salud diseñado para albergar a los indigentes de San José, removiendo la presión demográfica de la capital.

• Modelo integral: El complejo contará con áreas de desintoxicación, huertas comunitarias para talleres de reinserción laboral y módulos habitacionales permanentes alejados de los focos de distribución de drogas del casco central.

El desafío de la corresponsabilidad

La solución de corto plazo requiere de un compromiso directo entre el gobierno local y el nacional. San José no puede seguir asumiendo el costo operativo de una problemática migratoria y social que es de índole país. De la agilidad con la que se articulen los centros de desintoxicación, la viabilidad del traslado interprovincial y el apoyo de los comercios dependerá que la capital recupere su seguridad, orden urbano y, sobre todo, la dignidad de sus habitantes más vulnerables.

Anexo Técnico: Viabilidad del Macro-Complejo de Reubicación en Puntarenas

1. Mecanismo de financiamiento para la compra de la finca

Para adquirir el terreno y construir la infraestructura sin asfixiar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José, se proponen tres vías simultáneas:

• Fideicomiso de Obra Pública: Constitución de un fideicomiso avalado por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR), respaldado por un porcentaje del impuesto de patentes comerciales de San José, garantizando ingresos estables para pagar la deuda a mediano plazo.

• Fondos de Desarrollo Social (FODESAF): Negociación de una partida extraordinaria orientada a la erradicación de la pobreza extrema, justificando que el proyecto alivia la carga de servicios de salud centralizados en la capital.

• Cooperación Internacional y Alianzas Público-Privadas (APP): Captación de recursos no reembolsables de agencias internacionales enfocadas en desarrollo urbano y derechos humanos, junto con donaciones de cámaras empresariales de San José interesadas en la recuperación económica del casco central.

2. Desafíos legales y de derechos humanos

El traslado de ciudadanos entre provincias presenta barreras constitucionales estrictas que deben resolverse formalmente:

• Libertad de tránsito (Artículo 22 constitucional): Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a permanecer en una provincia específica si no existe una orden judicial o una declaratoria de interdicción legal. El traslado masivo debe ser estrictamente voluntario o vinculado a la aprobación del proyecto de ley «Reintegra San José», el cual debe tipificar la habitabilidad de calle con adicción severa como un problema de inimputabilidad o peligro para sí mismo.

• Coordinación intermunicipal: El Cantón Central de Puntarenas debe otorgar los permisos de suelo y construcción. Esto requiere un convenio de mitigación de impacto social para evitar el rechazo de la comunidad puntarenense (efecto NIMBY: Not In My Backyard).

• Supervisión de la Defensoría de los Habitantes: El complejo debe garantizar estándares internacionales de habitabilidad, alimentación y no confinamiento forzado para evitar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3. Servicios específicos del macro-albergue

Para que el complejo sea sostenible y no se convierta en un gueto aislado, debe operar como una micro-ciudad autosuficiente con los siguientes componentes:

• Clínica de Desintoxicación y Salud Mental (IAFA – CCSS): Un pabellón hospitalario permanente con psiquiatras, enfermeros y terapeutas para el manejo del síndrome de abstinencia severo de sustancias como el crack y el fentanilo.

• Granja Agrícola y Talleres Socioproductivos: Aprovechamiento del clima y extensión de Puntarenas para desarrollar proyectos de hidroponía, ganadería menor y panadería. Esto generará autoabastecimiento de alimentos y capacitará a los internos en oficios comerciales.

• Módulos de Vivienda Progresiva: Dormitorios segregados por género y condición de salud, que evolucionan desde pabellones de emergencia hasta pequeñas cabañas compartidas como premio al avance en sus procesos de rehabilitación.

• Destacamento de Seguridad Multidisciplinaria: Presencia interna de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José para garantizar el orden perimetral, el control de contrabando de drogas y la seguridad de los funcionarios civiles.