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La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”
Lord Acton (1834-1902)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no debería interpretarse solamente como un episodio de violencia criminal ni como una agresión contra la libertad de prensa. Su significado es más profundo: una señal de los cambios en las relaciones entre criminalidad, poder económico, política e instituciones democráticas.

La muerte del periodista, el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, obliga al país a mirar más allá de las circunstancias inmediatas del crimen.

Rodríguez había denunciado presuntas actividades del narcotráfico, corrupción y relaciones entre estructuras criminales y personas vinculadas al poder.

También había manifestado que recibía amenazas. La investigación judicial deberá determinar si esas denuncias guardan relación con el asesinato.

¿Qué significa que un comunicador que denunciaba esas relaciones sea asesinado? La respuesta trasciende el esclarecimiento de un homicidio: concierne a las bases de nuestra democracia.

El narcotráfico: de actividad criminal a estructura de poder

Las grandes organizaciones del narcotráfico no se limitan al comercio ilegal de drogas. Necesitan redes para movilizar recursos, ocultar capitales, asegurar operaciones y reducir los riesgos de intervención estatal.

Su expansión depende de la violencia y de sus relaciones con actores económicos, políticos e institucionales. El dinero ilícito puede penetrar circuitos legales y generar dependencias e influencia.

Cuando estas relaciones alcanzan determinados niveles, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de soberanía nacional.

El Estado pierde autoridad cuando actores respaldados por recursos ilícitos e intimidación consiguen condicionar decisiones o neutralizar a quienes amenazan sus intereses.

La pregunta fundamental aquí es determinar cuánto poder económico, político y social ha acumulado el narcotráfico.

La violencia como mecanismo de control social

El asesinato plantea otra preocupación: la utilización de la violencia para amedrentar a quienes investigan o denuncian determinados intereses.

La muerte de un comunicador intenta intimidar a periodistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos; inducir autocensura y excluir asuntos de interés público del debate.

Basta con que denunciar determinados intereses parezca peligroso para debilitar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder.

Dinero, política y criminalidad

El crimen organizado no necesariamente pretende sustituir al Estado mediante una confrontación directa. Puede resultarle más conveniente establecer relaciones de influencia, complicidad o dependencia con determinados sectores.

La corrupción facilita esa penetración. Cuando recursos ilícitos ingresan en actividades legales y ciertos intereses encuentran protección o tolerancia institucional, surge un escenario de vulnerabilidad democrática.

No se afirma que el Estado haya sido capturado ni se atribuyen responsabilidades sin pruebas. Sin embargo, hay que reconocer que la penetración institucional es uno de los mayores riesgos del crimen organizado.

Nuestro país no está condenado a repetir experiencias ajenas, pero tampoco es inmune.

El deterioro de un patrimonio democrático

Durante décadas, Costa Rica construyó una identidad política sustentada en la abolición del ejército, la continuidad de sus instituciones civiles, la educación pública y el reconocimiento de las libertades fundamentales.

Aquella tradición no significó ausencia de corrupción o desigualdad, pero la expansión del narcotráfico representa un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y convivencia.

Aquí hay un antecedente que merece recordarse. El periodista Parmenio Medina Pérez fue asesinado en julio de 2001. Su trabajo incluía igualmente denuncias sobre irregularidades y corrupción.

En este contexto, el asesinato de Rodríguez devuelve una pregunta vigente: ¿qué garantías existen para quienes investigan intereses poderosos que operan al margen de la ley?

La coincidencia merece atención, aunque no exista aún una relación demostrada entre ambos crímenes.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para hacer cumplir las leyes e impedir que grupos económicos, políticos o criminales estén por encima de las instituciones.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, la respuesta debe ir ahora más allá de identificar a los autores materiales: investigar las finanzas del narcotráfico, prevenir el lavado de dinero, fortalecer la independencia judicial, proteger a denunciantes y periodistas e investigar posibles conexiones criminales con personas en posiciones de poder.

El crimen organizado encuentra condiciones favorables donde se tolera la corrupción y el enriquecimiento inexplicable, y donde las relaciones entre dinero y política se consideran inevitables. La democracia se deteriora al normalizar la impunidad y el abuso de poder.

Una advertencia que nuestro país no debería ignorar

El asesinato no demuestra que el narcotráfico controle las instituciones ni que una organización criminal lo ordenara por sus denuncias. Eso deberá establecerlo la investigación judicial.

Sin embargo, obliga a examinar los riesgos de que las estructuras criminales acumulen recursos e influencia económica y política.

El país necesita con urgencia (“¡para ayer!”) una estrategia nacional que combata las finanzas del narcotráfico, investigue conexiones políticas y empresariales, fortalezca la justicia y proteja a quienes denuncian.

Hay que reconocer que la democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede deteriorarse mientras las elecciones continúan y las libertades permanecen formalmente reconocidas.

Defenderla exige impedir que poderes económicos y criminales decidan quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles intereses deben permanecer protegidos.

El problema más grave no es solamente que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado. Sería que lleguemos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad donde esa nefasta penetración se considere inevitable.

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