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Etiqueta: Idespo-UNA

Uno de cada tres homicidios en el mundo ocurrirían en América Latina

  • Conversatorio Geopolítica y crimen organizado a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.

Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.

La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.

Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.

En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.

Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.

También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.

Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.

Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.

Geografía y empoderamiento

Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.

“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.

Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.

Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.

Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.

Rediseñar el futuro

El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.

El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron. 

El conversatorio completo puede consultarlo desde la página del Idespo-UNA en Facebook: https://www.facebook.com/572888505/videos/465605525846526/

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA: Población que apoya la venta de activos del Estado disminuyó entre marzo del 2023 a marzo del 2024, pasando de un 35% a un 32,6%

El equipo investigador del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional estuvo a cargo de la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional” (UNA), ésta se levantó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO. 

Según explica el reporte de encuesta, los datos se recolectaron vía telefónica, en marzo de 2024, bajo la supervisión del personal del CETIS con el objetivo de identificar la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chaves Robles y su valoración respecto a distintas instituciones públicas. 

Entre los hallazgos de estas encuestas se destaca que la población encuestada valora positivamente la labor realizada por la Administración Chaves Robles en áreas como infraestructura, educación y economía. Las calificaciones más bajas brindadas por quienes participaron en el estudio se encuentran en áreas como el combate a la corrupción, con una nota de 4,88, las acciones destinadas a la seguridad, calificada con un 4,84, y el combate a la pobreza, con un valor de 4,81. Sin embargo, en ninguna de las áreas sobre las que se consultó la Administración Chaves Robles obtuvo una nota superior a 7. Aunque el presidente de la República encabeza la calificación promedio más alta brindada a la labor de diversos integrantes del Poder Ejecutivo, con una nota de 6,52 (seguida por la brindada al desempeño del ministro de Seguridad y de la ministra de Salud, con 6,24 y 6,14, respectivamente), ninguno de los integrantes del Poder Ejecutivo sobre los que se consultó obtuvo una nota superior a 7. 

El pasado 25 de abril se realizó un en vivo desde UNA comunica, sobre este informe del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. En este en vivo se desarrollaron temas relacionados cómo: educación, la seguridad ciudadana en Costa Rica, Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social, ambiente, política exterior, crisis en el gabinete, conflictos, etc.  Las personas participantes de este análisis fueron el máster Carlos Carranza Villalobos, coordinador; la doctora Claudia Palma Campos, investigadora; la máster Laura Brenes Arce, investigadora y la máster Rebeca Espinoza Herrera, investigadora. 

Don Carlos Carranza Villalobos expuso en este en vivo que hay un problema estructural fundamental; la deuda educativa del país. Afirma que existe una respuesta insuficiente de las autoridades ante la evidente crisis salarial en el sector educativo, entre otras problemáticas como las pruebas diagnósticas del MEP, la ausencia de una ruta educativa definida y el inicio del curso lectivo sin un plan de nivelación contemplado. Por otro lado, mencionó también las problemáticas de la CCSS, como la falta de una línea de acción estratégica, sus políticas contradictorias y sus acciones sin resolver (en relación con citas, pacientes y falta de especialistas). Además, expresó la necesidad de repensar el tema de política ambiental como la energía y minas, desarrollo sustentable y economía verde. Claudia Palma Campos mencionó principalmente que existe un tema no abordado; la seguridad de la ciudadanía costarricense, ya que no existe una ruta definida o un plan de acción por parte del gobierno. Afirmó que existe una falta de atención y propuesta sobre esta problemática por parte del gobierno.

En el siguiente enlace se puede consultar la exposición de Carlos Carranza y de Claudia Palma: https://www.facebook.com/share/v/CDfoPUQ94kEu8Gfm/?mibextid=WC7FNe

Asimismo, compartimos el PDF con el detalle del análisis de coyuntura.

Por parte de IDESPO las exposiciones estuvieron a cargo del doctor José Andrés Díaz González y de la doctora Sindy Mora Solano. Compartimos también su documento con el análisis y la información propia de la encuesta.

Seguridad y mejora en la red vial deben ser prioridad de próximos gobiernos locales según ciudadanos

  • 7% de encuestados valora como positiva la labor del TSE; un 50% estima que los partidos cantonales gozaron de las mismas condiciones que los partidos nacionales.

  • Un 51,8% de la población manifiesta que nunca o casi nunca conversa acerca de política con personas cercanas.

UNA Comunica. 14 de marzo de 2024. Las autoridades municipales que asumirán funciones a partir del próximo 1º de mayo deberán prestar atención a dos temas prioritarios: una mejora en las condiciones de la red vial cantonal y la atención a los problemas de seguridad ciudadana en sus comunidades. Así lo piensa el 60,4% de la población que participó en la encuesta Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA).

Ante la consulta de cuál es el principal problema que considera que debe enfrentar el próximo gobierno municipal, las opiniones se dividieron entre la atención de la red vial (30,7%) y la seguridad ciudadana (29,7%). Más atrás figuran el desempleo (7,2%), el combate a la corrupción (5,3%) y la mejora de la gestión municipal (4,7%).

Este estudio se llevó a cabo del 9 al 17 de febrero, justamente para analizar las percepciones ciudadanas sobre las elecciones municipales, las motivaciones del voto, el análisis del alto abstencionismo y la participación de actores claves relevantes durante el proceso.

Sobre este último aspecto, destaca que para un 77,2% de la población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó de manera adecuada el proceso electoral. También los partidos políticos que participaron obtuvieron una buena valoración, al considerar que para un 65,6% de la muestra su actuar fortaleció la democracia del país.

Las opiniones están divididas al responder si estaban de acuerdo con la premisa de que los partidos políticos cantonales o provinciales tuvieron las mismas condiciones que los partidos nacionales, para exponer sus ideas a la ciudadanía. Un 50% opinó que sí.

También existe división al valorar el papel que cumplieron los medios de comunicación. Un 51,6% de la ciudadanía opinó que la cobertura que ofrecieron fue adecuada. Por el contrario, un 39,2% de la población indicó que estaba en desacuerdo con esa percepción.

Razonamiento del voto

Una serie de consultas incluidas en el estudio analizaron en detalle la participación electoral del pasado 4 de febrero.

En un contexto donde el abstencionismo superó el umbral del 68%, se les consultó a los ciudadanos cuáles fueron las principales razones para no ir a votar en estos comicios. Para un 54,4% de la población primó la “imposibilidad material de participar en las elecciones”, donde jugaron en contra razones como una enfermedad, un viaje fuera del país o el propio trabajo, para no acudir a las urnas.

Solo un 13,8% de las personas encuestadas manifestó que no tenía interés en informarse sobre el proceso electoral. Un 12,1% no le gustaba ningún partido político, ni candidato y un 10,2% alegó que votar “no provoca ningún cambio”.

Por el contrario, entre quienes sí fueron a emitir el sufragio, un 97,3% mencionó como factor de motivación el hecho de cumplir con una responsabilidad ciudadana. También, señalaron la preocupación por temas específicos de la comunidad (85,8%), la afinidad con la propuesta política de un partido (64,1%) y la búsqueda de un partido distinto al que gobierna actualmente su cantón (61%).

En una valoración de 1 a 5 (siendo el 5 la nota más alta) el estudio del Idespo-UNA indagó sobre los factores que más influyeron en la decisión final de por quién votar.

El factor más relevante fue el de la información que se tenía sobre las personas candidatas (3,15), seguido por la gestión del actual gobierno municipal (3,08), las noticias sobre la campaña (2,77) y las conversaciones de este tema entre familiares y amigos (2,68).

Con respecto a este último factor, destaca entre los resultados, que un 51,8% de la población nunca o casi nunca conversa sobre política con personas cercanas, mientras que solo un 27,1% lo hace “algunas veces” y un 21,1% lo aborda “siempre o casi siempre”.

“La población encuestada parece mantener un bajo interés hacia la política electoral partidista, ya que un 50% asegura que nunca o casi nunca conversa de política con familiares o personas cercanas”, se lee entre los principales hallazgos del estudio.

Ante la consulta de si la persona fue o no a votar, el 55,7% dijo que sí, mientras que el 44,2% manifestó que no asistió. Este último dato contrasta con el abstencionismo del 68% que finalmente se registró. La razón de esa diferencia se explica, según el estudio, porque es usual que las personas que no asistieron a votar estén menos anuentes a participar en un estudio de opinión post electoral, lo que lleva a este grupo a estar subrepresentado.

Sobre el tipo de partido que eligieron para dirigir su alcaldía por los próximos cuatro años, un 51,6% indicó que lo hizo por un partido cantonal o provincial y un 43,5% por un partido nacional.

Sin embargo, solo 12 de las 84 alcaldías fueron ganadas por un partido cantonal/provincial. “La explicación de este resultado puede deberse a que, para estos comicios, participaron 127 partidos locales o provinciales y 34 partidos nacionales; así, el alto número de los primeros pudo producir que ese apoyo se dividiera en múltiples grupos, lo que benefició nacionales”, destaca el informe.

Un comportamiento similar se registró ante la consulta de por cuál partido político votaron los ciudadanos para los concejos municipales. Un 53,1% dijo apoyar un partido cantonal o provincial, un 39,7% a un partido nacional y un 4,8% a una coalición o alianza política.

Sobre el momento en que las personas decidieron por quién iban a votar, un 42% aseguró que desde meses antes de la elección, un 22,5% semanas antes, un 18,2% el propio día de las elecciones y 17,3% en la misma semana. Solo un 12,2% cambió su intención de voto durante el proceso, mientras que el restante 87,8% mantuvo invariable su posición.

La presentación del estudio estuvo a cargo del director del Idespo-UNA, Norman Solórzano, el coordinador del programa Umbral Político, José Andrés Diaz y la investigadora Sindy Mora. El tamaño de la muestra fue de 1.171 personas, tiene un error de muestro de 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA: Un tercio de los nuevos alcaldes tienen entre 30 y 40 años

Tres de cada diez alcaldes y alcaldesas que fueron electos en las elecciones municipales del domingo 4 de febrero tienen entre 30 y 40 años. Este es el grupo etario más numeroso que destaca entre quienes comandarán los próximos gobiernos locales.

Se trata de 29 alcaldes que representan al 34,5% del total. Si se desagrega la estadística se establece que tres de ellos tienen 34 años, incluido el futuro alcalde del cantón de San José, Diego Miranda.

El coordinador del programa Umbral Político, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), José Andrés Díaz, manifestó que es muy positivo el resultado porque demuestra que más personas jóvenes buscan participar activamente en la política comunal. Sin embargo, indica que es necesario realizar un análisis más a profundidad para determinar si la edad es un factor de peso para que el ciudadano determine su voto.

“Lo que sí podría estar pasando es que muchas de estas personas jóvenes tienden a estar más involucradas en grupos comunales, juveniles, deportivos o culturales. Eso puede, de alguna manera, facilitarles la promoción de una eventual candidatura a nivel local, porque los contactos y el vínculo son uno de los factores más importantes en una campaña municipal”, explicó el politólogo Díaz.

Otro aspecto que revela este resultado es que, en apariencia, existe un menor sesgo o temor en darle la oportunidad a personas jóvenes para liderar las alcaldías en sus cantones. “Ya no es como ocurría años atrás, donde el hecho de ser una persona joven se convertía en un estigma para la participación política”, reforzó el experto.

El segundo grupo de edad más grande entre quienes resultaron electos lo conforman quienes tiene entre 51 y 60 años. Un total de 24 personas de este segmento—que representan un 28,57%—del total encabezarán los gobiernos locales a partir del 1º de mayo.

15 alcaldes tienen entre 41 y 50 años, que es la misma edad entre quienes tiene 61 y 70.

Solo uno tiene menos de 30 años; corresponde Teddy Osvaldo Zúñiga González, de 28 años, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), electo alcalde por Nandayure, en Guanacaste.

Los de mayor edad, son los alcaldes electos de Desamparados (María Antonieta Naranjo Brenes, 69 años, del Partido Liberación Nacional) y Matina (Walter Céspedes Salazar, 69 años, del PUSC).

El promedio de edad de todos los alcaldes y alcaldesas electos es de 47,7 años. La edad predominante es la de 38 años, donde destacan seis jerarcas municipales.

Junto con el politólogo José Andrés Díaz, se analizaron cinco aspectos relevantes de la pasada contienda electoral:

  1. El abstencionismo

El hecho que se haya registrado un 68,09% de abstencionismo, tras el escrutinio de un 92% de mesas, rompió con la tendencia de reducciones paulatinas luego de cada proceso electoral municipal. Díaz preveía una baja al menos de dos o tres puntos porcentuales, situación que al final no ocurrió.

La última encuesta del Idespo, cuando faltaban cinco días para las elecciones, determinó una reducción en el porcentaje de personas que estaban seguras de ir a votar, con respecto a la encuesta de enero. “Puede ser multicausal el fenómeno de la alta abstención, porque seguimos pensando las campañas municipales como si fueran nacionales. Se necesita más un ‘cara a cara’ de los candidatos con los votantes, conocer a los vecinos, a las fuerzas vivas. Estamos desgastando a la ciudadanía con la lógica de las redes sociales y eso no es suficiente”.

Al respecto, el experto del Idespo hizo un llamado para que los partidos políticos dejen de concebirse a sí mismas como maquinarias electorales que se activan solo en cada proceso y que apelen a lo que denominó la “repolitización de la vida diaria en la comunidad”.

  1. Participación política de las mujeres

El salto de ocho a 22 candidatas electas es un reflejo de la madurez política que le ha abierto más espacios a las mujeres en la participación, aunado a recientes resoluciones como la que estableció la paridad horizontal en puestos como alcaldías y sindicaturas.

Más allá del resultado, José Andrés Díaz estima que se debe avanzar mucho aún en esta materia, hacia un estadio ideal donde la equidad sea la norma y no la excepción. Asimismo, dejó entrever la necesidad de dar seguimiento a la forma en que las nuevas autoridades, cuya cabeza sea una mujer, se vean enfrentadas a situaciones de violencia política, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

  1. Un Gobierno sin representación cantonal

Como un hecho inédito, el partido que está en el Gobierno no tendrá ninguna representación en las alcaldías. Sin embargo, para esta elección se generó una especie de nebulosa, en vista de que los dos partidos que en algún momento asumieron la representación del chavismo, Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano, no pudieron participar en la elección de alcaldías y sindicaturas, por incumplimiento de las normas electorales sobre paridad.

Para Díaz este hecho no debe representar ningún obstáculo para el Poder Ejecutivo en términos de gobernabilidad. En las dos administraciones del Partido Acción Ciudadana hubo poca representación, sin que eso reflejara necesariamente un problema para el Poder Ejecutivo de turno.

  1. Un golpe al PLN

La lectura que deja las elecciones municipales genera una contradicción: por un lado, el PLN sigue siendo la principal fuerza política con más apoyo territorial, pero a la vez, es la que más cede terreno.

“Lo que ocurre es que ya no es una estructura tan fuerte como la de otras épocas. Pareciera que el partido no ha tenido la capacidad de retener los liderazgos o de generar nuevos. Además, las bases de Liberación han venido envejeciendo y las personas jóvenes no se han decantado por pertenecer a esta agrupación. Eso está empezando a cobrarle factura y de seguir así, muy posiblemente dentro de cuatro años la situación para el PLN será igual o incluso peor”, enfatizó.

  1. Fenómeno Unidos Podemos

La gran revelación fue el partido Unidos Podemos que saltó de una a nueve alcadías. Para el experto, no se trata—en este caso—de que la actual ministra de la Presidencia, Natalia Díaz sea un motivo de auge en el voto obtenido. “Los últimos estudios de opinión del Idespo han demostrado que no se trata de una figura política conocida en el actual gobierno, ni tampoco está entre las más valoradas por la ciudadanía”.

Desde su percepción, lo ideal es analizar lo acontecido en cada cantón, para validar si se trató de un “efecto de arrastre”, dado que algunos candidatos venían de otras fuerzas políticas, ya tenían montada su propia estructura y por alguna razón propusieron sus nombres bajo la bandera de Unidos Podemos y eso les alcanzara para ganar.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Partidos cantonales y provinciales ganan fuerza de cara a elecciones municipales

UNA Comunica, 30 de enero del 2024. A falta de cinco días para que se realicen en nuestro país las elecciones municipales, los partidos cantonales y provinciales ganan más fuerza en las simpatías de los votantes, en comparación con los partidos nacionales.

Así lo refleja el informe de la encuesta Percepción de Aspectos Relacionados con las Elecciones Municipales del 2024 a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA).

El próximo domingo 4 de febrero 3.570.807 ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir a las autoridades de los gobiernos locales, para el periodo 2024-2028. En total, serán 6.212 puestos en alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito que tendrán nombre y apellidos en 84 cantones.

Justamente, uno de los aspectos más llamativos es el ascenso que registran los partidos cantonales y provinciales, entre las personas que manifiestan algún tipo de interés en ir a votar. Un 54,3% señaló que se inclinaría por este tipo de agrupaciones. El porcentaje es más alto al registrado en la encuesta de noviembre anterior que fue del 43,5%.

En contraposición, los partidos de escala nacional registran un apoyo del 31,6% del electorado, mientras que un 13,2% señaló que aún no ha definido a cuál tipo de partido apoyar y un 0,9% votaría blanco o nulo.

Entre quienes darían su voto por un partido cantonal o provincial, un 60,8% estaría seguro de mantener esa decisión (seis de cada diez personas). Esa seguridad está cercana también entre quienes votarían por un partido nacional (58,2%).

Actualmente, de un total de 82 elecciones cantonales que se realizaron en el 2020, únicamente ocho (14%) fueron ganadas por un partido cantonal o provincial.

De acuerdo con la encuesta, los hombres son los que muestran mayor apetencia a participar en las elecciones municipales (7,14) frente a las mujeres (6,34). Mientras que, por edad, quienes tienen entre 18 y 34 años muestran una leve ventaja (6,82) frente a otros grupos demográficos.

El aspecto donde sí se registró una baja de noviembre a enero fue el del porcentaje de la población encuestada que está segura de ir a las urnas. A hoy, ese grupo lo conforma el 42,1% de la muestra, mientras que dos meses atrás era de un 46,4%.

Sumando todas las probabilidades de votación que manifestaron los ciudadanos, el promedio también se redujo de un 6,83 en noviembre a un 6,78 en enero.

Incidencia en la participación

En la presentación de estos resultados, en la que participaron el director del Idespo Norman Solórzano y el coordinador de la encuesta, José Andrés Díaz, se abordaron además las razones que motivan a la ciudadanía para ir a votar el domingo 4 de febrero.

La más mencionada (92,4%) fue “para cumplir con mi responsabilidad ciudadana”. También, la “preocupación por temas específicos de la comunidad” obtuvo un 84,4% de menciones, mientras que, en tercer lugar, con un 60%, se indicó que para “apoyar a una persona candidata”.

Cuando se les consultó a los encuestados sobre los elementos que podrían incidir para apoyar a determinado candidato, el que tuvo mayor influencia fue la gestión del actual gobierno local (3,28), seguido de las noticias que se difunden sobre la actual campaña (2,98), las conversaciones con familiares, amigos o vecinos (2,97) y, en cuarto lugar, las propias campañas que hayan realizado las agrupaciones políticas.

La indecisión de los electores es un factor con muy leve movimiento entre las dos últimas encuestas. Mientras que en noviembre un 14,7% de la población no sabía a quién darle su voto, en enero y a vísperas de las elecciones, ese porcentaje se redujo apenas al 13,2%.

“La ligera reducción presentada puede llevarnos a plantear que la campaña realizada al momento no ha tenido una fuerte incidencia para que las personas votantes tomen una decisión sobre cuál opción apoyarán en las urnas”, se lee en el informe de la encuesta.

En cuanto a los factores que provocan que una persona aún no se haya inclinado por algún candidato, destaca en primer lugar la mención “me falta información para elegir por cual candidato voy a votar” con un 60,2% de menciones. Mucho más atrás aparece el enunciado “no me interesa votar” con un 12,7%.

Sobre los medios en los cuales los ciudadanos se han enterado del actual proceso electoral, destacan nuevamente las redes sociales (65%), seguido de la televisión (52,7%). Luego aparecen los periódicos (16%), mensajes de WhatsApp (14%), sitios en Internet de los partidos políticos (13,8%), la radio (13%) y el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (9,7%).

Finalmente, el estudio del Idespo abordó de nuevo el grado de satisfacción ciudadana hacia los servicios que brindan las municipalidades. El resultado arroja que las acciones vinculadas con la protección del ambiente son las mejor calificadas. La recolección de basura recibió la nota más alta (4,16), seguida de limpieza y mantenimiento de espacios públicos (3,54).

La encuesta se realizó del 9 al 12 y del 15 al 16 de enero. Se contempló a costarricenses de nacimiento o nacionalizados de 18 años o más, usuarios de línea celular en todo el territorio nacional. El tamaño de la muestra es de 916 personas con un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Idespo-UNA alerta sobre divulgación de resultados de encuestas falsas

El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA) alertó que están circulando en grupos de WhatsApp resultados de encuestas sobre las próximas elecciones municipales que son falsas.

Para ello, utilizan el logo y la imagen de Idespo para darle credibilidad a la información; sin embargo, el Instituto aclara que se trata de una acción fraudulenta.

De acuerdo con reportes que maneja el Idespo, las encuestas falsas han estado circulando en los cantones de Cartago, Turrialba y Paraíso.

“Desde el Idespo aclaramos que no estamos realizando estudios de intención de voto a nivel cantonal, en el marco del actual proceso electoral municipal. Los estudios que realizamos son de carácter nacional y sus datos no pueden extrapolarse al comportamiento de un cantón específico. Asimismo, no estamos consultando a la población sobre su posible apoyo a partidos políticos específicos”, manifestó Norman Solórzano, director del Instituto.

Para la realización de los estudios de opinión en el marco del actual proceso electoral, el Idespo cumple con lo dispuesto en el “Reglamento sobre la inscripción para la realización de encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral” del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los resultados de los estudios son dados a conocer a la ciudadanía por medio de conferencias públicas que se transmiten en las redes sociales institucionales; asimismo, los informes se colocan en el repositorio documental institucional (https://repositorio.una.ac.cr/) , son de libre acceso y consulta.

“Invitamos a la ciudadanía a que se informe sobre los estudios de opinión del Idespo usando canales institucionales y de confianza, y que se mantenga vigilante y crítica sobre la información que recibe en el marco del actual proceso electoral municipal, para que así pueda tomar una decisión consciente e informada en los comicios del próximo 4 de febrero”, concluyó Solórzano.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Especialistas de la UNA presentan propuestas frente a Ruta de la Educación

Tras analizar la Ruta de la Educación 2022-2026 y coincidir en que el documento—presentado en formato Power Point por el Ministerio de Educación Pública (MEP)—tiene serias carencias, especialistas de la Universidad Nacional (UNA) plantearon propuestas que responden a las necesidades educativas del contexto actual, durante el panel “Ruta de la educación: Retos y propuestas”, realizado el pasado 24 de abril en modalidad virtual.

“Las universidades públicas somos instituciones clave para la investigación y análisis de la realidad educativa del país y también en la generación de propuestas que puedan enriquecer esta Ruta de la Educación, así como las políticas educativas”, afirmó Dora Hernández, moderadora y coordinadora de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, entidad encargada de la organización del panel, junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA).

“Hay ideas (en la Ruta de la Educación) que suenan preciosas, por ejemplo que al 2026 estaría todo escolarizado, el bilingüismo, la tecnología… Pero sabemos que eso no es verdad. Obviamente este tipo de propuestas se hacen en mejora de la educación, de la sociedad, del país, pero ¿han visitado las escuelas, las aulas? ¿se considera todo el contexto?”, cuestionó Vivian Patiño, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA y docente de preescolar del MEP.

En esa misma línea, Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), calificó la propuesta del MEP como “un conjunto de buenas aspiraciones”, que está muy lejos de contener los elementos para ser considerado una verdadera política de educación.

Entre esas aspiraciones, Solórzano destacó “calidad educativa con equidad”, la cual—dijo—no puede asegurarse haciendo abstracción de las condiciones reales de vida de las personas que participan en los procesos educativos. Añadió que el documento carece de acciones concretas para lograr la disminución de las desigualdades que empiezan a ser intolerables y constituyen el principal obstáculo para lograr esa educación.

Pablo Chaverri, académico del INEINA coincide en que la Ruta de la Educación presenta objetivos demasiado generales, sin desagregación ni articulación con acciones. “Hablamos de un documento sin contenidos detallados, ni estructura ni organización, lo cual nos hace preguntarnos cómo se va llevar a cabo y cómo se le va a dar seguimiento”, subrayó.

Inmersión en las aulas

Frente a un documento “muy limitado” y tomando en cuenta las necesidades educativas del país, los especialistas de la UNA plantearon propuestas concretas para responder a los desafíos en esta materia.

Desde su doble rol como pedagoga y como docente del MEP, Vivian Patiño propone una inmersión en el aula de las personas en el MEP encargadas de dictar estos planteamientos. “Ellos tienen que acercarse a la realidad, notar los diferentes contextos, tener una visión más cercana de lo que está sucediendo en las aulas, desde la infraestructura, hasta la parte de la calidad profesional”, enfatizó.

También se refirió a la importancia del trabajo en equipo. “Una triada entre la familia, la comunidad y la escuela es fundamental para que logremos avanzar todos en la misma sintonía”.

Asimismo, destacó la calidad docente como un elemento esencial. “Todo va enlazado, pero sobre todo tener muy bien focalizado qué es lo que queremos alcanzar”, insistió.

¿A qué apuntamos?

El académico del INEINA, Pablo Chaverri, considera indispensable privilegiar metas de aprendizaje y desarrollo. “Necesitamos saber a qué apuntamos y es el aprendizaje y el desarrollo. Necesitamos monitorear el progreso para tomar medidas en función del desarrollo”, destacó.

En el tema de infraestructura, Chaverri propone realizar un diagnóstico-plan detallado de necesidades y acciones. “Si no tenemos ese detalle, no podemos hacer promesas de cuánto tiempo se va a durar en cada caso; hay diferencias muy importantes entre centros educativos, que deben tomarse en cuenta”.

En lo referente a equidad, el especialista del INEINA estima que es preciso partir de que hay diferentes puntos de salida y condiciones diferentes, con el fin de llevar una educación que sea sensible a las diversas necesidades y capacidades.

Para Chaverri, no puede haber un sistema educativo de calidad sin docentes de calidad, por lo cual considera necesario que el país cuente con acreditación obligatoria de calidad de la formación inicial, prueba de conocimientos y habilidades, así como articular la contratación e incentivos con el aprendizaje del estudiantado.

En evaluación, el académico afirma que es preciso avanzar hacia un sistema centrado en los aprendizajes y la retroalimentación, que sirva como insumo para la formulación de un plan de mejoramiento del aprendizaje.

Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del IDESPO, plantea recuperar el sentido de la Ley Fundamental de Educación, que habla de que el sistema educativo debe buscar el desenvolvimiento de capacidades humanas, personales y sociales con los valores de convivencia y solidaridad, equidad y paz.

Además, considera que se debe desplegar un proceso de educación comunitaria que permita a las comunidades un involucramiento proactivo e informado para asumir corresponsabilidades tanto en la gestión de los centros como en el curriculum.

También propone la revisión de los procesos formativos universitarios del cuerpo docente.

Por último, el director del IDESPO propone impulsar un diálogo abierto, público y sincero con sectores productivos, culturales, sociales, organizaciones y gobiernos locales, entre otros, en un marco mayor de una visión de desarrollo, con el fin de contemplar de forma articulada e integrada, las necesidades, oportunidades y aportes que puede hacer la educación.

Para Ana María Hernández, académica de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia—quien tuvo a su cargo las conclusiones del evento académico, los planteamientos de los expositores coinciden con el informe de la Unesco 2021, que indica que la transformación profunda de la educación es tarea de todos, de la comunidad educativa y la sociedad, donde los padres de familia juegan un papel muy importante.

“Esa visión de transformación educativa desde una visión de cooperación, de colaboración, una visión solidaria, no verticalista, no cortoplacista, necesitamos que realmente se hable de una política educativa que trascienda los gobiernos, que sea con una visión de Estado”, subrayó.

Se refirió además al impacto del desempeño de los docentes en la calidad de la educación. Al respecto, citó una investigación que muestra que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograran avances tres veces más rápidos que alumnos con docentes de bajo desempeño. “Es decir, que la calidad de la educación tiene su techo en la calidad del profesorado”, señaló Hernández.

“Como universidades públicas, hemos estado y siempre estamos abiertos y dispuestos a involucrarnos con las autoridades del Ministerio de Educación Pública que tengan estas tareas porque tenemos muchísimo que aportar a esa transformación que requiere la educación y uno de los aspectos más importantes en los que estamos comprometidos es justamente la formación de un pedagogo de calidad con una formación integral”, enfatizó la especialista del CIDE.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Acuerdo Escazú: A punto del vencimiento en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes

El próximo 31 de enero 2023 se vence el  tiempo que tiene el Acuerdo de Escazú para ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Lo cual significa un revés en materia de política ambiental para el país.

A pesar de que todas las bancadas legislativas señalan que no aporta nada nuevo a la legislación vigente, muestran su desinterés y rechazo, amparados en que retarda una supuesta «reactivación económica» ¿Qué tipo de reactivación económica representa en donde las garantías ambientales la pueden retrasar? ¿Qué tipo de actividades económicas están pensando?

Por esta razón, aprovechamos la oportunidad que brinda el Estudio del IDESPO-UNA titulado «Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica» para reflexionar sobre ¿Qué incomoda a los sectores opositores al Acuerdo de Escazú?

El Estudio de IDESPO-UNA nos llama la atención sobre el fuerte apoyo que existe por parte de las personas consultadas a los principios que constituyen el Acuerdo de Escazú. Estas dimensiones son parte fundamental de cualquier política ambiental tales como acceso a la información de proyectos, mecanismos inclusivos de participación ambiental, derechos de las personas a un ambiente sano (esto incluye la defensa de la vida de las personas defensoras) o velar porque las actividades económicas-productivas no deterioren el ambiente.

Lo cual nos lleva a preguntarnos tanto los sectores que se oponen y el gobierno actual ¿Qué tipo de política ambiental apoyan?

Urge repolitizar a la sociedad costarricense

“El principal desafío que tenemos en este momento es repolitizar a la sociedad costarricense. Tenemos una sociedad con un bajo nivel de politización”, afirmó José Andrés Díaz, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), quien participó en el foro “Ciencias Sociales y Elecciones 2022: diálogo abierto”, organizado el pasado 11 de febrero, por la Facultad de Ciencias Sociales.

El académico explicó que en el país vemos la política como algo negativo, en vez de verlo como un asunto que nos afecta en la vida cotidiana. 

Añadió que las personas no quieren estar en partidos políticos, que aunque no es la única forma de participación, es la base en una democracia representativa. Además, juzgamos negativamente e incluso vemos de forma despectiva a las personas que se involucran en política. 

“Cuando alguien se involucra en política, ya de una vez se dice que va a ser corrupto, que anda buscando su propio provecho, entonces no es un espacio que la sociedad quiera aprovechar o utilizar, por lo cual termina siendo controlado por grupos pequeños”, advirtió Díaz.

En ese sentido, el investigador del Idespo se refirió a la teoría del “selectorado” -propuesta por reconocidos investigadores internacionales- según la cual a los grupos de poder les funciona tener bases de apoyo pequeñas, porque entre más abstencionismo hay, menos votos tienen que obtener para poder pasar a obtener el poder.

En la recién pasada elección en Costa Rica, por ejemplo, el candidato ganador José María Figueres obtuvo aproximadamente un 15% de los votos del total del electorado, el cual estaba conformado por más de 3.5 millones de personas. Mientras tanto, el candidato Rodrigo Chaves llegará a la segunda ronda, el próximo 3 de abril, con el apoyo de menos del 10% del total del padrón electoral. 

“O sea, la suma de los votos de ambos candidatos llegaría apenas a un 25% de apoyo de todo el electorado y eso les alcanza para llegar al poder, con todas las dificultades de representación y demás que esto pueda ocasionar”, destacó Díaz. 

Otro aspecto que resaltó el politólogo es el ambiente de polarización política que se vive en el país, lo cual -según su hipótesis- tiene que ver también con la baja politización. 

Explicó que dejamos de conversar de política y ya no vemos al otro simplemente como una persona que piensa diferente de nosotros, sino que se convierte en un adversario, casi en un enemigo, y nos cerramos al diálogo. 

“Una sociedad democrática necesita diálogo para poder avanzar, construir y es una pieza fundamental para la politización de la sociedad”, resaltó. 

En su criterio, mientras no nos volvamos a repolitizar, el país va a seguir viviendo en las condiciones políticas actuales”.

Educación política

Norman Solórzano, abogado y académico del Idespo, también resaltó la necesidad de la repolitización de la sociedad y abogó por la educación política.

Recordó que la educación política en Costa Rica comenzó a resquebrajarse desde los años 80 y quedó prácticamente clausurada en los años 90 en los distintos espacios, ya no solo en el sistema educativo formal, sino también como una de las tareas centrales de los partidos políticos. 

Solórzano destaca que la educación en este campo era uno de los elementos para la deuda política, este subsidio que la ciudadanía daría a los partidos en tanto estos estuvieran haciendo esta tarea. No obstante, dice, la tarea de educación política dejó de cumplirse y más bien el tema de la deuda política se ha convertido en otro de los tantos elementos creadores de asimetrías y de desigualdad, e incluso, se añade una perversión como es el caso de los bonos de cesión de deuda.

El conversatorio “Ciencias Sociales y Elecciones 2022: diálogo abierto” se organizó como antesala de un proceso que lleva adelante la Facultad de Ciencias Sociales, tendiente a generar una posición de cara a la segunda ronda electoral, no solo frente a las dos propuestas que quedaron en la contienda, sino sobre otros temas trascendentales para el país, según afirmó Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad.

Enlace al foro:  https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=630856388203388

 

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