El Comité Patriótico de San Rafael de Heredia produjo un video breve en el cual explica la importancia de la igualdad para todas las personas. Expone el concepto, explora los peligros, y propone lo que debemos hacer como sociedad ante este tema. El material fue enviado a SURCOS por este comité y les invitamos a verlo, reflexionar y compartir.
Enviado a SURCOS por Óscar Segura.
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“Como institución teológica basada en los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, nos sumamos a la celebración por el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Corte IDH en el que se resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.
Creemos que las prácticas concretas de amor y justicia deben regir la vida cristiana, y que el respeto a los derechos humanos es fundamental para seguir construyendo sociedades más igualitarias libres de violencias.
La opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones más allá de Costa Rica porque resulta de acatamiento obligatorio para los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del tribunal internacional, algunos de los cuales ya reconocen el derecho al matrimonio igualitario”.
Universidad Bíblica Latinoamericana
Enviado por Alejandro García Valerio.
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Comunicado de prensa
Diego Molina M.
Ante los numerosos casos de violaciones a los derechos de las personas migrantes, de frontera y solicitantes de refugio que se viven en Costa Rica, diversas organizaciones comunitarias, con el apoyo de la Fundación Cenderos, se unieron para lanzar la campaña “Alzo La Voz en Acción por Nuestros Derechos”, la cual busca que las poblaciones afectadas puedan realizar denuncias en tiempo real a través de una plataforma virtual, y que también puedan incidir en las instituciones públicas.
“A través de la campaña esperamos que las instituciones del Estado sean garantes de aquellos derechos en los que prevalezcan la igualdad de condiciones al acceso de los servicios públicos, documentación, oportunidades de educación y desarrollo, empleos dignificantes, atención a situaciones de violencia basada en género, información sobre salud sexual y reproductiva, entre otros”, afirmó Maricela Hinkelammert , de la Fundación Cenderos (Centro de Derechos Sociales de la Persona Inmigrante).
La campaña fue presentada ante representantes de diferentes instituciones y medios de comunicación el viernes 29 de setiembre en el centro del cantón fronterizo de Upala, en la Zona Norte del país. En la actividad se expusieron situaciones que viven constantemente las personas jóvenes, las mujeres y las personas trabajadoras migrantes y transfronterizas, y se presentó la plataforma virtual https://alzomivoz.ushahidi.io/ donde se pueden realizar las denuncias de manera geo-referenciada (en un mapa interactivo). Al día de hoy la plataforma cuenta con 30 denuncias.
“Nuestra principal problemática es falta de documentación, que constituye una barrera para hacer valer la salud y educación. Muchos dejamos muestro país por una cuestión de economía y por nuestra condición de irregularidad tenemos menos oportunidades”, expuso Jusneysi Martínez, joven migrante nicaragüense que vive en Costa Rica desde hace tres años.
La campaña contará con un fuerte componente de trabajo en las comunidades, donde organizaciones como la Red de Mujeres Migrantes y Nicaragüenses, la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia, la Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos/as de Upala, y la Red de Trabajadoras y Trabajores Migrantes y Transfronterizos realizarán jornadas informativas sobre derechos humanos y explicarán el uso de la plataforma virtual.
Estas organizaciones han venido participando desde el 2016 en un proceso de capacitación facilitado por Cenderos y el instituto IPADE de Nicaragua, con el financiamiento de la Unión Europea, en el que han formulado agendas políticas basadas en el análisis crítico de sus realidades y planes de incidencia política enfocados en mujeres, jóvenes y personas trabajadoras.
En Costa Rica viven alrededor de 380 mil personas migrantes (censo nacional de 2011), las cuales sufren día a día dificultades como explotación laboral, negación de atención médica en centros de salud de la CCSS, deficiente acceso a la educación y obstrucción de los procesos para regularizar su condición migratoria, entre otras. Muchas de estas situaciones se agudizan en la zona transfronteriza, donde la presencia institucional es escasa.
Más información:
Enviado por Alzo la Voz.
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Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con el objetivo de democratizar el acceso a la educación superior, la Universidad de Costa Rica desarrolla acciones para promover el ingreso y asegurar la permanencia de estudiantes de territorios indígenas de todo el país, en las aulas universitarias. Los esfuerzos basados en tres acciones concretas han logrado aumentar la matrícula de la población indígena en la institución pasando de apenas 12 registros en el 2015 a los 120 actuales.
En el marco del plan de nacional de Salvaguarda Indígena, desde el 2012, la Universidad de Costa Rica trabaja con esta población en áreas como: apoyo académico en estudios secundarios, fortalecimiento de la relación entre la universidad y las comunidades indígenas, y asesoría y acompañamiento en el proceso de admisión y en la permanencia universitaria.
Dentro de esas acciones afirmativas que implementa la UCR para promover la equidad destaca el Plan piloto Tutorías Estudiantiles en Territorios indígenas, un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, por medio del cual, estudiantes de diferentes carreras de nuestra institución se trasladan a diferentes comunidades indígenas del país, para brindar apoyo académico a los y las colegiales de estas zonas.
Este Plan Piloto se desarrolla desde el 2014, y actualmente beneficia a las comunidades indígenas de Casona, Salitre, Yeri, Cabagra, Curré, Ujarrás, Kabebata, Usekla, China Kicha, Coroma y Sepeque.
Gracias a esta iniciativa, cada año alrededor de 350 estudiantes de undécimo y décimo año de secundaria de estas comunidades reciben apoyo académico en materias como biología, inglés, español, cívica, estudios sociales y matemáticas. A estos colegiales también se les brinda asesoría en orientación vocacional. En estos tres años de ejecución, este proyecto ha beneficiado a más de mil estudiantes.
Una de las fortalezas de este programa radica en el hecho de se toma en cuenta la cosmovisión e identidad cultural de las comunidades involucradas y que las mismas participan en el proceso de formulación del proyecto.
El plan piloto de tutorías estudiantiles forma parte de las acciones del Plan Quinquenal para Pueblos y Territorios Indígenas, el cual está adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Este proyecto también desarrolla tareas junto con otras universidades estatales (Conare), en el marco del proyecto de Mejoramiento de las aptitudes académicas de Estudiantes de Educación diversificada.
Además de brindarles apoyo académico a estas comunidades a nivel de secundaria, la Universidad de Costa Rica también implementa diferentes estrategias para aumentar la participación de los jóvenes de estas zonas en el proceso de admisión de las universidades estatales,
Como parte de este proceso, funcionarios de la UCR capacitan a directores, docentes y administrativos de los colegios de estos territorios para que conozcan los pasos que deben seguir para inscribir a sus estudiantes en el proceso de admisión.
Además en los últimos años, la UCR ha aumentado considerablemente la cantidad de sedes de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PPA) en estas zonas, con el fin de evitar que los colegiales deban recorrer largas distancias y de promover que más estudiantes realicen el examen.
Actualmente, los jóvenes de territorios indígenas pueden realizar la PPA en las comunidades de Cabagra, la Casona, Salitre, Ujarrás, Sepecue, Amubri, Kabebata, Boruca, Amubri, y Curré. El próximo año se abrirá dos nuevas sedes de aplicación en Alto Guaymí y Gavilán Besta.
La institución también ha enfocado esfuerzos en brindarles acompañamiento a los y las estudiantes de estos territorios que logran pasar la prueba, con el objetivo de que puedan finalizar con éxito todo el proceso de admisión.
Por ejemplo, a los estudiantes en condición de elegibles se les suministra información sobre el sistema de becas, se preparan charlas en donde otros estudiantes de territorios indígenas que están en la universidad les brindan su testimonio, se les brinda acompañamiento en el proceso de concurso a carrera, matrícula en línea, entre otros.
La UCR también realiza un esfuerzo de articulación de instancias universitarias para lograr trasladar a estos estudiantes desde sus territorios hasta la Sede Rodrigo Facio para que participen en la feria vocacional y conozcan más de cerca sobre la dinámica institucional.
Una vez que los estudiantes de territorios indígenas inician una carrera universitaria, la institución les da seguimiento y apoyo para que puedan culminar con éxito su proyecto académico.
También se les insta a participar en proyectos de movilidad estudiantil, de voluntariado, liderazgo y de otras actividades estudiantiles y de encuentro.
Johnny Arias y Alejandra Guevara, coordinadores de las acciones que la UCR implementa como parte del Plan Quinquenal para Pueblos y Territorios Indígenas, afirman que todos estos mecanismos han logrado “posicionar a la Educación Superior Pública como una opción real de estudios para pueblos indígenas”.
Como parte de los resultados, ellos también destacan que se ha dado un aumento en la cantidad de estudiantes que participan del proceso de admisión y en la cantidad de jóvenes de territorios indígenas que ingresan a la UCR.
“Hemos podido ver que el número de inscritos a la prueba de aptitud académicas ha ido aumentando cada año desde que se empiezan a dar las acciones del plan, y también ha habido un aumento en la cantidad de estudiantes de territorios indígenas que están matriculados, hemos pasado de hablar de 12 estudiantes matriculados en el 2015 a alrededor de 120 estudiantes en este año, quienes están distribuidos en todas las sedes de la universidad” afirmó Arias.
Además de estos logros, los encargados del proyecto señalan que a futuro debe darse una reflexión institucional, mediante la cual se logren determinar los mecanismos para que las diferentes etapas del proceso de admisión se adapten a las necesidades lingüísticas y culturales de los territorios indígenas.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Tierra y Mar se convierte en la primera Facultad de la Universidad Nacional en ejecutar la Política para la Igualdad y Equidad de Género- PIEG-UNA.
En una sesión histórica este lunes 27 de marzo de 2017 el Consejo de Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional tomó la decisión de llevar a cabo una serie de actividades para dar marcha a la puesta en acción de la PIEG-UNA.
En la sesión participaron integrantes del Consejo de Facultad de Tierra y Mar, el Rector de la UNA, Dr. Alberto Salom, así como Zaira Carvajal Orlich y Carmen Ulate Rodríguez Coordinadoras de la ejecución de la PIEG, María Amalia Penabad Camacho, estudiante del posgrado en Perspectiva de Género en los Derechos Humanos, quien realizará su práctica profesional en la Escuela de Agrarias y Wendy Bermúdez, Asistente de Rectoría.
Producto de la sesión de trabajo se tomaron algunos acuerdos encaminados a fortalecer la PIEG en la Facultad, entre estos podemos citar que la Facultad se compromete a realizar una investigación a lo interno para determinar brechas de género, la cual será presentada en el informe de labores de la decanatura en el mes de mayo de este año.
Se desarrollarán los cursos sobre: «Transversalización del enfoque de género en la docencia universitaria», dirigido a las personas integrantes de las Comisiones Curriculares de la Facultad, (mayo) y el curso sobre «Uso del lenguaje inclusivo» dirigido a las autoridades de la Facultad.
Asimismo, se llevarán a cabo visitas de las coordinadoras de la PIEG a las Asambleas de Unidades Académicas para informar sobre la PIEG, el Plan de Acción y la Política Institucional contra el hostigamiento sexual.
En cuanto la política ocho (PIEG) que promueve un currículo de formación profesional con la inclusión operativa del género, con perspectiva humanista y de derechos humanos, como eje transversal, se iniciará la revisión del plan de estudios de la carrera en Ingeniería en Agronomía.
En este sentido, María Amalia Penabad Camacho, estudiante de la maestría en Perspectiva de género en los Derechos Humanos, del Instituto de Estudios de la Mujer revisará dicho plan como trabajo final de graduación de su posgrado.
Colaboración:
M.Sc. Carmen E. Ulate Rodríguez, Académica Instituto de Estudios de la Mujer, Coordinadora PIEG-RECTORÍA.
Fotografía: Eliécer Berrocal Sánchez, Oficina de Relaciones Públicas
Información: (506)25 62 40 86
Enviado a SURCOS por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Nombre elegido por estudiantes “trans” será reconocido en documentación oficial de la UNA
Listas de clase, carnet, documentación de registro, bibliotecas y oficinas reconocerán el nombre elegido por la población estudiantil, académica y administrativa transgénero de la Universidad Nacional (UNA), según lo establece la resolución emitida por la Rectoría UNA-R-RES-226-2016, respetando así la identidad de género con la que cada quien se asume.
Ya la UNA es pionera en el respeto a las poblaciones históricamente discriminadas al declararse en el 2011 como una institución “libre de toda forma de discriminación”. Con la resolución suscrita por el rector Alberto Salom Echeverría, se traducen las políticas para la igualdad y equidad de género en acciones concretas, que contribuyen a la inclusión real de la población “trans”, mediante la validación del instrumento legal “Conocido Como (C.C)”.
La medida, incluso, faculta al Departamento de Registro, entre otros, para “valorar la posibilidad de que se establezcan formularios o diseños de diplomas que permitan resaltar el “conocido como” en relación con el nombre de pila”.
Para Tomás, estudiante de la UNA quien nació como Doris Campos Azofeifa y desde su infancia se identificó con el género masculino, la resolución de la Rectoría representa un avance hacia la inclusión y respeto a la identidad de la población transexual y transgénero, que no solo facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que contribuye a la integración de la población estudiantil.
Resaltó que a partir de ahora ya terminará la exposición que enfrentaban las personas “trans” de la comunidad estudiantil cada vez que tenían que explicar a docentes y funcionarios de instancias de servicio como las bibliotecas, entre otras, por qué su apariencia física no correspondía con el nombre que aparecía en la documentación oficial de la UNA e incluso en el Aula Virtual.
“Era un tema de exposición, ya que uno se podía enfrentar con funcionarios que no entendieran la temática trans”, resaltó.
Y es que la resolución no solo acuerda “establecer y respetar el nombre de la persona en la documentación de la Universidad mediante la validación del “Conocido como”, sino que solicita a la comunidad universitaria “brindar respeto y apoyo a las personas transgénero y transexuales estudiantes, administrativas y académicas, atendiendo a la identidad de género y al nombre elegido por estas”.
Pero la resolución firmada por el rector Salom va más allá. También establece fomentar procesos de sensibilización sobre diversidad sexual al personal docente y administrativo, así como al sector estudiantil de la UNA, a la vez que insta a buscar rutas y mecanismos que favorezcan la inclusión y mayor ingreso de personas “trans” tanto a la comunidad estudiantil como a puestos laborales en la Institución.
Con el fin de favorecer los procesos de inclusión, integración, sensibilización y educación sobre la temática “trans”, la Rectoría resuelve coordinar con las organizaciones SiwoAlar Hombres Trans Costa Rica y Transvida.
Precisamente, como integrante de estas organizaciones de la sociedad civil, el estudiante de las carreras de Género y Desarrollo y de Psicología, Tomás Campos, ha dado la lucha por impulsar este nuevo avance en la inclusión de la población “trans” en la UNA, con el respaldo de las académicas Carmen Ulate y Zaira Carvajal, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad.
Ulate, quien además coordina la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA, destacó que la resolución de la Rectoría representa un avance hacia la inclusión social y respeto de los Derechos Humanos de las personas históricamente discriminadas por su diversidad sexual, la cual además es coherente con la normativa institucional y con el mandato Constitucional de igualdad ante la ley y no discriminación.
***Mayores detalles con el estudiante Tomás Campos 8587-2545, con la académica Carmen Ulate 8910-4668 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.amnistiapr.org
Información enviada a SURCOS Digital por Oficina Comunicación UNA.
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(Harare 8 de Marzo de 2015) Hoy en el Día Internacional de las Mujeres – 8 de marzo – La Via Campesina llama a articular acciones que permitan visibilizar el rol fundamental que tienen las mujeres campesinas para garantizar la Soberanía Alimentaria no solo para enfrentar la crisis alimentaria, sino como un principio ético de vida que tiene como base la justicia social y la igualdad. En esta jornada de lucha denunciamos la violencia ejercida, específicamente en las mujeres, pues el modelo del agronegocio y el capital en el campo han agudizado las desigualdades sociales y de género. Es así que las mujeres luchamos contra el patriarcado que se manifiesta en todas las esferas de la vida, la familia, organizaciones, comunidades, de género y sexualidad, condenamos también el feminicidio que causa millones de asesinatos de niñas y mujeres en todo el mundo y nos solidarizamos con todas las personas que sufren discriminación y violencia por causa de su identidad de género y/o sexual.
El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones internacionales.
Para Nettie Wiebe, de la Vía Campesina Norteamérica “el trabajo, las perspectivas, el análisis, la energía, el liderazgo y la presencia de las mujeres en La Vía Campesina han transformado y reforzado nuestro movimiento”. El modelo de la agricultura campesina asumido por La Vía Campesina Internacional no solo incluye a las mujeres, sino que reivindica sus derechos y les permite ser campesinas en igualdad.
En el actual contexto el acaparamiento, el despojo y la explotación por parte de las transnacionales aumenta con el modelo extensionista del agronegocio, así como se incrementa la vulnerabilidad de las mujeres campesinas e indígenas expulsadas a diariamente de sus tierras.
En ese sentido, La Vía Campesina afirma la necesidad de una Convención Internacional sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos, pues los mecanismos y convenciones internacionales han resultado limitados, en lo que respecta a la protección de los derechos de las campesinas y de las consecuencias de las políticas neoliberales.
En esta jornada de 8 de Marzo las mujeres y hombres de La Vía Campesina defendemos una reforma agraria integral, los bienes naturales como la tierra, el agua, los territorios que en su conjunto garantizan la soberanía alimentaria mediante una producción agroecológica, que revalora la agricultura campesina, por cual denunciamos ampliamente la destrucción y depredación por la aplicación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos y por los daños que causan las transnacionales en nuestros territorios. Mayor rentabilidad y productividad en el campo significa menos condiciones dignas de vida para millones de campesinas y campesinos, el mercado no puede seguir dictando las políticas agrícolas y atentando contra la salud del pueblo y de la naturaleza.
Este 8 de marzo seguiremos Globalizando la lucha y la esperanza por un mundo más justo e igualitario para todas y todos, nos solidarizamos con Máxima Acuña, la campesina e indígena peruana que lucha y resiste a una transnacional minera, nos inspiramos en su fortaleza y dignidad para decir: Basta al sistema capitalista y patriarcal.
Enviado a SURCOS Digital por Graciela Blanco.
Fuente original La Vía Campesina.
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Nicolás Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Durante esta semana que concluyó, se celebraron las audiencias ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso que opone a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz al Estado de Honduras: se trata de uno de los varios casos que oponen la comunidad garífuna al Estado hondureño desde varios años (Nota 1). Un estudio sobre la cultura garífuna isleña de Honduras ya advertía hace unos años que: “/…/ debo decir que, las organizaciones garífunas hondureñas, no reciben impuestos, no sustituyen al Estado, ni a las municipalidades del país; únicamente luchan por una sociedad incluyente, participativa, justa, libre de racismo y con igualdad de oportunidades para todas y todas. El Estado hondureño, está llamado a corregir las inequidades históricamente producidas, dado que las comunidades deben ser y son sujetas de las decisiones y de los cambios” (Nota 2).
En esta semana se observó la presencia de unos 70 integrantes de la comunidad garífuna que participaron en las audiencias o apoyaron a sus líderes durante estos días en San José.
La lucha de las comunidades garífunas:
Si bien la distribución geográfica de la población garífuna (estimada en unas 600.000 personas) incluye a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es la comunidad de Honduras la que ha recurrido con mayor regularidad a instancias internacionales para intentar hacer valer sus derechos. La controversia en relación a la comunidad del Triunfo de la Cruz surgió debido a varios proyectos impulsados desde hace muchos años por Honduras para atraer inversión extranjera en esos territorios ancestrales del pueblo garífuna. Estos proyectos consisten en crear infraestructura turística y promover actividades comerciales, crear las denominadas “ciudades modelo”, decretar una área protegida y proceder al traspaso de tierras a un fideicomiso Estado/inversionistas extranjeros: estos proyectos de diversa naturaleza se hicieron, según los peticionarios garífunas (quienes agotaron pacientemente una tras una las vías jurisdiccionales hondureñas antes de acudir al sistema interamericano) sin respetar algunos de sus derechos históricos sobre estos territorios. En el 2012, la Comisión Interamericana constató que: “ A partir de 1990, la situación se agravó notoriamente frente al otorgamiento por parte de autoridades públicas a grupos empresariales de turismo y a particulares de títulos de propiedad sobre áreas poseídas por la Comunidad, lo que dio lugar a que organizaciones comunales y nacionales garífunas realizaran una serie de acciones orientadas a denunciar las violaciones de las cuales eran víctimas y a reivindicar sus tierras ancestrales ./…/ En particular, los hechos denunciados refieren lo siguiente (i) las consecuencias de la ampliación del radio urbano del Municipio de Tela en relación con el Proyecto Marbella, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tela y la Cooperativa el Esfuerzo; (ii) la injerencia de la Municipalidad de Tela en la creación y permanencia de una Junta Directiva paralela del Patronato de la Comunidad; (iii) la planificación y ejecución de proyectos turísticos; (iv) la creación del área protegida Punta Izopo; y (v) los hostigamientos, amenazas y asesinato de autoridades, líderes y lideresas de la Comunidad por actividades en defensa de su territorio ancestral “ (Informe 76/12 de la Comisión, caso 12.548, párr. 98-100). En otro ámbito, que evidencia de igual manera la poca atención de las autoridades en relación a los reclamos de las comunidades garífunas (pero a su vez la determinación de las comunidades garífunas hondureñas), un Panel del Banco Mundial debió, en el 2006, ordenar una investigación en relación a un proyecto crediticio por más de 25 millones de US$ impulsado por el Estado de Honduras (quién no procedió a consultar a las poblaciones garífunas y medir el impacto sobre estas). Se lee en el informe sobre admisibilidad (ver texto completo del Informe y Recomendación sobre Solicitud de Inspección, Programa de Administración de Créditos (Crédito AIF Nº 3858-HO ) que : “El Panel determina que los Solicitantes han alegado que las acciones del Banco Mundial constituyen una violación de las políticas y procedimientos del Banco sobre pueblos indígenas, hábitats naturales, evaluación ambiental y supervisión y que estas acciones han tenido o podrían tener un efecto adverso significativo sobre los derechos de los Solicitantes, según lo establecido en el Párrafo 9(b). El Panel observa la necesidad de recabar datos sobre los planteos de los Solicitantes en cuanto a que el Banco violó sus propias políticas y procedimientos operacionales”. En el informe de investigación del Panel de Investigación del Banco Mundial del año siguiente (ver informe titulado: ”Honduras: Programa de Administración de Tierras de Honduras (Crédito de la AIF 3858-HO) – año 2007 ”, se concluye de manera muy clara por parte de los miembros del Panel de Investigación que: “Dada la relativa vulnerabilidad económica y política de los pueblos indígenas, el Panel determina que las salvaguardias dispuestas en el marco del Proyecto no son adecuadas para proteger los derechos garífunas sobre sus Tierras Étnicas en el contexto de la ejecución del Proyecto” (p. 111).
Una serie de violaciones a los derechos humanos:
En el presente caso expuesto por la comunidad de Triunfo de la Cruz ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el respeto al derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es uno de los principales alegatos presentados, al no haber aún el Estado provisto a esta comunidad de un acceso efectivo a un título de propiedad sobre sus territorios ancestrales; así como por haberse abstenido durante todo este tiempo de demarcarlo de una manera adecuada. Sin titulación ni linderos claramente establecidos, el ejercicio del derecho a la propiedad se ve sustancialmente limitado. Además de otras violaciones al Pacto de San José detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz (ver carta oficial del 21 de febrero del 2013 de la Comisión a la Corte disponible aquí buscando el acápite correspondiente a “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras”), la Comisión refiere a un tema que posiblemente interese a comunidades de otros Estados de la región latinoamericana: la imperiosa necesidad de consultar a las comunidades en el caso de megaproyectos que las puedan afectar o regulaciones sobre el uso de suelo. «Otro de los componentes del presente caso es la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente. Dentro de tales decisiones se destacan la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos; la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral; y las ventas de tierras comunitarias» señalaba la Comisión al remitir el caso a la Corte de San José. Para los representantes de las organizaciones garífunas hondureñas (ver nota de prensa), «lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades«. Se trata de un vacío legal del que no solo adolece el Estado hondureño en el hemisferio americano, y que ha dado lugar a una larga serie de medidas cautelares ordenadas en años recientes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas, tribales y campesinas, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son a muy a menudo víctimas (ver listado oficial).
Años atrás tuvimos la oportunidad de referirnos a la delicada situación en la que se encontraba – y sigue encontrándose – Costa Rica en relación al megaproyecto hidroeléctrico El Diquis (ver breve artículo) de cara a sus obligaciones internacionales con relación a los pueblos indígenas. En un interesante artículo de Karine Rinaldi publicado a finales del 2012 en Costa Rica, la jurista expresó que: “de conformidad con la jurisprudencia interamericana, las consultas deben hacerse desde las primeras fases y constituir una comunicación constante entre las partes (lo que excluye una simple entrega de información por parte del Estado). Además, es importante entender que deben realizarse mediante procesos culturalmente adaptados; en este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería haber integrado la dimensión temporal para respetar los tiempos y las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas”. Las regulaciones ambientales también parecieran haber sido vulneradas según expresado por el experto en derecho ambiental, el reconocido abogado Alvaro Sagot (ver artículo). La administración que inició en mayo del 2014 “hereda” de la correspondiente al ejercicio 2010-2014 este delicado problema (como muchos otros), y el proyecto El Diquís pareciera estar “varado” según un titular de La Nación (Costa Rica) reciente. La máxima representante de Naciones Unidas en Costa Rica en septiembre del 2013 (verentrevista) ratificó y deploró, de manera más general, la situación de discriminación y abandono en la que se encuentran las comunidades indígenas de Costa Rica.
Medidas cautelares y otras medidas ordenadas a Honduras:
En el caso de las comunidades garífunas, ya el 28 de abril de 2006 la Comisión había solicitado la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. En aquella ocasión había instado al Estado a que «adopte las medidas que sean necesarias para proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunfo de la Cruz. En especial, /que/ tome las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva en el caso Nº 12.548» (Informe 76/12, Caso 12.548, Comisión IDH, p. 3 punto 12). El 16 de septiembre de 2011, la Comisión ordenó al Estado de Honduras (MC 322/11, Honduras) medidas cautelares a favor de Miriam Miranda, objeto de amenazas y hostigamientos en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garífunas. La Comisión «solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Miriam Miranda, concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar«. Estas medidas cautelares y unas más a favor de líderes garífunas forman parte de las 80 medidas cautelares que convirtieron a Honduras en el Estado con mayor número de medidas cautelares según los resultados de un foro realizado en Tegucigalpa en el año 2013: el dato reviste interés en la medida en que evidencia la poca atención de las actuales autoridades de Honduras con relación al respeto de los derechos humanos. Un año atrás, en enero del 2010, la estación de radio garífuna “Faluna Binetu” fue incendiada por desconocidos (ver nota), sumándose a una larga lista de actos de intimidación, vejaciones y amenazas sufridos por la comunidad garífuna y por sus representantes, sin que ello provoque por parte de las autoridades de Honduras reacción alguna. Cabe señalar que en diciembre del 2013, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió a la petición de los representantes de las comunidades garífunas para poder contar con el apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
De posibles perspectivas:
La sentencia a dictarse en este caso (así como los relacionados con otras comunidades garífunas hondureñas) podría precisar el alcance de la jurisprudencia interamericana en el caso Saramaka contra Surinam (Nota 3), en particular en relación a los elementos culturales y espirituales que son parte intrínseca de la identidad de los pueblos indígenas y tribales del continente americano. En el caso de los garífunas hondureños, la UNESCO ha identificado la relación muy fuerte de su cultura con relación al agua (ver ficha técnica del Programa Hidrológico de la UNESCO). En el caso Saramaka contra Surinam, leemos que “la Corte, por lo tanto, concluye que los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de larga data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural y, asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio” (párr. 96, ver texto integral de la sentencia). Con relación a este último aspecto (el carácter colectivo de la propiedad), la Corte mostró su enojo ante las aseveraciones del Estado, y enfatizó (párr. 103) que: “/…/ es improcedente el argumento del Estado en cuanto a que es discriminatorio aprobar una ley que reconozca las formas comunales de posesión de la tierra. Es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida”. En lo que respecta al uso de los recursos naturales, sentenció sin mayor contemplación (párr. 121) a las autoridades de Surinam que: “De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”.
Conclusión:
En un reciente foro realizado en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la experta en temas indígenas Karine Rinaldi recordaba de manera muy clara que: «El estilo de vida no es meramente cuestión de posesión o producción sino un elemento material y espiritual base de su cultura, integridad y supervivencia» (ver nota publicada por Elpais.cr). El caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz contra Honduras podría dar lugar a una sentencia de los jueces de la Corte de San José que permita confortar algunos principios jurídicos esbozados con anterioridad, brindando así una luz de esperanza a muchos de los pueblos indígenas y tribales de América Latina golpeados por megaproyectos o iniciativas inconsultas de otro tipo que amenazan su supervivencia como comunidades. Un estudio sobre las diversas técnicas usadas por el juez interamericano en su jurisprudencia con relación a los elementos culturales concluye precisamente al respecto que: «… los conceptos amplificadores de los derechos convencionales mantienen la Convención en movimiento y son las herramientas por excelencia del juez interamericano para avivar esta primavera jurisprudencial» (Nota 4). Es muy probable que muchas comunidades del hemisferio americano que se han sentido en el pasado discriminadas, despojadas, humilladas (y hasta burladas) por sus propias autoridades estatales estén con algunas expectativas con relación al caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Los especialistas, analistas y demás observadores deberán por su parte mostrarse atentos (y alertas) a este caso y al contenido de la decisión de los jueces. Esperemos que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se muestren a la altura ante los desafíos que plantean las valientes comunidades garífunas hondureñas al sistema interamericano de protección de los derechos humanos como tal.
NOTAS:
Nota 1: Otro caso similar fue remitido por la Comisión a la Corte en octubre del 2013 (comunidad garífuna de Punta Piedra, ver para mayores detalles comunicado oficial de la CIDH) . En el 2007 la Comisión declaró de igual manera admisible una petición de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos (ver informe 39/07).
Nota 2: Véase estudio de CACHO CABALLERO X. M., “Derechos económicos, sociales y culturales de la población garífuna isleña en Honduras”, disponible aquí.
Nota 3: Véase estudio de RINALDI K. y RIVERA JUANISTI J., «Pueblo Saramaka versus Surinam: el derecho a la supervivencia de los pueblos indigenas y tribales como pueblos«. Los derechos de los pueblos indígenas también pueden ser analizados desde la perspectiva del derecho ambiental: remitimos a un estudio reciente de la experta Karine Rinaldi sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en relación al principio de no regresión: RINALDI K., «Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana«, disponible aqui, pp. 356-384.
Nota 4: Véase ESTUPIÑAN SILVA R., «Pueblos indígenas y tribales: la construcción de contenidos culturales inherentes en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos«, (cita extraída de la p. 612).
El 21 de mayo del presente, se realizó en la sede ubicada en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, un encuentro cultural entre garífunas y guanacastecos. Foto tomada de la página en Facebook Conferencias UCR Guanacaste.
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