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Etiqueta: impunidad

Protesta contra medidas señaladas en Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas

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El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.

En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia. 

Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Manifestación contra la violencia y la impunidad

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Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

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¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

Alerta temprana por incendios en los territorios originarios recuperados

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  • El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
  • Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano

Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.

Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras.
El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.

Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.

Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.

Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.

Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.

También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras/es Cabécares de Yuwi Senaglo.

Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Marcha contra la impunidad: ¡Sin justicia, no hay democracia!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Se le convoca a la Campaña Nacional contra la Impunidad en Costa Rica: no más impunidad a las agresiones dirigidas a pueblos indígenas que luchan por preservar sus tierras y cultura, mujeres y ecologistas.

Fecha: miércoles 26 de enero

Hora: 12:00 md

Lugar: Frente al Poder Judicial, San José Centro.

¡El poder judicial es una vergüenza! ¡Vamos a exigir justicia!

¡No más asesinos, violadores, ni agresores sueltos e impunes!

 

Enviado por Mauricio Álvarez Mora.

Camino a las Elecciones 2022 – Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia.
Proverbios. 8:15VBA

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.

  1. Aunque para algunos/as es sinónimo de robustecimiento de la democracia, nos preocupa el altísimo número de candidatos/as a la presidencia, con un programa de gobierno, muy bajo, en términos de no abordar los temas de las grandes mayorías empobrecidas. De acuerdo con la experiencia mundial e histórica y con la teoría política, el mayor enemigo de la democracia es la proliferación de partidos sin ideología, ni organización ni cuerpo.
  2. Lo anterior, podría revelar un hastío de la población ante las promesas incumplidas por parte de los anteriores candidatos/as y presidentes/as, y un posible deseo de gobernar, solo por ansias personales. O una estrategia de las clases dominantes para que haya cada vez más abstinencia y mantenerse en el poder, mediante la irresponsabilidad en la gobernanza, la indiferencia a las necesidades del pueblo y la corrupción e impunidad para seguir aumentando su riqueza.
  3. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, analizó algunos ejes temáticos basado en la información que los partidos políticos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 90% de los mismos, deja mucho que desear las propuestas presentadas en cuanto a Ambiente, Género, Economía, Empleo y Comercio, Educación Superior y Desarrollo en las Zonas Costeras. Nos inquieta que, en ninguna de estos aspectos fundamentales para el país y para la política internacional, el sujeto a destacar es el de las clases media y alta y está totalmente ausente el sujeto empobrecido, o sea el de la clase baja.
  4. Otro aspecto muy preocupante es la total ausencia al acceso directo de las propuestas para el pueblo. Es imposible para una persona, por sus condiciones materiales, acceder a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y leer sin ninguna mediación pedagógica la propuesta de 149 partidos inscritos (32 a escala nacional, 26 a escala provincial y 91 a escala cantonal). No es suficiente lo que los periodistas hagan.
  5. Hay necesidades que deben ser atendidas con carácter urgente por quienes pretender llegar a gobernar. Por ejemplo, asegurar trabajo para todas las personas, en especial para quienes están en este momento desempleadas que son el 15% de la población, es decir, cerca de 400 mil personas, es de la única manera que pueden bajar los niveles de criminalidad, de asaltos y consumo de adicciones, el hacinamiento carcelario; la impunidad de quienes invaden los territorios indígenas y el asesinato de sus líderes; cuidado real de los recursos naturales y mercado seguro para los productores nacionales, en especial los agropecuarios y agrícolas; opciones claras para la erradicación de la pobreza; erradicación de las distintas formas de discriminación y de todas las violencias de género, entre muchos otras necesidades más.
  6. Creemos que la sociedad costarricense, merece un trato más inteligente y justo de parte de los candidatos/as, ya que, al parecer, por un lado, solo se trata de ganar la presidencia para fines personales, y segundo, se subestima los aportes de los sectores populares.

Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes. Lucas. 1:52VBA

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Impunidad alienta violencia contra pueblos originarios – comunicado

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

Poder Judicial se muestra incapaz y sin voluntad para detener la reinante impunidad.

Jueves 13 de enero de 2022.

Al Estado y al pueblo de Costa Rica.

A las hermanas y hermanos de Pueblos Originarios y del mundo.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica, resultado de un sistema capitalista neocolonial, racista y patriarcal que genera violencias sistemáticas y estructurales.

Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó (Caribe) el pasado 30 de enero de 2021 y el hecho de que sus agresores, un hombre no indígena de apellido León y su hijo, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho Territorio, se encuentran libres; se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país.

Debido a la demora en la resolución del Expediente N.21000036-0465-AG-4, se ha mantenido la ocupación ilegal del terreno por parte de León, también sus amenazas, incumpliendo medidas cautelares y ante la desidia e inoperancia de las instancias judiciales, Leonel García fue atacado brutalmente a machetazos por León y su hijo, recibiendo heridas en sus manos, piernas, cabeza, cara y cuello por las cuales estuvo varios días en cuidados intensivos.

Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Sin embargo, el Estado ha sido omiso, por lo que decidimos recuperar legítimamente nuestras tierras de acuerdo con nuestra cultura e historia y al amparo de las leyes internacionales y nacionales y el derecho indígena.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra, la violencia y las violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la respuesta del Poder Judicial ha sido una vergonzosa impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias».

Son varios los casos de tentativas de homicidio contra compañeras y compañeros defensores de derechos de los Pueblos Originarios que hasta hoy se mantienen en la impunidad, por ejemplo:

– Tentativa de homicidio por agresión de una turba de 40 personas contra Minor Ortiz y otros (del Pueblo Bribri de Salitre), quienes resultaron heridos por machetes, palos y arma de fuego el 4 de enero de 2013; el caso fue archivado y en el mismo figuraban como sospechosos varias personas que ocupan ilegalmente ese territorio.

– Tentativa de homicidio contra Jerhy Rivera Rivera el 1 de setiembre de 2013; Jerhy fue asesinado en el 2020 y el primer caso quedo impune. Así mismo, se mantienen impunes varias tentativas de homicidios contra Pablo Sibas; ambos del Pueblo Brörán de Térraba.

– Tentativa de homicidio contra los mayores Antonio Torres y Adilio Ortiz del Pueblo Bribri de Yamabï Dí (Cabagra), el ataque fue perpetrado por una turba de 30 personas, Torres nunca se recuperó del ataque y murió en el 2018, Ortiz fue herido con machetes y arma de fuego, su salud no volvió a ser la misma; la agresión fue el 7 de abril de 2016 en la que participaron personas que ocupaban ilegalmente parte de ese Territorio y continua impune.

– Segunda tentativa de homicidio contra Minor Ortiz el 9 de febrero de 2020, la misma familia Figueroa Uva, que no pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, está involucrada en ambas tentativas y andan libres, incumpliendo las medidas cautelares constantemente y en la total impunidad.

– Amenazas de muerte denunciadas contra mujeres y hombres líderes y defensores de sus Pueblos y Territorios en la zona sur de Costa Rica (14 personas en el 2020) permanecen impunes.

– Asesinato por razones políticas de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, cobardemente asesinado a tiros en su casa, el 18 de marzo de 2019 y cuyos autores materiales e intelectuales (estos últimos de conocimiento público) disfrutan de la impunidad.

– En el caso del compañero Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, quien fue asesinado a balazos en defensa de su Territorio y Pueblo, en octubre de 2021 la instancia judicial correspondiente decidió elevar el caso a juicio, esperamos que no termine en otro caso impune.

Todas estas y otras anomalías fueron denunciadas y documentadas en el 2018 por varias organizaciones de Pueblos Originarios de la zona sur, ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la Defensoría de los Habitantes como testigos; sin embargo, en el 2020 se nos informó que las denuncias habían sido archivadas por la Inspección Judicial.

De igual manera, desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur hemos seguido documentando, investigando, denunciando e informando al Estado de Costa Rica sobre estas agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin encontrar respuestas satisfactorias.

Continuaremos en nuestras luchas por la justicia y la dignidad, recuperando y cultivando nuestras tierras, construyendo autonomías.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de Lucha por la Tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/443951890553548/

DENUNCIA INTERNACIONAL: CRIMEN DEL LÍDER LENCA HONDUREÑO PABLO HERNÁNDEZ RIVERA

Escrito en . Publicado en Derechos.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HONDURAS

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica repudiamos el vil asesinato de Pablo Hernández Rivera, joven líder comunitario lenca; comunicador social; defensor de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas; impulsor y gestor de la Universidad Indígena y de los Pueblos; director de Radio Tenán  “La Voz Indígena Lenca”; coordinador de las comunidades eclesiales de base y miembro del grupo pastoral indígena de AELAPI/Honduras en Gracias (Lempira); alcalde mayor de la Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín y presidente de la red de agro-ecólogos de la biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas. En  resumen, un joven y gran líder de la comunidad Lenca, cuyos asesinos truncaron su proyecto de vida junto a su pueblo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de enero a las 7:30 de la mañana cuando se dirigía a la iglesia, en la comunidad de Tierra Colorada, aldea de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, Honduras.

Según nos informan desde la comunidad, los responsables de este vil asesinato se adscriben a los intereses político-económicos de la zona que han estado atentando contra la población y líderes como Pablo por defender los derechos legítimos y territorios ancestrales de la comunidad lenca, y denunciar acciones de corrupción por parte de una autoridad local.

Destacamos que ocurre en el presente momento de transición de un régimen de naturaleza dictatorial encabezado por Juan Orlando Hernández, irrespetuoso de los Derechos Humanos en todas las dimensiones, frente al cual, la ciudadanía lo ha descalificado al elegir democráticamente a Xiomara Castro como Presidenta de Honduras.

Como organizaciones de Derechos Humanos y solidaridad Internacional, exigimos que se haga justicia y este crimen, junto a múltiples crímenes, no quede en la impunidad. También, exhortamos a la comunidad internacional para que se manifiesten en denuncia y solidaridad.

¡PABLO HERNÁNDEZ RIVERA VIVE!

¡NO MÁS IMPUNIDAD!

San José, Costa Rica, 11 de enero de 2022. 

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica

 

Imagen tomada de; https://articulo19.org/

Este proceso electoral debe cambiar el rumbo para no hundirnos en el lodazal de la corrupción

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco

Hoy arranca nuevamente la campaña política en nuestro país, con miras a las elecciones presidenciales y diputadiles el próximo 6 de febrero. Un evento a todas luces trascendental para el futuro del país.
Tenemos una cantidad de candidatos a la presidencia sin precedentes, como si se tratara de un concurso en el que pueden participar por participar, lo que disminuye, desgraciadamente, la importancia del puesto o puestos que se van a elegir. Esa es una debilidad de la democracia que deberá ser revisada más adelante. Hoy es el resultado de lo deteriorado que está el sistema y que desde luego, deberá restaurarse.
El resultado a tan sólo un mes y unos pocos días es incierto. Hay muchísima incertidumbre respecto a la toma de decisión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que es urgente que se tenga presente es que hay que salir a votar. Dos cosas exigen esa decisión de votar: primero, el elevar el porcentaje de participación y por ende bajar el abstencionismo. Eso legitimaría la elección cualquiera que sea. Y en segundo lugar, evitar que con pocos votos se elija en primera ronda a alguno de los candidatos. Si ya de por sí es complicada la elección, el no salir a votar lo complicaría mucho más.
El nuevo año nos trae responsabilidades enormes para con el país, para con nuestra Patria. Están en juego los siguientes cuatro años de la administración política de este país, una responsabilidad que todos delegamos con nuestro voto.
Esa es la ”llave” dice el Tribunal Supremo de Elecciones y es totalmente cierto, el voto abrirá o cerrará puertas a quienes pretenden llegar y esa decisión corresponde a cada uno de nosotros. No nos descuidemos, prestemos atención y analicemos nuestra decisión.
Dios quiera que nos ilumine y que estemos anuentes a asumir la responsabilidad que tenemos en este proceso electoral, cuyo resultado hará que los próximos 4 años sean de cambiar radicalmente el rumbo que llevamos o de continuar hundiéndonos en el lodazal de la corrupción, de la impunidad y de pobreza. Otros países han transitado ese camino y deberían servirnos de ejemplo.
Dios proteja a Costa Rica.