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Etiqueta: impunidad

El Estado costarricense continúa violentando a los pueblos originarios

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: 

Sólo en el 2020, 14 personas lideresas de Pueblos Originarios fueron amenazadas de muerte y la impunidad sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Naso-Brörán, continúa presente. Ese mismo año, el 9 de febrero Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, recibió un disparo en una de sus piernas por Eliodoro Figueroa Uva quién sigue en libertad y vive en la misma comunidad que Minor.

8 de diciembre del 2021. Como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de Pueblos Originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, a propósito de la visita del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos reiterar una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense y la administración Alvarado Quesada que está pronto a terminar.

Las violaciones del Estado y el Gobierno saliente en nuestra contra son reiteradas, sistemáticas y estructurales. Las estrategias para violentarnos son numerosas:

  1. Según el “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020” elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos. También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones. De las cuáles, el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
  2. La Fuerza Pública no es un actor imparcial y actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales. Ello a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado costarricense, el bloque de constitucionalidad y la Ley Indígena de 1977 son claras y contundentes al establecer que los territorios son inalienables y pertenecen únicamente a los Pueblos Originarios. Todas estas agresiones así como las que han ocurrido tras 11 años de organización y lucha por la recuperación de tierras-territorios ancestrales están al día de hoy IMPUNES.
  3. También están impunes los asesinatos de nuestros hermanos: Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Hermanos del Pueblo Bribri de Salitre y Naso-Brörán de Térraba que murieron defendiendo nuestros derechos como Pueblos y Territorios Indígenas. El acceso a la justicia es un derecho constantemente negado a nuestros Pueblos.
  4. El Gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los Gobiernos anteriores. Su Gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos. Además, el mismo gobierno ha reconocido que el Plan  de Recuperación de Territorios Indígenas  (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años; a pesar de que inició en 2017. Situación que evidencia la nula voluntad política del Gobierno de Alvarado por revertir la situación violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  5. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores.
  6. Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Estos fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
  7. Los Programa de Servicios Ambientales son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la CLSS, son consideradas como instancias estatales, impuestas e ilegítimas para nuestros Pueblos. A pesar de ello, el Gobierno continúa reconociendo la figura de la ADI en detrimento de nuestras organizaciones ancestrales. Así, el Estado establece diálogos con instituciones que no responden a nuestras necesidades ni tampoco a nuestra ancestralidad y espiritualidad.

Una prueba de la complicidad del Estado y las ADI se refleja en el hecho de que las únicas expropiaciones impulsadas por el Estado costarricense, en años pasados, fueron entregadas a la ADI de los Territorios más no a las personas que arriesgaron su vida por recuperar una tierra-territorio que siempre les perteneció. La administración Alvarado Quesada no se quedó atrás y durante su gestión ni un sólo terreno fue regresado a los Pueblos Originarios.

  1. Recientemente, han surgido organizaciones racistas en el país que arremeten en nuestra contra. Estas organizaciones fueron evidentes durante la escalada de violencia de febrero-marzo del año pasado, cuando fueron capaces de movilizar recursos y muchas personas para atacarnos. Entre esas organizaciones, rescatamos a la Asociación Pluriétnica y Multicultural que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra.

Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad.

“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros Territorios y Pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirán guiando hasta que nuestros Pueblos sean libres en sus tierras, hasta que nuestra cultura sea resguardada por la madre tierra”, declaró Lesner del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa de Salitre. Así, como organizaciones propias, como CLSS prometemos resistencia, tierra y libertad.

Para conocer más de las actividades y comunicados de Coordinadora de Lucha Sur Sur:

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/422328252715912/

Sembrar memoria contra la impunidad y el olvido

Por Mauricio Álvarez Mora. Docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA

Han pasado 27 años desde aquel 7 de diciembre de 1994 donde Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante murieron juntos, cuando un incendio destruyó la casa donde vivían los dos primeros.

Esa semana nos pagaron el aguinaldo y fuimos de compras en la tarde con María del Mar que estaba armando nido con Oscar. Hubo una invitación para esa noche, pero pudo más la responsabilidad de la propuesta que teníamos que presentar al otro día en el IMAS, para financiar un campamento de verano con jóvenes de la comunidad de Los Guidos organizado por el Programa de Juventud de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). Ese 6 de diciembre Oscar y María nos dejaron la llave de la oficina y fue la última vez que los veríamos con vida.

Eran tiempos de celebrar porque le habíamos ganado el pulso a las intenciones de industrializar el Golfo Dulce, recién el 3 de diciembre, tuvimos una actividad con la gente de las comunidades.

Cuatro días después, la casa de Óscar y María del Mar, en Guadalupe, fue destruida por un incendio. Nadie pudo escapar. Encontraron a María del Mar carbonizada mientras trataba de abrir la puerta, sin llave. Las rasgaduras en la puerta evidenciaron que trató de luchar hasta el final por salir, pero algo o alguien le impidió salir. Mientras Óscar y Jaime murieron sin incorporarse de las camas.

La investigación oficial del Organismo de Investigación Judicial no encontró causa oficial del incendio y que no hubo evidencias de “mano criminal”, mientras la construcción mediática fue cruel y despiadada al enfocar que la “fiesta” fue la responsable de las muertes, ya se venía construyendo una estigmatización mediática del ecologismo como unas personas “comunistas recicladas, bohemias, opuesta al desarrollo y subversivas.” Esa estigmatización sumada a lo inédito del acontecimiento sirvió para invisibilizar el contexto que estaba sucediendo como las amenazas y ataques al vehículo de la AECO y que se recibieron llamadas anónimas después de las muertes para asegurar que “la lista de asesinatos no había terminado.”

Sobre el contexto, desde finales de 1992 se llevó a cabo una campaña para frenar la construcción de un muelle y una planta astilladora en medio de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la península de Osa y en la parte más interior del golfo en el sector de Mogos.

A la cabeza de la campaña estuvo Óscar Fallas Baldi y María del Mar Cordero y muchos otros que integrábamos en ese momento AECO conformamos una alianza de vecinos de la península, ecologistas, grupos de mujeres, estudiantes, campesinos, científicos y redes internacionales. Esta coalición permitió llevar a cabo una de las más importantes luchas ecologistas del país, contra la Ston Forestal S.A. subsidiaria del gigante papelero Stone Container Corporation.

La parte industrial del proyecto se ubicaría en Punta Estrella, cortando el corredor biológico entre Corcovado y el Parque Nacional Esquinas. La intención era procesar y transportar la producción de 24.000 hectáreas de melina sembrada en la zona. Para esto se construiría un muelle para barcos de hasta 70.000 toneladas, y se esperaba un tránsito de 184 tráileres diarios en promedio uno cada cuatro minutos.

Lo que argumentábamos en contra del proyecto de Ston Forestal era, entre otras cosas, que la industrialización afectaría la biodiversidad del Golfo Dulce y de importantes áreas boscosas y protegidas, que el muelle traería contaminación a un sector prácticamente prístino y se llenaría de barcos con su contaminación donde habitan delfines, ballenas y una gran diversidad marina.

Después de poco más de dos años de lucha, la AECO y la gente de las comunidades lograron que se cambiara el sitio de la construcción y las condiciones del proyecto. Fue la primera campaña del ecologismo social que se gestionó en el país partiendo de la articulación con las comunidades, formación de comités locales, giras con periodistas y autoridades nacionales, gestiones de incidencia ante entidades estatales, denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, manifestaciones, recursos de amparo, debates y un factor decisivo fue la articulación internacional con organizaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra y muchas otras.

Con el cambio de gobierno el primer reto ambiental de la administración Figueres fue resolver el conflicto con la Ston. Pronto se dan las primeras reuniones entre la AECO y el nuevo ministro de Ambiente, René Castro, para buscar una salida al problema. En ese momento se forma un comité de análisis y replanteamiento de la autorización concedida a Ston Conteiner y sus subsidiarias, en el que participa la AECO y otros actores institucionales. Luego de un proceso de negociación, en octubre de 1994 se logra un acuerdo histórico y la Stone Container acepta la reubicación del proyecto en Cerro Partido o Punta Purrujas, cerca de Golfito. El acuerdo fue precipitado porque la Contraloría rechazó el contrato entre Ston Forestal y el gobierno costarricense por la construcción del muelle en sector de Mogos.

Estos hechos marcaron para siempre muchas vidas, tuvieron repercusiones a todos los niveles y dimensiones. Por un lado, la campaña exitosa fue semilla de muchas otras más que vinieron y que usaron de modelo de inspiración y por otro lado terminó de desmembrar a AECO para dar paso a otro tipo de organicidad social, para las familias hubo muchos impactos que hoy siguen presentes. Un gran dolor, incertidumbre, miedo y luto envolvió a gente muy cercana que simplemente no pudo superar estos hechos.

Hoy, 27 años después, se les sigue queriendo y recordando de muchas formas, siguen presentes siempre multiplicando la vida.

LO COLONIAL EN FORMA Y FONDO

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.

Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.

En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.

Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.

Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.

Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.

Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.

El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.

La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.

Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.

Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.

La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.

Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.

Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.

A nivel nacional, por ejemplo.

FRENAPI: La violencia cultural abierta expresada en las palabras del alcalde de Matina

FRENAPI comparte un comunicado de prensa urgente a la opinión nacional e internacional.

La indignación contra las denigrantes, peyorativas e hirientes palabras que el alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, sostuvo en una conversación telefónica con el Gerente de la empresa MECO, Abel González, en contra de las mujeres indígenas, los pueblos y territorios indígenas y los derechos humanos de los mismos.

No más racismo y discriminación, las mujeres indígenas NO somos mercancía ni moneda de cambio de ningún gobierno ni persona. 

¡Justicia y NO más impunidad!!

Se adjunta el comunicado de FRENAPI en el PDF adjunto

Publicación en https://www.facebook.com/306824652789688/posts/2316897541782379/

 

Compartido con SURCOS por Pablo Sibar.

Familias Sobreviviendo el Femicidio: Caso de Fernanda y Raisha

Familias Sobreviviendo el Femicidio

San José, 23 de noviembre 2021

A raíz de la liberación del principal sospechoso de la autoría intelectual de los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y de Raisha Ríos Sánchez manifestamos.

  • Luego de la abundante y contundente prueba aportada por el OIJ, es inexplicable e injustificable la medida de dejar en libertad al sospechoso Carmen Fabio Ríos Garro, pareja y padre de las víctimas y presunto autor intelectual de sus muertes.
  • Reclamamos al Poder Judicial, específicamente a los jueces de Cartago, por seguir con una conducta de desprecio y misoginia en contra de las víctimas de femicidio y sus familias. En los últimos meses hemos visto con tristeza su accionar en los casos de Luany, Alisson y ahora con Raisha y Fernanda. Alejados de las consideraciones y realidades de la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres. Que solo refuerza estas conductas violentas y despreciables. Que además envía un pésimo mensaje a la sociedad y rehúye el papel formador y ejemplarizante que le corresponde a la administración de justicia en un Estado de Derecho.
  • Apoyamos a la familia Sánchez Aguilar y exigimos que la justicia llegue pronto a aliviar y reparar sus vidas. Los jueces no pueden seguir desconectados de la realidad que viven y sufren con sangre y muerte las víctimas y sus familias. No están solas. Grupo de Familias Sobrevivido al Femicidio.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Una estructura criminal

Óscar Madrigal

De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.

Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.

La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.

En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.

La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.

La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.

El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.

Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.

En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.

Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.

Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.

A la comunidad nacional e internacional: 30 meses de asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Nada que celebrar

Bicentenario de un Estado excluyente y racista

Hoy 18 de setiembre de 2021, se cumplen 30 meses del ASESINATO IMPUNE de nuestro compañero, Bribri de Salitre, Uniwak Sergio Rojas Ortiz, fundador y (Co) Coordinador del frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Madre Tierra (Ditsô Iriria Ajkönuck Wapka- CODIAW). El Estado “celebra” 200 años (bicentenario) de la libertad como «colonia» del yugo español; sin embargo, los Pueblos Indígenas, no tenemos NADA QUE CELEBRAR; pues en esas “celebraciones” se invisibilizan 300 años de la guerra de conquista y coloniaje, violaciones, arrebatos, esclavitud y humillación, junto al comercio de indígenas y afros, borrando y eliminando a sangre y muerte, tradiciones culturales, servidores y autoridades ancestrales, persiguiendo y aniquilando sus conocimientos y sabidurías, imponiendo así su Estado, su religión, su idioma, sus símbolos “nacionales” y sus visiones de “educación y civilización”. Y en los 200 años de “independencia” no ha cesado esa violencia, como lo demuestran los hechos más recientes. La independencia fue gestada y promovida por los criollos españoles en América, que les beneficiaba en sus negocios y ganancias y dejar de tributar a las metrópolis europeas. Los Pueblos Indígenas, como costarricenses, sabemos que no podemos regresar el tiempo, pero NO podemos olvidar; el Estado Costarricense debe reconocer esa historia para que no continúe el exterminio y debe REPARAR, con justicia pronta y cumplida, lo que queda de la Memoria Viva de los Pueblos Indígenas y sus Derechos Humanos. Tenemos mucho que aportarle a nuestro país, queremos que sea inclusivo, justo, equitativo y respetuoso de la diversidad. Los Pueblos Indígenas seguimos en resistencia, a pesar de los asesinatos, las campañas de odio, la impunidad y la burla de las Instituciones y Poderes del Estado/Gobierno. Los asesinatos, amenazas y agresiones permanentes de usurpadores de nuestras Tierras/Territorio, las divisiones internas promovidas por las estatales Adis y Conai; el no reconocimiento de nuestros/as servidores y autoridades propias; el asistencialismo clientelista electorero; la invasión de religiones que NO respetan nuestras visiones y espiritualidades; la imposición de sistemas educativos y de salud que NO toman en cuenta el conocimiento y las sabidurías milenarias de nuestros pueblos; la imposición de políticas públicas de instituciones estatales, irrespetando nuestras costumbres y maneras de vivir; entre otras cosas; TODO, en colaboración y/o complicidad del Estado/Gobiernos (de turno), envían una señal de etnocidio, o sea que nos quieren destruir como Naciones Indígenas. Hasta el día de hoy seguimos sufriendo el racismo y la discriminación desde los Tres Poderes del Estado, y NO podemos dejar de lado la prensa nacional: medios como La Extra, La Nación, Canal 7, y ciertos Medios y canales Locales, que han manipulado y malversado información, tergiversando la imagen y las luchas históricas de los Pueblos Indígenas, con claras intenciones de beneficiar particulares intereses. Existen leyes y Convenios Internacionales de DDHH, que benefician a los Pueblos Indígenas, el Estado costarricense es lento para hacer justicia y aplicar esas leyes, dejando abierto el camino a la violencia y la impunidad. No pedimos nada, solo que se cumplan y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en especial los establecidos en la Ley Indígena (6172), el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los DDHH de los Pueblos Indígenas, ONU (2008). Ahora más que nunca estamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados. Estamos y seguimos en esta lucha por defender nuestros derechos.

¡HERMANAS Y HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS SEGUIMOS EN LUCHA!
¡EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA NO SE DETIENE!
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE

 

Compartido con SURCOS por Suyen Vega.

El despojo de Aldesa sigue impune

El pasado domingo 19 de setiembre se dio la manifestación llamada “Brunch del huevo duro”. La marcha es parte de las acciones directas, no-violentas, que se organizan para  visibilizar públicamente el despojo que realizaron los hermanos Javier y Oscar Chaves Bolaños, de Aldesa, y los integrantes de su Junta Directiva contra más de 30 mil personas, de las cuales 27.550 son trabajadores solidaristas.

La protesta se dio en la entrada del Country Club, del cual son socios los hermanos Chaves. Con esta, lo que se pretende es impulsar la pesquisa por la suspensión de pagos a cerca de 500 clientes de proyectos inmobiliarios que invirtieron más de $200 millones en el grupo y que, en la medida de lo posible, esos dineros sean regresados a las víctimas.

Para más información puede visitar el siguiente enlace https://www.facebook.com/El-despojo-de-Aldesa-sigue-impune-101555184769373/ 

 

Información compartida con SURCOS por Flora Fernández Amón.

Bicentenario de un Estado excluyente y racista

Comunicado de FRENAPI
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
30 MESES DEL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ
NADA QUE CELEBRAR

Este 18 de setiembre de 2021, se cumplen 30 meses del ASESINATO IMPUNE de nuestro compañero, Bribri de Salitre, Uniwak Sergio Rojas Ortiz, fundador y (Co) Coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Madre Tierra (Ditsô Iriria Ajkönuck Wapka- CODIAW).

El Estado “celebra” 200 años (bicentenario) de la libertad como «colonia» del yugo español; sin embargo, los Pueblos Indígenas, no tenemos NADA QUE CELEBRAR; pues en esas “celebraciones” se invisibilizan 300 años de la guerra de conquista y coloniaje, violaciones, arrebatos, esclavitud y humillación, junto al comercio de indígenas y afros, borrando y eliminando a sangre y muerte, tradiciones culturales, servidores y autoridades ancestrales, persiguiendo y aniquilando sus conocimientos y sabidurías, imponiendo así su Estado, su religión, su idioma, sus símbolos “nacionales” y sus visiones de “educación y civilización”. Y en los 200 años de “independencia” no ha cesado esa violencia, como lo demuestran los hechos más recientes.

La independencia fue gestada y promovida por los criollos españoles en América, que les beneficiaba en sus negocios y ganancias y dejar de tributar a las metrópolis europeas.

Los Pueblos Indígenas, como costarricenses, sabemos que no podemos regresar el tiempo, pero NO podemos olvidar; el Estado Costarricense debe reconocer esa historia para que no continúe el exterminio y debe REPARAR, con justicia pronta y cumplida, lo que queda de la Memoria Viva de los Pueblos Indígenas y sus Derechos Humanos. Tenemos mucho que aportarle a nuestro país, queremos que sea inclusivo, justo, equitativo y respetuoso de la diversidad.

Los Pueblos Indígenas seguimos en resistencia, a pesar de los asesinatos, las campañas de odio, la impunidad y la burla de las Instituciones y Poderes del Estado/Gobierno. Los asesinatos, amenazas y agresiones permanentes de usurpadores de nuestras Tierras/Territorio, las divisiones internas promovidas por las estatales Adis y Conai; el no reconocimiento de nuestros/as servidores y autoridades propias; el asistencialismo clientelista electorero; la invasión de religiones que NO respetan nuestras visiones y espiritualidades; la imposición de sistemas educativos y de salud que NO toman en cuenta el conocimiento y las sabidurías milenarias de nuestros pueblos; la imposición de políticas públicas de instituciones estatales, irrespetando nuestras costumbres y maneras de vivir; entre otras cosas; TODO, en colaboración y/o complicidad del Estado/Gobiernos (de turno), envían una señal de etnocidio, o sea que nos quieren destruir como Naciones Indígenas. Hasta el día de hoy seguimos sufriendo el racismo y la discriminación desde los Tres Poderes del Estado, y NO podemos dejar de lado la prensa nacional: medios como La Extra, La Nación, Canal 7, y ciertos medios y canales locales, que han manipulado y malversado información, tergiversando la imagen y las luchas históricas de los Pueblos Indígenas, con claras intenciones de beneficiar particulares intereses.

Existen leyes y Convenios Internacionales de DDHH, que benefician a los Pueblos Indígenas, el Estado costarricense es lento para hacer justicia y aplicar esas leyes, dejando abierto el camino a la violencia y la impunidad.

No pedimos nada, solo que se cumplan y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en especial los establecidos en la Ley Indígena (6172), el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los DDHH de los Pueblos Indígenas, ONU (2008).

Ahora más que nunca estamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados. Estamos y seguimos en esta lucha por defender nuestros derechos.

¡HERMANAS Y HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS SEGUIMOS EN LUCHA!
¡EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA NO SE DETIENE!
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña:
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
18 DE SETIEMBRE, 2021

No más impunidad en Honduras

D19, ACODEUH y Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras invitan al Foro Internacional «No más impunidad en Honduras» en el cual se contará con la participación de: 

  • Norma Rodríguez – Madre de Keyla Martínez
  • Lucy Pagoada Quesada
  • José Carlos Cardona Erazo
  • Dora Lilith Cálix
  • Félix Ovidio Cubias
  • Trino Barrantes Araya

El foro se dará el día 19 de agosto a las 7:30 pm hora C.A / 9:30 p.m hora New York, el foro se podrá sintonizar por medio de Facebook Live Justicia para Keyla Martínez