Ir al contenido principal

Etiqueta: impunidad

Impunidad alienta violencia contra pueblos originarios – comunicado

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

Poder Judicial se muestra incapaz y sin voluntad para detener la reinante impunidad.

Jueves 13 de enero de 2022.

Al Estado y al pueblo de Costa Rica.

A las hermanas y hermanos de Pueblos Originarios y del mundo.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica, resultado de un sistema capitalista neocolonial, racista y patriarcal que genera violencias sistemáticas y estructurales.

Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó (Caribe) el pasado 30 de enero de 2021 y el hecho de que sus agresores, un hombre no indígena de apellido León y su hijo, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho Territorio, se encuentran libres; se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país.

Debido a la demora en la resolución del Expediente N.21000036-0465-AG-4, se ha mantenido la ocupación ilegal del terreno por parte de León, también sus amenazas, incumpliendo medidas cautelares y ante la desidia e inoperancia de las instancias judiciales, Leonel García fue atacado brutalmente a machetazos por León y su hijo, recibiendo heridas en sus manos, piernas, cabeza, cara y cuello por las cuales estuvo varios días en cuidados intensivos.

Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Sin embargo, el Estado ha sido omiso, por lo que decidimos recuperar legítimamente nuestras tierras de acuerdo con nuestra cultura e historia y al amparo de las leyes internacionales y nacionales y el derecho indígena.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra, la violencia y las violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la respuesta del Poder Judicial ha sido una vergonzosa impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias».

Son varios los casos de tentativas de homicidio contra compañeras y compañeros defensores de derechos de los Pueblos Originarios que hasta hoy se mantienen en la impunidad, por ejemplo:

– Tentativa de homicidio por agresión de una turba de 40 personas contra Minor Ortiz y otros (del Pueblo Bribri de Salitre), quienes resultaron heridos por machetes, palos y arma de fuego el 4 de enero de 2013; el caso fue archivado y en el mismo figuraban como sospechosos varias personas que ocupan ilegalmente ese territorio.

– Tentativa de homicidio contra Jerhy Rivera Rivera el 1 de setiembre de 2013; Jerhy fue asesinado en el 2020 y el primer caso quedo impune. Así mismo, se mantienen impunes varias tentativas de homicidios contra Pablo Sibas; ambos del Pueblo Brörán de Térraba.

– Tentativa de homicidio contra los mayores Antonio Torres y Adilio Ortiz del Pueblo Bribri de Yamabï Dí (Cabagra), el ataque fue perpetrado por una turba de 30 personas, Torres nunca se recuperó del ataque y murió en el 2018, Ortiz fue herido con machetes y arma de fuego, su salud no volvió a ser la misma; la agresión fue el 7 de abril de 2016 en la que participaron personas que ocupaban ilegalmente parte de ese Territorio y continua impune.

– Segunda tentativa de homicidio contra Minor Ortiz el 9 de febrero de 2020, la misma familia Figueroa Uva, que no pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, está involucrada en ambas tentativas y andan libres, incumpliendo las medidas cautelares constantemente y en la total impunidad.

– Amenazas de muerte denunciadas contra mujeres y hombres líderes y defensores de sus Pueblos y Territorios en la zona sur de Costa Rica (14 personas en el 2020) permanecen impunes.

– Asesinato por razones políticas de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, cobardemente asesinado a tiros en su casa, el 18 de marzo de 2019 y cuyos autores materiales e intelectuales (estos últimos de conocimiento público) disfrutan de la impunidad.

– En el caso del compañero Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, quien fue asesinado a balazos en defensa de su Territorio y Pueblo, en octubre de 2021 la instancia judicial correspondiente decidió elevar el caso a juicio, esperamos que no termine en otro caso impune.

Todas estas y otras anomalías fueron denunciadas y documentadas en el 2018 por varias organizaciones de Pueblos Originarios de la zona sur, ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la Defensoría de los Habitantes como testigos; sin embargo, en el 2020 se nos informó que las denuncias habían sido archivadas por la Inspección Judicial.

De igual manera, desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur hemos seguido documentando, investigando, denunciando e informando al Estado de Costa Rica sobre estas agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin encontrar respuestas satisfactorias.

Continuaremos en nuestras luchas por la justicia y la dignidad, recuperando y cultivando nuestras tierras, construyendo autonomías.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de Lucha por la Tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/443951890553548/

DENUNCIA INTERNACIONAL: CRIMEN DEL LÍDER LENCA HONDUREÑO PABLO HERNÁNDEZ RIVERA

Escrito en . Publicado en Derechos.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HONDURAS

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica repudiamos el vil asesinato de Pablo Hernández Rivera, joven líder comunitario lenca; comunicador social; defensor de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas; impulsor y gestor de la Universidad Indígena y de los Pueblos; director de Radio Tenán  “La Voz Indígena Lenca”; coordinador de las comunidades eclesiales de base y miembro del grupo pastoral indígena de AELAPI/Honduras en Gracias (Lempira); alcalde mayor de la Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín y presidente de la red de agro-ecólogos de la biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas. En  resumen, un joven y gran líder de la comunidad Lenca, cuyos asesinos truncaron su proyecto de vida junto a su pueblo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 de enero a las 7:30 de la mañana cuando se dirigía a la iglesia, en la comunidad de Tierra Colorada, aldea de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, Honduras.

Según nos informan desde la comunidad, los responsables de este vil asesinato se adscriben a los intereses político-económicos de la zona que han estado atentando contra la población y líderes como Pablo por defender los derechos legítimos y territorios ancestrales de la comunidad lenca, y denunciar acciones de corrupción por parte de una autoridad local.

Destacamos que ocurre en el presente momento de transición de un régimen de naturaleza dictatorial encabezado por Juan Orlando Hernández, irrespetuoso de los Derechos Humanos en todas las dimensiones, frente al cual, la ciudadanía lo ha descalificado al elegir democráticamente a Xiomara Castro como Presidenta de Honduras.

Como organizaciones de Derechos Humanos y solidaridad Internacional, exigimos que se haga justicia y este crimen, junto a múltiples crímenes, no quede en la impunidad. También, exhortamos a la comunidad internacional para que se manifiesten en denuncia y solidaridad.

¡PABLO HERNÁNDEZ RIVERA VIVE!

¡NO MÁS IMPUNIDAD!

San José, Costa Rica, 11 de enero de 2022. 

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica

 

Imagen tomada de; https://articulo19.org/

Este proceso electoral debe cambiar el rumbo para no hundirnos en el lodazal de la corrupción

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco

Hoy arranca nuevamente la campaña política en nuestro país, con miras a las elecciones presidenciales y diputadiles el próximo 6 de febrero. Un evento a todas luces trascendental para el futuro del país.
Tenemos una cantidad de candidatos a la presidencia sin precedentes, como si se tratara de un concurso en el que pueden participar por participar, lo que disminuye, desgraciadamente, la importancia del puesto o puestos que se van a elegir. Esa es una debilidad de la democracia que deberá ser revisada más adelante. Hoy es el resultado de lo deteriorado que está el sistema y que desde luego, deberá restaurarse.
El resultado a tan sólo un mes y unos pocos días es incierto. Hay muchísima incertidumbre respecto a la toma de decisión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que es urgente que se tenga presente es que hay que salir a votar. Dos cosas exigen esa decisión de votar: primero, el elevar el porcentaje de participación y por ende bajar el abstencionismo. Eso legitimaría la elección cualquiera que sea. Y en segundo lugar, evitar que con pocos votos se elija en primera ronda a alguno de los candidatos. Si ya de por sí es complicada la elección, el no salir a votar lo complicaría mucho más.
El nuevo año nos trae responsabilidades enormes para con el país, para con nuestra Patria. Están en juego los siguientes cuatro años de la administración política de este país, una responsabilidad que todos delegamos con nuestro voto.
Esa es la ”llave” dice el Tribunal Supremo de Elecciones y es totalmente cierto, el voto abrirá o cerrará puertas a quienes pretenden llegar y esa decisión corresponde a cada uno de nosotros. No nos descuidemos, prestemos atención y analicemos nuestra decisión.
Dios quiera que nos ilumine y que estemos anuentes a asumir la responsabilidad que tenemos en este proceso electoral, cuyo resultado hará que los próximos 4 años sean de cambiar radicalmente el rumbo que llevamos o de continuar hundiéndonos en el lodazal de la corrupción, de la impunidad y de pobreza. Otros países han transitado ese camino y deberían servirnos de ejemplo.
Dios proteja a Costa Rica.

El Estado costarricense continúa violentando a los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: 

Sólo en el 2020, 14 personas lideresas de Pueblos Originarios fueron amenazadas de muerte y la impunidad sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Naso-Brörán, continúa presente. Ese mismo año, el 9 de febrero Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, recibió un disparo en una de sus piernas por Eliodoro Figueroa Uva quién sigue en libertad y vive en la misma comunidad que Minor.

8 de diciembre del 2021. Como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de Pueblos Originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, a propósito de la visita del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos reiterar una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense y la administración Alvarado Quesada que está pronto a terminar.

Las violaciones del Estado y el Gobierno saliente en nuestra contra son reiteradas, sistemáticas y estructurales. Las estrategias para violentarnos son numerosas:

  1. Según el “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020” elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos. También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones. De las cuáles, el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
  2. La Fuerza Pública no es un actor imparcial y actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales. Ello a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado costarricense, el bloque de constitucionalidad y la Ley Indígena de 1977 son claras y contundentes al establecer que los territorios son inalienables y pertenecen únicamente a los Pueblos Originarios. Todas estas agresiones así como las que han ocurrido tras 11 años de organización y lucha por la recuperación de tierras-territorios ancestrales están al día de hoy IMPUNES.
  3. También están impunes los asesinatos de nuestros hermanos: Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Hermanos del Pueblo Bribri de Salitre y Naso-Brörán de Térraba que murieron defendiendo nuestros derechos como Pueblos y Territorios Indígenas. El acceso a la justicia es un derecho constantemente negado a nuestros Pueblos.
  4. El Gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los Gobiernos anteriores. Su Gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos. Además, el mismo gobierno ha reconocido que el Plan  de Recuperación de Territorios Indígenas  (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años; a pesar de que inició en 2017. Situación que evidencia la nula voluntad política del Gobierno de Alvarado por revertir la situación violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  5. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores.
  6. Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Estos fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
  7. Los Programa de Servicios Ambientales son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la CLSS, son consideradas como instancias estatales, impuestas e ilegítimas para nuestros Pueblos. A pesar de ello, el Gobierno continúa reconociendo la figura de la ADI en detrimento de nuestras organizaciones ancestrales. Así, el Estado establece diálogos con instituciones que no responden a nuestras necesidades ni tampoco a nuestra ancestralidad y espiritualidad.

Una prueba de la complicidad del Estado y las ADI se refleja en el hecho de que las únicas expropiaciones impulsadas por el Estado costarricense, en años pasados, fueron entregadas a la ADI de los Territorios más no a las personas que arriesgaron su vida por recuperar una tierra-territorio que siempre les perteneció. La administración Alvarado Quesada no se quedó atrás y durante su gestión ni un sólo terreno fue regresado a los Pueblos Originarios.

  1. Recientemente, han surgido organizaciones racistas en el país que arremeten en nuestra contra. Estas organizaciones fueron evidentes durante la escalada de violencia de febrero-marzo del año pasado, cuando fueron capaces de movilizar recursos y muchas personas para atacarnos. Entre esas organizaciones, rescatamos a la Asociación Pluriétnica y Multicultural que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra.

Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad.

“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros Territorios y Pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirán guiando hasta que nuestros Pueblos sean libres en sus tierras, hasta que nuestra cultura sea resguardada por la madre tierra”, declaró Lesner del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa de Salitre. Así, como organizaciones propias, como CLSS prometemos resistencia, tierra y libertad.

Para conocer más de las actividades y comunicados de Coordinadora de Lucha Sur Sur:

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/422328252715912/

Sembrar memoria contra la impunidad y el olvido

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Mauricio Álvarez Mora. Docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA

Han pasado 27 años desde aquel 7 de diciembre de 1994 donde Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante murieron juntos, cuando un incendio destruyó la casa donde vivían los dos primeros.

Esa semana nos pagaron el aguinaldo y fuimos de compras en la tarde con María del Mar que estaba armando nido con Oscar. Hubo una invitación para esa noche, pero pudo más la responsabilidad de la propuesta que teníamos que presentar al otro día en el IMAS, para financiar un campamento de verano con jóvenes de la comunidad de Los Guidos organizado por el Programa de Juventud de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). Ese 6 de diciembre Oscar y María nos dejaron la llave de la oficina y fue la última vez que los veríamos con vida.

Eran tiempos de celebrar porque le habíamos ganado el pulso a las intenciones de industrializar el Golfo Dulce, recién el 3 de diciembre, tuvimos una actividad con la gente de las comunidades.

Cuatro días después, la casa de Óscar y María del Mar, en Guadalupe, fue destruida por un incendio. Nadie pudo escapar. Encontraron a María del Mar carbonizada mientras trataba de abrir la puerta, sin llave. Las rasgaduras en la puerta evidenciaron que trató de luchar hasta el final por salir, pero algo o alguien le impidió salir. Mientras Óscar y Jaime murieron sin incorporarse de las camas.

La investigación oficial del Organismo de Investigación Judicial no encontró causa oficial del incendio y que no hubo evidencias de “mano criminal”, mientras la construcción mediática fue cruel y despiadada al enfocar que la “fiesta” fue la responsable de las muertes, ya se venía construyendo una estigmatización mediática del ecologismo como unas personas “comunistas recicladas, bohemias, opuesta al desarrollo y subversivas.” Esa estigmatización sumada a lo inédito del acontecimiento sirvió para invisibilizar el contexto que estaba sucediendo como las amenazas y ataques al vehículo de la AECO y que se recibieron llamadas anónimas después de las muertes para asegurar que “la lista de asesinatos no había terminado.”

Sobre el contexto, desde finales de 1992 se llevó a cabo una campaña para frenar la construcción de un muelle y una planta astilladora en medio de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la península de Osa y en la parte más interior del golfo en el sector de Mogos.

A la cabeza de la campaña estuvo Óscar Fallas Baldi y María del Mar Cordero y muchos otros que integrábamos en ese momento AECO conformamos una alianza de vecinos de la península, ecologistas, grupos de mujeres, estudiantes, campesinos, científicos y redes internacionales. Esta coalición permitió llevar a cabo una de las más importantes luchas ecologistas del país, contra la Ston Forestal S.A. subsidiaria del gigante papelero Stone Container Corporation.

La parte industrial del proyecto se ubicaría en Punta Estrella, cortando el corredor biológico entre Corcovado y el Parque Nacional Esquinas. La intención era procesar y transportar la producción de 24.000 hectáreas de melina sembrada en la zona. Para esto se construiría un muelle para barcos de hasta 70.000 toneladas, y se esperaba un tránsito de 184 tráileres diarios en promedio uno cada cuatro minutos.

Lo que argumentábamos en contra del proyecto de Ston Forestal era, entre otras cosas, que la industrialización afectaría la biodiversidad del Golfo Dulce y de importantes áreas boscosas y protegidas, que el muelle traería contaminación a un sector prácticamente prístino y se llenaría de barcos con su contaminación donde habitan delfines, ballenas y una gran diversidad marina.

Después de poco más de dos años de lucha, la AECO y la gente de las comunidades lograron que se cambiara el sitio de la construcción y las condiciones del proyecto. Fue la primera campaña del ecologismo social que se gestionó en el país partiendo de la articulación con las comunidades, formación de comités locales, giras con periodistas y autoridades nacionales, gestiones de incidencia ante entidades estatales, denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, manifestaciones, recursos de amparo, debates y un factor decisivo fue la articulación internacional con organizaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra y muchas otras.

Con el cambio de gobierno el primer reto ambiental de la administración Figueres fue resolver el conflicto con la Ston. Pronto se dan las primeras reuniones entre la AECO y el nuevo ministro de Ambiente, René Castro, para buscar una salida al problema. En ese momento se forma un comité de análisis y replanteamiento de la autorización concedida a Ston Conteiner y sus subsidiarias, en el que participa la AECO y otros actores institucionales. Luego de un proceso de negociación, en octubre de 1994 se logra un acuerdo histórico y la Stone Container acepta la reubicación del proyecto en Cerro Partido o Punta Purrujas, cerca de Golfito. El acuerdo fue precipitado porque la Contraloría rechazó el contrato entre Ston Forestal y el gobierno costarricense por la construcción del muelle en sector de Mogos.

Estos hechos marcaron para siempre muchas vidas, tuvieron repercusiones a todos los niveles y dimensiones. Por un lado, la campaña exitosa fue semilla de muchas otras más que vinieron y que usaron de modelo de inspiración y por otro lado terminó de desmembrar a AECO para dar paso a otro tipo de organicidad social, para las familias hubo muchos impactos que hoy siguen presentes. Un gran dolor, incertidumbre, miedo y luto envolvió a gente muy cercana que simplemente no pudo superar estos hechos.

Hoy, 27 años después, se les sigue queriendo y recordando de muchas formas, siguen presentes siempre multiplicando la vida.

LO COLONIAL EN FORMA Y FONDO

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.

Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.

En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.

Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.

Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.

Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.

Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.

El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.

La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.

Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.

Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.

La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.

Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.

Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.

A nivel nacional, por ejemplo.

FRENAPI: La violencia cultural abierta expresada en las palabras del alcalde de Matina

Escrito en . Publicado en Derechos.

FRENAPI comparte un comunicado de prensa urgente a la opinión nacional e internacional.

La indignación contra las denigrantes, peyorativas e hirientes palabras que el alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, sostuvo en una conversación telefónica con el Gerente de la empresa MECO, Abel González, en contra de las mujeres indígenas, los pueblos y territorios indígenas y los derechos humanos de los mismos.

No más racismo y discriminación, las mujeres indígenas NO somos mercancía ni moneda de cambio de ningún gobierno ni persona. 

¡Justicia y NO más impunidad!!

Se adjunta el comunicado de FRENAPI en el PDF adjunto

Publicación en https://www.facebook.com/306824652789688/posts/2316897541782379/

Comunicado-FRENAPI-1-de-Diciembre-2021Descarga

 

Compartido con SURCOS por Pablo Sibar.

Familias Sobreviviendo el Femicidio: Caso de Fernanda y Raisha

Escrito en . Publicado en Derechos.

Familias Sobreviviendo el Femicidio

San José, 23 de noviembre 2021

A raíz de la liberación del principal sospechoso de la autoría intelectual de los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y de Raisha Ríos Sánchez manifestamos.

  • Luego de la abundante y contundente prueba aportada por el OIJ, es inexplicable e injustificable la medida de dejar en libertad al sospechoso Carmen Fabio Ríos Garro, pareja y padre de las víctimas y presunto autor intelectual de sus muertes.
  • Reclamamos al Poder Judicial, específicamente a los jueces de Cartago, por seguir con una conducta de desprecio y misoginia en contra de las víctimas de femicidio y sus familias. En los últimos meses hemos visto con tristeza su accionar en los casos de Luany, Alisson y ahora con Raisha y Fernanda. Alejados de las consideraciones y realidades de la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres. Que solo refuerza estas conductas violentas y despreciables. Que además envía un pésimo mensaje a la sociedad y rehúye el papel formador y ejemplarizante que le corresponde a la administración de justicia en un Estado de Derecho.
  • Apoyamos a la familia Sánchez Aguilar y exigimos que la justicia llegue pronto a aliviar y reparar sus vidas. Los jueces no pueden seguir desconectados de la realidad que viven y sufren con sangre y muerte las víctimas y sus familias. No están solas. Grupo de Familias Sobrevivido al Femicidio.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Una estructura criminal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.

Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.

La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.

En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.

La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.

La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.

El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.

Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.

En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.

Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.

Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.

A la comunidad nacional e internacional: 30 meses de asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nada que celebrar

Bicentenario de un Estado excluyente y racista

Hoy 18 de setiembre de 2021, se cumplen 30 meses del ASESINATO IMPUNE de nuestro compañero, Bribri de Salitre, Uniwak Sergio Rojas Ortiz, fundador y (Co) Coordinador del frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Madre Tierra (Ditsô Iriria Ajkönuck Wapka- CODIAW). El Estado “celebra” 200 años (bicentenario) de la libertad como «colonia» del yugo español; sin embargo, los Pueblos Indígenas, no tenemos NADA QUE CELEBRAR; pues en esas “celebraciones” se invisibilizan 300 años de la guerra de conquista y coloniaje, violaciones, arrebatos, esclavitud y humillación, junto al comercio de indígenas y afros, borrando y eliminando a sangre y muerte, tradiciones culturales, servidores y autoridades ancestrales, persiguiendo y aniquilando sus conocimientos y sabidurías, imponiendo así su Estado, su religión, su idioma, sus símbolos “nacionales” y sus visiones de “educación y civilización”. Y en los 200 años de “independencia” no ha cesado esa violencia, como lo demuestran los hechos más recientes. La independencia fue gestada y promovida por los criollos españoles en América, que les beneficiaba en sus negocios y ganancias y dejar de tributar a las metrópolis europeas. Los Pueblos Indígenas, como costarricenses, sabemos que no podemos regresar el tiempo, pero NO podemos olvidar; el Estado Costarricense debe reconocer esa historia para que no continúe el exterminio y debe REPARAR, con justicia pronta y cumplida, lo que queda de la Memoria Viva de los Pueblos Indígenas y sus Derechos Humanos. Tenemos mucho que aportarle a nuestro país, queremos que sea inclusivo, justo, equitativo y respetuoso de la diversidad. Los Pueblos Indígenas seguimos en resistencia, a pesar de los asesinatos, las campañas de odio, la impunidad y la burla de las Instituciones y Poderes del Estado/Gobierno. Los asesinatos, amenazas y agresiones permanentes de usurpadores de nuestras Tierras/Territorio, las divisiones internas promovidas por las estatales Adis y Conai; el no reconocimiento de nuestros/as servidores y autoridades propias; el asistencialismo clientelista electorero; la invasión de religiones que NO respetan nuestras visiones y espiritualidades; la imposición de sistemas educativos y de salud que NO toman en cuenta el conocimiento y las sabidurías milenarias de nuestros pueblos; la imposición de políticas públicas de instituciones estatales, irrespetando nuestras costumbres y maneras de vivir; entre otras cosas; TODO, en colaboración y/o complicidad del Estado/Gobiernos (de turno), envían una señal de etnocidio, o sea que nos quieren destruir como Naciones Indígenas. Hasta el día de hoy seguimos sufriendo el racismo y la discriminación desde los Tres Poderes del Estado, y NO podemos dejar de lado la prensa nacional: medios como La Extra, La Nación, Canal 7, y ciertos Medios y canales Locales, que han manipulado y malversado información, tergiversando la imagen y las luchas históricas de los Pueblos Indígenas, con claras intenciones de beneficiar particulares intereses. Existen leyes y Convenios Internacionales de DDHH, que benefician a los Pueblos Indígenas, el Estado costarricense es lento para hacer justicia y aplicar esas leyes, dejando abierto el camino a la violencia y la impunidad. No pedimos nada, solo que se cumplan y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en especial los establecidos en la Ley Indígena (6172), el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los DDHH de los Pueblos Indígenas, ONU (2008). Ahora más que nunca estamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados. Estamos y seguimos en esta lucha por defender nuestros derechos.

¡HERMANAS Y HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS SEGUIMOS EN LUCHA!
¡EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA NO SE DETIENE!
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE

 

Compartido con SURCOS por Suyen Vega.