Justicia para Jerhy Rivera
Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.
Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.
Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.
El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.
Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera. Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.
La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.
Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.
En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.
En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.
En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.
La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.
Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.
*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED
Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:
