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Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.