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Etiqueta: inclusión laboral

Desde una discapacidad

María de los Ángeles Chacón Eduarte
Persona con discapacidad física
Heredia, Costa Rica
mchaconedu1973@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-6079-4214

Este artículo lo hice principalmente para analizar esa consigna que ha construido la sociedad para las personas con discapacidad: “sé fuerte, lucha, tú puedes”, principalmente cuando esta versión viene con un lado oscuro de doble moral, es decir, cuando su único objetivo es trasladar toda la responsabilidad a la persona con discapacidad, bajo un estigma psicológico de que si no lo logras es porque no quieres.

Porque en el fondo de esa consigna están las mismas estructuras sociales que precisamente deberían proporcionar oportunidades, herramientas y apoyo. Qué diferente sería pensar en que la condición no nos debe detener pero también hacer un planteamiento serio respecto a cómo puede avanzar realmente una persona con discapacidad.

Actualmente existe una verdadera contradicción y la sociedad ha creado un discurso que se vende como pan caliente: Las limitaciones solo están en tu mente, esfuérzate un poquito más; inclusive se afianzan en conceptos como la resiliencia o la procrastinación, pero haciendo una aplicación equivocada de dichos términos.

Para empezar primero se requieren facilidades de empleo inclusivo, pasar del estribillo a la realidad, posteriormente en el ambiente laboral se requieren las adaptaciones sin esperar a que la persona con discapacidad ocupe el puesto de trabajo para empezar con los primeros atisbos de cambiar la infraestructura a paso lento y descuidado.

Además, se deben establecer horarios y jornadas que se adapten a la diversidad en materia de discapacidad. Es decir, no solo es cumplir con un porcentaje de mano de obra contratada sino crear los horarios como parte del proceso de inserción, inclusive que se implemente el teletrabajo para esta población en los puestos donde se puede adaptar.

Se requieren oportunidades reales, porque es muy fácil reclutar personas con discapacidad bajo el eslogan inclusivo pero la mayoría de las veces es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a jornadas extenuantes en espacios que no tienen adaptaciones básicas y este tipo de mal llamadas oportunidades laborales más bien van en detrimento de la salud de la persona y por ende originan un desgaste físico acelerado donde la persona con discapacidad tiene que exceder el límite de sus fuerzas y capacidad solo por demostrar que puede y que encaja a la perfección en el ciclo de perenne productividad.

Porque el exceso de buena voluntad y el esfuerzo físico que hay detrás de esa mal llamada inclusión no disfrazan el dolor crónico ni la fatiga e incomodidad que ocasiona un puesto de trabajo que no se adapte a la persona en términos ergonómicos y de jornada, aunque el mensaje sea “debes esforzarte y seguir adelante”.

Pero el problema no está en el esfuerzo ni en el desgaste: está cuando el tiempo le pase la factura, por no contar con las herramientas y el soporte adecuado por falta de comprensión y de empatía.

Si a lo anterior se le agrega la frustración y la sensación de fracaso y culpa que experimenta esta población, como si estuviéramos obligados a caer en una especie de resignación o conformismo porque la sociedad está abriendo oportunidades laborales que no son realmente inclusivas sino únicamente para cumplir con la cuota de participación o tener un slogan de empresa inclusiva, pero la realidad es que la persona con discapacidad es quien debe ingresar a esas supuestas oportunidades como si estuviera obligado a cargar el mundo en sus hombros para aprovechar la gran oportunidad.

Por supuesto que las personas con discapacidad requieren del apoyo de la sociedad y no solo de la familia porque se necesita una transformación de las condiciones que requiere inversión, pero el problema es cuando esa transformación se mide como un gasto innecesario.

En una sociedad donde las oportunidades y el sistema de reclutamiento se enfoca en contratar personas jóvenes por un aspecto meramente de eficiencia productiva o cuando las becas son estratificadas para personas en pobreza básica o extrema, la persona con discapacidad que además está desempleada y que vive de lo que la familia le pueda ofrecer en muchos casos no calza dentro de esos parámetros o filtros, es cuando queda en evidencia un esquema social de ayudas inalcanzable para muchos.

El mensaje actual es que las personas con discapacidad deben superar per se su propia discapacidad, para luego subir al pódium y ser merecedores de admiración y respeto, como si estuviéramos llamados a lo imposible: sin ayuda, sin recursos, con capacidades menguadas y sin redes de apoyo. En ese paradigma quedamos en una desventaja de supuesta superación donde más bien el lema parece “nosotros contra el mundo”.

“Somos inclusivos” se ha convertido en el estribillo de toda empresa, un eslogan que adorna pero que constituye en la mayoría en una verdadera simulación, pero no basta con que una persona con discapacidad se le solicite que cumpla con su tarea si no se le dan las formas y los medios para lograrlo.

Seguimos viviendo en un paradigma social que pretende encubrir una realidad extremadamente diversa y compleja mientras recetan: esfuérzate, trabaja como puedas, emprende y así puedes salir adelante, que nosotros como sociedad nos lavamos las manos. Esa receta es demasiado cómoda para muchos. Es muy fácil decirlo pero no lo es para el que soporta el dolor, el que no puede continuar de pie por espacios prolongados, para el que sufre desplazamientos tortuosos y el que ve su energía consumirse en una jornada laboral extenuante y fuera de proporción con su condición. No basta con proponérselo; hay un profundo desconocimiento sobre la discapacidad y sobre el hecho de que no somos un grupo homogéneo. Una persona ciega no enfrenta las mismas barreras que una persona sorda, ni una persona con amputación enfrenta las mismas que alguien con discapacidad cognitiva o adquirida tras un accidente y sus secuelas, tomando en cuenta inclusive el proceso psicológico y emocional para aceptar su nueva realidad. Vivimos en una sociedad que solo se mide por productividad y por ende mide a las personas por su rendimiento, obligándonos a una competencia constante de supervivencia donde mostrar debilidad parece un pecado.

Ahora promueven el emprendimiento como una varita mágica, pero ¿de dónde saca una persona con discapacidad recursos para invertir, comprar materiales, asumir pérdidas, conocer el mercado, administrarse y competir en igualdad de condiciones si la mayoría vive con recursos limitados y barreras de salud, movilidad y transporte? Aunque muchas personas emprenden de forma admirable, no es una receta estándar ni una panacea para todos los tipos de discapacidad, ni debe verse como una excusa para que el Estado no haga su parte.

Existe también la contradicción de que, para recibir ayuda económica de las instituciones del Estado, se exige calificar por pobreza básica o extrema pero no por la discapacidad misma. Una persona puede necesitar apoyo por las barreras específicas de su condición, independientemente de los parámetros económicos con los que un sistema determina quién “merece” ayuda. No podemos meter a todos en el mismo saco, porque una única solución no sirve ni aplica para todos. El problema es que se ha construido un modelo donde solo encajas si trabajas y consumes al ritmo habitual. Si necesitas más tiempo, adaptaciones o asistencia, el sistema empieza a preguntarse cuánto cuestas. ¿Desde cuándo la integridad y la dignidad entran en ese esquema tan fuera de proporción con la realidad?

Se requiere igualdad de oportunidades para todos. Es una vergüenza y un exceso de trámites que no llega a ningún lado cuando una persona tiene que pasar de institución en institución justificando permanentemente su condición para mendigar sus derechos en un sistema que dice ser accesible pero que solo ayuda al que está en condición de pobreza extrema, cuando la cara de la discapacidad tiene muchos rostros.

Los Estados deben avanzar hacia sistemas de apoyo que consideren las necesidades derivadas de la discapacidad directamente pero no solo con una mal llamada intermediación laboral, sino con políticas económicas, laborales y de salud creadas por y para las personas con discapacidad.

Por otra parte, se requiere también protección integral para aquellas personas de esta población que definitivamente no pueden incorporarse al mercado laboral, porque sencillamente no tienen movilidad, están postrados en una cama o no tienen las capacidades cognitivas básicas para ocupar un puesto, pero se sigue midiendo por pobreza extrema o básica y no queda nada para ese sector ya olvidado donde las familias deben hacer todo tipo de austeridad y privación económica para sacar adelante a este ser humano que es digno de ayuda y apoyo.

Políticas diferenciadas que reconozcan que la discapacidad no es uniforme, superando las meras campañas publicitarias y los eslogan que componen esa mentira de una sociedad inclusiva. No se puede seguir viendo a las personas con discapacidad de forma despectiva o como si fueran un peso para el Estado. Urge atención médica diferenciada e inclusiva, transporte adaptado, rehabilitación, las terapias y por supuesto contar con tecnología asistida tanto en los ambientes laborales como en los ambientes educativos porque no basta con permitir la matrícula si las condiciones para permanecer, desplazarse, acceder a materiales o realizar evaluaciones adaptadas hacen que avanzar sea lento, costoso y agotador tanto para el estudiante en situación de discapacidad como para el docente.

La persona con discapacidad no pide medallas, ni que nos admiren o quieran vernos como héroes. Queremos cosas sencillas y fundamentales: estudiar, trabajar, tener dinero propio, salir, sentirnos bien, decidir sobre nuestra vida, pedir una adaptación sin sentir que incomodamos y que nos miren como personas antes que como una molestia. Esta es una interpelación a la sociedad: ¿qué pasa con quien quiere participar pero necesita hacerlo a otro ritmo y con otros apoyos? Quizá el modelo social actual es demasiado estrecho para las personas con discapacidad pero no tenemos por qué menguar nuestra propia existencia para adaptarnos y quedar bien con todo el mundo, tampoco pedimos que hagan todo por nosotros, sino que no nos dejen solos frente a barreras y estigmas que solo la misma sociedad puede remover.

Una persona puede ser fuerte y necesitar ayuda al mismo tiempo, ser inteligente y requerir una adaptación, o ser independiente y necesitar asistencia. Eso se llama humanidad. No necesitamos que nos admiren por sobrevivir a las barreras; necesitamos que esas barreras dejen de existir. Es hora de acabar con el circo mediático y la inclusión performativa que celebra la inclusión en fotos pero que excluye a la persona con discapacidad de la vida cotidiana.

Finalmente, hay que recordar que la discapacidad no es una realidad ajena: un accidente o una enfermedad pueden cambiar la vida de cualquiera en un instante. Esa certeza debería generar una empatía elemental: saber que, independientemente de la condición productiva o física, cada ser humano posee exactamente el mismo valor inherente: dignidad. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si solo hay espacio para quienes pueden mantenerse fuertes, jóvenes, saludables y productivos? Hagamos eco de esta frase “No dejemos a nadie atrás” que ha servido como base durante mucho tiempo para esta población; no debe quedarse solamente en un eslogan. Entonces, construyamos un entorno donde todos podamos vivir con verdadera dignidad!

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

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