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Etiqueta: inclusión social

A propósito del Día Nacional de las Personas con discapacidad: Obras son amores y no buenas razones

Heidy Murillo Calvo, regidora del Frente Amplio, cantón de Barva

El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con lo que establece la Ley Nº 8671 de 16 de octubre de 2008. Se trata de una fecha propicia para la reflexión y el análisis acerca de la situación de este sector poblacional y del grado de cumplimiento de las normas –nacionales e internacionales—vigentes en Costa Rica en materia de derechos humanos, particularmente en los campos de la inclusión social y la accesibilidad general.

En arreglo a los importantes datos generados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), desarrollada por el INEC y el CONAPDIS, en el país la población adulta con discapacidad abarca el 18,2 % de la población total. Es decir, la nada despreciable suma de alrededor de 900 mil personas. Valga decir que, con el envejecimiento de la población y otros factores, es muy probable que este porcentaje mantenga una perspectiva de crecimiento de cara al futuro.

Ahora bien, la pregunta a formular es: ¿Cuál es la situación real y concreta de este numeroso grupo de habitantes de Costa Rica? Según los datos de esa encuesta (previa a la pandemia de la Covid-19), la situación no era buena en acceso a la salud, a la educación, al empleo y a las actividades recreativas. Siempre las personas con discapacidad aparecen escalones más bajo con respecto a la población general. Es muy probable que esta situación haya empeorado como consecuencia de la pandemia.

A partir de lo que expresan diversos informes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas socialmente y es severamente afectada por condiciones de pobreza; atrapada en un círculo vicioso en el cual la discapacidad genera pobreza y la pobreza produce discapacidad.

Es importante destacar que el país ha avanzado en la adopción de distintas normativas jurídicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad; entre las que se destacan la Ley Nº 7600 (promulgada precisamente el 29 de mayo de 1996) y la Ley Nº 8661, mediante la cual, en 2008, se ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al valorar la situación del sector es inevitable concluir que hay un enorme desfase entre lo que dicen éstas y otras normas, y su aplicación efectiva.

Algo que he podido observar es que cuando se habla de Estado y las normas que deben cumplirse en materia de derechos humanos, se piensa más en las instituciones públicas del ámbito nacional y menos en las obligaciones que se deben implementar desde los gobiernos locales.

Por supuesto que es muy importante lo que hagan o dejen de hacer los poderes centrales de la República cuando se trata de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, quizás todavía son más decisivas, las políticas y acciones que las municipalidades realicen en favor de la accesibilidad e inclusión social de este sector, especialmente, de las personas con discapacidad más pobres.

Tomando en cuenta que las personas tenemos nuestros domicilios en los cantones, en sus comunidades y entonces, si desde el gobierno local se emprenden acciones que mejoren la accesibilidad del cantón, tanto en aspectos sociales (apoyo en educación inclusiva, empleo, salud, recreación, deporte) como en accesibilidad física, informativa y comunicacional, las personas con discapacidad podrán progresar más y tener con ello, mejores condiciones de vida.

En los últimos años el Código Municipal ha sufrido diferentes reformas y en su gran mayoría apuntan en la dirección correcta. Algunas de ellas están dirigidas en fortalecer la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD), estando la conformación de dicha comisión permanente establecida y regulada en los artículos 13, inciso h) y 49 de la citada normativa.

La COMAD es una comisión que debe velar, vigilar, promover y proponer -entre otras cosas- la política municipal de accesibilidad; que en los presupuestos municipales se incluyan metas y contenido presupuestario para el cumplimiento de la Ley Nº 7600: que se incluya el eje de accesibilidad en la liquidación y en los informes periódicos a la Contraloría General de la República; que se incluya en el sistema de control interno y valoración de riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la citada ley le asigna a las municipalidades; que se formulen diagnósticos de accesibilidad sobre las necesidades de las personas con discapacidad del cantón y que toda decisión sea consultada a las organizaciones de las personas con discapacidad, para que mejoren sus condiciones de vida.

En función de tal propósito, los concejos municipales están facultados para nombrar a las personas miembros de la COMAD que funcionará al amparo del Código Municipal y del reglamento que deberá dictarle el órgano colegiado, ante el cual la comisión deberá rendir cuentas; además de asegurar las condiciones para su mejor y más eficaz y eficiente funcionamiento para promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Así que su conformación constituye una decisión política relevante.

Por todo lo anterior, es necesario reconocer la importancia para las personas con discapacidad que los cantones, sean inclusivos y accesibles, en todos los aspectos de la vida. A partir de la idea de que el país es el marco general, pero el encuadre cotidiano es el cantón, sus distritos y sus comunidades. Así que si bien es importante que el Estado –central– desarrolle políticas públicas inclusivas que favorezcan a las personas con discapacidad, es crucial lo que haga cada municipalidad.

Igualmente, es necesario que las municipalidades conozcan la situación de los habitantes con discapacidad, empezando por su número. También es importante que conozcan a las organizaciones y personas con discapacidad activas en la lucha por sus derechos, radicadas en el cantón. Asimismo, es de valor que estas organizaciones de la sociedad civil cuenten con un dominio solvente acerca de la normativa que rige a las municipalidades en derechos de las personas con discapacidad así como otras normas propias del ámbito municipal.

Por último, es imprescindible que las municipalidades elaboren políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo en forma clara, los derechos humanos de las personas con este tipo de condición y que fortalezcan a las COMAD para que éstas lideren su ejecución. Ese sería el mejor homenaje a las personas con discapacidad, en su día.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

Las Agencias de Desarrollo Económico Local y su papel en la Gestión del Desarrollo Territorial

German Masís Morales

Se ha divulgado recientemente que nueve organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Agencias de Desarrollo (RENADEL) pretenden atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Estas agrupaciones denominadas Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) son sin fines de lucro e integran a empresarios, gobiernos locales, entidades académicas y otras organizaciones en cada región. Las ADEL pretenden lograr un consenso regional en torno a las necesidades de desarrollo.

En RENADEL están integradas, la Agencia para el Desarrollo Económico de la zona Sur, la Agencia para el Desarrollo Económico del Pacífico Central, la Agencia para el Desarrollo Económico de la región Huetar Norte, la Agencia para el Desarrollo Económico del Caribe, la Agencia para el Desarrollo Económico de Tilarán, la Agencia para el Desarrollo Económico de Turrialba-Jiménez, la Zona Económica Especial de Cartago y la Zona Económica Especial de Pérez Zeledón.

Según la nota divulgada, estas agencias y la Red que las agrupa tienen un enorme potencial para generar impacto en los territorios, maximizando en el engranaje entre los sectores productivos, gobiernos locales y la academia.

Datos de Procomer indican como en el 2019, sólo un 25% del valor de las exportaciones en Costa Rica, se origina en las zonas fuera de la GAM y sólo 2 de cada 10 empresas de zona franca se ubican fuera de esta área.

Roberto Zeledón, Presidente de la Red, indicó que ésta pretende ser como un enlace entre el sector privado con las instituciones, lo que interesa es la generación de propuestas en el sector privado y la generación de empleo, explicó que la red trabaja para mejorar el tema de la competitividad.

Con la RENADEL se intenta promocionar las potencialidades de cada zona, por ejemplo, en el Pacífico Central, la idea es atraer empresas de logística, marinas y agroindustrias. Se apoya a escala general, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, mediante el cual los proveedores locales de empresas multinacionales en zonas rurales puedan gozar igualmente de los beneficios de las zonas francas. La propuesta establece como requisito, que las multinacionales al menos adquieran un 40% de los insumos con proveedores locales. (LN.com,23-8-2021).

La iniciativa de RENADEL es muy válida y se fundamenta en las desigualdades del desarrollo regional, confirmadas, por el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior.

De acuerdo con ese estudio, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

Se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En un artículo anterior afirmamos que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.

El estudio del Banco Central en coincidencia con la iniciativa de RENADEL, sugiere “continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, lo que no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial. Además, señaló que se requiere un análisis de los determinantes que mejoran la competitividad de las diferentes regiones y la necesidad de impulsar más esfuerzos en infraestructura y educación. (Alterdescr, febrero 2021)

Por su parte, debido a la prevalencia de las políticas concentradas en la GAM y a la ausencia de una planificación regional que favorezca un desarrollo más equitativo de las actividades económicas, sería oportuno que la Red participe en el análisis y discusión de la recientemente presentada Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada impulsada por MIDEPLAN.

Esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Igualmente, es importante que la iniciativa de Renadel conozca los alcances de los procesos de diálogo regional y de los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones.

Así mismo, sería fundamental que la Red y las ADEL adopten un enfoque de desarrollo territorial apropiado, que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

¿Podrán las Agencias de desarrollo económico local, tener un papel decisivo hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios o únicamente pretende atraer inversiones, generar fuentes de empleo y lograr una mayor coordinación entre las empresas y las instituciones en las regiones fuera de la GAM?

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN

Las personas con discapacidad en lucha por nuestros derechos – 29 DE MAYO, DÍA NACIONAL

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, en conversación con el entonces diputado, Alberto Salom Echeverría le planteé que en Costa Rica no existía un día nacional de las personas con discapacidad (como en otros países latinoamericanos) y que sería bueno que se aprobara una ley que lo proclamara.

El diputado Salom se interesó en mi idea y eso hizo que también le propusiera como fecha posible, el 29 de mayo, ya que es la fecha que en 1996 fue promulgada la «Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad». Esta ley –como es sabido—es la principal referencia en el país, en el ámbito normativo de los derechos de las personas con discapacidad; aún cuando la distancia entro lo escrito y lo aplicado es abismal en aspectos sustantivos.

El legislador Salom convirtió esta idea en un proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 2008, mediante la Ley Nº 8671. Desde entonces y hasta el presente, los 29 de mayo se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esa es su historia.

Sin embargo, ya antes que se iniciara esta devastadora pandemia, había pocos avances que reconocer y muy pocos motivos que celebrar para las personas con discapacidad y, con la pandemia, todavía hay mucho menos que recordar. Todo lo contrario. Es seguro que se ha dado un significativo retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad, en todos los campos. Ya cuando podamos mirar la pandemia por el retrovisor y se realicen estudios sobre esta involución, se podrá cuantificar y calificar en todas sus duras dimensiones.

Tanto en el Gobierno como en esta Asamblea Legislativa, este es un tema relegado, de valor meramente simbólico. Ah, pero si es bueno sacarse la foto con personas con discapacidad, por motivos meramente utilitarios para el usufructo político (o quizás sea mejor decir: politiquero). Se hace algún ruido con alguna ley poco trascendente o se anuncia un programa, cuyo impacto en la vida de las personas con discapacidad es tan limitado como efímero. Realmente, no existe una conexión política entre el peso poblacional del sector (18, 2 % de la población nacional adulta, ENADIS 2018) y el alcance, real y efectivo en su atención.

La pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad, afectan en forma desproporcionada a las personas con discapacidad. El aislamiento social ha aumentado significativamente ante la enorme brecha digital que las afecta. El derecho a la salud se ve menoscabado cuando las autoridades en este campo, desatienden los argumentos del CONAPDIS, de diciembre del 2020, en la necesidad de priorizar algunos grupos de personas con discapacidad en la vacunación anti-covid, por su grado de vulnerabilidad. La educación que nunca ha sido ni inclusiva ni de calidad, para este sector, hoy con seguridad es más esquiva. El desempleo asociado a discapacidad que siempre ha exhibido cifras muy altas con certeza en presente, serán más elevadas. La seguridad social para las personas con discapacidad es una aspiración hasta ahora postergada y lejana; nunca una realidad tangible y concreta. Y la participación política completamente marginal, casi igual que cero.

Nada o muy poco que celebrar…

Es por eso que muchas personas con discapacidad y muchas otras sin tal condición, que nos cansamos ante la apreciación diagnóstica descrita, decidimos avanzar por un camino propio. Es esta justa y buena razón que nos ha impulsado a crear el PARTIDO FUERZA SOLIDARIA.

Queremos mediante este proyecto que las personas con discapacidad seamos protagonistas políticos de nuestros propios procesos en función de nuestros intereses, aspiraciones y sueños.

Esa es y será nuestra principal contribución en un día, donde la solidaridad y la inclusión social, deben ser guía y propósito de acción justiciera.

(28 de mayo del 2021)

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

Resistencia al Cambio, Homenaje A Carlos Lanz

Lic. José A. Amesty R.

En Homenaje y Reconocimiento al Camarada y Profesor Carlos Lanz Rodríguez, artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y continuamos este recorrido por ellos con el de Resistencia al Cambio.

Presentación

El material que presentamos a continuación, pretende servir de aporte al eje temático de Resistencia al Cambio. No es un material acabado, estamos trabajando la temática como nudo crítico y desde nuestro enfoque crítico-emancipador, llegando a los siguientes planteamientos:

Detrás de la Resistencia al Cambio que evidenciamos, se esconde toda una carga ideológica impuesta por un sistema de dominación, el cual hay que develar para poder avanzar en la concreción del Proyecto Bolivariano, porque de lo contrario, tal resistencia nos hace atrincherarnos de manera opositora a una propuesta que apunta hacia la inclusión e igualdad social, hacia una sociedad justa, equitativa, democrática y participativa, donde el pueblo sea autor y actor de su propio proceso. Estos aportes surgen de un proceso de investigación, registro, análisis, debates, evaluación y sistematización que este colectivo de Formación Sociopolítica viene desarrollando desde hace algún tiempo, lo cual nos permite señalar que la Resistencia al Cambio es una reacción que se produce en individuos o colectivos de manera consciente o inconsciente y que reproduce valores de dominación, en este caso capitalista.

Es posible que nuestros planteamientos estén orientados desde una sola óptica, pero consideramos estratégico dar a conocer que muchas de nuestras posturas son reflejo de una conciencia formada con unos valores de la dominación y que en este momento histórico se hace necesario desmontarlas desde otro enfoque. Es necesario alertar que las Resistencias pudieran parecer algo insignificante o sin importancia en el colectivo, pero si no las abordamos, pueden acumular tanta fuerza que se pueden convertir en un obstáculo permanente e irreconciliable con el Proyecto Bolivariano Revolucionario. En esa perspectiva hacemos una invitación abierta a todos y todas los compañeros y las compañeras, camaradas, compatriotas, amigos y amigas, a que reflexionemos y nos coloquemos en el lugar del otro y de la otra, desde el punto de vista formativo para comprender que las posturas, las negaciones y las predisposiciones de nuestros hermanos y hermanas es posible superarlas si se problematizan y se orientan, de ese modo podemos vincular nuestro discurso con nuestra práctica. Es decir, no solo es hablar de inclusión social, sino trabajar porque ese planteamiento constitucional se concrete. En el Proyecto Bolivariano Revolucionario liderizado por el comandante Chávez, cabemos todos(as). Este es una construcción colectiva donde cada uno de sus habitantes tiene mucho que aportar, incorpórate y permite que nos acompañemos en una continua formación colectiva. Como dice nuestro presidente:

Si queremos acabar con la pobreza démosle poder al pueblo, y no hay mayor poder que el conocimiento, el cual nos conduce al alcance de nuestra soberanía”.

Contenidos

En el desarrollo del eje temático Resistencia al Cambio trabajaremos el siguiente contenido: Génesis de la Resistencia, Caracterización del Capitalismo, Cómo se Reproduce El Capitalismo. ¿Qué entendemos como Resistencia al Cambio? Tipos de Resistencia: Resistencias Pasivas y Resistencias Activas. Poder Popular: ¿Qué entendemos como Poder Popular? Enfoque o Interés Crítico Emancipador. Poder Popular y Resistencia al Cambio.

Génesis de la Resistencia en el Marco Capitalista

Caracterización del Capitalismo:

Los seres humanos desde el punto de vista biológico nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Desde el punto de vista social nos formamos y nos convertimos en sujetos políticos, regidos por una lógica que impera en la sociedad de la cual formamos parte. Específicamente, Venezuela se caracteriza por un modelo de desarrollo económico capitalista, dependiente y monoproductor, cuya génesis está en la acumulación de riquezas, valiéndose de la división social del trabajo y de la explotación del hombre y la mujer, expresada en la siguiente relación social de producción:

En un polo se ubican a los dueños del dinero y de los medios de producción, y en el otro a los trabajadores que son dueños solo de sus cuerpos, de su capacidad de trabajo y de su fuerza de trabajo” (tomado de la línea de estudio “Introducción al pensamiento Marxista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo”).

En la sociedad capitalista el ser humano pasa a ser un objeto, donde sus pensamientos, sueños, sentimientos y necesidades dejan de ser importantes, pasan a ser una mercancía, la cual se compra con un salario. En este sistema las relaciones sociales se expresan de la siguiente manera: El sujeto es una cosa (cosificación) y la mercancía se personaliza, aquí se invierten los valores, se le da más importancia a los objetos materiales (Fetichismo).

Cómo se Reproduce el Capitalismo

Desde hace mucho tiempo venimos escuchando afirmaciones de algunos autores que señalan:

El capitalismo está en una profunda crisis, es posible que pronto se termine de hundir”.

Podemos esperar durante siglos que eso suceda y jamás lo veremos, si nos quedamos sentados de brazos cruzados a esperarlo por fuerza natural. El capitalismo es un modelo económico, que mientras produce mercancía y plusvalía (cantidad de trabajo, concretado en una mercancía, que representa el valor que el obrero produce, pero que el patrón no le paga, convirtiéndose en ganancia para este, que le permite el incremento de su capital), reproduce al mismo tiempo la relación social de capital y la subjetividad que la sostiene.

¿Qué queremos decir con lo anterior?: El capitalismo se sostiene porque existen permanentemente trabajadores y trabajadoras como fuerza de trabajo que se vende y se compra en el mercado, como otra mercancía más; crea nuevos empresarios que invierten, obtienen ganancias y la acumulan, y por otro lado, hay un orden establecido desde el punto de vista ideológico que lo sostiene. En la sociedad están presentes un conjunto de instituciones encargadas de garantizar la reproducción del sistema, tales como: La familia, La escuela, La iglesia, Los medios de comunicación, Los sindicatos, Las fuerzas armadas, etc., donde se reproducen un conjunto de valores que se expresan en el individualismo, la competencia, el revanchismo, la violencia, de allí también se derivan la corrupción, la burocracia, la expertocracia, el pragmatismo, la exclusión social, la alienación, la falsa conciencia, la cosificación del ser humano y el fetichismo.

Esta lógica capitalista nos impone una forma de pensar, actuar, analizar, sentir y reflexionar nuestra cotidianidad. Desde este enfoque, somos un producto del capital. Nuestro Estado es un estado burgués, donde una minoría acumula riqueza y una mayoría vive en estado de miseria y pobreza extrema, ¡es una sociedad de clases! Como podemos ver, las instituciones juegan un papel principal en la reproducción del capitalismo, tal como lo plantea la cátedra de Formación política Ernesto Ché Guevara al referirse a la escuela y a los medios.

 “En la escuela se enseñan los valores mínimos de obediencia al orden establecido, aquello que es “normal” y aquello que no lo es, la reverencia a los símbolos del poder, etc. Pero hoy en día, ese lugar que no desapareció, se complementó con uno de alcance mucho mayor; el de los medios de comunicación masiva. En ese espacio se construye diariamente el consenso de los sectores populares a favor del capitalismo. Allí se transforma la concepción del mundo burgués en sentido común popular, gracias a la ideología (falsa conciencia) que transmiten los medios de comunicación. De este modo se interiorizan los valores de la cultura dominante y se construye un sujeto domesticado y reaccionario a los cambios radicales.” Todo lo anteriormente planteado nos ilustra que nuestros pensamientos y actuaciones no son neutras, sino que obedecen a una lógica de dominación capitalista enraizada en nuestro pensamiento. Esto hace que de manera conciente o inconsciente asumamos posturas que la reproducen y se bloquee cualquier intento de cambio en nuestros paradigmas. Dichas posturas serán denominadas:

Resistencias al Cambio

¿Qué entendemos como Resistencia al Cambio?

Identificamos como Resistencia al Cambio, la expresión implícita o explícita de reacción contraria ante la incorporación de una iniciativa de cambio. Es importante entender que todo cambio dentro de un sistema social implica una reacción, que dependiendo de cómo se aborde política y metodológicamente, puede ser provisional o permanente.

Desde lo Político: un(a) facilitador(a) o cualquier sujeto que trabaje dentro de un colectivo, debe identificar, comprender, argumentar y develar el por qué algún integrante de ese colectivo, reacciona de determinada manera ante un nuevo elemento de cambio, haciendo ver que las estructuras de pensamiento y de acción, obedecen a un enfoque filosófico que sustenta la sociedad donde estamos inmersos, asociado al modelo de desarrollo capitalista.

Desde lo Metodológico: se hace necesario abordar el trabajo en colectivo, con métodos coherentes con el enfoque crítico emancipador que estamos impulsando, explicación que daremos más adelante.

Tipos de Resistencia

Las resistencias al cambio pueden ser Pasivas y Activas.

Resistencias Pasivas: Son aquellas que se solapan y no se develan sino que se convierten en elementos de dispersión o en un mecanismo de entropía (generador de desorden), y pueden ser de difícil abordaje ya que se desconocen sus características y orígenes, impidiendo el avance del proceso, demorándolo, saboteándolo y desmontándolo progresivamente. Dentro de las Resistencias Pasivas podemos enunciar las más usuales, tales como:

– la apatía – el silencio – la sumisión – la desmovilización

– la indolencia – la indiferencia – el bloqueo.

Las cuales se reflejan en los gestos, las actitudes o maneras de actuar, todas evidentemente muy relacionadas, teniendo en común que en su esencia tal vez no persiguen en la mayoría de las veces entorpecer la iniciativa de cambio, pero con su actitud tampoco la favorecen, generando pesimismo, desaliento y poca motivación para la participación en las iniciativas de cambios que otros sujetos propongan.

Resistencias Activas: Están referidas a las posturas que se expresan de manera abierta, frontal, donde se confrontan los diferentes enfoques o concepciones, pero no se reconoce la fuerza del argumento del otro. Pueden ser violentas, ofensivas, irrespetuosas, con poco nivel de tolerancia, y tienen como finalidad acumular fuerza para desmontar los nuevos elementos planteados. Dentro de las más usuales tenemos:

  • El convertir la iniciativa de cambio en burla permanente: Este es un elemento que encuentra cabida en nuestra idiosincrasia como venezolanos y venezolanas, ya que una de las frases que más nos caracteriza es que “siempre nos reímos de todo” y que “somos muy echadores y echadoras de broma”, sin embargo esta particularidad sirve como pretexto para hacer burla de alguien que impulsa el cambio o al cambio mismo, con el que evidentemente no se está de acuerdo, su fin es ridiculizarlo ante los demás y procurar así la descalificación.
  • El procurar la desinformación y las distorsiones comunicativas: Como el corrillo, la murmuración, la injuria, la descalificación, la difamación, la manipulación, etc. Esta manifestación de resistencia al cambio suele presentarse con frecuencia cuando hay falta de argumento válido para cuestionar directamente el cambio o a la persona que impulsa el cambio, por lo que se recurre a la maledicencia, tejiendo una red de falsas impresiones, chismes y comentarios desalentadores, que terminan por crear expectativas funestas en los demás.
  • El generar conflictos en torno al proyecto transformador: Se refiere a enfrentar puntos de vistas, opiniones, sujetos y argumentos, para ocasionar tensiones que desgasten paulatinamente o exploten bruscamente el proceso en desarrollo, degenerando en situaciones destructivas que terminen con el mismo.
  • El entorpecimiento del proceso: O el ritmo de trabajo de los y las que impulsan el cambio suele manifestarse de formas muy variadas como por ejemplo, no cumplir con los compromisos adquiridos, demostrando negligencia, irresponsabilidad, burocracia, pereza, sumisión, ocultamiento de datos o secuestro de información, complicidad con quienes adversan el cambio, etc. Todo esto impide la concreción exitosa del proceso de cambio y conlleva a la larga, a su fracaso.
  • Desacreditar la iniciativa del cambio, o a quien lo impulsa: Bien sea menospreciando o sobrepreciando, ya que son consideradas resistencias al cambio tanto exagerar los méritos de la actual situación, como el sacar a relucir todas las dificultades encontradas en el proceso de implantación, lo que produce en los demás falsas expectativas y vagas apreciaciones del cambio. Al igual pasa cuando se exagera las revisiones y evaluaciones de forma punitiva al proyecto de cambio y a sus participantes, cuando este se cuestiona compulsivamente y se critica destructivamente hasta en el más ínfimo detalle, esto contribuye a la desconfianza de los demás en su factibilidad.

De esta manera, seguramente en la medida que nos vayamos fijando detenidamente en nuestro entorno social, veremos muchísimas más expresiones de Resistencia al Cambio. Podemos extraer de lo dicho hasta ahora, que la Resistencia al Cambio surge como un mecanismo de defensa del sistema para preservarse ante la posibilidad de cualquier cambio que amenace su seguridad y mantenimiento, y debe abordarse como un aspecto del desarrollo de la metodología, ya que forma parte de la caracterización de los sujetos y del contexto, que están impregnados por la hegemonía capitalista.

En ese sentido, construir un nuevo modelo de sociedad, implica poner en práctica una Nueva Hegemonía, formar un nuevo sujeto político en Valores Bolivarianos que promueva la solidaridad, el cooperativismo, la autogestión, el respeto, la tolerancia, la transparencia, la corresponsabilidad, la multiculturalidad, la justicia social y requiere de un modelo de desarrollo económico sustentado en la economía social que favorezca la participación democrática y la igualdad e inclusión social consciente. Esto solo es posible a través del trabajo activo y en colectivo, y luchando perseverantemente, en la construcción del poder popular que nos permite a partir de una Nueva Racionalidad Política, desmontar el capitalismo y construir las bases del nuevo modelo de desarrollo, de lo contrario, seguiremos reproduciendo el sistema capitalista imperante y sus aberraciones.

Poder Popular

¿Qué entendemos como Poder Popular?: Cuando hablamos de poder popular, nos referimos a la lucha por la hegemonía, la cual se construye a través de la gestación de espacios de lucha, de encuentro, de vinculación, de donde emerge una nueva relación social que integra la lucha social, la producción colectiva y la solidaridad, desde lo cual se deriva un nuevo ideal de sociedad y una nueva cultura política. En ese sentido, Poder Popular lo podemos definir como Poder Constituyente, como el momento y el espacio colectivo en que el poder comienza a transformarse, en una relación social donde la facultad de decisión, la detentan efectivamente los individuos que hacen parte de las comunidades locales o de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un modelo único de poder popular, ni de una esfera exclusiva de realización. Cualquier intento de cambio amerita un conocimiento profundo de lo que queremos transformar, es por ello que parte de estos escritos están dedicados a la caracterización del modelo de desarrollo y sus valores de dominación. Sin embargo, creemos que no es suficiente develar la génesis del capitalismo y su comportamiento en nuestra sociedad. Es necesario caracterizar el enfoque con el cual estamos analizando la realidad concreta, porque es desde allí de donde la desmontaremos. Nos referimos al enfoque crítico emancipador.

Enfoque o Interés Crítico Emancipador: Enfoque regido a examinar o comprender una situación desde una visión teórica, desde un punto de vista específico, con una lectura intencional. Es el sustento teórico donde se fundamenta nuestra forma de ver el mundo, el cual tiene sus orígenes en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, donde se concibe la razón, la teoría, las ciencias sociales, el conocimiento, la historia, la verdad y el sujeto de la siguiente manera.

La Razón: Es concebida como la autoconciencia de la razón, es decir, saber por qué y para qué se actúa de determinada manera, cuya voluntad humana y acción deben estar dirigidas hacia una acción transformadora, sin obviar la facultad de la crítica permanente. La razón no justifica la armonía social, y debe desmontarla a partir de la acción transformadora.

La Teoría: Es una especie de lente que nos permite ver cuál es el propósito, las limitaciones y el alcance de los intereses constitutivos del saber, en este caso, y suscribiendo a Habermas:

El interés técnico: se dirige a controlar y regular objetos (cosas)…. El interés práctico: busca educar el entendimiento humano, para informar la acción humana. El interés emancipador: se trata de un interés por la autonomía y la libertad racionales, que emancipen a las personas de las ideas falsas, de las formas de comunicación distorsionadas”. (Kemmis p. 87).

En este último interés, se concibe que no existe neutralidad axiológica. Es decir los valores tienen una carga ideológica.

Las Ciencias Sociales: Son un medio enmarcado en la libertad y autonomía racional para que los individuos tomen conciencia de sus propósitos y sean capaces de aclarar las condiciones que distorsionan los procesos de autorreflexión y autoentendimiento. Las ciencias sociales nos develan la realidad y nos proporcionan herramientas para transformarlas colectivamente.

El conocimiento: En este enfoque, el conocimiento se construye de manera íntersubjetiva (en colectivo) y a partir de la práctica concreta en interacción con su contexto. Nace de la reflexión crítica de una práctica y tiene como propósito alcanzar la soberanía cognitiva “pensar con cabeza propia”.

La Historia: Se concibe como un proceso de construcción colectiva a partir de la relaciones sociales, es dialéctica, continua y dinámica.

La Verdad: Es relativa, íntersubjetiva, se construye, es consensuada semánticamente.

Sujeto: Es el ser humano concebido en interacción permanente como actor y actriz, autor y autora del proceso de construcción social. Al ser parte de la sociedad y participar activamente en ella lo denominamos Sujeto Político.

Política: Participación protagónica de todos los sujetos sociales que construyen, defienden o transforman el interés colectivo en términos de Poder. Los Sujetos Políticos desde la visión emancipatoria construyen normas consensuadas. La política, es el ejercicio de la ciudadanía de manera soberana o autodeterminada desde los espacios concretos y en la cotidianidad, es permanente y dinámica. Desde este enfoque, todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, que viven en el país deben asumir concretamente la participación democrática y protagónica que establece nuestra constitución para desecuestrar la palabra y la acción política de los politiqueros que pervirtieron el término.

Poder Popular y Resistencia al Cambio

Siendo coherentes con el enfoque que reivindica lo colectivo, planteamos la democracia protagónica y la transformación de las relaciones de producción para construir una sociedad justa, equitativa y sin exclusión de ningún tipo. Nos trazamos la construcción del Poder Popular como alternativa revolucionaria, cuyo desarrollo se expresa en los diversos espacios de lucha: la fábrica, la escuela, la calle, el barrio, el campo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros… lo que nos explica que el poder no es homogéneo, pero debemos dirigir el esfuerzo hacia la unidad en el propósito, el cual no es otro sino transformar la sociedad. Lo colectivo no se decreta, sino que es un proceso de construcción donde afloran diferentes posturas, concepciones, visiones, métodos, actitudes, niveles de formación, entre otros, que complejizan la dinámica y mucho más, cuando no hay apertura al cambio en algunos de los sujetos que conforman los colectivos de lucha.

La no apertura al cambio genera tres casos clásicos en los que se presentan resistencias:

El primero: El cual no permite el debate, la confrontación teórica, no hay niveles de tolerancia, no visualiza aspectos positivos de la propuesta, se establece una especie de diálogo de sordos o bloqueo cognitivo, porque está cargada de un gran resentimiento, algunos por creerse afectados en sus intereses y otros porque realmente lo están, como lo son los dueños de los grandes monopolios económicos, grandes terratenientes, en fin los que integran la oligarquía.

El segundo: Cuyo origen está más inclinado hacia la confusión mediática, formativa o que se encuentran influenciados por la carga ideológica de la cultura de dominación, es decir, los que pueden estar en alguna medida confundidos.

El tercero: Es la resistencia que se encuentra conciente o inconscientemente en muchos de los sujetos que están discursivamente con el proceso de cambios, pero sus prácticas tienden a reproducir la cultura política de la cuarta república.

En la construcción del poder popular es necesario darle tratamiento a cada uno de los casos:

En el primer caso, esta resistencia se convierte en enemiga del proceso, pasando a ser un elemento de confrontación directa, y por lo tanto no debemos permitir que acumule fuerzas.

En el segundo caso, son aquellas resistencias que solo tienen confusión generada por los medios de comunicación u obedecen a la carga ideológica imperante, por lo tanto debemos trabajarlas, ya que potencialmente pudieran sumarse a la anterior.

La acumulación de fuerzas tiene que ser hacia el poder popular, porque hasta los momentos la cultura de dominación sigue imperando: la burocracia, la violencia, la discriminación racial y de género, la desigualdad, el deterioro ecológico, la explotación indiscriminada de nuestras riquezas, la pobreza, la enajenación y los antivalores sociales caracterizados por el individualismo, la competencia, el consumismo y el clientelismo, en el marco de lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina de nacer.

Y en el tercer caso, debemos develar tales posturas para profundizar el proceso de construcción del Poder Popular.

Ahora bien, el Poder Popular es un proceso constituyente donde se reivindica el protagonismo del ciudadano y ciudadana común, en esa misma dirección planteamos en este proceso construir una nueva manera de hacer política la cual demanda cambiar la mentalidad, romper paradigmas y los viejos métodos de la política tradicional. Ello implica:

  1. Un nuevo modo de producción de conocimientos que impugna el monopolio y la jerarquía del saber.
  2. Una concepción del aprendizaje como interacción social constructiva.
  3. Una nueva racionalidad comunicativa centrada en el debate y en la relación dialógica.
  4. Una estrategia de intervención y organización no burocrática, con procedimientos de democracia directa.

 

Imagen: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Indígenas del cantón de Buenos Aires tendrán sus olimpiadas especiales

Uriel Rojas

Se trata del Primer Torneo de Olimpiadas Especiales que se realizará este 12 de junio en Buenos Aires de Puntarenas y el cual convoca a 8 territorios indígenas de la zona, de los cuales, 6 están ubicados en el cantón bonaerense más Chinakichá y La Casona de Coto Brus.

Representantes de Olimpiadas Especiales se encuentran esta semana reunidos en estos territorios indígenas para definir su participación en este torneo.

Hasta el momento han confirmado su asistencia las comitivas de Cabagra, Salitre, La Casona de Coto Brus y Rey Curré.

El objetivo de este Primer Torneo es promover la Interacción y la Convivencia Social para las personas Con y Sin Discapacidad, estimulando la inclusión social a través del Deporte.

En este primer torneo regional se competirá en dos deportes: Uno de masas como es el fútbol y otro novedoso llamado bochas.

Esta iniciativa es organizada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y Olimpiadas Especiales.

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)