Sala Constitucional aperciba al alcalde de San Rafael de Heredia por incumplir sentencia sobre construcción en zona de recarga acuífera
El Colectivo CONCEVERDE informó que la Sala Constitucional acogió una gestión de desobediencia contra el alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, y el jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, Esteban Arce Camacho. Según la organización, los funcionarios no cumplieron en el plazo establecido lo ordenado en un recurso de amparo sobre una construcción en una zona de protección ambiental y recarga acuífera del cantón.
Antecedentes del caso
De acuerdo con el comunicado, el 2 de abril de 2025 un grupo de vecinas y vecinos de San Rafael de Heredia presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la construcción de una edificación de grandes dimensiones, presuntamente desarrollada al margen del ordenamiento jurídico, que consideraban una amenaza para el ambiente, la fragilidad del ecosistema y los mantos acuíferos.
Según se denunció, las obras iniciaron con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de cobertura vegetal. Culminaron con la construcción de una bodega, el levantamiento de una tapia que impedía ver las actividades en el inmueble y el uso del sitio para almacenar vehículos de chatarra. En el recurso se señaló que en esa zona, por ser de protección ambiental y de recarga acuífera, están prohibidas las construcciones destinadas a talleres, «deshuesaderos de carros» o actividades similares, y que los hechos se habían denunciado ante la Municipalidad desde 2024 sin que esta adoptara medidas efectivas.
El caso se tramitó bajo el expediente N.° 25-009503-0007-CO. Según CONCEVERDE, del informe del propio alcalde y de la prueba documental quedó demostrado que se ejecutó una construcción fuera de la legalidad dentro de la zona regulada por el Decreto Ejecutivo N.° 25902-MIVAH-MP-MINAE y, parcialmente, dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 de 1888.
Mediante la resolución N.° 2025-029991, del 19 de setiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso. Ordenó al alcalde y al jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas para dar una solución real a la problemática denunciada, en un plazo de seis meses a partir de la notificación.
La gestión de desobediencia
Según el colectivo, las órdenes no fueron cumplidas en los términos dispuestos. Integrantes de CONCEVERDE presentaron entonces una gestión de incumplimiento. Esta dio origen a la resolución N.° 2026-043978, del 12 de noviembre de 2026, en la que la Sala acogió la gestión y reiteró a ambos funcionarios la obligación de cumplir integralmente lo ordenado.
La Sala advirtió además que, de persistir el incumplimiento, podría ordenar la apertura de procedimientos administrativos y remitir testimonio de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia, conforme a los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Posición de CONCEVERDE
Para la organización, este no es un hecho aislado: afirma que en el cantón se han denunciado en diversas ocasiones construcciones ilegales y una «preocupante inacción» de las autoridades municipales. Considera especialmente grave que, frente a una sentencia firme, la administración municipal haya alegado dificultades para realizar notificaciones u otros obstáculos administrativos que, en su criterio, han prolongado una situación ya declarada contraria a los derechos fundamentales.
CONCEVERDE sostiene que la resistencia a cumplir las resoluciones constitucionales erosiona el principio de supremacía constitucional y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Exigió al alcalde actuar de inmediato y dejar de postergar decisiones. «La función pública implica deberes y responsabilidades concretas; no fue concebida para justificar la inacción», señaló el colectivo.
