Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y exige un nuevo modelo de gestión de residuos
La organización denuncia el condicionamiento de inversiones públicas, respalda la defensa comunitaria y pide soluciones nacionales sostenibles.
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) manifestó su oposición a la instalación de un relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela y expresó su solidaridad con las comunidades que, desde hace más de una década, defienden su salud, sus fuentes de agua, su territorio y su calidad de vida frente al proyecto presentado como «Parque de Tecnología Ambiental».
En el manifiesto «¡Turrúcares no está sola!», el PCA rechazó que se condicionen inversiones públicas en infraestructura, educación, salud u otros servicios a la aceptación del proyecto. La organización advirtió que las necesidades de la población no pueden utilizarse como mecanismos de presión para favorecer intereses empresariales.
El Parlamento sostuvo que el conflicto pone en evidencia las limitaciones de un modelo nacional centrado en recolectar, transportar y enterrar residuos. A su juicio, trasladar los impactos de un territorio a otro no constituye una solución sostenible para Costa Rica.
Por ello, llamó a desarrollar un sistema de gestión integral de residuos conforme a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.º 8839, que priorice la reducción, reutilización, reciclaje, valorización y tratamiento ambientalmente responsable, con separación en origen y recolección municipal diferenciada.
La propuesta incluye fortalecer los centros de recuperación de materiales, aprovechar los residuos orgánicos mediante compostaje y evaluar tecnologías apropiadas para tratar los desechos no valorizables, con controles ambientales rigurosos, transparentes y verificables.
El PCA destacó, además, que la educación ambiental debe acompañarse de infraestructura y servicios públicos que permitan a hogares, centros educativos, comercios e instituciones gestionar adecuadamente sus residuos. La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre la ciudadanía.
Finalmente, exigió respetar la participación de las comunidades, la autonomía municipal y el ordenamiento territorial. Respaldó las acciones legítimas de defensa comunitaria e instó a las autoridades nacionales y locales a emprender una transformación estructural de la gestión de residuos. «Costa Rica no necesita más comunidades sacrificadas por nuestros residuos. Necesita un nuevo modelo para gestionarlos», concluye el manifiesto.
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