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Etiqueta: industria alimentaria

LOS MODERNOS CONTRATOS BANANEROS

Oscar Madrigal

La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.

En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.

Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.

Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.

Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.

Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.

Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.

La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.

Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.

Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.

A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.

Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.

Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.

Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.

La Producción Agroalimentaria ha sido seriamente afectada por la pandemia

German Masís

Según información del índice mensual de actividad económica(IMAE), las consecuencias económicas de la pandemia por el covid-19, han provocado la caída de la actividad en junio del 2020 en un 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior, periodo en el que las actividades más afectadas son alojamiento y suministro de comida que tuvo una caída interanual del 59.5%, mientras la industria alimentaria disminuyó un 7.2% por la menor fabricación de productos alimenticios, sobretodo de arroz, bebidas, frutas, legumbres y café.(LN,12-8-2020).

Las medidas de restricción sanitaria han llevado a sodas y restaurantes a cerrar o trabajar a media jornada, arrastrando a la crisis a las empresas productoras de pollo y cerdo, las cuales reportan fuertes contracciones debido a que no hay donde colocar el producto.

Las cadenas de producción de porcicultores, avicultores y en menor medida agricultores, están imposibilitados de poder colocar sus productos, los cuales en su mayoría se comercializan a nivel local. En el caso del cerdo, se calculó entre $7 y $8 millones la pérdida en productos que no se están vendiendo y se está buscando la forma de congelarlos para que no se pierdan. Según los porcicultores el consumo de carne de cerdo cayó en un 30% por la crisis.

En el caso del mercado avícola, los grandes suplidores del mercado nacional, constituido por las empresas PIPASA y Pollo el Rey, con cerca del 70% del mercado nacional, se han visto impactados, el primero entre un 15 y un 20% de sus ventas totales y el segundo de una manera más crítica porque han llegado al 35% en la reducción de sus ventas, a partir del cierre de restaurantes, bares y food services.

Junto a esas grandes empresas, las pequeñas y medianas granjas familiares que venden sus productos a esas grandes comercializadoras y dependen de la actividad, han sido severamente afectadas y se encuentran en peligro de no poder continuar trabajando. (CRHOY.com,19-8-2020).

Además de los efectos sobre la producción de las industrias cárnicas y avícolas, otras actividades como la producción de queso y derivados lácteos, habían reportado desde inicios de la pandemia haber sido afectadas debido a la interrupción de las cadenas de comercialización generada por el cierre de hoteles y restaurantes.

En algunas zonas del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, han comenzado a tener problemas para colocar los productos y han visto una reducción significativa de la demanda de los mismos. Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producen de 25.000 a 30.000 litros diarios, pero por la reducción de sus compras debieron despedir a unos 2.000 empleados y botar 1.200 litros de leche.

En Las Brisas de Zarcero, el gerente de Coopebrisas, advirtió de que 69 productores pequeños tienen la entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales cerraron sus puertas y dejaron de comprar. Mientras que en Santa Cruz, muchos pequeños productores que no van a las ferias del agricultor a vender quesos, dependen de las compras de intermediarios quienes llegan a sus fincas, por lo que son los que más están sufriendo con la menor demanda. (Alterdescr,4-2020).

En el caso de la actividad agropecuaria según el IMAE, el decrecimiento interanual fue de 1.3% por la menor producción de flores, follajes y plantas, descenso que no ha sido tan pronunciado debido a que las exportaciones de azúcar, café oro y carne impulsaron al sector agrícola y a que la producción interna de hortalizas y frutas se ha mantenido relativamente estable gracias a la permanencia continua de los mercados locales como las ferias del agricultor.

A la situación de descenso en la demanda interna de productos, se suma el diferendo en las últimas semanas con el vecino país de Panamá por el bloqueo impuesto a las exportaciones de algunos productos alimenticios que ha afectado a productos de 19 plantas costarricenses de lácteos y derivados lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, carne procesada de aves y de embutidos, que en lo que respecta a la leche ha supuesto la prohibición de exportación de 80 mil litros diarios de leche. Las Autoridades del Ministerio de Agricultura han elevado la denuncia a la Organización Mundial del Comercio. (LN.com,6-8-2020).

La producción agroalimentaria y algunas de sus principales cadenas productivas, se han visto afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, reduciendo considerablemente el consumo y la demanda de productos alimentarios, sin embargo, han logrado enfrentar los cambios en los procesos de comercialización mediante mecanismos para reducir la producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar mercados alternativos.

Según la FAO, pareciera ser que los sistemas alimentarios han resultado ser más resilientes de lo que se esperaba y que las amenazas y riesgos que podrían afectar al comercio de productos agrícolas a causa de la crisis económica, pueden ser enfrentados a través de la optimización de los canales de comunicación e información, así como implementar herramientas de inteligencia comercial con el fin de realizar un monitoreo del comercio y de la demanda de productos agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria.(FAO, Boletín #12,8-2020).

*Imagen ilustrativa, UCR.