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Etiqueta: Inisefor-UNA

Tecnología forestal permite a la UNA evaluar riesgos en árboles urbanos del residencial El Tirol-Del Monte

La Universidad Nacional (UNA), mediante el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor), concluyó un riguroso estudio técnico científico que permitió diagnosticar el estado y el riesgo del arbolado urbano en la calle Vía de los Cipreses del residencial El Tirol – Del Monte, en San Rafael de Heredia. Esta evaluación se realizó en atención a la solicitud del proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (Tevu), tras años de inquietudes vecinales y procesos judiciales vinculados a la condición de los árboles. El mismo, sirve como insumo al municipio correspondiente.

El estudio contempló un tramo de 650 metros de la entrada y se centró en árboles de ciprés (Cupressus lusitanica Mill.), plantados densamente en las décadas de 1950 y 1960 como cortina rompevientos para la producción agropecuaria. Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado en la zona cambió el entorno, generó presiones sobre estos árboles y aumentó su interacción con personas, viviendas, vehículos y cableado eléctrico.

Estas son las principales conclusiones de los investigadores del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA con la participación de un arbolista certificado:

  • Se lograron clasificar un total de 967 árboles mayores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), de los cuales: 41.68 % presentan una condición verde, 33.09 % están muertos, 9.4 % están vivos pero suprimidos, 7.23 % presentan una condición roja, 6.72 % presentan una condición amarilla y 1.86 % fueron desmochados y están muertos.

  • En total se etiquetaron y marcaron 538 árboles vivos de ciprés con DAP > 30 cm, presentes en calle, Vía de los Cipreses, residencial El Tirol, de los cuales 32 presentan 2 – 3 ejes, condición importante de considerar por el potencial riesgo de fallo por la acumulación de humedad, materia orgánica o corteza incluida.

  • Se realizó una evaluación visual de riesgo en los árboles censados, donde se identificaron 135 árboles candidatos a la aplicación de una evaluación del riesgo del arboladpo (TRAQ), debido a que se identificaron factores como presencia de pudrición, evidencia de cavidades, ramas secas, grietas, copas reducidas, muerte regresiva y árboles con grados de inclinación importantes hacia viviendas y vía pública (blancos bajo alcance).

  • Se seleccionó una muestra representativa de 45 árboles (20 rojos, 20 amarillos y 5 verdes) para realizar tomografías forestales con el equipo Picus 3 – Sonic Tomograph, tecnología de punta que permite observar el interior del tronco y detectar daños no visibles. Este análisis corroboró la presencia de defectos internos significativos en varios individuos de las categorías roja y amarilla, lo cual justifica acciones preventivas de manejo para mitigar el riesgo y posteriormente el manejo del riesgo residual.

En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como rojos, 30 % de ellos muestran una prolongación importante de daños externos.

El estudio concluye que alrededor del 56% de los árboles inventariados requiere atención técnica inmediata o monitoreo constante. “La valoración del riesgo no busca justificar la tala, sino proponer un manejo responsable y técnicamente fundamentado que priorice la seguridad sin perder los beneficios ambientales de los árboles”, destaca el informe.

Aporte científico y técnico

El equipo técnico del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA, está a disposición para brindar acompañamiento a los tomadores de decisiones y profundizar en los resultados de este estudio.

Henry Sánchez, investigador del Inisefor, comentó que el Instituto ejecutó un estudio sobre el estado fitosanitario de la masa de árboles que se encuentran en la calle de ingreso al residencial El Tirol, donde encontró información muy importante en torno a las características que presentan los árboles. En primera instancia, árboles mayores a los 80 años, los cuales se encuentran con una elevada densidad de siembra, lo que determina la supervivencia o la muerte de algunos.

Isaac Meneses, ingeniero forestal del Inisefor, agregó que lo primero es evaluar el estado de las especies arbóreas hasta el momento y, a partir de ahí, determinar cuáles árboles deberían removerse y cuáles no, pero deben de ser gestionados a través del tiempo. En aquellas áreas donde existan espacios sin arboledas, lo conveniente sería diseñar algún plan para introducir las especies de reemplazo.

Fabricio Ballestero, ingeniero forestal del proyecto Tevu, explicó que la municipalidad de San Rafael de Heredia les solicitó el apoyo en este proceso, ante la necesidad de contar con atención especializada y así tener a mano una aclaración técnica objetiva dentro de los términos de evaluación del riesgo del arbolado en el área mencionada.

Carlos Vargas, poblador del sector del Tirol, indicó que hay tantos puntos de vista como de vecinos preocupados por el riesgo ante la caída de ramas o incluso árboles; sin embargo, el área de ingreso al residencial es algo muy apreciado por los vecinos, lo que ha creado un conflicto interno sumamente serio por parte de algunos que se oponen a la corta de árboles. Vargas reconoció que el acompañamiento de los expertos les permitió conocer la realidad que afronta el área boscosa del Tirol, desde el ámbito científico y técnico.

Suelos serían clave en lucha contra el cambio climático

Este 21 de marzo en celebración del Día Internacional de los Bosques, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA) reafirma su compromiso con la investigación y la generación de conocimiento para una gestión forestal sostenible que potencie el papel de los suelos en la lucha contra el cambio climático

En el marco del Día Internacional de los Bosques, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA) hace un llamado a fortalecer la acción climática en el sector forestal mediante la incorporación del carbono orgánico del suelo (COS) en las estrategias de mitigación del cambio climático.

Los suelos de los bosques almacenan más carbono que la biomasa aérea, lo que desempeña un importante papel en la regulación del ciclo del carbono y la estabilidad de los ecosistemas. Sin embargo, a nivel global, la medición y monitoreo del COS aún presentan desafíos metodológicos que limitan su inclusión en los mecanismos de financiamiento climático, como REDD+ y los mercados voluntarios de carbono.

“Desde el Inisefor-UNA, avanzamos en el desarrollo de una matriz integral de evaluación del carbono orgánico del suelo, la cual establece criterios técnicos para mejorar la precisión y confiabilidad de su cuantificación en distintos tipos de suelos y usos del territorio costarricense. Esta matriz incorpora metodologías rigurosas, como la corrección por pedregosidad y la eliminación de raíces, lo que garantiza estimaciones más precisas sobre el contenido real de carbono en los suelos forestales”, explicó Víctor Meza, investigador del Inisefor-UNA.

De acuerdo con el especialista, es incluir el COS en la acción climático, significa una mayor captura y almacenamiento de carbono, “porque los suelos de los bosques pueden retener carbono durante siglos, lo que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero”.

Asimismo, “se puede obtener un monitoreo más preciso de los ecosistemas, debido a que la medición del COS complementa los inventarios forestales y proporciona una visión integral del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático”.

Para Meza, la inclusión del COS en los esquemas de créditos de carbono fortalece el valor económico de la conservación y manejo sostenible de los bosques.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Cambios al pago por servicios ambientales perjudica a mayoría de personas beneficiarias en el país 

Propuesta elimina la figura del regente forestal y amplía funciones de los profesionales del sector, lo cual traería el aumento de sus honorarios a costa del productor. Asimismo, la disminución en el incentivo provocaría que la ganadería y producción extensiva sean más atractivas para las familias que producen en pequeña escala, lo que pone en peligro la conservación de los bosques. El Colegio de Agrónomos y Forestales afirma que los cambios son inconstitucionales.

Recientemente, el Gobierno de la República planteó una reforma a los artículos 38, 39, 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE y sus reformas del 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997”. ¿Benefician estos cambios a la conservación de los bosques?

El pasado 6 de junio, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) organizaron un foro en la Universidad Nacional para analizar los cambios propuestos por el Gobierno al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA).

Xinia Brenes, presidenta de la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor), indicó que eliminar la figura de regente forestal dentro del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA) impide una certificación adecuada de la permanencia del bosque. “No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”.

Asimismo, Brenes afirmó que el artículo 122, aumenta las labores que realiza el profesional forestal, lo que conlleva a un aumento de sus honorarios y por ende a los costos del productor, al mismo tiempo que el Estado reduce el monto pagado por hectárea por los servicios ambientales que brindan los bosques.

Además, explicó que la propuesta pretende aumentar el tamaño mínimo de las fincas de 300 a 500 ha, “algo cuestionable considerando que las estadísticas de Fonafifo estiman que alrededor del 70% de las fincas que actualmente están adscritas al programa, tienen 40 o menos hectáreas”.

También indicó que los pagos conjuntos adicionales por los conceptos de “biodiversidad plus” y por “importancia para el recurso hídrico”, estarían limitados a menos del 5% de las posibles personas beneficiarias, lo que significa un pago de 21.000 colones por hectárea para alrededor del 80% de ellas, un monto no solo menor al actual, sino que insuficiente para competir con la presión que generan otras actividades productivas que compiten con la protección del recurso forestal.

Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, reiteró que la regencia forestal, “está más que comprobada como mecanismo para asegurar la permanencia del bosque, un elemento clave en el reconocido éxito internacional del PPSA. En los últimos años, el 72% de los contratos por conservación lo gestionan los regentes, quienes no solamente tienen fe pública para certificar tanto el buen uso de los fondos estatales y la permanencia del bosque, sino además son asesores que permiten a familias en zonas rurales tomar mejores decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales”.

El fiscal añadió que en años recientes el programa registró en promedio 70 000 hectáreas bajo protección y duda que Fonafifo sea capaz de gestionar adecuadamente un aumento a 182 000 hectáreas el presente año según pretende el cambio de normativa. Finalmente, agregó que el Colegio —en su análisis legal— llegó a la conclusión que dichas modificaciones a la normativa riñen con la legislación vigente porque intenta modificar un reglamento que es competencia profesional del Colegio, transgrede principios ya establecidos en tratados internacionales, y además sería inconstitucional al violentar el principio de no regresión en material ambiental.

Protagonistas

El alcalde y dirigente comunal de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, fue vehemente en decir que los verdaderos protectores del bosque son los miles de campesinos que trabajan la tierra en condiciones limitadas pero que protegen el bosque. “Ellos serían los perdedores con estos cambios”.

Mario Piedra, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), fue enfático en indicar que las personas productoras a pequeña escala —que son la mayoría de quienes se benefician con los pagos por servicios ambientales— son los guardianes del bosque, y mostrando datos desarrollados recientemente desde el Conare, argumentó que esta modificación al PPSA lo que hace es exacerbar la matriz de riesgo del recurso forestal ya que le resta valor al bosque, haciéndolo menos competitivo en comparación con usos alternativos de la tierra como la ganadería o la piña, actividades que añaden presión al bosque.

Para Piedra, la regencia forestal da la seguridad jurídica necesaria para poder comercializar internacionalmente servicios ambientales o ecosistémicos, algo esencial a futuro considerando las restricciones presupuestarias que tendrá el programa al depender mayoritariamente del impuesto a los hidrocarburos.

Los empresarios forestales manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los cambios a la normativa generen mayores cuellos de botella en trámites que deberían ser simplificados. “Con frecuencia se crea normativa, pero poco se evalúa su efectividad. Estamos en un momento histórico para revisar lo que realizamos en las últimas décadas en el sector forestal y proponer conjuntamente cómo mejorarlo”, sostiene Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria, quien además coincidió, en que la regencia es más que solo una verificación, sino que además es una necesaria asesoría al productor.

En este punto también concordó Jiri Spendlingwimmer, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación (Fecon), quien compartió la experiencia de cómo por medio de la asesoría de un regente forestal, en la zona de Osa, una comunidad de 800 personas logró crear el Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, utilizando los impuestos verdes pagados por la sociedad para el aseguramiento de la provisión de servicios ambientales provenientes del bosque.

Para ellos, de acuerdo con Spendlingwimmer, está claro que, si no hay pagos, el bosque pierde valor y la amenaza de deforestación es inminente. Señaló al actual Gobierno por querer seguir al pie de la letra la receta de entes financieros internacionales que se enfocan en modelos de mercado y descuidan la inversión social en salud, educación y ambiente.

Voz estudiantil

Representantes estudiantiles de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mostraron su preocupación por los cambios propuestos. La limitación a opciones de empleo si se elimina la figura de regente, el insuficiente pago propuesto, el cual dejaría de ser un incentivo a la conservación del bosque, y la duda ante la capacidad del Estado para fiscalizar por sí mismo los contratos, fueron algunas de las menciones realizadas por Hillary Jara.

Por su parte, Kendall Gamboa indicó que “para conservar el bosque no es solo decir Costa Rica pura vida”, sino que se requiere de verdaderos incentivos. Compartió cómo él mismo —proveniente de una familia campesina que se beneficia de pagos por servicios ambientales— decidió estudiar ingeniería forestal porque el regente le transmitió con su ejemplo, lo necesario que es la regencia y la fe pública para la protección de su propio bosque.

Tanto los expositores como los asistentes a este encuentro solicitan a Rodrigo Chaves, presidente de la República, que publique lo antes posible la normativa para la asignación de los pagos por servicios ambientales 2024 en los mismos términos de cómo se hizo en el 2023, para así no tener más retrasos y garantizar el uso del presupuesto durante este año en la colocación de áreas de bosque bajo protección y con esto no perjudicar a las personas productoras. Igualmente, solicitan que se inicie un proceso participativo de consulta para la construcción del decreto que asignará el uso de los fondos en el 2025.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica