Ir al contenido principal

Etiqueta: institucionalidad pública

Carta abierta para firmar exige designación técnica, transparente y comprometida con los derechos de las mujeres en el INAMU

Diversas personas y sectores han puesto en circulación una carta abierta dirigida a la presidenta electa Laura Fernández Delgado, mediante la cual solicitan que el próximo nombramiento de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y ministra de la Condición de la Mujer responda a criterios técnicos, transparencia y compromiso con la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

La carta, que se encuentra abierta a firmas mediante un formulario digital, subraya que esta designación constituye una decisión estratégica para la democracia y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en coherencia con el mandato legal del INAMU y con los compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

El documento enfatiza que la persona que asuma la presidencia ejecutiva del Instituto debe contar con idoneidad técnica incuestionable, experiencia comprobada en gestión pública, conocimiento en políticas públicas, liderazgo, solvencia ética y capacidad de articulación interinstitucional. Estos atributos son considerados indispensables para ejercer la rectoría en materia de igualdad de género y garantizar la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La carta advierte que el nombramiento ocurre en un momento particularmente relevante, debido al proceso de reorganización institucional que atraviesa el INAMU. Esta etapa es considerada determinante para fortalecer la capacidad del Estado de responder a las demandas urgentes en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, o bien, en caso contrario, podría debilitar una institucionalidad construida a lo largo de años.

En este contexto, se plantea la necesidad de que dicho proceso se desarrolle con transparencia, respeto al marco legal y comunicación clara con el personal y la ciudadanía, resguardando la memoria histórica, el conocimiento técnico acumulado y la estabilidad de los equipos de trabajo. Asimismo, se destaca la importancia de que cualquier transformación institucional se realice mediante procesos de diálogo interno que fortalezcan la legitimidad y la confianza pública.

El documento también resalta la importancia de establecer canales de diálogo genuino con los distintos actores del Estado y, de manera especial, con las organizaciones de mujeres, reconociendo que esta articulación es fundamental para la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad democrática.

Finalmente, la carta reafirma que el INAMU constituye una conquista democrática y una herramienta esencial para garantizar la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las mujeres, por lo que el nombramiento de su nueva jerarca debe responder a criterios técnicos, transparencia y compromiso con los derechos humanos.

Las personas interesadas en respaldar esta solicitud pueden firmar la carta abierta mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/1FJPXduYjGD3EcvY7

Imagen: UCR

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo tituladoNo es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

La Fealdad de la Política

Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer.
Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.

La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.

La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.

Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.

Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.

Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.

Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

¿Democracia e institucionalidad pública en Costa Rica?

Juan Huaylupo Alcázar

La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.

El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.

La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?

No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.

La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.

La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.

En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.

La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.

Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.

Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.

La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.

Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.

Escudo Democrático convoca «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica»

Con el apoyo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo el colectivo Escudo Democrático ha convocado la «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica». Esta actividad se realizará este viernes 11 de abril a las 7:00 de la mañana, con inicio en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela.

De acuerdo con la información compartida, la marcha tiene diversos objetivos, entre ellos la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como la independencia de los Poderes de la República y el respeto a la Constitución.

Las personas participantes también manifestarán su respaldo a una Caja Costarricense de Seguro Social pública, fuerte y solidaria, además de defender instituciones estratégicas como el ICE, el AyA y el INA.

Entre otras reivindicaciones se encuentran la educación crítica, libre y universal; la libertad de prensa y el derecho a disentir; los derechos laborales, ambientales y sociales; la agroindustria; y el derecho a organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas.

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en participar en esta manifestación por la democracia costarricense.

Avances en la corriente legislativa

Manuel Hernández

Sin que tampoco caiga uno en ilusionismos, no se puede dejar de reconocer que la Asamblea Legislativa, en los últimos días, dio algunas muestras, tal vez simbólicas, de algún atisbo, por lo menos, de recuperación parcial de la derrumbada institucionalidad pública.

Primero, fue el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que aprobó la exclusión de la CCSS de la cobertura de la Ley Frankenstein, oficialmente denominada Ley Marco de (des)empleo público.

Luego, el martes de esta semana, la Comisión Especial de Educación, por mayoría rechazó el proyecto empresarial que pretende desguazar y privatizar el INA.

Y este miércoles 12, la Comisión de Asuntos Sociales, también por mayoría, aprobó la reforma del artículo 6 de la Ley Constitutiva CCSS, que pretende eliminar la insidiosa figura de la Presidencia Ejecutiva, por resultar absolutamente incompatible con la autonomía política de esa institución.

Ciertamente, sustanciales avances, en tiempos tan aciagos, de dura agenda neoliberal y antidemocrática, que no se pueden subestimar.

Ciertamente, cualquiera podrá replicar que aún les falta bastante trámite legislativo a esos proyectos tan importantes.

Así es y mucho menos se pueden lanzar las campanas al aire.

Ahora, sin duda, se vendrá la esperable y fuerte reacción de los conservadores y empresarios, que harán todo lo que esté a su alcance para abortar esas iniciativas legislativas.

Y, además, las advertencias de la OCDE y las imprecaciones del FMI.

Por esto es necesario e imprescindible que en este nuevo escenario los sindicatos y sectores sociales comprendan la trascendencia de los proyectos y se apresten a defender y consolidar los avances, hasta ahora, alcanzados.

La CCSS y el INA son instituciones fundacionales del Estado Social y Democrático.

Ahora el pueblo, el Soberano, tiene que responder.

“El movimiento se demuestra andando” afirmó Diógenes

De enanos y gigantes históricos

Isabel Ducca D.

Uruguay está despidiendo a un gigante histórico. Nos referimos, evidentemente, al revolucionario José Alberto Mujica Cordano, llamado cariñosamente Pepe Mujica. Secuestrado, desde 1972 hasta 1985, por una dictadura militar, impuesta por los Estados Unidos. Padeció la tortura, la cárcel y un trato inhumano por ser parte del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Cárcel de la que escapó cavando un túnel y de la que salió para cambiar el fusil por la trinchera de ideas. Fue presidente en ese país del 2000 al 2015. Hoy se despide a los 89 años por padecer un cáncer terminal. En su país y en el mundo entero, hay quienes lo hemos escuchado como se escucha a un sabio. Nos dice en un vídeo que circula por redes sociales:

…Soy feliz … porque la lucha continúa por un mundo mejor. He gastado mi juventud, mi vida y tengo que venir a agradecerles de corazón. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital: lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen van a pertenecer al mundo de los irrelevantes y de los que no sirven ni para que los exploten. … Se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. … Yo soy un anciano que me voy, pero los jóvenes que están ahí, van a vivir un mundo que no tiene piedad. … Por lo tanto, el desafío de hoy … es tener los medios para desarrollar a las nuevas generaciones. … PARA ESO HAY QUE HABLAR CON TODO EL PAÍS. QUE ESTE PAÍS, POR LO MENOS, ACUERDE CUATRO O CINCO COSAS:

NO AL ODIO

NO A LA CONFRONTACIÓN

HAY QUE TRABAJAR POR LA ESPERANZA” …

En Costa Rica, padecemos todas y todos el afán obsesivo y compulsivo por destruir no solo las instituciones públicas, sino las normas básicas de la convivencia humana: el respeto a la dignidad de todas las personas, la cortesía, la amabilidad, la gentileza, el buen trato y el buen decir.

El insulto es la norma de quien fomenta con regocijo minuto a minuto el odio y la confrontación.

Carece por completo de la mínima compasión y misericordia humana.

Parece ser que fue un auténtico matón de barrio que no superó ese esquema mental de humillar y ofender a las personas vulnerables, como las mujeres, infantes y personas adultas mayores e identificarse con las superiores. Su mente funciona como una escalera: servir a los que están arriba de él para treparse y ocupar su lugar y utilizar a las demás personas. En esa escalera mental, no cabe el argumento, necesita descalificar constantemente para sentir que sube un peldaño.

Como buen enano histórico destila odio y lo promueve porque no tiene más proyecto que servir a sus amos del capital, como lo hizo tal auténtico “Yes man” en el Banco Mundial. De paso, saca tajadas para él.

Pobrecito mi país tan engolosinado con un enano histórico y tan lejos de diferenciar qué es un estadista y un gobernante que ponga siempre por delante el bienestar general de toda la población.

Imagen: Prensa Latina.