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Etiqueta: institucionalidad pública

SINTRAJAP: “JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores… a pesar de 20 años sin ajustes tarifarios, pérdida de cargas y regla fiscal”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SINTRAJAP envió una carta dirigida al intendente de Transporte de ARESEP, al ministro del ramo, a la junta directiva de JAPDEVA y a diputadas y diputados en la cual expresa la grave situación que vive la empresa, que “se mantiene gracias a sus trabajadores”.

En la nota se puntualiza que “JAPDEVA tiene 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente conta la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores”.

La nota expresa que “APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas”.

Además, SINTRAJAP señala que “JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia”.

Ante esa situación la organización de las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA propone “que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del Banco Central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP”. Asimismo, “que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica”.

SURCOS comparte la carta enviada por SINTRAJAP.

Limón, 03 de octubre del 2023

STJ-312-2023

Licenciado

Edward Araya Rodríguez

Intendente de Transporte

ARESEP

Junta Directiva

JAPDEVA

Ing. Luis Amador Jiménez

Ministro del MOPT

Diputados

Asamblea Legislativa

Estimados señores:

Después de un saludo cordial deseándole muchos éxitos en sus funciones pasamos a lo siguiente:

JAPDEVA a 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores.

Preámbulo.

APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas.

JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia.

ARESEP con todas las potestades de imperio que el legislador le ha dado no pueden intervenir en los altos costos de exportación e importación que se da en la empresa de APM Terminals, parece que hay un estado dentro de un estado, nadie los regula. Lo bueno de que no los regule Aresep, garantizan que no pasen 20 años sin que se mueva la tarifa, porque APM sin estar en operación ya tenía ajustes a sus tarifas.

En ese sentido APM se ha garantizado que todos los agostos de cada año, los ajustes comprendan la inflación de los EEUU, una moneda importante en la economía mundial; previendo así que sus ingresos no se devalúen, y que no exista un ente como la ARESEP que quebrante sus ingresos al punto de atentar con el equilibrio financiero.

PRIMER ESCENARIO:

  1. ARESEP en el año 2002 fija modelo tarifario a JAPDEVA.
  2. En JAPDEVA han pasado más de 20 años sin ajustes a las tarifas, aun cuando todos los servicios básicos suben constantemente, aun así, los trabajadores a nombre del estado con mucho esfuerzo y compromiso han dado un excelente servicio.
  3. Del año 2002 al 2012 ARESEP hace un ajuste de 10% a algunas tarifas portuarias. Y del 2012 al 2023 no ha habido ningún ajuste.
  4. La inflación de Costa Rica del 2003 al 2012 según datos del Banco Central fue de más de un 92%, aun así, la Aresep solo ajusto de oficio en un 10 % a algunas tarifas, dejando claramente un hueco económico en JAPDEVA, donde ni siquiera la inflación a la fecha se toma como referente para esos ajustes tarifarios.
  5. JAPDEVA en estos momentos tiene más de 20 año sin ajustes de tarifas.
  6. Las tarifas de JAPDEVA son en dólares, el año pasado 2022 el dólar llego a 697 colones por un dólar, y hoy al 3 del 10 del año 2023 el dólar está en 534 colone por un dólar, cayendo ese valor en 163 colones, en estos momentos somos el puerto más barato del mundo y bajando las tarifas por la caída del dólar.
  7. Hace 20 años se pone en peligro el equilibrio financiero de una empresa estatal que le ha servido a la sociedad civil, a la economía del país y al comercio nacional e internacional.

SEGUNDO ESCENARIO:

LES COMPARTO OTRA REALIDAD CON EL CANON QUE COBRA ARESEP QUE ES SU FUENTE DE INGRESOS, VEAN COMO TRANSGREDEN LA VARIABLE DE LA INFLACION EN 700%

  • El año 2002 cuando ARESEP fija modelo de tarifas a JAPDEVA, el cobro primero del canon fue de 31 millones aproximadamente.
  • Ya en el 2015 ARESEP estaba cobrando de canon 238 millones de colones a JAPDEVA, incrementándose la fuente de ingresos de la ARESEP por ese cobro en un 648%, aun cuando la inflación desde el 2002 al 2015 era de un 102% según datos del Banco Central. La pregunta que surge es ¿cuáles parámetros usan para ese cobro? ¿cómo llegan a ese cobro superando la inflación 7 veces, y Japdeva sin aumento por 20 años.
  • Nos cabe una pregunta que pasaría si ARESEP hoy todavía nos cobrara los 31 millones iniciales. Sencilla la respuesta, ya hubiera quebrado.

TERCER ESCENARIO ANTI PATRIOTA:

  • APM Terminals No son regulado por la ARESEP, son el puerto más caro de la región, no los toca la regla fiscal. Todos los agostos tienen ajustes de tarifas con base a la inflación de los EEUU. Son un estado dentro de un estado, lo que Costa Rica decida en su política económica y social no los toca.
  • Esto es importante que todos los ciudadanos costarricenses lo sepan para que vean como saquean al país. APM Terminals ha indicado que van a aportar para proyectos el 7.5% de sus ingresos y que eso equivale a $1000 millones en 33 años.
  • No nos detengamos allí, hagamos regla de tres si 7.5% es $1000 millones, cuanto es 92.5% que le queda APM, eso equivale a 13 billones de dólares en 33 años, riqueza que se va para Holanda. Seguimos esperando un gobierno que tome decisiones para que esa riqueza se quede en el pueblo de Costa Rica, y se beneficien los pobladores, las exportaciones e importadores, porque los altos costos en APM están fuera de orden atentando con el comercio nacional e internacional.

Por ultimo indicar que SINTRAJAP afiliado: a la en alianza con el Bloque Cívico de Limón, a la Confederación Rerum Novarum, a la FETRAL (Federación de Trabajadores de Limón); ITF (Federación Internacional del Trasporte) estamos muy preocupados por el tema de los ajustes de tarifas a JAPDEVA que en buena teoría se deben hacer año a año, tomando como mínimo la inflación del país, indicar que JAPDEVA lleva más de 20 años sin ajuste de tarifas, aun cuando la economía es dinámica porque JAPADEVA opera con los derivados del petróleo como lo son la gasolina y el Diesel, igualmente el agua, la electricidad, los salarios, póliza, costo de vida entre otras variables que suben constantemente, por ejemplo NO ES DE RECIBO que JAPDEVA no reciba el mismo trato, entendiendo que la ARESEP nace para regular la cosa pública, donde su artículo 30 de la ARESEP permite hacer ajustes de oficio, donde claramente pueden usar como parámetro la inflación de Costa Rica, la dinámica económica es variable no es estática no hacer esto por el ente regulador ARESEP, nos estarían condenando a los peores escenarios negativos, sociales, económicos y legales.

Solicitamos como organizaciones sociales lo siguiente:

  1. Que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del banco central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP.
  2. Que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, Solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica.

Sin más por el momento y esperando pronta respuesta se suscribe

Atentamente

Lic. Antonio Wells Medina

Secretario General SINTRAJAP

Copia: sociedad civil

Anuncio de la conformación de un Frente de Lucha por la Defensa del Estado Social

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Este miércoles 13 de setiembre 2023 se dará el anuncio de un nuevo Frente de Lucha en Defensa del Estado Social Costarricense y de sus Instituciones.

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, UCR, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, San Pedro de Montes de Oca.

Por este medio se invita a las estimables personas de la Prensa y a la población de Costa Rica en general a asistir al acto donde se anunciará la conformación de frente de lucha en defensa del Estado Social Costarricense y de sus Instituciones, y se informará los detalles de este proceso de lucha.

UCR: Costa Rica debe atender la violencia social desde una propuesta integral

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).

Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR

¡No a los Co-pagos!

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Frente Nacional por la Seguridad Social: en defensa de la salud pública, solidaria y de calidad

30 de agosto del 2023

Rechazamos la inmoral propuesta de “Co-Pago”

En este plan de desprestigio y desfalco contra la CCSS, beneficia a las empresas que lucran con la enfermedad. 

Desde el Frente Nacional por la Seguridad, FRENASS, censuramos y repudiamos el férreo interés privatizador de la Salud Pública por parte del presidente Rodrigo Cháves y su séquito grupo que carecen de criterio propio para la toma de decisiones a sabiendas inclusive, que estas son contrarias al espíritu de creación de la CCSS. 

En un nuevo intento por convertir el Derecho Fundamental de la Salud en un jugoso negocio para unos cuantos (posiblemente financistas de la cuestionada campaña), el presidente Chaves presenta a través de su secuaz Marta Esquivel, una infundada y ocurrente propuesta de “co-pago” con el falaz argumento que es para: “resolver las listas de espera”, aún a sabiendas que no cuenta con estudios ni fundamento técnico de ninguna autoridad competente. 

En este plan de desprestigio y desfalco contra la CCSS, se beneficia a las empresas que lucran con la enfermedad y se obliga a las personas usuarias a invertir (a costa de sus aportes) un 40% de sus propios recursos para inflar los bolsillos de los amigos de Chaves y Esquivel. 

La intención de Esquivel es evidente: no resolver las listas de espera, entregar los dineros de las personas aseguradas para subastar la salud costarricense, no resolver las necesidades de capacidad instalada; y romper con el principio solidario y universal de la CCSS. Desde el FRENASS mantenemos una posición firme y permanente para luchar contra la desinformación y todas aquellas amenazas en contra de la institucionalidad pública y en especial la Seguridad Social. No vamos a claudicar.

Un gobierno que no le paga a la CCSS, ¡No la defiende, la destruye!

¿De quién es la Caja? Del Pueblo que trabaja ¡La Caja no se vende, La Caja se defiende!

Coordinación FRENASS: https://www.facebook.com/frenass13

No-a-los-Co-PagosDescarga

Sicariato ambiental en ADN de quienes asechan la institucionalidad y el ambiente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos
Agosto 04 – 2023

¡Basta ya! con del velo verde sobre la realidad ambiental del país, y si todavía queda tiempo, profundicemos la denuncia y exijamos del Estado, su obligación ineludible con la vida ecológicamente sana en esta Nación; según lo demanda la Carta Magna y el bloque de legalidad aún vigente. A la vez, si el gobierno de la República, “enchompipado” en sus intereses también odia hasta la referencia a las crisis que padecemos1 pues es claro que, otros son sus propósitos; en vista de las elevadas cifras de violencia social y la destrucción ambiental de la situación cuyos estragos cunden en este país, es un deber aceptar que, el fondo se observa lejos y a las autoridades es a quien menos interesa. Por esto y mucho más, es hora de que, por ejemplo, los cientos de asesinatos durante el presente año en su mayoría calificados como “ajuste de cuentas” y los más de 10 mil incidentes ambientales del 20222, para algo diferente o “más que noticias” deben servir.

Respecto a los incidentes (quejas y denuncias) registrados sólo en un año por parte de cuatro entidades estatales y que, como describe el medio informante, “más del 90% corresponden a perdida de la biodiversidad causada por acciones humanas”; estos, son efectivos hechos de impacto negativo sobre el ambiente. Pensemos por lo tanto en miles de actividades, obras o proyectos en desarrollo; los cuales, bajo la eficiente aplicación de la legislación ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad) y así prevenir sus daños, deberían haber sido evaluadas por parte del Órgano responsable. Además, informa la Contraloría Ambiental3 que, de las 6318 denuncias ingresadas durante el mismo año 2022 al Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA), la Setena sólo investigó (atendió) la insignificante cifra de 28 denuncias de ese total. Este dato específico, es un detalle en apariencia asociado a lo establecido en el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, en cuanto a su deber de cumplir el trámite correspondiente, sólo de las denuncias sobre casos que abrieron expediente en esta Institución evaluadora, aunque no hayan concluido con la obtención de la Viabilidad Ambiental (Capítulo V -Reglamento General).

Sin embargo, dicho detalle es al mismo tiempo relevante y significativo, si en atención a esas denuncias anuales y el tratamiento que reciben algunas por parte de la Setena, con los mismos datos oficiales inferimos que, la evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos en concordancia con la Constitución (Artículo 50), ley Orgánica del Ambiente (Artículo 17) y Reglamento (D.E. 31849 y reformas) se está violentando tanto por acción como por omisión. Vale preguntar hasta aquí ¿De cuál otro instrumento técnico científico diferente y superior a la EIA, dispone el Estado costarricense para forjar el desarrollo ambientalmente sostenible y por consiguiente garantizar la vida saludable en este territorio? También ¿Por qué si está vigente el cuerpo normativo que establece y regula la EIA, la práctica demuestra que estas obligaciones no se están cumpliendo?

Es fácilmente constatable que, casi desde la promulgación del cuerpo de normas citado, experimentados especialistas en derecho ambiental, de buena fe le han señalado algunos errores u omisiones necesarias para honrar la debida progresividad y obvio mejoramiento, pero que nunca han tenido eco por parte de las autoridades competentes de hacerlo efectivo. En su lugar, sí han llevado a cabo muchas reformas reglamentarias y leyes de naturaleza netamente regresivas (Ej. zonas francas, caminos, torres de telecomunicaciones); especialmente durante los últimos diez años. En esta línea, se encuentra hasta hoy el nuevo Reglamento4 que, sólo espera unos días para entrar en vigencia; por su parte y quizás en meses, también habrá nueva ley según el expediente legislativo No. 23.213.

De manera que, esa es la principal razón por la cual, la Institución Rectora de la EIA (Setena), hoy yace agonizante frente a los daños ambientales que seguirán en aumento y multiplicando la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Mientras tanto, el caballo troyano llamado reactivación económica y efectivamente neo extractiva; la cual, no es y tampoco será nunca sostenible ni inclusiva, continuará la concentración y exportación de toda la riqueza que generan nuestros recursos hasta su extinción. Consecuentemente, acrecentando los estragos apuntados junto a más desempleo, la precarización del trabajo y el desfinanciamiento institucional de la salud pública, tanto como otros servicios sociales. Así repitan desde el gobierno, que el espíritu conservacionista lo llevan en su ADN.

Decíamos que la Setena sólo espera el “disparo” final de su defunción, y por ende, retroceder institucionalmente 30 años en el proceso de la EIA, pues desde la creación de la llamada CONEIA, su antecesora adscrita al entonces MIRENEM (Decreto No. 23783-1994), fue constituida como Órgano técnico de desconcentración máxima; y así sucede. En lo inmediato el primer paso ya ejecutado, es la derogación de su Reglamento General de la EIA mediante el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Luego seguirá la eliminación de su máxima instancia colegiada para la toma de decisiones conocida como comisión plenaria, así como, la desaparición como Institución de desconcentración máxima, por medio del proyecto de ley referido. Es decir, algo sui géneris, primero reglamentan y luego adecuan la Ley. Tómese en cuenta también que, aunque con otra función y quizás alcances menores pero complementarios, una similar situación se proyecta contra el SINAC, CONAGEBIO y otras imprescindibles entidades comprendidas en ese proyecto de ley del expediente anteriormente citado. Se ha informado que, dicho proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de diputados. Obviamente nada extraño en el poder de la República donde hace años, la representación del pueblo es una aberración por parte de tales mayorías.

Además, desde la primera intervención oficial a la Setena decretada durante la administración Chinchilla5 y las diferentes acciones regresivas cada vez más severas por parte de las administraciones Solís, Alvarado y la actual; se propusieron su “modernización y remozamiento” a toda costa, especialmente del ambiente, principal capital a conservar mientras contribuya a su mercantilismo. Vale puntualizar que, durante estos años, el número total de la planilla laboral de la Setena se ha mantenido en un promedio de 80 a 90 funcionarios. De ellos, los profesionales técnicos encargados de la EIA y distribuidos en tres departamentos técnicos, ha sido inferior a 50 para cubrir la demanda del fundamental servicio evaluador para todo el país, lo cual, entre los años 2014-2019 era de aproximadamente 2300 proyectos, obras o actividades por año; por lo tanto, es notable que, el recurso humano siempre fue insuficiente para el cumplimiento cabal.

Sin embargo, las preocupaciones reales por esa “modernización institucional”, se debe decir, no ha sido para mejorar la labor institucional y la normativa específica; sino, en unos casos para eliminar los procesos evaluativos y con los otros que dejan, debilitarlos; a esto último le llaman “adelgazamiento (reducción)” según informe 2021 -pg.19. Y para ello, además de preponderar la economía procesal más una supremacía indebida de la ley 8220; en julio del 2019, se ejecutó la reforma reglamentaria más regresiva hasta ese momento hecha, mediante el Decreto Ejecutivo No. 41.815, con el cual, se relegó el proceso para el 54% de los trámites de EIA que hasta dicho momento se presentaban; según los datos aportados por el propio gobierno6,7.

Pero esa no fue la única medida tomada en la misma línea, lo cual, se puede observar en los informes anuales de labores 2021 y 2022, donde encontramos que, para esos dos años, la cantidad de expedientes recibidos por la institución fue de 1962 y 2199 respectivamente8,9. De la primera cantidad no recibió la EIA el 65% (1276), de la segunda el 60% (1317); obviamente como efecto directo de la reforma reglamentaria. Las restantes cantidades de cada año y que mayoritariamente representan la aplicación del instrumento de evaluación D1, sí recibieron el proceso, pero previamente adelgazado. La prioridad repetidamente expuesta, ha sido y es reducir los costos económicos, así como los tiempos de tramitación en lo que queda para atender; casi todo convertido en ligeros trámites administrativos.

Estos son resultados de la “modernización” en la que como dicen falazmente sus promotores y jefes, prevalece el compromiso de construir una mejor SETENA. También, por medio de la cual “Uno de los objetivos más importantes que hoy nos direccionan es trasladarnos a de un modelo de EIA de escritorio a un sistema de seguimiento ambiental…” Y, “Siempre buscando cumplir con los objetivos de la institución, logrando automatizar y simplificar trámites, sin caer en regresión ambiental”. “Existe una SETENA que se ha modernizado, se actualizado tanto en estructura como a nivel de conocimiento del personal, donde los funcionarios tienen claro las aplicaciones a la EIA, y lo importante de acatar lo que establece la Ley 8220, las competencias institucionales, cuyo resultado es una institución comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible y con un servicio de calidad al usuario”. Como se dijo en un artículo anterior, tanta claridad existe en estos funcionarios sobre las aplicaciones a la EIA y el compromiso institucional que, su jefe, hace pocos meses expuso ante diputados y representantes comunales del cantón de León Cortés que, “la Setena no es quien hace esta evaluación”.

En fin, informes oficiales como los referidos, leídos con detenimiento nos permiten comprobar el mar de deficiencias y contradicciones internas en la gestión de esta institución pública, la cual, posee encargo de las más altas responsabilidades científicas y técnicas para el país y el Planeta. Así mismo, las verdaderas intenciones de sus actores (propios y foráneos), a pesar de que, la ciudadanía, cada día más, ejercita su derecho fundamental de participación como defensor del ambiente por medio de la denuncia; no obstante, el riesgo e indefensión que le acarrean y que no dudamos, por las acciones oficiales y los grupos de interés que en ellas encuentran apoyo, se multiplican. La difamación, el hostigamiento, el asesinato y por ende, la violación de derechos humanos, son hechos de la vida actual en este país y no inventos de quien quiera dañar su imagen internacional. Los pueblos aborígenes, aunque no los únicos, padecen de estos hechos en los que domina la atención oficial negligente y la impunidad.

Indicamos antes que, las cifras son elocuentes y lo repetimos, el SITADA reportó 6318 denuncias ambientales para el 2022 y por su parte la Fiscalía Adjunto Agraria Ambiental 2358; y aunque desconocemos si en la primera cantidad está contemplada la segunda, seis mil o más denuncias y sus posibles daños ambientales, implica una situación crítica y alarmante. Sin embargo, la participación reportada sobre ello por parte de la Setena, sin duda que es la de mirar para otro lado. Una conducta que, aunque no es nueva, responde a la política pública continuada por el actual gobierno, cuyo mejor ejemplo a ese nivel, es la oposición a ratificar el Acuerdo de Escazú10,11; mientras que, a nivel de la Setena, resulta evidente su constante manipulación y cuando no, la oposición a cumplir lo que debe con los mecanismos de participación pública.

En estos días y como sucede con frecuencia con las autoridades de la Setena, obligados por la Sala Constitucional tendrán que llevar a cabo una Audiencia Pública en el cantón de León Cortés, por los vicios cometidos en la Viabilidad Ambiental al proyecto de gasificación de residuos en ese territorio; asunto denunciado por la comunidad movilizada como una férrea y digna Defensora del Ambiente12. En el Caribe Sur limonense, una situación similar se presenta, con el Plan Regulador Costero de Talamanca13, territorios donde ya conocemos las maniobras institucionales cómplices con los intereses privados, cuando se trata de Audiencias públicas. No obstante, abrigamos la esperanza de que, algún día se haga realidad lo que con frecuencia es señalado por la Sala Constitucional sobre el tema de la participación ciudadana; tema trascendente del Acuerdo de Escazú:

“…este Tribunal ha potenciado el derecho que tiene la población de participar en aquellos asuntos que sean de su interés y que involucren la afectación al ambiente. Sobre el particular se ha indicado, que la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca 2 puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca” (Sentencia Constitucional No. 6922-2010).

Referencias:

  1. https://observador.cr/9-homicidios-en-12-horas-mientras-chaves-niega-crisis-expertos-advierten-que-es-una-ola-inedita-de-inseguridad/
  2. https://www.elpais.cr/2023/06/16/delitos-de-tala-en-areas-de-proteccion-encabezaron-denuncias-denuncias-ambientales-en-2022/
  3. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  4. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2023/02/65-de-proyectos-de-bajo-impacto-ambiental-que-ingresan-a-setena-ya-no-requeriran-viabilidad
  5. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Decreto37675
  6. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/setena-da-pasos-firmes-hacia-su-digitalizacion-2/
  7. https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/setena-digitaliza-tramite-para-proyectos-de bajo/RGIHZBASF5CILG6LIRSLANI45Q/story/
  8. https://www.setena.go.cr/Downloads/documentos/Transparencia/InformesInstitucionales/Informes/Informe%20Gestion%20SETENA-2021%20(FINAL).pdf
  9. https://www.setena.go.cr/Downloads/documentos/Transparencia/InformesInstitucionales/Informes/Informe%20Final%20SETENA-2022.pdf
  10. https://www.dw.com/es/presidente-electo-de-costa-rica-descarta-acuerdo-ambiental-de-escaz%C3%BA/a-61680313
  11. https://semanariouniversidad.com/pais/acuerdo-de-escazu-entra-en-vigor-sin-el-pais-que-le-dio-nombre/
  12. https://observatoriop10.cepal.org/es/jurisprudencia/sentencia-la-sala-constitucional-la-corte-suprema-justicia-resolucion-num-11236-2023
  13. https://www.elpais.cr/2023/08/03/plan-regulador-costero-de-talamanca-irrespeta-humedales-para-poner-estacionamientos-y-zonas-turisticas/

Imagen ilustrativa, UCR.

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.

SINAE Afines: Acuerdos de Junta Directiva de la CCSS son ilegales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

▪ SINAE AFINES exige a Consejo de Gobierno respeto a la institucionalidad

  • Marta Eugenia Esquivel embarca una vez más al presidente de la República por urgencia de definir “Exclusivos y Excluyentes” en la CCSS.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) deja muy claro que todo acuerdo que tome la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es ilegal y nulo, debido al irrespeto que el Gobierno hace a la resolución de la Sala Constitucional, aún más, este jueves, al tratar de dejar en firme cuáles trabajadores de la institución serían Exclusivos y Excluyentes.

La petitoria de esta organización sindical en el recurso de amparo expediente 22-028375-0007-CO, interpuesto el 13 de diciembre del 2022, fue clara en que se anulara la medida cautelar del Consejo de Gobierno del 07 de diciembre del año anterior, cuando suspendieron y quitaron del puesto a cinco directivos de la Caja.

“Cualquier decisión o acuerdo que tome la Junta Directiva de la CCSS hoy, sería ilegal y absolutamente nulo. El recurso de amparo que interpusimos fue orientado en la anulación de la medida cautelar interpuesta por el Consejo de Gobierno, que de manera deliberada y sin tener potestad constitucional, separó del cargo a cinco miembros”, expresó Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES.

Además, añadió que: “La Sala Constitucional nos dio la razón y a la fecha, falta la restitución de dos representantes que fueron destituidos: Maritza Jiménez del Solidarismo y Carlos Salazar, del Ejecutivo”.

Ante este panorama, el SINAE AFINES envió este jueves una nota al Consejo de Gobierno donde le exige el respeto a la institucionalidad, a la autonomía de la Caja y el marco legal, pero, sobre todo, el voto de la Sala Constitucional del 27 de junio de este año porque está llevando a la institución a una incerteza e inseguridad jurídica. Página 2 de 2

Otra “embarcada” más al presidente

El dirigente sindical aseguró que Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está embarcando nuevamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la urgencia de querer aprobar cuales son los trabajadores de la CCSS Exclusivos y Excluyentes.

“Hoy, por la premura que tiene Marta Eugenia Esquivel y los representantes de la Junta Directiva nombrados a dedo por el Ejecutivo, quieren votar lo Exclusivo y Excluyente en la CCSS, una vez más embarca al presidente de la República, por eso, le solicitamos el respeto a la autonomía de la CCSS al ser la institución pilar fundamental de nuestra democracia, de la seguridad social y porque con la vida y la salud de los costarricenses no se juega”, finalizó Hernández Navas.

SINAE PRENSA

El SINDEU, una fuerza universitaria presente en las luchas de las masas trabajadoras, por los derechos laborales y por luchas sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Julio 2023.

El 28 de junio recién pasado, se llevó a cabo el proceso de elección de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, que estará en funciones a partir del 1 de julio, por el período 2023-2025. Este proceso electoral, fue organizado por el Tribunal Electoral del SINDEU.

A dicho proceso, concurrieron dos propuestas de trabajo y organización, presentadas por las respectivas tendencias: Nueva Ruta Sindical y Resistencia Sindical Unida. La segunda, a cargo de la Junta Directiva actual.

La actividad de emisión del voto transcurrió de forma ordenada, en un día cuyo clima contribuyó con el buen suceso. Luego del conteo de votos y llevado a cabo el procedimiento de formalización correspondiente, Resistencia Sindical Unida y el actual secretario general Harold Chavarría Vásquez, quedó reelecta, fue juramentada   y estará al frente del SINDEU por el período antes mencionado.

El contexto nacional

Costa Rica no escapa a la embestida del neoliberalismo. Los logros en el bienestar social, la institucionalidad pública, los derechos laborales, conseguidos en las luchas llevadas a cabo por las organizaciones de los sectores trabajadores, como el derecho de huelga, de manifestación, derechos salariales, horarios laborales, para mencionar algunas conquistas, están bajo constante acecho.

Instituciones públicas como La Caja, las universidades públicas, el ICE, el A y A, el sector cultura, la educación pública en todos sus niveles, reclaman su defensa y la generosidad en la lucha.

El escenario es grande y complejo y ante tal demanda y en tal magnitud, debemos prepararnos.

El escenario interno

En el escenario interno, la Junta Directiva deberá proponerse, con arrojo y visión, el crecimiento de la membrecía del SINDEU, y la articulación de esfuerzos y caminos entre sus integrantes. Al crecimiento de la afiliación, debe dársele la atención necesaria a la afiliación del sector docente.

Ante las autoridades, debe plantearse propuestas concretas, con dignidad y firmeza. A toda la población universitaria, nos corresponde velar por la buena marcha de la Institución, así como fortalecer la visión de la universidad/país y la unión de fuerzas con los demás actores sociales.

La defensa de los derechos laborales debe ser firme en todos los aspectos, como las deudas a los salarios, por ejemplo. Por otro lado, en la mejora del acceso a recursos y facilidades económicas institucionales, hay que poner atención en aquello que viene sonando, sobre que la Junta se está convirtiendo en “una garrotera”.

En cuanto al Consejo Universitario, es necesario ser creativos y propositivos, y afinar el planteamiento de trabajo conjunto, para que todos aquellos aspectos que significan bienestar para la población trabajadora estén siempre en los primeros planos de la agenda y gestión de este órgano.

Con la Federación de Estudiantes, debe hacerse también un trabajo conjunto, con miras a clarificar y articular fuerzas y mecanismos de acción.

La Convención Colectiva: es imprescindible contar con mecanismos de un monitoreo constante y acción, sobre aquellos factores y actores que la fortalezcan o la debiliten.

En cuanto a la democratización del voto en la elección de actores a los cargos de autoridad, debe fortalecerse la lucha para tener una participación de peso en esa elección, ya que los electos, con sus decisiones afectan los intereses de la población trabajadora.

En la lucha por el FEES, el SINDEU debe fortalecer su participación, en la movilización, y tener presencia en las instancias decisorias.

El escenario externo

En este escenario es necesario esclarecer una combinación de factores: por un lado, priorizar cuales son las luchas por llevar adelante según nuestros intereses como sector sindical; así también, cuáles son los actores con los que contamos para hacer articulaciones y unión de fuerzas en esas luchas; por otro lado, cuáles son los actores opositores en esas luchas y con qué articulaciones cuentan.

La claridad en esta combinación de factores nos permite una planificación acertada de las luchas y disposiciones de fuerzas y momentos para abordarlas, consecuente con los logros a conseguir.

Claro está que este escenario externo está compuesto por distintas fuerzas como el gobierno, sus políticas neoliberales, su disposición de irrespeto al marco jurídico constitucional. Están también los otros poderes del Estado, con los que cierran filas según sus intereses.

Así mismo, figuran acá actores en contra de los intereses populares, como algunos partidos políticos, grupos de presión, grupos de interés, las empresas de desinformación y manipulación de la opinión pública, intereses foráneos, algunos grupos religiosos, entre otros.

El ámbito internacional

En este ámbito es de primer orden tener claridad sobre cuáles son los actores en defensa de los intereses de los sectores populares nacionales e internacionales, para coordinar fuerzas, acciones y medios a utilizar; y cuáles son los actores en contra de estos intereses, sus acciones y los medios de los que se valen.

Es necesario también tener claro cuáles son las instancias y espacios en las que se llevan a cabo las luchas; así como la organización, articulación, gestión, trabajo y movilización idóneos en este ámbito.

Muy importante acá, es el conocimiento del ámbito jurídico internacional, sus actores, andamiajes y manejos.

Claridad sobre los diferentes momentos

Para todas las personas integrantes del SINDEU que apoyaron a una u otra tendencia, es necesario tener claro que la contienda electoral ya quedo atrás y lo que sigue es la unión de fuerzas por los intereses del sector trabajador, y por la Universidad de Costa Rica; así como por la educación superior pública, por los intereses de los sectores populares del país y por la soberanía y el interés nacional.

Saludos, éxitos y nuestro apoyo a la Junta Directiva entrante.

Del dicho al hecho, ¡hay mucho maltrecho!*

Escrito en . Publicado en Salud.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria

Estamos experimentando uno de los fenómenos más peligrosos de las últimas décadas, cómo los políticos de turno sin respeto por las normas, las buenas costumbres y la institucionalidad que tenemos atacan sin piedad, ni restricción en múltiples líneas.

Ejemplos hay muchos, conocidos por todos y todas, veamos: el caso del MEP, CINDE, Fundación Omar Dengo, el FEES, el agro, el derecho al agua, la destitución de directivos, gerentes y funcionarios y funcionarias a diestra y siniestra.

En la CCSS no hemos escapado de ese terror que se impregna cada día, así como la inacción del país en general.

Creo de corazón que la CCSS, es un baluarte costarricense, pilar de la democracia y ejemplo para los países del resto del mundo!

Algunos que han sido designados para defenderla, ahora la quieren atrapar en un oscurantismo y paralización a punta de miedo, no debemos dejarlos avanzar!

La Junta Directiva debe trasparentar sus sesiones, frenar la persecución político-laboral, trasmitiendo en vivo los diferentes temas, cuál es el fin oscuro de mantener encerrado en un círculo de 9 personas de efectos e impactos en la gente.

Trasparenten el nombramiento de gerentes, mediante ternas y procesos que busquen las personas que tienen mayores condiciones técnicas, capacidad y determinación de liderar los cambios que necesitamos en listas de espera, aumento de capacidad instalada, fortalecer los Ebais, entre otros muchos retos.

Trasparenten las decisiones sobre informes técnicos, dejen de confundir a la población con dimes y diretes, la mayor parte cortinas de humo y mensajes que solo surgen del hígado.

Ayer por ejemplo doña Marta Eugenia Esquivel emite un video vendiendo humo, diciendo que rechazan estados financieros, eso es parte de la narrativa y discurso de la caja quebrada.

No obstante lo anterior, la CCSS es fiscalizada por la Contraloría en materia presupuestaria y auditada internamente y por una empresa externa, donde se dice que existe una razonabilidad de las cifras!

En otro video en el marco de la huelga, quiere amedrentar a los trabajadores y ponernos mal con la población, cuando estos movimientos surgen por defender la CCSS, la autonomía y la lucha por la seguridad social.

Basta ya de echarnos la culpa a los funcionarios de todo lo qué pasa, es una cacería sin sentido. Aquí estamos padres de familia, tíos, primos, empresarios, trabajadores que enfrentamos largas jornadas y gente que siente, gente de carne y hueso, que quiere lo mejor para el país.

Hemos perdido batallas importantes para el país en materia de la CCSS y en defender de los trabajadores, pero hoy no podemos desfallecer.

Si la Presidenta Ejecutiva, la Junta Directiva y gerentes servirles siguen en este ritmo, en unos meses veremos agravarse las condiciones en salud, basta de ataques y al menos concéntrense en trabajar!

Unidos por la CCSS, por el país y por los más necesitados! Decimos si a luchar por nuestra patria!*

Democratizar la educación para reconstruir la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.

Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.

Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.

Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.

Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.

En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.

Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.