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Etiqueta: institucionalidad

Intromisión extranjera en la campaña electoral de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Martín Rodríguez Espinoza

Lo que anunció Rodrigo Chaves no es un acto administrativo ni una visita protocolaria cualquiera, es una intromisión descarada en la campaña electoral costarricense, cuidadosamente montada como espectáculo político. Invitar al dictador Nayib Bukele en plena campaña, para “colocar la primera piedra” de una supuesta mega cárcel, es una provocación abierta a la institucionalidad del país y un mensaje electoral burdo a favor del oficialismo.

Que esta maniobra provenga de Rodrigo Chaves la vuelve todavía más grave. No se trata de cooperación internacional ni de intercambio técnico, es propaganda política importada, usando la figura mediática de un gobernante extranjero para influir en el electorado costarricense. Eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, se llama injerencia.

El momento no es casual. En plena contienda electoral, montar un evento con luces, cámaras y discursos alrededor del llamado “Cacco” busca asociar mano dura, orden y autoridad, aunque sea prestada, con la candidata oficialista Laura Fernández. Aunque hoy digan que no hay una reunión “agendada”, ya la propia Pilar Cisneros dejó claro que “no se descarta una invitación”. El cálculo político es evidente.

Este acto debe ser condenado sin ambigüedades por la sociedad costarricense y, más aún, prohibido por el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE no puede mirar para otro lado mientras se usa a un mandatario extranjero, con un historial autoritario ampliamente cuestionado, para inclinar la balanza electoral. Si se permite esto, mañana se abrirá la puerta para que cualquier gobierno foráneo venga a hacer campaña en suelo nacional.

Costa Rica no necesita shows electorales disfrazados de obras públicas. Costa Rica se defiende con reglas claras, con soberanía, y con respeto al pueblo. Todo lo demás es una afrenta que no debemos normalizar.

8 de enero 2026

El outsider: el viejo truco populista en política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Wilmer Casasola-Rivera
Filósofo y Psicólogo
Escuela de Ciencias Sociales TEC

Las campañas electorales revelan cómo pensamos o, peor aún, cómo no pensamos cuando decidimos el futuro del país. También exponen las virtudes y carencias intelectuales de quienes aspiran a gobernar.

El populismo vuelve a ser protagonista en la contienda electoral de 2026 en Costa Rica, esta vez bajo el disfraz de la pureza moral y la supuesta ruptura con el sistema tradicional que encarna la figura del outsider. El advenedizo se presenta como portador de una gestión política supuestamente incontaminada, bajo una premisa frágil, pero peligrosa: que no haber participado en política sería garantía de una mejor administración del poder.

El fenómeno outsider surge como respuesta al descontento ciudadano frente a los partidos tradicionales. Quienes adoptan este discurso se presentan como agentes morales puros, con capacidades superiores y ajenos al poder político, bajo la promesa de que harán un mejor trabajo porque todos los anteriores lo han hecho mal. Sin embargo, esta supuesta virtud puede salir cara: la improvisación política no es una cualidad, sino un error grave. Además, el outsider rara vez ha sido completamente ajeno a la política. De una u otra forma ha estado vinculado al ejercicio público, aunque disfraza ese vínculo con una retórica antisistema diseñada para seducir al ciudadano menos informado y vender la idea de que no es político tradicional.

Estas posturas puristas en política son discursos abiertamente demagógicos y populistas. Al político populista le interesa construir un relato que se congracie con la mayoría, como cuando existen juicios sesgados hacia determinadas instituciones. El populista capitaliza ese descontento y lo convierte en un producto vendible. Esto recuerda al viejo Maquiavelo quien planteaba que un gobernante debe hacer todo lo posible por ganar y conservar el Estado. Proyectar una imagen sincera y lograr credibilidad es parte de este juego de poder.

Muchos podrían creer en este discurso populista debido al desgaste provocado por gobiernos que han hecho mal su trabajo. Sin embargo, ese fracaso previo no garantiza que estos nuevos mesías lo harán mejor. Algunos no solo han administrado deficientemente el país, sino que han socavado la institucionalidad para debilitar el Estado de derecho, a las instituciones y los medios que los cuestionan. Como advierte Moisés Naím, una democracia sin Estado de derecho es hueca. Un gobierno puede ser elegido democráticamente, pero si viola constantemente los límites a su poder, se vuelve corrupto y transgrede los derechos fundamentales de los individuos. El problema de fondo es que muchas de estas deficiencias han surgido, precisamente, de la mano de ese purismo político que se presenta como outsider.

La inexperiencia constituye una variable de riesgo crítica en los asuntos públicos. Si bien la trayectoria política no garantiza por sí misma un buen gobierno, su ausencia sistemática eleva exponencialmente las probabilidades de fracaso. No se trata de defender una experiencia acumulada por años que sea burocráticamente pasiva o carente de gestión social, pues es necesario reconocer que la excelencia y el mérito profesional no siempre imperan en la función pública. La excelencia es sustituida por lo aceptable, por la complicidad con el menor esfuerzo o, incluso, por la mediocridad. Bajo esta premisa, la intención de replantear los equipos de trabajo cobra validez, pero el problema surge cuando la excelencia se descarta y el argollismo se convierte en el único criterio de selección. De ahí que la promesa de conformar gobiernos con personas ajenas a la función pública pueda caer en un sesgo de preferencia y no de formación. La tesis de que la ausencia de contaminación política garantiza mejores resultados es discutible, pues ignora que el funcionamiento del Estado posee dinámicas particulares y que conducir un aparato institucional complejo exige experiencia, pericia y una comprensión integral de su funcionamiento.

Un país no es una empresa ni un fondo de inversión. Gobernar no es un ejercicio de gerencia corporativa, sino de liderar con visión la complejidad social. A diferencia de una entidad privada, cuyo fin último es la rentabilidad financiera y el beneficio de sus accionistas, el Estado tiene el deber de priorizar el bienestar social. Mientras que una empresa puede descartar clientes o líneas de negocio que no resulten rentables, el Estado tiene la obligación irrenunciable de atender a la totalidad de su población, especialmente a los sectores más vulnerables que carecen de oportunidades en el mercado. La gestión pública, por tanto, no es un asunto que deba reducirse únicamente a la eficiencia técnica. Aunque a veces, ni siquiera hay eficiencia técnica, sino intolerancia técnica que conduce al fracaso.

El gobierno de advenedizos es problemático. La confusión de roles conduce a la disfunción institucional y puede costarle caro al país. Esto se evidencia cuando un mandatario arremete contra los poderes legislativo y judicial, o contra la educación superior, por el simple hecho de que estas instancias cuestionan sus decisiones. Pensar que existe una supuesta “monarquía judicial” revela una preocupante ausencia de educación cívica y de comprensión democrática. La experiencia no se reemplaza con entusiasmo, ni las instituciones públicas se gestionan a partir de ocurrencias. Gobernar exige conocimiento especializado y experiencia en la administración pública.

La conformación de un gabinete no debería ser un ejercicio de simpatías ni de amiguismos, sino una búsqueda rigurosa de excelencia profesional y méritos académicos. Sin embargo, la pretensión de gobernar con figuras ajenas a la trayectoria política ha derivado en una improvisación que ha puesto en riesgo el país. La crisis educativa y la falta de gobernanza en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) representan tan solo dos de los fracasos más evidentes de esta gestión. Ambos casos evidencian que delegar instituciones estratégicas a perfiles inexpertos y advenedizos solo conduce al deterioro del sistema.

La crisis de la educación en Costa Rica es un ejemplo claro de lo que implica nombrar a personas sin conocimiento real de las instituciones públicas y de cómo ese desconocimiento conduce al fracaso. En el gobierno actual, la llamada Ruta de la Educación fue siempre un misterio que terminó en un berrinche para evitar su publicación y que fuera despedazada. Esa ruta tuvo las características del Ser de los filósofos griegos: una realidad última, una unidad inmutable, la esencia de las cosas, la idea eterna, un ente puro e indestructible, aunque nunca perceptible. Esa ruta nunca se expresó y el daño ya lo conocemos. Reestructurar un sistema educativo no es sencillo, pero es aún peor cuando se colocan forasteros en cargos para los cuales no están capacitados ni poseen las competencias necesarias.

Otro ejemplo particularmente claro de improvisación e incompetencia se observó en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Durante este periodo, la institución enfrentó una de las crisis más serias de su historia: aumento sostenido de las listas de espera sin una estrategia clara y verificable para reducirlas; cuestionamientos públicos sobre la transparencia y legalidad en la gestión de contratos; ruptura sistemática del diálogo con los sindicatos; tensiones constantes con la Contraloría General de la República por decisiones administrativas mal fundamentadas; y despidos de funcionarios guiados más por criterios ideológicos que expertos. En términos simples, se trató de una conducción improvisada y autoritaria en una institución que, por su naturaleza y por la población que atiende, exige rigor, sensibilidad y responsabilidad.

Los problemas sociales no son meros asuntos técnicos, sino lo que Heifetz y Linsky denominan desafíos adaptativos: problemas que exigen nuevas pautas de aprendizaje, cambios en valores, actitudes y conductas que permitan introducir enfoques distintos para resolverlos. Cuando se observa la realidad desde un único esquema mental, las soluciones suelen ser parciales o disfuncionales. Por este motivo, cuando gobernar se confunde con autoritarismo, se anula la disposición a aprender de los demás y desaparece la capacidad de ofrecer respuestas inteligentes e integrales.

Debe inquietarnos el discurso soberbio de ciertos candidatos que aseguran no necesitar curva de aprendizaje o presumen conocer a la perfección el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Esa pedantería expone una gran ignorancia. Y lo mismo ocurre con quienes creen que innovar consiste únicamente en mover capital financiero. El idealismo tecnocrático y los delirios de grandeza son peligrosos y nos dicen hacia dónde conduce esa postura.

Gobernar exige una comprensión social integral para enfrentar los desafíos del país, pues sin amplitud académica, la visión de la realidad se vuelve limitada. Sin embargo, parece que enfrentamos tiempos donde el rigor intelectual ha dejado de importar y algunos creen en un pragmatismo sin contenido, al punto de reducir el conocimiento académico a un simple panfleto o brochure. Costa Rica no requiere iluminados ni oportunistas que se bajan de un taxi y se suben a otro cuando les conviene, como tampoco la continuidad de malas decisiones. Lo que el país exige son líderes capaces de entender la complejidad del Estado para transformarlo sin destruirlo. Validar el mito populista del outsider, que eleva la ignorancia y la inexperiencia a la categoría de virtud, condena a la nación a ciclos viciosos de improvisación, polarización y autoritarismo. Gobernar requiere convicciones éticas, no delirios morales.

Del autoritarismo a la dictadura hay una línea delgada que suele trazarse con el abstencionismo y los fanatismos poco reflexivos al momento de votar. Deberíamos aprender de la experiencia amarga de otros países y de nuestra propia realidad política.

Óscar Aguilar Bulgarelli sostiene que el actual proyecto político busca destruir la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.

Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.

El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.

Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.

Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

No podemos equivocarnos… esta vez

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.

Siete de noviembre Día de la Democracia Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Desde 1942 con gran sapiencia nuestros gobernantes han designado el 7 de noviembre como el Dia de la Democracia Costarricense. Y es precisamente para honrar al gran y noble pueblo costarricense por su hidalguía y dignidad al salir en defensa de la voluntad soberana y popular, ante el temor y las malignas intenciones del gobernante de la época, de confabular en favor de la candidatura de sus preferencias y perpetuarse en el poder en una forma indigna, ilegal y antidemocrática. Se equivocaba en ese actuar el presidente de la época, don Bernardo Soto Alfaro, quien deseaba que el verdadero ganador de las elecciones don José Joaquín Rodríguez Zeledón, no llegara al poder. Don José Joaquín, tenía la mayor cantidad de apoyo en San José y fuera de la ciudad capital. Don Bernardo Soto deseaba transferir el poder a Ascensión Esquivel, a pesar de que había perdido las elecciones en 1889. Ante el temor de que el gobernante arrebatara el poder al soberano, el pueblo actuó, se movilizó y exigió el respeto a los resultados lectorales. Es decir, el pueblo había hablado y decidido a través de las urnas. Costa Rica daba una extraordinaria lección cívica y de espíritu republicano ante las pretensiones innobles y espurias del gobernante. Dichos eventos históricos, también nos permiten traer a colación la vil muerte en San Ramón del ilustre ciudadano Rufino Mora Rodriguez, durante ese periodo de arrebato y pasiones desbordadas. Don Rufino fue asesinado en octubre de 1889 en las calles de San Ramón. Ante el riesgo inminente de violencia ante el enojo de los costarricenses, bien hizo don Bernardo Soto al reconocer su error y pronunciar la célebre frase “por mí no habrá de morir un costarricense”. Permitiendo de esa manera la transición pacífica del poder a fines de 1889 y que posteriormente don José Joaquín Rodriguez fuese designado como presidente la República como consecuencia de la expresión de la voluntad del soberano- es decir el pueblo costarricense. Hermosísima lección cívica y patriótica, escrita por los costarricenses, que debe quedar en los anales de la historia y muestra del civismo que siempre debe predominar y que el currículo escolar costarricense ha de exaltar.

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están a menos de cien días; éstas, tras doscientos años de historia, parecieran ofrecer panorama que pudiese ser desolador o darnos una nueva venturosa oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y lo construyeron nuestros abuelos; u otra, sinuosa, tortuosa, llena de sombras siniestras y riesgos desmedidos e insospechados. Podríamos pagar caro nuestra indiferencia y pereza; no es opción dejar que sea la mediocridad, la corrupción -que asoma rampante durante los últimos meses, la vulgaridad y el fascismo, los elementos que nos gobiernen y se perpetúen. No pueden sustituir a las buenas formas del ejercicio del poder, en forma democrática, cívica, de entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian ante la incapacidad de nuestros gobernantes por intentar resolverlos. El chavismo-cisnerismo amenaza, acecha y confabula para quedarse en el poder. Echan mano literalmente al librillo discursivo que ya hemos visto ponerse en práctica en países vecinos, de desprestigiar y atacar a aquellos que valientemente se les oponen o que de alguna manera constituyan una amenaza moral. El chavismo-cisnerismo se comporta como una dictadura para señalar, perseguir y espiar a quienes piensen distinto; osan desprestigiarlos para minar su credibilidad. Recuerdo perfectamente una entrevista de 2018 donde se le preguntó a Donald Trump por qué insistía en denigrar a la prensa. El respondió “lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Así lo escribí en artículo denominado De aprendices y absolutistas, que publiqué el 26 de enero de este año. Para Cisneros, Chaves y su comparsa, cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones; ante las muertes violentas, ante la crisis educativa, los deseos de seguir debilitando la CCSS, minar al IC E desde dentro. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a esa repugnante y patológica forma de estar en una eterna y estéril campaña política, permanentemente. Durante más de 40 meses hemos sido testigos de muecas y una explosiva pirotecnia discursiva, donde desde Zapote primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la CGR, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes y finalmente en medio de lluvias, tormentas e inundaciones, le ha llegado el turno al TSE. Tal y como penosamente profetizábamos en ese artículo propio, de finales de enero de este año.

Llamo la atención costarricenses, que estamos en presencia de una ruta fascista que nos pone al borde de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas; para que ahora, como nos advertía Juan Rafael Mora P. en noviembre, en otro noviembre, el de 1855, “…una gavilla de advenedizos”, liderados por una sombría figura, cuya estatura moral y dotes de estadista son discutibles, pretende borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador….preguntémonos por qué sospechosamente han debilitado la educación pública? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de recursos y propiciar una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué destinar menos recursos para el combate a la pobreza, reduciendo becas para estudiantes y bonos de vivienda?

El desinterés que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical; que nos permita reaccionar patrióticamente antes de que el riesgo de que seamos despojados de los derechos más elementales sea consumado. Como ciudadanos no debemos pasar por alto el afán de esta administración de instrumentalizar las instituciones para la consecución de sus pérfidas intenciones y perversos fines para ser capaces de perseguir a costarricenses y ocultar sus verdaderos objetivos. Poner a Hacienda a perseguir a Baruch y hablar de un megacaso de fraude fiscal. Utilizar al Ministerio de Salud para cerrar un centro recreativo como Parque Viva porque es de La Nación. Lograr en México que, desde el servicio exterior a través de la embajada, una diputada del PUSC crítica de la administración, perdiera su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Utilizar el BCIE para destinar fondos de allí y canalizarlos presumiblemente para espurias contrataciones y movilizaciones de partidarios del chavismo. Intentar destruir la reputación y honra de personas como doña Patricia Navarro; el señor Bulgarelli, cuya familia fue amenazada y todo el país fue testigo. O al mismo jefe de la policía judicial a través del INAMU.

Debemos de ser capaces de denunciar y repudiar el alineamiento de cierto sector de la prensa, alejado de la objetividad y búsqueda de la verdad en el ejercicio del periodismo serio; carentes de objetividad y estigmatizados por su énfasis en la manipulación y la criminal desinformación. Debemos de entender que las mentiras que propelen constituyen una amenaza cancerosa a la democracia. Están alineados a una morbosa y podrida forma de hacer política y ejercer el poder.

Este grupo que nos gobierna hoy, sueñan con quedarse en el poder, y ya cosechan sus propios casos de presumible corrupción como caso Barrenador, caso Comején, caso Richter y podría estar incubando otros como “cariñitos” “TRADECO”, el chorizo con MECO en el supuesto arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, y la desfachatez con el favorecimiento hacia CISCO con millonarios contratos en el ICE.

O tendremos en Zapote a una persona sentada, lacaya y porrista de Cisneros y Chaves, absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda; o a alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, construir acuerdos, discutir y proponer salidas a los múltiples atolladeros que hoy nos abruman. No vaya a ser que despertemos viviendo en un país que ya no es el nuestro.

Hoy en este aniversario de nuestra Constitución Política y de la democracia costarricense, concluyo con esta reflexión donde se ve reflejado todo el pueblo costarricense. Pregúntese usted, ¿en qué estrato se ubica?

“un sabio levantó su mano
Y señaló al cielo con el dedo.
Muchos miraron hacia la luna, maravillados
… otros se enfocaron tan sólo en el dedo!”

Dia de la Democracia Costarricense

En defensa de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Sylvia Montero Mejía

Costa Rica es una nación muy joven: doscientos y un poquito más de años de vida independiente y un poquito menos de vida republicana. En términos “universales” (me refiero a su vida en relación con la vida del Universo), nuestra existencia es comparable a menos que nada. ¡Pero “somos”, “estamos aquí”!

A lo largo de esta corta vida, ciudadanos ilustres, mujeres valientes, hombres y mujeres intachables nos han ido dejando una larga lista de enseñanzas. Nuestra historia ha sido una secuencia de hechos que nos llenan de orgullo, de decisiones que han ido conformando nuestro “ser costarricense”, de voluntades que juntas han moldeado nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos.

Con errores a veces, con resultados tal vez no deseados, pero en la mayoría de los casos con una voluntad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, habíamos adquirido en el ámbito mundial un lugar destacado. Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la Naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Tan buena fama adquirimos que nuestro eslogan “pura vida” se convirtió en nuestra carta de presentación ante el mundo entero. Venir a Costa Rica era, para muchos, la meta deseada, el destino ideal, el país anhelado. ¡Algo así como el sueño hecho realidad!

¿Qué ha sucedido?

¿Por qué nuestro nombre resuena hoy en el ámbito mundial como el destino menos recomendado, como el país más inseguro y además de los más caros? ¿Como el paraíso de los narcotraficantes donde no existen controles, ni vigilancia en los puertos y donde en las calles mueren a diario jóvenes involucrados y colateralmente mucha gente inocente?

El deterioro de Costa Rica se ha hecho insostenible. Nuestros pilares: educación, salud y seguridad necesitaban ser fortalecidos, pedían a gritos una inyección de mejoras. Se habían debilitado, pero con voluntad política podían salir adelante.

Sin embargo, durante estos últimos cuatro, el deterioro se agudizó. No se tomaron medidas para mejorar nuestras instituciones, sino que por el contrario prevaleció a lo largo de ellos una voluntad de destrucción, de abandono, de desamparo. Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto.

Es triste, realmente lamentable la situación que estamos viviendo.

Pero en medio de este ambiente inquietante y penoso, una carta de una funcionaria ejemplar nos ha devuelto la esperanza de que Costa Rica puede salir adelante. Ella, doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ha levantado su voz en defensa de nuestra nación. Sus palabras son un llamado a todos los costarricenses para que no dejemos que nos roben lo que, por tantos años, con esfuerzo denodado de muchos patriotas, se ha conquistado en Costa Rica.

Con fuerza, determinación, claridad y valentía lanza esta frase:

“Usted está amenazando la paz y la estabilidad política”.

No es necesario decir nada más. La acusación es contundente y no deja espacio para dudas. Lo que se cierne sobre Costa Rica es de un peligro que no se había experimentado desde hacía 76 años.

Prestémosle oídos muy atentos a esta advertencia, a estas palabras pronunciadas por una persona de trayectoria impecable en el servicio público, por una ciudadana profundamente preocupada por nuestro futuro, y por la inmediatez de unas elecciones presidenciales.

Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría de los que con entrega y auténtico patriotismo pusieron a Costa Rica en un pedestal en el mundo.