Ir al contenido principal

Etiqueta: institucionalidad

Otros gazapos gubernamentales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.

Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.

Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.

En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”

1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).

2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.

Otros gazapos.

Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).

Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.

La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.

El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).

La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.

Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.

Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.

Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.

Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).

El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).

Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.

Vean los reiterados yerros del gobierno.

La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)

Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.

Compartido con SURCOS por el autor.

El terrorismo político expresado en las vallas publicitarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.

No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.

Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.

La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.

En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.

El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.

En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.

Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.

La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.

La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.

En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.

Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.

Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.

La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.

Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación

Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.

Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.

La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.

En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.

Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.

Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.

Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.

Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.

Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.

Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.

Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.

Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.

Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.

Compartido con SURCOS por el autor.

Al juez Fernando Cruz Castro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón, abogado

Con ocasión de la puesta de su retrato en el Salón de Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz nos dejó un discurso pletórico de vivencias, de recuerdos y de agudas observaciones, expuesto con palabras admirables, llenas de la discreción, la sabiduría y la modestia que son el saldo de su vida, consagrada al estudio y al trabajo de operador de la Justicia a nivel supremo. Él termina evocando al escritor ruso Antón Chéjov, para decirnos que repasando su vida, no visualiza haber alcanzado en ella «victorias notables».

He decidido escribir estas líneas porque discrepo del sentir de don Fernando en relación con este punto; y porque además estimo que se trata de una cuestión crucial en los tiempos que corren, que no debe pasar en silencio. El discurso de don Fernando está dirigido a todos los funcionarios judiciales del País, y muy probablemente lo leerán también los ciudadanos conscientes. Por ello es imperativo que todos ellos sepan, y que quede constando para la posteridad, que el magistrado Fernando Cruz ha cosechado en su vida claras y notables victorias en el campo de la justicia, la institucionalidad y la democracia; no sólo mediante sus conocimientos jurídicos y su cultura humanista, vertidos en sentencias destinadas a perdurar en los anales de la jurisprudencia, sino también con decisiones que revelan su rectitud y su coraje frente a las presiones y amenazas de las poderosas fuerzas políticas que gravitan ominosamente sobre la institución judicial. Los jueces, fiscales y defensores a lo largo y ancho de nuestro territorio, y especialmente los que inician la carrera, deben estar enterados de esas victorias que, no siendo espectaculares (como los logros deportivos), tienen un significado trascendente en los destinos de nuestro pueblo. Quiero recordar algunos casos:

1.- Durante los años 2007 y 2008 fueron aprobados el TLC y sus leyes complementarias. Para lograrlo, se empeñaron a fondo el presidente Oscar Arias, su gabinete y sus diputados, así como gran parte del empresariado nacional, la prensa unánime (excepto el Semanario Universidad), la Embajada y el propio Gobierno de los Estados Unidos; y no escatimaron los medios (recordar el infame panfleto de Casas y Sánchez). La Sala Constitucional se plegó paladinamente a los deseos y a los planes oficiales, haciendo la vista gorda frente a las numerosas y graves inconstitucionalidades de aquellos instrumentos, a excepción de los magistrados Gilbert Armijo y Fernando Cruz, que salvaron los votos cuantas veces comprobaron sus inconsistencias.

Los magistrados, en Costa Rica, han sido frecuentemente calculadores y complacientes con el poder, porque solían ‘deberle el puesto’ a los dirigentes políticos y porque, al depender su permanencia de la decisión de los diputados, sienten que su posición institucional es endeble. Por eso es para mí una gran victoria que dos de ellos, frente a la enorme presión de los medios, de las cúpulas políticas y del propio Imperio Estadounidense, hayan decidido cumplir con su sagrado deber: aplicar libre e imparcialmente la Constitución. También fue una gran victoria de estos dos ciudadanos contra sus propios temores: el temor a ser despedidos, a ser marginados, a ser desprestigiados; el mero temor de enfrentarse día con día, permanentemente, a la mayoría interna y extrainstitucional. El ejemplo de ellos dos para los jueces que inician labores es claro: la misión más esencial del juez es el control jurídico del poder, y debe cumplirla con total independencia e imparcialidad, sean cuales fueren los intereses y las influencias en juego.

2.- Naturalmente, aquella digna actitud de los minoritarios Cruz y Armijo tenía que recibir un castigo ejemplar, de modo que, transcurrido un tiempo, vino la alevosa reacción de los politicastros, en la forma de varios intentos por expulsarlos de la Sala Constitucional; para sentar un precedente, pero también para reemplazarlos por personas complacientes, ‘amigables con el clima de negocios’, como dijo un diputado de ingrata recordación. Hace muchos años que don Gilbert Armijo dejó el cargo: cumplió con dignidad, pero ser mártir no es obligatorio. Don Fernando Cruz, pudiendo haberse jubilado, se quedó, soportando por mucho tiempo, con buen ánimo, el ostracismo interno, el aislamiento y los intentos de ninguneo de parte de algunos parvenus politiqueramente «correctos». Y esa ha sido también una gran victoria que debemos atribuirle: un triunfo de su firme conciencia civil sobre la mezquindad de sus enemigos, pero también sobre sí mismo: sobre sus legítimos deseos de disfrutar de un merecido descanso, de la privacidad de la vida en familia, del ocio creador. Poniendo aparte arrogancias y vanidades, él ha tenido claro que su presencia en la Sala es vital en los tiempos que corren, porque es el testimonio cotidiano, austero, del buen juzgar, en contraste con la frivolidad y la anárquica dispersión de las comisiones en que se ha sumido la mayoría, en daño de la salud institucional y de sus auténticas funciones.

Confío en que la posteridad le hará justicia, que nuestro pueblo le hará justicia. Porque, a pesar de los nubarrones que se acumulan amenazadoramente en el horizonte, tenemos que seguir luchando para que otro mundo sea posible.

Naranjo, enero de 2025.

Carnet 785

Costa Rica al borde del autoritarismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.

No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.

La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.

Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.

Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.

Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.

La voz presente de don Rodrigo Carazo Odio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Vivimos momentos álgidos alrededor de la institucionalidad de Costa Rica, de tan profundas raíces históricas. Al revisar acciones reiteradas del cogobierno Chaves-Cisneros, vemos que intencionalmente, con perversas intenciones, han arriado los símbolos patrios, y, con ellos, caros valores característicos del ser costarricense. Ante ello, y cuando todavía estamos a tiempo de rescatar la nación que ellos desprecian, sentimos la necesidad de nutrirnos del pensamiento y la acción, de grandes compatriotas.

Por ello, rescatamos un mensaje brotado de su corazón, de gran sentido, que el expresidente don Rodrigo Carazo, enviara por correo-e, dos años antes de fallecer, dirigido a los cientos de miles de compatriotas, que se habían “atrevido” a enfrentar la ola neoliberal que, desde entonces, permeaba la dirigencia política nacional, y que, se expresaba como parte de un TLC negociado a espaldas del pueblo.

Hoy, aunque la emergencia tiene matices diferentes, demanda de voces como la del querido gran patriota, que desde cualquier posición en que se encontrara, siempre fue ejemplo de entereza. Su amor por Costa Rica, siempre estuvo por encima de cualquier calculillo partidista, y por ello, se ganó, aunque todavía a algunos les duela, el cariño y agradecimiento de su pueblo. No está con nosotros, pero sí su mensaje oportuno, que, esperamos, sea una invitación a reflexionar, acerca del presente y el mañana de Costa Rica.

Nos dice don Rodrigo, lo siguiente:

“Queridas mujeres y hombres dignos de la Costa Rica de siempre.

Amigas y amigos que saben respetar los valores cívicos que engalanan a esta Patria madre de todos aquellos que realmente la honran.

¡Ustedes han escrito historia!

Ya sabemos bien quiénes la aman y respetan y cuáles son los que realmente desean aprovechar en su exclusivo beneficio lo que es Costa Rica.

¡Cómo han llorado nuestros cielos después del 7 de octubre, el dolor de esta tierra desgarrada por el trago amargo producido por el miedo y la avaricia! Llorado tanto o más, que como nos duelen a todos, los males causados por un clima inclemente que golpeó a nuestros suelos.

Pero bien lo sabemos: Costa Rica es eterna y jamás será doblegada. Esclavos, de nadie.

Nadie en particular ganó el referendo. El triunfo ha sido del pueblo de Costa Rica, puesto que, en esta consulta popular, vimos claramente que estamos a punto de perder la Patria.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es un poder en Costa Rica, por lo tanto, tiene deberes y responsabilidades que afrontar; hay reglas claras y precisas que no puede ignorar. El TSE ha confundido su misión: no fue creado sólo para contar votos. Su misión es enmarcar las elecciones populares dentro de la legalidad y la paz, debe ser objetivo y neutral y no permitir el más mínimo desacato a la Constitución y las leyes.

Mi posición como Expresidente me permite no pertenecer a ningún partido político, sino más bien, apoyar libremente todo lo bueno que cualquiera de ellos pueda aportar para el bien de los costarricenses y el progreso del país. Con esa libertad, es que hoy vengo a recordar que es la segunda vez – y en un lapso muy corto, 20 meses apenas – que el TSE ha sido indolente y descuidado, haciendo a un lado las leyes y las normas que deben regir un proceso electoral.

Conocedor del tristemente conocido “memorando del miedo”, el TSE permitió que se violara la tregua electoral, dejando que un embajador extranjero se metiera en el proceso y permitiendo que altas autoridades del gobierno, usaran todos los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) para asustar y propalar las amenazas que un gobierno extranjero le hacía a Costa Rica.

De esto que les digo, somos testigos todos en Costa Rica, por las declaraciones dadas por el propio Embajador desde el TSE, felicitándose por haber sido él mismo, el que había traído el comunicado de la secretaria de Comercio Exterior de su país, oficiosamente, ya que no fue un comunicado oficial de gobierno a gobierno. Esto es inadmisible y no podemos dejarlo pasar sin una firme protesta, no contra el país extranjero, sino contra un Embajador inescrupuloso.

La gesta valiente de los costarricenses que se expresaron de una manera contundente contra el TLC “vende patria”, a pesar de los enormes obstáculos que se les pusieron enfrente – El Poder del Dinero, el Poder del Gobierno y el Poder de la Prensa – debe ser recordada en nuestra historia. A pesar de todo eso sacamos el 48% – lo que indica que el resultado de ese referendo está parejo; que las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, deben medir muy bien esta circunstancia, especialmente porque en este referendo, no se votó por un candidato ni por un partido, lo que se “votó” fue la suerte de Costa Rica y de su pueblo y con eso no se puede jugar tan fácilmente.

Un candidato puede ganar por un voto de diferencia, pero la suerte de un pueblo entero no es posible definirla por un tan escaso margen, como el que se dio a pesar de la inequidad de la lucha, de la presión ejercida y de la debilidad del TSE. Y menciono de nuevo el dinero, porque bien sabemos que a Costa Rica no la puede comprar nadie. El dinero compra a los corruptos y a los necesitados. La gente con miedo desnaturaliza la razón de ser de la democracia.

Aprendimos que el interés de un pequeño grupo, logra la ausencia de una agenda social que podría ser instrumento histórico para enfrentar los efectos nocivos de este TLC. Debemos estar alerta y trabajar muy duro para mantenernos independientes.

Lo más importante: vimos a un pueblo valiente, decidido, poderoso, enfrentarse con un civismo digno de lo mejor de nuestra historia al Poder del Dinero, de la avaricia y de la sumisión al dominio político de las transnacionales, al que vimos hacer gala de posesión por medio de la corrupción que transforma la amistad y el respeto entre los pueblos en obediencia y servilismo.

Los grupos cívicos, los sindicatos, las organizaciones agrícolas y tantas gentes organizadas, dieron un ejemplo histórico.

Los comités patrióticos nos hicieron y hacen ver que la vitalidad de este pueblo es inagotable. ¡Benditos sean!

Aprendimos una lección que debe seguir dando frutos, en beneficio del bienestar popular y la democracia. Aprendimos que la Patria vale más que los partidos y los grupos. Aprendimos que el Poder del Pueblo nos hará recuperar los valores nacionales y que nada se agota mientras haya civismo. Aprendimos que podemos recordar los triunfos de nuestra historia y nos convencimos de que juntos seremos capaces de que todos los ciudadanos, recuperen la vergüenza como arma cívica y que de nuevo, por amor a las generaciones futuras, levantemos lo mejor de los valores nacionales como estandarte.

Sí, reafirmemos una realidad: la de que sabemos respetar y seguir la hora de Juanito Mora.

¡Viva Costa Rica independiente!

Rodrigo Carazo Odio

30 de octubre del 2007

Le extrañamos. Fue un gran patriota, un ejemplar presidente

Escrito en . Publicado en Cultura.

Freddy Pacheco León

Lo recordamos a 15 años de su muerte.

Conforme se fue comprendiendo la decisiva defensa de la soberanía nacional que ejerciera don Rodrigo Carazo frente al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Reagan y los inescrupulosos banqueros internacionales, fue creciendo la admiración por el expresidente.

Su patriotismo fue ejemplar y su dignidad jamás fue cuestionada. Se le reconoció el mérito de ser el mejor expresidente, el más respetado, el más admirado, el más consecuente.

La ovación de muchos minutos que recibiera en un Teatro Nacional que se hiciera pequeño, para acompañarlo a recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional, fue cual desagravio del pueblo que le admiró y le sigue extrañando.

En ese momento, no se trató de partidarios de algún partido político de la »gradería de sol», sino el del pueblo informado y consecuente que sabe diferenciar, lo que es un presidente populista y demagogo, de un estadista con alma patriótica.

Hoy, al vivir el cogobierno Chaves-Cisneros, irrespetuoso de la institucionalidad democrática, y del digno pueblo que trabaja por Costa Rica, más que nunca estamos urgidos de su ejemplo.

Imagen: UCR

Alternativas: Personas expertas aportan su visión sobre temas claves del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En este programa de Alternativas se reunieron a diversos actores sociales, académicos y ciudadanos comprometidos para conversar sobre la realidad de Costa Rica y proponer soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país. Está organizado por el colectivo «Reflexión, Acción y Alternativas», que ha estado activo desde el 2020. Este grupo busca crear un espacio de diálogo y reflexión crítica que permita plantear propuestas que ayuden a construir una Costa Rica más inclusiva y democrática.

En el programa participan destacados miembros de la sociedad civil, cada uno con un perfil y experiencia distintos. Algunos de los panelistas mencionados incluyen a educadores, exfuncionarios del sistema judicial, activistas sociales y académicos, quienes aportan sus conocimientos y vivencias sobre temas de interés nacional. En esta ocasión el programa trato tema como:

  1. Educación: Hay una preocupación generalizada sobre el estado de la educación pública en Costa Rica, los recortes presupuestarios y la falta de claridad en las políticas educativas actuales. Los panelistas coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que insisten en la necesidad de invertir adecuadamente y mejorar la calidad del sistema educativo.
  2. Seguridad y violencia: La violencia y el narcotráfico se reconocen como problemas graves que afectan la estabilidad social. Los panelistas exploran cómo estas problemáticas impactan a diferentes sectores de la sociedad y consideran urgente encontrar soluciones desde un enfoque integral.
  3. Desigualdad y pobreza: Se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática y que permitan a todos los ciudadanos acceder a una vida digna. Los panelistas consideran que es fundamental que el Estado asuma un papel activo en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
  4. Protección ambiental: Reconociendo la riqueza natural de Costa Rica, los panelistas subrayan la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar políticas sostenibles. Esto incluye garantizar el acceso al agua, proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo de energías limpias.
  5. Democracia e institucionalidad: Los panelistas ven con preocupación la erosión de las instituciones democráticas y la creciente polarización social. Consideran que es necesario reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
  6. Participación ciudadana: Insisten en que no basta con votar cada cuatro años, sino que se necesita una ciudadanía comprometida que participe activamente en la toma de decisiones. En este sentido, el programa busca motivar a los ciudadanos a involucrarse y a expresar sus opiniones en los distintos espacios de diálogo que ofrece la sociedad.

Para visualizar más profundamente el programa entrar al siguiente enlace: https://fb.watch/vLwxf_Tm2S/ 

Somos el Movimiento PATRIA PRIMERO

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado 1-2024

Como movimiento nacemos de las preocupaciones del pueblo crítico y en resistencia, ante el ataque de personas ajenas a la idiosincrasia costarricense, que buscan destruir nuestro modelo de desarrollo democrático y sostenible. El país nos convoca a la acción.

A nuestro movimiento y a nuestra comunidad patriótica:

Nos une la preocupación común por los graves problemas que afronta el país, su identidad y la expresión de la democracia que ha sido y está siendo manchada y ultrajada, esto requiere un llamado inmediato a la acción de la sociedad y la organización cívica y sectorial.

Todos los aspectos de la gestión estatal están siendo vulnerados y necesitan la atención especial de toda la ciudadanía.

Si bien nuestro Poder Judicial y algunas instituciones de nuestro sistema democrático están en deuda con la ciudadanía, el camino a seguir es la limpieza, modernización y fortalecimiento y no su destrucción, como plantean algunos irresponsables desde la presidencia de la República y más; no podemos mejorar nuestro sistema dinamitándolo porque después no podremos construir nada sobre las ruinas y eso solo le dejará el espacio libre a una dictadura y la pérdida de nuestros derechos constitucionales.

Somos una agrupación pluralista, sin filiación partidista, que busca unificar lo mejor del pensamiento que históricamente hizo de Costa Rica una gran nación, y nos alimentamos de las múltiples capacidades de nuestros miembros para generar líneas temáticas propositivas para una política pública constructiva, justa, ética, sostenible y visionaria.

Respuesta del fiscal general a la diputada oficialista Paola Nájera

Escrito en . Publicado en Derechos.

Una vez más: en defensa de nuestra institucionalidad ante ataques que pretenden debilitarnos como consecuencia de actuar ante presuntos casos de corrupción pública.

Con plena conciencia de que existe una intención sostenida para dañar mi imagen, inmediatamente después de la ejecución de dos actos de investigación de la fiscalía, autorizados por jueces de la República, ejecutados en dos entidades de gobierno y fundados en la probabilidad razonable de la comisión de presuntos delitos de corrupción, deseo anteponer el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez.

Fui invitado como delegación oficial del Ministerio Público a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, cuyo tema fue “Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales”, celebrada en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024.

Este evento revistió de gran importancia para el país porque se logró reforzar lazos de cooperación internacional. Sostuve una reunión con la señora Anne Milgram, administradora de la DEA, para fortalecer la persecución contra el narcotráfico y tratar asuntos relativos a este tema, que están protegidos por la privacidad de las investigaciones, una oportunidad que únicamente tuvimos 15 de los 134 países participantes, lo cual evidencia la confianza que ese órgano ha depositado en mi persona, como representante del Ministerio Público, y la relevancia de nuestro país como socio estratégico del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo.

Además, participé en una mesa de trabajo con las jefaturas de los Ministerios Públicos de Colombia y Panamá, que tuvo por objetivo el tratamiento de temas comunes en materia de criminalidad y coordinaciones para operaciones antinarcóticos bilaterales o multilaterales.

La organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación. Es menester indicar que, así como consta en la invitación oficial de la DEA, esta agencia federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional.

En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar.

El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales. Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución.

Mora se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical que tiene la institución, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y, adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General.

Finalmente quiero señalar que la innecesaria forma en la que fue expuesta la identidad y la fotografía de la señora Mora por parte de la diputada Nájera, haciendo público el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, -y el morbo que ello ha generado- ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad.

Inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país.

Una vez más preocupa que las acciones del Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes legales y en el combate a la corrupción genere este tipo de reacciones y ataques, con la utilización de retóricas que pretenden debilitar nuestra independencia e institucionalidad.

Quiero dejar claro que ni este, ni ninguno de los ataques calculados que sabemos que vendrán, van debilitar al Ministerio Público.

Es mi deber nuevamente garantizarle a la ciudadanía que defenderé la independencia de la fiscalía de cualquier injerencia que pretenda debilitarla y que las personas que integramos esta institución siempre actuaremos con decisión, valentía y fortaleza, apegados a la legalidad con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie.

Carlo Díaz Sánchez 

Fiscal General

Le invitamos a leer el PDF, para conocer respaldos aportados por el funcionario.

Fiscal generalDescarga