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Etiqueta: institucionalidad

Voto joven en defensa del progresismo

Sebastián Bermúdez Morúa

La palabra “progre” se ha desvirtuado en los últimos 8 años, en parte gracias a un gobierno que ha demostrado ser uno que utiliza el poder para servir a ciertos intereses particulares y que olvida o ignora en la práctica la verdadera interpretación del progresismo. No solo con las propuestas absolutamente inconstitucionales y regresivas que promueve, como el Plan Fiscal y la ley anti-huelgas, sino también colocando a personas cuestionables en su gabinete, como André Garnier y Rodrigo Chaves. También desoyendo a los sectores que a gritos piden auxilio; líderes indígenas asesinados, cada vez más mujeres víctimas de violencia de género, etc. Este gobierno particularmente ha sido nefasto y regresivo en lo que concierne a la institucionalidad costarricense, sin embargo, se hacen llamar progresistas, y orgullosamente ponen una vez al año la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial.

El “progresismo” que se ha acuñado en el país en los últimos 8 años es un progresismo burgués, y no de clase. No representa en muchas medida una propuesta disruptiva al sistema imperante, al contrario, se acomoda con los grandes intereses de quienes dirigen al país, dueños de una que otra empresa, y de uno que otro medio de comunicación.

Los últimos 2 gobiernos han evidenciado el decaimiento de un proyecto alternativo (para la derecha), en el cual se ha ido desenmascarando quienes manejan los hilos del poder, las mismas personas que lo tomaron hace más o menos 40 años, por allá del primer gobierno de Oscar Arias. Como persona joven creo en la institucionalidad de este país, estoy convencido de que hay que defenderla y que es rescatable. Es por lo anterior que en las siguientes líneas expreso algunas opiniones e ideas que pienso ayudar a defender un progresismo real, que tan desvirtuado y desfigurado ha quedado luego de la carnicería con que ha hecho en PAC con ese término por 8 dolorosos años para este país.

Creo que es importante trascender la discusión del posicionamiento ideológico, que es a veces trasnochada, al igual que los resentimientos, bien fundados o no, que restan a la discusión del por quién votar este 6 de febrero. Con respecto a esa discusión trasnochada, el Frente Amplio no es un partido comunista y no pienso que deba haber discusión al respecto, ya que es algo muy evidente. Sin embargo, considero que el FA representa en gran medida un progresismo disruptivo contra el conservadurismo moralista que ejerce una violencia leonina, no solo sobre la juventud, sino también sobre las personas sexualmente diversas y las mujeres. La imposición de una clase sobre otra, de quienes tienen derecho y quienes no tienen tanto o no tienen ninguno siempre es violenta. Encontrar un espacio que unifique las luchas de quienes no tienen derecho, con una agenda que a su vez sea progresista y realista es un reto grande en estas elecciones. Hay muchos (25) que dicen tener la respuesta, analizando no sólo las principales propuestas, sino también la historia reciente de esas 25 figuras y lo que han aportado (o no) al país, es muy evidente que el FA destaca como una opción que en sus inicios estaba al frente de las demandas justas de la mayoría y en defensa de la institucionalidad. Conforme ha crecido ese partido y ha perdido claridad ideológica se ha separado, si bien no de todas esas luchas, de quienes hacen esas demandas, de la gente. Hoy en FA se presenta como una opción moderada de centro izquierda en lo económico, más a la derecha que cuando inició, pero con la bandera del progresismo como norte fijo.

Pienso que el “progresismo” puede estar jugando el mismo papel que jugó la socialdemocracia en el desmantelamiento de la propuesta socialista durante la Guerra Fría, un amortiguador que encauce dentro del sistema capitalista burgués las necesidades de quienes a él protestan. Sin embargo, existe en el progresismo una fuerza disruptiva contra el moralismo y el conservadurismo imperante, lo cual es indiscutible, al menos en un verdadero progresismo. Esta última idea me da cuerda para la siguiente, un partido de izquierda no es necesariamente progresista, y el progresismo no es necesariamente de izquierda cuando se lleva junto con una agenda compartida con un modelo económico que atenta contra el derecho, y los derechos, de la mayoría. La frase mal usada de “vivimos en un Estado social de derecho” pierde su significado cuando en la práctica sólo algunas personas tienen derecho, y estas viven en el mismo territorio, pero en un Estado sin derecho.

Como persona joven, resulta muy seductora la idea del progresismo como oposición a ese conservadurismo moralista, o incluso la marginalidad de la izquierda “tradicional” y sus luchas del siglo pasado, las cuales fueron y son justas. Al mismo fin se puede llegar por varios medios, sin embargo, no todos son los correctos, es por esto que considero importante preguntarse si es efectivamente el progresismo una propuesta alternativa al modelo neoliberal.

Hace algún tiempo me preguntaron políticamente cómo me identifico, no supe dar una respuesta clara en el momento. Quisiera encontrar la respuesta a esa pregunta en una frase de José Martí que escuché en una reunión familiar y luego leí en un libro de sus poemas: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Efectivamente, el progresismo real debe buscar devolverle los derechos a quienes los han perdido, y a quienes nunca los han tenido en el contexto del modelo explotador que ha reinado en Costa Rica desde hace 40 años. Paradójicamente el progresismo debe reconquistar las luchas que se dieron en otro tiempo y adaptarlas a los tiempos actuales, además claro, de ser la vanguardia en los nuevos espacios de lucha que abran. Cada derrota abre un nuevo espacio de lucha.

Una izquierda progresista debe necesariamente entender que existe una realidad en la cual no es justo equiparar los “problemas” pequeños burgueses con las contradicciones de clase. Ejemplifico, darles una vida digna a las mascotas otorgándoles derechos es una excelente propuesta, muy bonita, y a la cual es imposible oponerse, no obstante, se vuelve intrascendente cuando se compara con que hay realidades de personas que tienen una vida precaria, niños que no pueden comer más de una vez al día por ejemplo. Una agenda realmente progresista entiende que, el que existan perros callejeros pierde relevancia cuando se equipara con que hay niños en condición de calle, sin acceso a educación y comiendo una vez al día. A la hora de asignar recursos a una problemática, es claro que no debe haber discusión, ahora, proponer dar una vida digna a todas las personas del país suena comunista, legislar sobre los derechos de los animales suena progresista. Ambas propuestas están en el Plan de Gobierno del FA, son dos de los 25 ejes de trabajo que se desarrollan.

Los problemas que atiende una agenda realmente progresista son angulares en el juego de fuerzas que debe existir en el sano desarrollo de la democracia de un país. El Frente Amplio ha sido en la primera década de este siglo quien ha defendido, al menos en la AL, esta agenda realmente progresista. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, y en las grandes luchas y conquistas sociales, quien ha llevado la batuta de ser una fuerza antagónica a los intereses de la oligarquía nacional (y lobby extranjero), en pro de las grandes masas ha sido el Partido Comunista. Un verdadero salvavidas en el mar de los intereses personales y transnacionales que amenazan con ahogar al país, como ha ocurrido en otras latitudes. Tan trascendental fue el Partido Comunista que luego de la firma de La Paz, se ilegalizó por 25 años la existencia de una formación electoral comunista, y se ordenó la ejecución de cualquier dirigente comunista que se postule en cualquier puesto de elección, obligando a muchos a esconderse por la persecución y a otros, como María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Manuel Mora V. a vivir en el exilio. El autor de tan deshonorable y sangrienta traición es hoy conmemorado como un “héroe de la paz”. Tan hondo ha calado la herida a la democracia sobre la que se constituyó la Segunda República que todavía hoy, 47 años después de que se le permitirá a los comunistas inscribirse otra vez en las elecciones, hay una campaña de acoso permanente a cualquier agrupación que se haga llamar de izquierda. En el 2014 fue tan masiva esa campaña que se logró desplazar del primer lugar en las encuestas a José M. Villalta al tercero, llegando a una segunda ronda entre un falso progresismo y un fanático religioso, cuya única propuesta era limitar aún mas los derechos de las personas homosexuales.

Quienes financian estas campañas anticomunistas, de partidos que no son comunistas como el FA, son los mismos que desarrollaron el referéndum del miedo en el TLC, que propusieron y aprobaron el COMBO ICE y que en esta administración aprobaron el inconstitucional y desastroso COMBO Fiscal, si no las mismas personas, al menos los mismos intereses. El Frente Amplio resalta en el radar de esos grupos de poder, y se ven amenazados hasta el punto en el cual se ven obligados a desplegar sus artilugios mediáticos y comenzar con el bombardeo de desinformación que los caracteriza. Cuba y Venezuela es lo que siempre suena rimbombante, comunistas y vividores del Estado también dicen. FA rechaza verse ligado a cualquier país de izquierda y se aleja de ser llamados comunistas, más allá de una traición a los principios de la izquierda tradicional, de los cuales los jóvenes no estamos tan anuentes, esta parece ser una estrategia electorera. En el contexto de las elecciones esto puede ser entendible, hasta que no se puede tomar una postura clara en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo hotelero en Guanacaste, donde al menos para mí, defender una postura correcta y concreta, por más incómoda que parezca, es lo esperable. Aun cuando no se hace, llueven los ataques por todos frentes, y se extienden el tiempo que el dinero pueda comprar.

Trascendiendo esa discusión, que más que incómoda es cansada, el FA tiene sin lugar a dudas un plan de gobierno más completo y realmente progresista. Esto demuestra seriedad y capacidad, al menos discursiva, para gobernar y legislar. Es esperable de una agrupación que se auto percibe de izquierda, que realice un trabajo de acompañamiento permanente a quienes encuentra en esa agrupación un espacio para atrincherarse contra quienes hace 4 décadas pretenden hacer del Estado y de la institucionalidad una piedra en el zapato del “desarrollo”. El FA ha perdido gran parte de esa vocación, y es justo esperar que la retomen y la fortalezcan en los próximos meses y años.

En el contexto electoral en el que estamos, pienso que las personas jóvenes debemos apostarle a un proyecto verdaderamente progresista, y no dejarnos seducir por falsos progresismos ni idealismos. El FA se ha alejado mucho de las comunidades, y eso es percibible de lejos, quisiera achacar esto a la falta de experiencia, y no de voluntad o de lectura dialéctica. Espero que la curva de aprendizaje que han tenido como partido les permita volver a acercarse a esas sensibilidades que su fundador, José Merino, supo leer muy bien. Yo personalmente encuentro en el Frente Amplio un espacio con una gran capacidad de mejora, con personas muy capaces y muy bien intencionadas, lo cual se evidencia en el trabajo de único legislador y en las propuestas plasmadas en su plan de gobierno. Del FA es esperable que le haga honor a su nombre y se constituya como un verdadero Frente que tenga la amplitud para aglutinar a diferentes sectores y sensibilidades, con un progresismo real no como único norte, sino también una lectura dialéctica de la realidad y la lucha permanente de clase, que no sea una continuación del engaño PAC, sino una verdadera alternativa disruptiva al modelo neoliberal despojador de derechos.

Se dice que la fuerza hace el derecho, sin embargo, considero que en el tema del progresismo real, es prudente darle la vuelta a esta afirmación y decir que el derecho debe hacer la fuerza. En esta última premisa se condensa muy bien el tipo de progresismo que la izquierda debe promulgar y defender.

Mi esperanza, y espero que también la de una juventud analítica y crítica, cansada de los políticos tradicionales y de los discursos camuflados de progresismo falso, está en que alguna fuerza social atienda los intereses de quienes viven en este Estado sin derecho. También pongo mi esperanza en que de nuevo, una agrupación política pueda frenar las embestidas que tanto han desangrado al movimiento social y a quienes lo integran, personas trabajadoras. En un progresismo que sea congruente con las luchas de clase, y que esté de lado de quienes menos tienen. Espero que pronto exista de nuevo una agrupación sensible no solo cada 4 años, sino permanentemente todos los días del año y a todas las luchas justas.

La asociatividad frente a la crisis económica, social y política como resultado de la pandemia

Carlos Hernández / Equipo dinamizador Red Economía Social Solidaria / RedESS

“La pandemia es el shock productivo, fiscal y social potencialmente más grave en la historia moderna del país”. Estado de la Nación

Frente a la crisis y el impacto de la pandemia en las comunidades rurales de nuestro país, encontramos a las organizaciones afectadas reagrupándose tratando de generar soluciones ante la ausencia y abandono de la institucionalidad, varios meses en los que nos hemos encontrado con dificultades y barreras, la incontrolable transmisibilidad del virus, la paralización de las actividades económicas en los territorios. Ha sido explícita la solicitud permanente de diversos sectores de solicitar medidas concretas orientadas a reactivar la economía. Incluso en países con economías más fuertes que cuentan con más recursos para articular una respuesta urgente y adecuada para afrontar este desafío, la recuperación está muy lejos de haberse conseguido.

La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza un modelo de pobreza y exclusión, solo algunos cuantos en estos tiempos han incrementado su ganancias, todas las medidas en términos de política han sido para favorecer las grandes empresas, han sido incapaces de articular una respuesta coordinada y funcional, capaz de amortiguar los efectos en los sectores más vulnerables, ya lo estamos viendo frente a la crisis, las recetas han sido recortes a programas sociales y debilitamiento de la atención institucional en los territorios.

Ante esta situación a las organizaciones no les ha sido fácil gestionar la crisis económica que les impacta. La mayor dificultad se expresa en restricciones de movilidad, el cierre de los mercados locales con un impacto adverso sobre su capacidad de comercializar los alimentos, lo que afecta por tanto su ingreso y su derecho a un nivel de vida adecuado; además, la vida organizativa trastocada y con dificultades de comunicación y acceso virtual.

Por lo que es de urgencia para nosotros, como RedESS, la defensa de los sistemas alimentarios locales, la seguridad y soberanía alimentaria. Iniciativas de las organizaciones territoriales campesinas familiares impulsan con creatividad, diversas estrategias. Sus iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de bioseguridad, fomentar las prácticas agroecológicas, ventas a domicilio, trueque, y otras para sostener los espacios de comercialización propios, acciones de incidencia en los territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización propias, mercados solidarios territoriales y locales.

Un gran esfuerzo de reorganizarse, generar alianzas, crear las condiciones que motiven y den esperanza por parte de todas las personas que creemos en otra economía posible y que entendemos que solo fortaleciendo el tejido organizativo y las iniciativas en estas circunstancias de sobrevivencia y resistencia.

¿Se logrará lo soñado por 12 años?

Por Marlin Oscar Ávila

2 de noviembre de 2021

Sí es correcto lo que algunos analistas aseguran en estos días, previo a las elecciones del 28 en Honduras, el futuro hondureño podría obtener un giro significativo. Se argumenta que Juan Orlando Hernández (JOH), actual presidente y su camarilla de delincuentes del Partido Nacional, están definiendo su accionar a partir de las próximas elecciones para escapar de la ciega justicia, porque se ha logrado la unidad dentro de la oposición, porque Yanny Rosenthal (partido Liberal) está muy debilitado y que el gobierno de EUA le está cerrando el círculo a JOH y compañía para juzgarlos en NY, es razonable la satisfacción notoria en el ambiente local. Sin embargo, para eso tuvo que haber un acuerdo entre la Procuraduría, el Secretario del Tesoro, el de Defensa (Pentágono) y el director de la Agencia de Inteligencia CIA, del gran poder del Norte, para luego obtener el acuerdo presidencial gringo. Esto de acuerdo con la Ley Kingpin (Raúl Zaldívar). Además de que la Corte Suprema de NY de ese país lo solicite. ¿Será que toda esa coordinación se ha dado? Sí ha sido así, don Juan Orlando y los líderes de su cartel están en grandes aprietos multisectoriales. Esos cuerpos ejecutivos pueden estar actuando en silencio. Por eso debe ser que escuchamos a JOH amenazando a la oposición de que «no se confíen» y al candidato a alcalde por Tegucigalpa, David Chávez, dispuesto a una guerra civil.

No es para menos.

Los carteles como organizaciones transnacionales no se dan por vencidos fácilmente. Sus líderes se asesinan entre sí, y hacen «limpieza social”, pero no claudican en vengarse. Tampoco se entregan a la justicia, a menos que encuentren eso como último medio de sobre vivencia, aunque sea para seguir respirando dentro de una cárcel gringa.

Sin embargo, es de tal calado la calidad de delitos de la familia Hernández contra los intereses de su pueblo y de EUA, que esa dejó de ser opción e ir a acompañar al hermano menor, Toni H. a las cárceles de los EUA.

Sin embargo, los carteles delincuenciales tampoco le van a disculpar, no solamente por los millones de dólares invertidos en JOH y su partido, sino por dejar de ser importante para continuar sus jugosos negocios ilícitos.

Desde luego, hay muchas cosas por ocurrir en las próximas horas y días, antes de asegurar algo concreto.

JOH y su círculo está muy bien equipado técnica, económica y militarmente puesto que tiene secuestrada la institucionalidad del Estado, tiene parte de los cuerpos armados a su lado, tiene un capital de miles de millones de dólares (mal habidos) para comprar las conciencias más caras posibles (incluyendo la de Daniel Ortega), tiene a la ultra derecha internacional de su lado, comanda bandas de sicarios y pandillas, tiene a la mitad del pueblo muriendo de hambre, además de tener la conciencia colectiva más perversa de la historia hondureña.

En su construcción y consolidación han participado sectas e instituciones religiosas, grupos empresariales, partidos políticos, agencias «de desarrollo», ONGs, colegios de profesionales, oficiales militares, y organismos internacionales.

Así que los líderes de la oposición corren riesgos de ser asesinados selectivamente, las manifestaciones populares, reprimidas y, puede correr más la sangre de ciudadanos por opinar diferente al narco estado, como ya se ha visto en el reciente pasado, máxime ahora, que el Congreso Nacional legalizó muchos delitos y hasta el crimen organizado puede actuar con impunidad.

Esperemos que la comunidad internacional, menos conservadora, sea concreta en diferenciar lo justo de lo injusto, siguiendo los acuerdos y convenios multilaterales, lo que favorece a las grandes mayorías sin querer aparecer neutrales ante tanta violación a los derechos humanos y civiles. Basta de buscar excusas para no actuar con justicia desde la comunidad internacional.

En este mes hay mucha distracción internacional, no solamente por las crecientes tensiones entre potencias mundiales, pero por las otras elecciones políticas en Venezuela, Chile y Nicaragua, además las fuertes movilizaciones políticas en Bolivia, (por pretensiones de la derecha en volver a dar un golpe), Ecuador (porque a su presidente le exigen juicio político) y Guatemala, por alta corrupción en el gobierno)

¿Será que los hondureños verán la luz al final del largo túnel esta vez, o seguirán las incontables «caídas de Cristo» antes de su crucifixión?

Ante un inmediatismo político vacío

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de todas las personas

José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?

Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.

Riesgos observados en el proyecto de ley que aspira a condonar deudas con la seguridad social, expediente legislativo # 21.522

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical

Sector Salud Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información: 

Como parte de los riesgos que se observan en el proyecto de ley se mencionan los siguientes:

1- Interpretaciones jurídicas y trámites legislativos que permiten a distintos actores del mundo político, empresarial, financiero y de otros sectores de la economía legislar en beneficio propio y lejos de ayudar al objetivo inicial de aspirar a promover la formalidad y dar sostenibilidad al sistema de financiamiento to de la CCSS, generar el efecto contrario en el marco de aprovechamiento de la crisis de la pandemia, escenario sanitario que termina siendo una oportunidad para «ayudar» a evasores y elusores de la CCSS. Siendo esto una modalidad más de corrupción ya abierta, si vemos los abordajes de diputados en la Asamblea, lo cual dinamita más la institucionalidad. 

2- Posibilidad de acciones legales contra la ley cuando cumpla su trámite legislativo, pues parece que esta nueva aberración jurídica contiene roces de legalidad y constitucionalidad. 

3- Incentivos inadecuados:  La amnistía genera el incentivo de aquel trabajador y patrono que ha cancelado oportunamente sus obligaciones con la Seguridad Social observe como los que no cumplen se ven beneficiados con la amnistía de sus deudas; entonces surge la pregunta, ¿qué incentivos tengo para ser responsable con mis obligaciones, si al cabo de un tiempo puede ser que aprueben una amnistía?

 4- La ley tiene riesgo de violentar la autonomía de la CCSS; esperemos la consulta a la Sala Constitucional y lo que vaya a indicar al respecto. 

5- La ley no discrimina entre patronos y trabajadores de bajos ingresos y altos ingresos para que les otorgue la amnistía; esto podría tener efectos regresivos, pues patronos físicos y jurídicos, y trabajadores de altos ingresos se puedan ver beneficiados en forma importante. 

6- Es conocido que hay legisladores de diferentes partidos que tienen deudas con la CCSS y probablemente se vayan a ser beneficiados con esta ley.  Esto es una situación donde el legislador legisla en beneficio propio y profundiza el tema de la corrupción y sin duda este enfoque y trámite tan oscuro agranda el proceso de fetichización y lo hace verse como normal, enviando una pésima señal al pueblo, que por demás no entiende del todo y el fondo del problema. 

8- Podría este proyecto conducir a favorecer a grandes evasores y elusores de los pagos a la. CCSS y golpeando más a los sectores de trabajadores independientes que posiblemente sean más en lo cuantitativo, lo cual podría distorsionar el espíritu del proyecto. 

8- Podríamos además estar en un posible escenario en el cual haya una confluencia de agendas e intereses, no tan visibles que posiblemente sean pagos de favores a algunos actores representantes de sectores en la Junta Directiva de la CCSS en razón de nombramientos en alguna Gerencia. 

9- Finalmente, es sin duda necesario que los estudios o similares que haya elaborado el personal técnico de la CCSS sobre este proyecto sean de conocimiento público y se sometan a un escrutinio profesional externo antes de que se convierta en ley un proyecto con tantas oscuridades que conducen posiblemente  al camino de la corrupción y los conflictos de intereses.

Puede solicitar la documentación oficial a nuestro correo.

Las otras pandemias

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ejecutar el arquero rival el saque de puerta un enorme grito homofóbico se deja sentir. En las imágenes de primer plano, abundan risas de burla luego del grito ejecutado al unísono, un concierto desafortunado. Estas risas y muecas fueron parcialmente apagadas recientemente: la FIFA transnacional multó a México con dos partidos a puerta cerrada y 60.000 francos suizos por la reiterada conducta discriminatoria de sus aficionados.

Esta aparente acción correctiva, sin embargo, no es suficiente para detener la escalada de violencia conservadora que campea a nivel planetario. El mismo México experimentó en junio anterior el asesinato de un joven que, en una actividad social, confesó su estado serológico y portador del VIH. Fue torturado, quemado y finalmente asesinado.

Ya lo decía con algo de pena el cantautor español Víctor Manuel en una de sus composiciones: “nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal”. Y es que efectivamente estas acciones de rechazo van minando las posibilidades reales de construir una experiencia distinta de colectividad, basada en la comprensión y aceptación del otro, de la otra.

Hoy se producen otras pandemias que no aplanan su curva. Se instala la naturaleza de las superioridades que, como ha dicho la historiadora costarricense Patricia Alvarenga, constituyen alteridades biológicas, de género y étnicas. Es necesario reconocer los discursos de odio como enclaves, como espacialidades simbólicas donde se vierten todo tipo de ideas discriminatorias y se produce un peligroso precedente que podría generar más violencias y actos peligrosos para la integridad y la vida de las personas.

Dos estudios realizados en Costa Rica en 2020 y 2021 deben considerarse parte de una tendencia regresiva, instalada quizá con mayor amplitud al tenor de una escalada conservadora, en aumento e irreversible.

Ambos encuadres señalaban la reproducción de discursos xenofóbicos y discriminatorios en redes sociales. El estudio más reciente publicado por la ONU, identificó más de 500.000 conversaciones vertidas en estos espacios virtuales, en las cuales se emite lenguaje fuerte y excluyente en contra de poblaciones específicas. Preocupa en demasía la alusión directa a la nacionalidad (xenofobia) al género (mujeres) y las identidades sexuales (personas homosexuales).

En la semana que se dan a conocer los resultados preliminares de este abordaje, una jueza de familia declinó su trabajo al enterarse de la posibilidad de casar a dos hombres. Está en todo su derecho de hacerlo, es cierto, pero esta actitud constituye un ejemplo más del carácter profundamente regresivo y excluyente instalado en la sociedad costarricense en estos temas.

En un contexto marcado por la incertidumbre de los relatos, en los que categorías como Estado, institucionalidad y sistema democrático experimentan reconfiguraciones importantes y los impactos demoledores para la convivencia social producto de la pandemia y la pérdida de sentido colectivo se han hecho sentir, los discursos de esta naturaleza deben revisarse con detenimiento.

Son esas las otras pandemias que deben ser aplanadas en su curva exponencial.

Uno de los desafíos más amplios en esta materia atraviesa el sistema educativo nacional. No es exagerado decir que los requerimientos a la presencialidad en el sistema educativo costarricense, exigidos por voces supuestamente defensoras de los derechos a la educación, deben ir acompañados de la solicitud expresa para implementar procesos intensos de trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre el valor de las interrelaciones con esas otredades presentes en nuestra sociedad. Y el desafío alcanza tanto la educación privada como la pública.

Es desde estos niveles educativos donde se puede tratar de detener esa marca registrada de cierto ADN regresivo instalado en las profundidades de la identidad costarricense. Construir desde allí otro proyecto de sociedad. Aplanar la curva de esas otras realidades que amenazan con llevarse todo a su paso.

Imagen: http://www.educatolerancia.com

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.

Movimientos impulsan la lucha: ¡No a la Ley de Empleo Público!

Denisse López Sánchez

Antes de exponer la posición del movimiento sindical sobre el tema, es importante que conozcamos aspectos generales que se plantean dentro de la formulación de la Ley de Empleo Público. Lo primero, es que es un proyecto de 28 páginas, que aborda aspectos en materia laboral, se trata según Alfaro (2019) de “una nueva conceptualización de las redes laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido” (párr.2). Lo segundo, es que desde la institucionalidad y el Ministerio de Planificación se argumenta que la propuesta es necesaria para modernizar el Estado actual. Por último, específicamente se dice que lo que se quiere con este proyecto de ley es la aplicación de un sistema de salario único para todos los empleados públicos, poner un tope a los incentivos y bajar la curva de crecimiento por el pago de las remuneraciones.

Los cambios estructurales que se planean ejecutar están íntimamente relacionados con las siguientes áreas: reclutamiento y selección del personal, según se indica para garantizar idoneidad comprobada para los puestos que se asumen; alta dirección pública que va aunada al área anterior pues lo que se requiere es que cada unidad y departamento esté liderado por personas aptas y capacitadas; cambios en la movilidad pública; la desvinculación de los funcionarios del sistema por bajo rendimiento; modificaciones en materia de salarios con el fin de lograr una igualdad entre los altos jerarcas y los profesionales de menor rango; vacaciones; permisos de cuido; licencias de maternidad; otros incentivos laborales; condiciones de aplicación y de contratación temporal (Alfaro, 2019. párr.1-33).

Ahora bien, con respecto a esta ley han surgido diferentes posicionamientos tales como el de los movimientos sociales y el movimiento sindical de Costa Rica, que refiere su disconformidad con el proyecto debido a una posible recarga de la crisis fiscal sobre el sector laboral y que terminará afectando la calidad que ofrecen los servicios públicos y la estabilidad del Estado Social de Derecho.

Parte de las acciones que se han tomado desde estas entidades sindicales y sociales son las manifestaciones que se han llevado a cabo en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde han participado algunas figuras que están inmersas dentro de la institucionalidad como lo es el actual rector de la Universidad de Costa Rica Gustavo Gutiérrez Espeleta, el SINDEU, la APSE, UNDECA, ANDE, SEC, CTRN, SINAE, sindicatos del AyA, entre otros. Estas manifestaciones tienen como objetivo preservar el empleo público, el Estado Social de Derecho y la calidad de vida de las personas ciudadanas y funcionarias del Estado y sus familias.

En el video publicado por Marcela Zamora-Cruz en su página de Facebook hace un llamado a las federaciones estudiantiles a sumarse a la causa, ya que estos proyectos como la Ley de Empleo Público y las negociaciones con el FMI, afectan no solo a la clase trabajadora, también a la educación pública, específicamente a las universidades públicas.

Referencias Bibliográficas:

Alfaro, J. (9 de abril de 2019). ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público? Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/que-dice-el-nuevo-proyecto-de-reforma-al-empleo-publico/

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.