100 pasos hacia la prolongación del nefasto modelo neoliberal en Costa Rica
El discurso de Rodrigo Chaves Robles, la noche del martes 16 de agosto de 2022, confirma la intensión de continuidad de este depredador modelo político económico ¡Chaves se quitó la máscara!
Lo más “destacado” y que la clase política neoliberal esperaba, se oficializó, la venta del Banco de Costa RICA, BICSA, 49% del INS, la tercerización de servicios en la CCSS y otras instituciones públicas.
Su discurso “endulzante” caracterizado por “darle a los corruptos y a la corrupción” contrasta con su postura de la venta o concesión de activos estatales, practica neoliberal que bien sabemos ha fomentado la corrupción y el enriquecimiento ilícito del sector financiero y económico empresarial dominante.
Pueblo Unido lo ha denunciado desde su resurgimiento en la pasada campaña electoral, la Administración Chaves Robles es una continuidad de un modelo Político-Económico que está siendo desechado en la mayor parte de nuestro continente y que en Costa Rica ha venido a ubicarnos deshonrosamente en el ranquin entre los 5 países a nivel mundial con mayor crecimiento de desigualdad social.
Se develan las verdaderas intenciones, distintas a las demagógicas promesas de campaña. Muestra el lobo su verdadero rostro mientras el pueblo sigue sin soluciones concretas, afrontando el deteriorado costo de vida, poder adquisitivo, paupérrimos salarios, insostenible inflación, acelerado índice de pobreza, el creciente precio de los combustibles, tarifas, entre otros, teniendo la agobiante tarea de afrontar cada día, en esa maraña de dificultades, el permanente desafío de lograr sobrevivir.
Mientras en sus 100 días el Ejecutivo no ha dado muestras concretas de atender los frecuentes reclamos del pueblo, no ha presentado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para sancionar con la severidad que demanda el pueblo la institucionalizada corrupción, para combatir con verdadera fortaleza los mecanismos legales e ilegítimos de defraudación al Fisco. Tampoco ha dicho o hecho nada con respecto a la concesión de los espectros radioeléctricos, frecuencias de radio y la concentración de estas y otras concesiones como las de transporte público en pocas manos, parar y resarcir todo el saqueo que por décadas se le ha hecho a los costarricenses con sus bienes públicos.
Las puertas de Casa Presidencial en Zapote siguen abiertas de par en par, pero para las cámaras empresariales y los financistas de campañas electorales que con frecuencia visitan el domicilio presidencial en búsqueda de recuperar con creces lo invertido. Con seguridad, con el discurso de ayer del presidente, quedan más que satisfechos.
Entre algunas de las cuestionables y desafortunadas decisiones políticas de este gobierno, Pueblo Unido señala como desaciertos en este segmento de periodo innumerables contradicciones. Se quejan de la inflación, el endeudamiento, la crisis y los esfuerzos que deben sortear para cumplir con la regla fiscal. Aducen imposibilidad para mejorar los decaídos salarios de los costarricenses, pero duplican, eso sí, el de los ministros y viceministros. También beneficia con subsidios y privilegios a los importadores “arroceros” y “autobuseros” financistas de su campaña, mientras los productores agrícolas nacionales son llevados a la quiebra.
Pueblo Unido condena la propuesta gubernamental de seguir “vendiendo” la institucionalidad pública y acrecentar la desigualdad. Llamamos al pueblo costarricense a cerrar filas contra la pretensión de seguir la piñata del club de amigos de las élites político empresariales y prepararse para que, con fervor y un verdadero espíritu patriota, fortalezcamos la organización y tejido social para recuperar a nuestra patria de las manos de la muerte neoliberal, en las calles, la Costa Rica que deseamos heredar a nuestros hijos.
La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).
Alejandra Amador Salazar, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.
La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.
Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.
Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.
Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.
Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.
Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.
Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.
Gerardo Castillo
La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.
Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.
El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.
La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.
La pandemia como espejo
El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.
Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.
Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.
¿“Quo vadis” Costa Rica?
Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.
El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.
Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.
Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.
Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?
En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.
Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.
El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.
Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.
Soberbia
En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.
Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?
El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.
Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.
No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.
La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.
Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.
Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.
Como las lluvias de mayo
Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.
En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.
Con más dudas que esperanzas
Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.
A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.
Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.
Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.
De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.
La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”
Gerentes
Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.
El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.
¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.
Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.
Los tres poderes del Estado se han alineado para aprobar hace pocos días está autoritaria ley, a pesar de los múltiples llamados, alertas y planteamientos jurídicos y sociolaborales que hemos hecho todas las organizaciones sindicales, las universidades públicas y otras entidades importantes del Estado y de la sociedad civil, respecto a la inconveniencia de aprobar una norma que contiene varios aspectos medulares seriamente lesivos para las instituciones públicas, para los servicios a la ciudadanía y para las personas trabajadoras del sector público.
Con esta iniciativa se pretende instalar en el país un sistema de relaciones laborales arbitrario, impositivo, precarizador de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras públicas. Su puesta en marcha va a generar un estancamiento laboral y un retroceso del derecho colectivo, que dará lugar a numerosas demandas de violación de derechos a nivel nacional e internacional, con el lamentable aumento de la conflictividad social.
Esta acción política antisocial obedece a una lógica economicista y austericida aducida por el Gobierno para reducir el déficit fiscal que argumentan es provocado por el sector público, lo cual es completamente falso, y cuyo objetivo no es sólo obtener un préstamo de “supervivencia” del Fondo Monetario Internacional, porque principalmente se pretende acabar con la organización legítima de los trabajadores y trabajadoras en las entidades públicas, quitarles todo mecanismo de participación para la defensa de sus intereses, proscribir de hecho y de derecho la negociación colectiva, y dejar desprotegidas a las trabajadoras y trabajadores públicos para defender sus derechos fundamentales e intereses legítimos y democráticos. Por eso para la elaboración de esta ley no se han priorizado los argumentos técnicos de fondo que son esenciales para fundamentar una mejora real de los servicios públicos; por el contrario, dichos servicios serán recortados de modo progresivo, y su deterioro gradual será negativo tanto para la atención de las necesidades ciudadanas, como para las personas trabajadoras públicas y sus familias.
No le importó al Gobierno y a los partidos cómplices de su visión, sacrificar a toda la población trabajadora del sector público, lo que también afectará al sector privado y a sus personas trabajadoras asalariadas formales e informales. El tejido productivo del país notará el golpe de la precarización laboral en poco tiempo, y la economía de muchas familias se resentirá indefectiblemente. Esto traerá una escalada de conflictos y una mayor polarización social, de cuyas consecuencias deberá hacerse responsable una parte de la clase política decadente, egocéntrica, traficante de influencias, contraparte de corrupciones, que ha perjudicado el bienestar general para su beneficio particular.
Consideramos que esta iniciativa antilaboral, junto otras leyes antiobreras aprobadas en este periodo legislativo, evidencian un grave retroceso para la democracia, el trabajo decente, la protección social y los derechos laborales y sindicales de la gente. Las élites nacionales que están detrás del Poder Ejecutivo y de los partidos tradicionales, vinculadas con algunos grupos poderosos del sector empresarial, han logrado en esta legislatura imponer totalmente su agenda de intereses exclusivos y excluyentes, a través del control político de las instituciones y de los sistemas de decisión. Por eso no ha sido posible reforzar la legislación contra la evasión y elusión fiscal, o aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, entre otras muchas cosas que el pueblo viene reclamando sin encontrar puertas para el diálogo y la participación como exige el artículo 9 de la Constitución.
La propia OIT, consultada por la Asamblea Legislativa en 2020 sobre este proyecto de ley, expresó numerosos comentarios sobre varias partes del articulado que podrían entrar en conflicto con los Convenios Internacionales ratificados por el país. A pesar de ello, los legisladores y legisladoras han mantenido la mayoría de contenidos que ponen en riesgo el cumplimiento de dichos Convenios, en especial en materia de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
El signo principal del Gobierno saliente, que ha perdido desde hace mucho toda credibilidad de la población, ha sido su incapacidad y falta constante de voluntad para el diálogo social. Incluso con esta ley tramitada de manera autoritaria y sorda ante el pueblo, entierra el diálogo social en el sector público que es siempre un espacio indispensable para la estabilidad y la armonía laboral.
Por todo ello seguiremos luchando para defender nuestros derechos y nada nos impedirá movilizarnos y responder con la unidad de acción sindical contra esta abusiva y despótica ley.
*ANTE EL AUMENTO DE LA INFLACIÓN, APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL AFECTARÁ FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS
La inflación interanual del mes de febrero dio un salto importante, ubicándose fuera de la zona meta del Banco Central de Costa Rica, en un proceso de aceleración de esta variable que se inició desde el mes de noviembre del año 2021. Presiones importantes se seguirán reflejando en los precios locales, producto del aumento en el precio del petróleo, el incremento en los costos del transporte comercial marítimo, aumentos en el costo de los alimentos y aumento en el tipo de cambio en el país. El problema inflacionario no es solo local, sino también global, y afectará la capacidad de recuperación de las economías del mundo, incluyendo la nuestra. El impacto que tiene el conflicto en el este de Europa no solo afectará el precio de la energía, sino también de los alimentos, producto del aumento en el costo de los fertilizantes y en el precio de algunos granos.
En el caso de la regla fiscal, tal y como el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) lo señaló desde el año anterior, es muy importante tener claro que este mecanismo no se diseñó para aplicarse en un entorno de crisis, tampoco se consideró en su diseño el ajuste de los límites de gasto en entornos económicos de gran volatilidad, particularmente cuando la inflación crece por encima de lo previsto. Dado el nivel de crecimiento del gasto para el 2022 y considerando los problemas inflacionarios que estamos empezando a observar, de mantenerse la aplicación de la regla en el presente año se abrirá una brecha en los presupuestos de las instituciones públicas que sería importante y que vendría a afectar los servicios que éstas le prestan al país. El crecimiento máximo del gasto definido para el 2022 está siendo afectado por la caída del PIB nominal en el 2020, y dado que este año tendremos una inflación por encima del rango meta del Banco Central, las instituciones públicas sufrirán una reducción de sus presupuestos en términos reales.
Para OES-UNA urge incorporar en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un ajuste en la regla fiscal para que el porcentaje de crecimiento del gasto no sea menor a la inflación proyectada y que este nivel sea ajustado en la práctica al menos cada trimestre, algo que por supuesto no está previsto en la actual redacción de la norma. Además de esta modificación, es importante someter la regla a una serie de ajustes adicionales que permita un crecimiento racional del gasto y que deje de ser un instrumento de reforma implícita del Estado. Solo para considerar un ejemplo de lo pernicioso que puede ser este mecanismo, si no se corrige, en caso de seguir aplicando la regla fiscal al gasto en educación, éste podría bajar del 6% del PIB en el transcurso de los próximos años, en medio de los graves problemas existentes en el sistema educativo nacional.
Para OES-UNA los siguientes deberían ser otros ajustes a considerar en la regla fiscal:
Sacar de la limitación del gasto al gasto de capital, pues en el actual entorno de incertidumbre económica, impulsar la inversión pública ayudaría al país a crecer más rápido y permitiría alcanzar más rápidamente un nivel de sostenibilidad de la deuda pública.
Sacar del límite del gasto los recursos públicos destinados a ayudas a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, así como el gasto destinado a subsidios y becas estudiantiles. El aumento en la inflación, pero sobre todo en el costo de los alimentos y, eventualmente, del transporte público, producirá un efecto negativo mayor sobre las finanzas de las familias de menores recursos. Limitar el crecimiento del gasto en este caso sería contraproducente.
Deberían quedar por fuera de la aplicación de los límites de la regla fiscal, aquellos gastos ejecutados por entidades públicas con recursos propios, generados por la venta de servicios y cobro de tarifas, por el cobro de tributos especiales en entidades autónomas, cobros por ingreso a áreas protegidas y zonas de recreación, etc. Autorizar el gasto de estos recursos no afectaría el déficit del gobierno central, pero sí está provocando problemas para que las entidades públicas utilicen recursos que tienen disponibles.
Considerando el punto anterior, tampoco tiene sentido que se limite la ejecución de recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional y otros recursos recibidos por el país, como aquellos recibidos en reconocimiento de su política ambiental. No poder gastar libremente estos recursos podría tener un efecto desmesurado sobre entidades del sector ambiental.
Finalmente, las excepciones de aplicación de la regla fiscal producto de emergencias declaradas en el país, deberían aplicarse en el mismo plazo que se establece como vigencia para una declaración de emergencia, cinco años, y no dos años como dice actualmente la Ley 9635.
8 de marzo, 2022.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA
De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.
Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.
Señores candidatos, queremos saber:
1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?
2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?
3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?
4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?
5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?
6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?
7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?
8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?
9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?
10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?
11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?
12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?
13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?
14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?
Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.
Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.
Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.
¡Ojo, que no le engañen!: Esta noticia, es otra de las tantas mentiras a las que ese diario, cuyas páginas destilan cicuta, nos quiere acostumbrar y enajenar.
La nueva edición del Frankenstein, en su impresentable cuarta versión, no excluye al PJ, TSE, universidades, CCSS y munis, de la rectoría de MIDEPLAN.
¡Eso es absolutamente falso de toda falsedad!
Solo ciertos colectivos de funcionarios quedaron excluidos. Los demás colectivos quedan sometidos a la gobernanza del nuevo Leviatan.
De esta manera, se asegura la intervención política del Ejecutivo en esos órganos constitucionales e instituciones públicas.
Además, que nadie eche campanas al vuelo, porque más allá de esa diferenciación, todas las y los funcionarios de esos órganos e instituciones, se van a salario global, y como si lo anterior fuera poco, el congelamiento de los salarios es parejo para todos, sin distingos o consideraciones de ninguna especie.
También, las prohibiciones a la negociación de los salarios y las restricciones a la negociación colectiva también se aplican por igual a todas, incluso a las empresas públicas en competencia.
El proyecto, así como quedó, después de la última cirugía reconstructiva, a manos de expertos carniceros que martirizan la Constitución, quiebra nuestra institucionalidad democrática.
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En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».
En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.
Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.
El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.
Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.
«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».
En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.
En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».
Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.
Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.
Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»
Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?
Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.
Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.
El Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Sociales manifiesta su rechazo al proyecto de Ley del Empleo Público presentado por el Gobierno y en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. Asimismo, hace un llamado urgente a la comunidad universitaria, a la población trabajadora del sector público y a toda la ciudadanía costarricense, para que se manifieste en defensa integral del Estado Social de derecho.
Considerando que:
Desde el año 2018 se ha incrementado el ataque contra el Estado Social de Derecho costarricense, manifiesto en diferentes leyes y decretos aprobados por el Gobierno de turno.
En este contexto y con el concurso de distintos medios de comunicación privados, se ha promovido una estigmatización (cuando no satanización) de las instituciones públicas y las personas trabajadoras del sector público.
Con el fin de debilitar las resistencias sociales a la implementación de dichas políticas, se ha criminalizado aún más la protesta social y se han intensificado las acciones represivas contra las ciudadanías descontentas.
Lejos de buscar acuerdos inclusivos para todos los sectores de la población, los llamados al diálogo de este gobierno han dado pie a acuerdos de élites que poco han ayudado a encontrar salidas justas y dignas a las múltiples crisis que enfrenta el país.
En este marco se inscribe la actual iniciativa gubernamental y legislativa para aprobarla denominada Ley del Empleo Público, la cual propone una serie de reformas que profundizan el desmantelamiento de los derechos laborales y las autonomías institucionales de Universidades, municipalidades y PoderJudicial.
En respuesta a esa nueva arremetida las autoridades universitarias han elaborado una hoja de ruta que poco contribuye a la defensa colectiva del Estado Social de Derecho y, paradójicamente, abona a las visiones de extremo privilegio que señalan los detractores de la Educación pública, gratuita y de calidad.
Declaramos:
Rechazamos los intentos reiterados del gobierno, algunos medios de comunicación y ciertos sectores empresariales por desmontar el Estado Social de Derecho.
Deploramos las acciones de estigmatización de las instituciones y trabajadores del sector público, así como la criminalización, represión y división del movimiento social.
Hacemos un llamado a las autoridades universitarias a no repetir el error de intentar negociar al margen del movimiento social una exclusión de las universidades de la Ley en trámite y sin criticar el conjunto de políticas de desmantelamiento que se viene implementando.
Convocamos a toda la población trabajadora del sector público a llevar adelante una defensa activa y solidaria del Estado Social de Derecho y de los derechos laborales, no solo de quienes ya laboran en las instituciones públicas, sino también del sector privado y de las siguientes generaciones.
Exhortamos a la comunidad universitaria a tomar un rol activo en defensa integral de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho que la han convertido en una institución de referencia.
Hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que se informe críticamente sobre este proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de cómo el mismo está afectando sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y otros.
El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.
Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.
Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.
Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.
De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.
Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.
Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.
Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.
Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.
En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.
Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.
De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.
