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Etiqueta: interseccionalidad

Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.

Género, poder y democracia en la academia

III Congreso Universitario “Universidad y Sociedad”. Fuente: AUROL ¡Los académicos no deben voltear la mirada!

Rosaura CHinchilla-Calderón
Rosaura.chinchilla@ucr.ac.cr
Docente a.i. en la Facultad de Derecho

Nuestro país transita un campo minado: se ha erosionado el pacto social que nos sostuvo y se dinamitan pilares como la autonomía universitaria. El regateo de recursos del FEES, las leyes de empleo público y la desvalorización de la educación superior son síntomas de un desgaste estructural que también se refleja en la propia comunidad universitaria. El mundo tampoco ofrece un respiro. Autoritarismos renovados, neofascismos, guerras y genocidios ignominiosos asedian democracias frágiles y penetran los espacios académicos. En ese marco, los derechos se negocian a la baja y retroceden. Mientras tanto, en casa, los feudos internos de poder impiden acciones de avance.

Congresos con deuda pendiente

La UCR, aunque fue el primer centro educativo superior moderno y formalmente laico del país —al suceder a la pontificia Universidad de Santo Tomás que, además de Letras y Derecho contaba con Facultad de Teología— absorbió parte de las unidades académicas de aquella y las unió a otras nuevas, pero sin generar una unificación integradora. De allí que el quehacer universitario se fuera ajustando mediante la reflexión intra-orgánica por medio de los congresos universitarios los cuales se convirtieron en espacios de autocrítica y reforma. A esta fecha suman siete y un octavo está en curso. Algunos marcaron hitos, como el tercero (1971-72), que transformó la estructura académica. Solo en el quinto (1990) se instauró una comisión para reflexionar sobre “la (sic) mujer universitaria”.

Democracia universitaria: el ángulo olvidado

El VIII Congreso se desarrolla bajo el lema: “La construcción de la Universidad del futuro en respuesta a las necesidades nacionales y globales”. Una consigna esperanzadora que quedará en palabras si no se aprovecha la coyuntura para afrontar la deuda histórica con la democratización universitaria tanto externa —para llevar aún más oportunidades educativas de calidad a diversas zonas del país— como con la interna a fin de disminuir las brechas que hoy caracterizan el quehacer universitario. Entre estas se encuentran distorsiones como

  1. el desigual peso de las voces en la deliberación interna según se provenga del sector académico, administrativo o estudiantil;

  2. las desigualdades entre el personal académico de la sede central frente a las sedes regionales;

  3. la infravaloración del personal en condición de interinazgo frente al adscrito a régimen académico.

Sin embargo, la brecha más persistente es la de género, a la que se suman condicionantes interseccionales que generan nuevas estratificaciones. Mujeres interinas, en sedes regionales, indígenas, afrodescendientes o con alguna condición de discapacidad, para citar solo algunos casos, estarán en el vértice de las discriminaciones. Aunque es vital reflexionar sobre todas las formas de democratización universitaria, me centraré en esta última.

Androcratemia”

Designaremos, caprichosamente, como “androcratemia” el estado patológico de una comunidad de saberes en donde el poder masculino se naturaliza, reproduce y legitima como si fuera parte de su funcionamiento vital. El término une las raíces griegas “andrós” (hombre, varón), “Kratos” (poder, dominio) y “-emia” (sufijo de patologías sistémicas, como en anemia o septicemia, y morfonema final de la palabra “academia”). Y este es, precisamente, el estado de las cosas en la UCR.

Baste mencionar que el sexismo en nuestra academia está tan naturalizado que en más de 80 años de historia solo ha habido una rectora propietaria; la cantidad de profesoras eméritas y catedráticas es escandalosamente menor respecto de sus pares varones; los salones y plazas llevan nombres masculinos; cientos de docentes sostienen el quehacer interno con sus interinazgos perennes y la composición de las Asambleas de Facultad, Consejos Científicos de Institutos de Investigación y de paneles académicos convocados sigue siendo mayoritaria o exclusivamente masculina.

Pese a ello, los acuerdos formales adoptados por las instancias administrativas y de gobierno de la UCR sobre la discriminación contra las mujeres universitarias han sido pocos, recientes y no exentos de resistencia. No fue sino hasta 2020 en que el Consejo Universitario (CU) aprobó el proyecto Mujeres en la bibliografía para: “1. Exhortar a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las desigualdades de género presentes en la academia, para así tomar medidas concretas, a fin de erradicar las inequidades existentes…” También se comprometió a incluir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad y a elaborar diagnósticos anuales sobre el estado interno de la igualdad de género. Más recientemente se han creado iniciativas como PUBLICARE para estimular la producción académica de mujeres y su ascenso en régimen académico; surgió la Unidad de género de la UCR y la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Sin embargo, fueron las denuncias públicas las que propiciaron la depuración de la tramitología asociada a procesos por acoso sexual en la docencia y no se ha dado el paso principal: implementar acciones afirmativas que garanticen la igualdad en la academia.

Paridad de género: una obligación, no una opción

El VIII Congreso tanto como las actuales autoridades universitarias no deberían evadir más la cuestión. Se requieren reformas estatutarias que garanticen la paridad en órganos de decisión y que implementen medidas afirmativas claras: concursos y becas exclusivas para mujeres, criterios diferenciados de admisión para poblaciones históricamente marginadas (como ya aprobó el CU algunas) y políticas de contratación que eliminen carteles diseñados a la medida de unos, no pocas veces cercanos a centros decisorios.

Quien objete estas medidas bajo el argumento de “discriminación inversa” desconoce que tratados internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, ambos ratificados por Costa Rica, obligan al Estado —y, por ende, a la universidad pública— a aplicarlas. Estos tratados están por encima de la Constitución Política y de la autonomía universitaria la cual nunca puede usarse para justificar retrocesos sino para potenciar posiciones humanistas y nada puede recibir mejor ese calificativo que disminuir brechas entre seres humanos. Las acciones afirmativas no son concesiones, sino compromisos éticos y jurídicamente vinculantes.

La paridad de género como justicia democrática

El Estatuto Orgánico de la UCR establece que su misión es contribuir a la justicia social y al bien común. Hoy, esa misión exige que la universidad asuma con seriedad la paridad y la perspectiva interseccional de género.

No basta con sumar algunos nombres de mujeres a listas o fotos institucionales. Se trata de transformar las estructuras que las excluyen, de abrir espacios de poder real y de garantizar que la academia costarricense deje de reproducir las mismas desigualdades que critica.

El VIII Congreso Universitario o reafirma una universidad que se moderniza en el vacío, sin democratizarse, o inaugura un camino donde las mujeres universitarias dejan de ser satélites de focos de poder y para ser concebidas como parte esencial de la academia, en igualdad de condiciones que sus pares hombres.

Conversatorio: Interseccionalidad del Yo Integral

La Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos, le invita este viernes 2 de setiembre de 2022 a las 5:00 p.m. hora de Centroamérica, al conversatorio con el expositor MSC. Marvin Mayorga sobre la “Interseccionalidad del Yo Integral”.

Esto como parte de la iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos. Puede ingresar a la página de Facebook de la OIDH en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/oidhcr/ 

Los otros juegos

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La imagen dura unos segundos porque a la producción de la televisión internacional poco le importan las acciones afirmativas, las protestas simbólicas, los actos reivindicativos. Más aún en un escenario amplificado en el que las audiencias alcanzan miles de millones en todo el planeta.

En primer plano, durante una exhalación, lo que dura el ojo reteniendo la imagen, aparece la atleta estadounidense Raven Saunders en la ceremonia de premiación de la disciplina de lanzamiento de bala. Con una distancia de 19,79 metros, Saunders se hizo acreedora de la medalla de plata.

Allí, justamente al momento de colgarse la presea en su pecho, levanta las manos cruzadas y las suspende durante unos segundos en el aire, quizá los segundos que le tomó a la producción de la señal internacional decir: “vamos a otra cosa”. Y fueron a otra cosa. Y la acción simbólica no volvió a aparecer en pantalla. Al menos en la transmisión en vivo.

El gesto de la mujer reivindicaba la lucha contra la depresión y colocaba en primer plano la condición de las personas afroamericanas y de los colectivos LGTBI a nivel global. Una interseccionalidad que Raven representa y por la que ha experimentado discriminaciones durante muchos años, al punto de haber intentado acabar con su vida luego de los Juegos Olímpicos de 2016.

La imagen duró unos segundos, su lucha, acaso, le tome toda su vida.

Lo que no pudo editar ni evitar la televisión internacional fue el gesto con que la gimnasta costarricense Luciana Alvarado cerró su participación en su rutina.

Pie al piso, puño en alto y la cabeza inclinada en reverencia hacia atrás, hizo un homenaje al movimiento “Black Lives Matters” que tomó auge luego del asesinato de George Floyd en Estados Unidos en 2020.

“Todos somos iguales y todos somos hermosos e increíbles” diría Alvarado al preguntársele sobre la acción final de su ejercicio, un acto bien planificado, incorporado de modo que la organización, a menudo inmaculada para estas cosas, no levantara resquemores por su significado político.

Levantó su puño como miles de puños levantados en el mundo.

Lo que no deja de ser político es el permanente sentido de humanidad cuando la persona decide simplemente ser. La disruptividad de algunas, porque han sido mujeres las de las acciones, ha sido quizá la marca registrada de los recién terminados juegos y quedó patentada una vez más con un acto de representación de la diversidad.

Contra las protestas de sus propias competidoras y entrenadores adversarios, Japón mostró por primera vez la participación de una atleta transgénero.

La neozelandesa Laurel Hubbard formó parte de la Halterofilia, actividad en la que no pudo pasar más allá de la primera fase con tres resultados negativos. Las protestas de sus contrincantes se basaban en una supuesta ventaja que tendría por su configuración muscular. “La terapia de transición rebaja las diferencias físicas y coloca a todos en un nivel parecido” han comentado algunos especialistas en estos temas.

Luego de su participación, Hubbard ha considerado retirarse del deporte. Durante años tuvo que soportar las protestas y negativas para que su participación fuera efectiva. Pero también sus tratamientos contra los dolores musculares le han mermado su potencia física para los pesos que debe levantar.

Sin embargo, otros kilos más importantes fueron superados por ella. Su trabajo fue hecho: visibilizar el derecho de los y las atletas transgénero a participar en los juegos olímpicos.

De ahora y en adelante, todas, todos, tendrán participación.

Al momento de escribir esta nota, se conoce de la presencia de cerca de diez mil personas provenientes de países africanos, asiáticos, suramericanos y caribeños en la frontera entre Colombia y Panamá. Algunos grupos ya han ingresado a Costa Rica por su frontera sur. Buscan transitar la región para llegar a Estados Unidos como destino final. Con suerte, serán reconocidos y reconocidas en los países de tránsito y aún en el destino, si es que lo logran, como personas refugiadas.

Desde los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, el Comité Olímpico Internacional consideró prestar atención a este tema y conformó un equipo especial con personas refugiadas, representando a esa población.

En una cifra que crece, a junio de 2021 alcanzó 84,2 millones a nivel global, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los refugiados (ACNUR).

Una evidencia de que el ritmo depredador de sistemas políticos, religiosos, heteronormativos y los impactos de la acción de modelos económicos sobre el medio ambiente que provoca desastres y desplazamientos poblacionales ha venido en aumento, lo marcan justamente los cambios cuantitativos de este equipo olímpico entre unos juegos y otros: de 10 atletas en Río, pasó a 29 en Tokio.

El rostro de la joven siria Yusra Mardini ha sido tal vez el más representativo de este particular conjunto. Nadadora olímpica en las dos últimas ediciones, se convirtió en deportista de alta competencia luego de salvarse, salvar a su hermana y a un grupo de personas que buscaban refugio en las costas mediterráneas y estuvieron a nada de morir ahogados.

Ese fue quizá su mejor representación en el agua: preservar la vida.

Las historias compartidas nos reflejan esas otras marcas, los otros tiempos, las otras luchas, otras biografías que quizá no inundarán de gloria los abordajes mediáticos globlales por sus triunfos deportivos. Tal vez sus objetivos personales fueron otros: visibilizar, sensibilizar, acercar.

En estos, los otros juegos, lo han conseguido.

Interseccionalidad: Una herramienta para visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

La población LBGTIQ+ de la región centroamericana ha visto vulnerados sus derechos humanos debido a causas estructurales.

La falta de educación, dificultad de acceso a salud y derechos elementales se agravan ante la ausencia de leyes que protejan a esta población.

Es necesario la implementación de políticas públicas con un enfoque interseccional donde se logre evidenciar los diferentes factores a los que se enfrenta la población en condición de vulnerabilidad. Así como un enfoque donde cada persona logre verse desde la diversidad.

Una sociedad justa es donde todos se ven por igual y se garantizan sus derechos humanos. Son necesarios las narrativas respetuosas no revictimizantes.

Puede ver el video completo sobre cómo crear una sociedad justa haciendo click aquí

 

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

OIDH: Una aproximación a los temas del desarrollo desde la interseccionalidad

La Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos le invita este miércoles 6 de septiembre a las 6 p.m. (Centroamérica), 7 p.m. (Panamá), al Webinar: “Una aproximación a los temas del desarrollo desde la interseccionalidad”.

La actividad estará a cargo de Cristian Otey Águila y con la moderación de Rodrigo Campos.

Para más información ver la siguiente imagen.