(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.
La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).
Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.
Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.
También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.
En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.
En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.
Kioscos Ambientales UCR
En la foto tomada en 2019 se puede observar que la plantación colinda con la Escuela, la plaza, la iglesia, el salón comunal, entre otros. Foto de Cristian Matamoros, Universidad de Costa Rica, 2019.Solo una calle separa la Escuela (circulo amarillo) de la plantación piñera. Foto de Cristian Matamoros, Universidad de Costa Rica, 2019La imagen aérea del programa Google Earth evidencia al 2-27-22 una situación similar al 2019.
La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23). La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.
Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).
Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.
Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Christian Matamoros).
1. Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Cristian Matamoros).
Urge la desintoxicación de la niñez costarricense
Bloqueverde. Una pequeña escuela de Upala, muy cerca de la frontera norte sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos. En la Escuela de Villanueva de San José, 27 personas entre personal docente y escolares tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Upala por sufrir una grave intoxicación producto de una fumigación en plantaciones vecinas. Otro caso similar fue en agosto de 2019 en Platanar de Florencia de San Carlos en donde 21 estudiantes, maestros e incluso el director la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro medico local y al Hospital de San Carlos por culpa de una piñera irresponsable. Parecieran dos sucesos aislados, pero en realidad, son daños colaterales de los agro-venenos es el pan de cada día para cientos de comunidades costarricenses, incontables violaciones directas al derecho a la salud de miles de personas, especialmente niños, niñas y mujeres.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, estudió la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina, Limón. El principal hallazgo fue demoledor: hay clorpirifós en las aulas, un insecticida que la Unión Europea ha decidido prohibir por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas. La investigación de la UCR se desarrolló en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.
Por otro lado, se sabe desde 2014 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional ha reportado que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea en plantaciones de banano. El estudio se realizó con 445 mujeres en estado de embarazo que residen en la zona, a las cuales se les efectuaron exámenes de orina. Las investigadoras de la UNA visitaron esta población entre 2010 y 2011. El IRET lleva un récord a largo plazo sobre los efectos de la fumigación en la salud de esta población.
El Programa Infantes y Salud Ambiental, también de la Universidad Nacional, realiza una investigación desde hace seis años con niños menores de 9 años en el cantón de Talamanca. Ahí ha encontrado significativas concentraciones de sustancias tóxicas como Mancozeb en la orina. En este caso se ha podido establecer que los niños con mayor concentración de esta sustancia tienen más problemas de aprendizaje y de conducta. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo con plaguicidas en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera ha reportado que comunidades como el Congo de Guácimo, en Limón, también está expuesta todos los días a la aplicación de agroquímicos por parte de empresas piñeras a pocos metros de los casas de habitación y la escuela.
Los datos señalan que sólo un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida da en el objetivo, el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba dirigida. También se tiene estimado que tan sólo el 32% de los plaguicidas asperjados fueron retenidos por las plantas objetivo de la aplicación; un 49% se depositó en el suelo y un 19% viajó por el aire a otras áreas vecinas.
En la actualidad no existe ninguna restricción o retiro que evite que se fumigue con estas sustancias peligrosas a pie de centros de salud, escuelas o zonas habitacionales. La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en enero de 2019 le propuso al Ministerio de Agricultura y Ganadería incluir dentro del Manual de “Buenas Prácticas Agrícolas” alejar las fumigaciones en un radios de al menos 200 metros de cualquier centro de estudios, EBAIS o centro de población.
En otros países latinoamericanos se han adoptado medidas para proteger a las poblaciones de las intoxicaciones. Por ejemplo la legislación provincial de Córdoba en Argentina, en la Ley N° 9164 “Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario” explícitamente en su Articulo 59 prohíbe la aplicación de estos productos dentro de un radio menor a 500 metros de asentamientos habitacionales.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el ecologismo pensamos que este proyecto de ley va en la dirección correcta, pero debe de incluir además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Piñeras deberían retirarse al menos 100 metros de escuelas, EBAIS y casas de habitación.
Córdoba G., Leonel. “Evaluación De La Contaminación Ambiental En Aire Y Polvo Por Plaguicidas, En 12 Centros Educativos Del Cantón De Matina, Limón.” Universidad De Costa Rica Sistema De Estudios De Posgrado. 2016.https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014
El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso.
El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboaen conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez.
La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas.
El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable.
El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.
Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes.
Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.
Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales
“Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).
Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.
“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.
En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.
Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.
Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.
El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.
“Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa
Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.
Hostigamiento, acoso y represión laboral
Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.
“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.
Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.
Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.
Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.
“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.
Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.
Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.
(San José, miércoles 18 de setiembre, 2019).- Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y maestras el pasado viernes 23 de agosto, causada por la aplicación de agroquímicos de una piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Platanar, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
Mediante acciones concretas nos referimos a sanciones contra la empresa y a decretar medidas restrictivas a nivel nacional para que las piñeras no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se le aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.
El sembradío de piña ubicado al costado este de la escuela pertenece a la empresa Cítricos Bellavista. El 23 de agosto 18 estudiantes de la escuela y cuatro adultos resultaron intoxicados y tuvieron que ser llevados al EBAIS de Platanar y luego al hospital de San Carlos.
Según el informe técnico del Ministerio de Salud, los síntomas que experimentaron las y los pacientes fueron dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal e irritación de ojos (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-086-2019).
En una visita realizada a la comunidad el viernes 6 de setiembre por un equipo de Kioscos y periodistas, la maestra Sindy Rodríguez Madrigal nos contó que ella llegó a las 6 y 10 de la mañana a San Juan y se dio cuenta de que la piñera estaba fumigando. “Ese día estaba muy caliente, hacía mucho sol. Teníamos las celosías abiertas. Ya como a las 12 y resto los chiquillos hacían como que iban a vomitar, se asustaron, agarraban la camiseta y se tapaban la boca y salían del aula, a algunos se les puso la nariz roja. El doctor del hospital nos dijo ‘ustedes no saben pero ese químico produce cáncer a largo tiempo’. Yo todavía tengo resequedad en la boca y dificultad para tragar”.
De acuerdo con la cédula de aplicación de los productos agroquímicos usados -difundida por el Servicio Fitosanitario del Estado-, ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019).
El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. Es un pesticida organofosforado y figura en la Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber (“Right to Know Hazardous Substance List”). La exposición al diazinón puede causar de manera rápida y grave, con dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náusea, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y la muerte. La exposición alta o repetida podría causar daño a los nervios, causando debilidad, hormigueo y poca coordinación en los brazos y las piernas.
No es posible que lo único que digan las autoridades del Ministerio de Salud sea que “se recomienda realizar una visita por parte del personal de Regulación de la Salud, con el fin de emitir criterio técnico sobre la manera de evitar o minimizar la exposición de personas a los agroquímicos utilizados por esta empresa”.
Sobretodo cuando esta es la tercera vez que la Escuela La Ceiba es evacuada debido a afectaciones de estudiantes y maestras por las fumigaciones de la piñera. Así nos lo confirmaron maestras y Estela Solís Marín integrante de la Asociación de Desarrollo de San Juan de Florencia y vecina de la comunidad.
“Tenemos diez años de luchar con los químicos. Nosotros lo que queremos como comunidad y como vecinos es tener un ambiente libre de químicos, poder levantarnos y respirar normal, como cualquier persona, como cualquier comunidad, no tener que estar en esto, corriendo, demandando, cambiándonos de casa, yendo al EBAIS. Queremos vivir en un ambiente sano. A la piñera le pedimos que cumpla como debe ser las leyes sobre los usos de los químicos, que mantenga la barrera natural; pero especialmente que no use químicos tan contaminantes, tan agresivos al ambiente y a la salud”, dijo Solís Marín.
Es indignante que el Gobierno proponga que sean las personas habitantes de las comunidades las que tengan que ver cómo no les caigan los agroquímicos encima y cómo no ser fumigadas. Es responsabilidad del Gobierno detener la expansión piñera descontrolada; sancionar a las empresas piñeras que fumiguen comunidades enteras; y regular las distancias que deben existir entre los sembradíos y los centros educativos, EBAIS, viviendas y centros de ancianos.
Un investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, también visitó San Juan de Florencia, como parte de la gira organizada por Kioscos, y tomó muestras de residuos en las aulas de la Escuela La Ceiba y en la zona de juegos. Próximamente se darán a conocer los resultados.
En 2016, una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada por Leonel Córdoba, estudió la presencia de plaguicidas en 12 escuelas de Matina, provincia de Limón, y encontró clorpirifós en las aulas. Este estudio fue desarrollado en escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.
En 2009, la investigadora Karla Solano realizó su tesis de la Universidad Nacional sobre residuos de plaguicidas hallados en el polvo de casas y escuelas, cerca de plantaciones de banano y piña en la zona Caribe de Costa Rica.
