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Etiqueta: inversión social

Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas – Reseña Panel 7: Trabajos de Cuidados

El martes 17 de septiembre, como parte de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se celebró el Panel 7 titulado “Trabajos de Cuidados: Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas”. Este panel se llevó a cabo en la Sala Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad.

Con un enfoque en los trabajos de cuidados y los retos para su inclusión efectiva en las políticas públicas, las panelistas M. Sc. Irma Sandoval, M. Sc. Laura Alfaro, Lica. Natalia Dobles y Dra. Nancy Piedra compartieron sus investigaciones y experiencias en la materia, ofreciendo una perspectiva crítica y detallada sobre los desafíos metodológicos que enfrenta el análisis de los trabajos de cuidados no remunerados, un sector que sigue siendo invisibilizado en muchas partes del mundo.

Irma Sandoval, experta en estadística con enfoque de género, abrió el panel destacando la importancia de las encuestas de uso del tiempo como herramienta esencial para visibilizar el impacto económico de los trabajos de cuidados, que históricamente han sido invisibilizados y feminizados. Explicó que la medición del tiempo dedicado a estas actividades, mayoritariamente realizadas por mujeres, revela su papel crucial en el sostenimiento de las economías y en la calidad de vida de las personas. Sandoval insistió en que los datos obtenidos de estas encuestas deben ser considerados en la formulación de políticas públicas que busquen la igualdad de género y la equidad en el reparto de tareas, resaltando cómo la división sexual del trabajo genera una pérdida de autonomía económica y política para las mujeres. Además, subrayó la importancia de visibilizar el valor económico de estos cuidados para asegurar su reconocimiento en la sociedad.

Por su parte, Laura Alfaro y Natalia Dobles abordaron el tema crucial de la infraestructura y los servicios de cuidados. Alfaro resaltó la necesidad de invertir en sistemas de cuidados que beneficien tanto a las personas dependientes como a las mujeres, aliviando la carga desproporcionada que recae sobre ellas. Complementando esta perspectiva, Dobles enfatizó la necesidad de políticas que promuevan la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y las familias, desmantelando la visión tradicional de que el trabajo de cuidados es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Alfaro profundizó en cómo las políticas públicas en Costa Rica han tratado los trabajos de cuidados, destacando avances como la creación de la Red CUDI, que proporciona servicios de cuidado infantil. Sin embargo, también subrayó las limitaciones de cobertura y los recortes presupuestarios en la inversión social, señalando la necesidad de una corresponsabilidad social en el ámbito de los cuidados y de políticas que no solo se enfoquen en poblaciones vulnerables, sino que tengan un carácter más universal. Dobles, por su parte, presentó un análisis de las políticas públicas de cuidados en la primera infancia a través de un estudio de caso comunitario, exponiendo cómo las condiciones laborales precarias de las cuidadoras y la limitada inversión en infraestructura afectan la calidad y el acceso a los cuidados. También destacó el papel clave de las mujeres lideresas comunitarias en mitigar estas carencias.

Nancy Piedra ofreció una mirada crítica a las barreras que enfrentan las políticas públicas en esta área, mencionando la falta de voluntad política y los estereotipos de género como obstáculos principales. Resaltó que, aunque hay avances en la región, sigue siendo urgente transformar las políticas de cuidados en soluciones más universales que impacten no solo a sectores vulnerables, sino que promuevan la equidad de manera integral.

Finalmente, las panelistas coincidieron en que las políticas públicas actuales son insuficientes para atender la demanda de cuidados en Costa Rica. La falta de un sistema de cuidados robusto afecta principalmente a las mujeres, quienes cargan con la mayor parte del trabajo de cuidado. Los recortes en la inversión social agravan esta situación, limitando el acceso a servicios esenciales y perpetuando la feminización de la pobreza.

El panel culminó con un espacio de preguntas y reflexiones del público, donde se discutió cómo el reconocimiento del trabajo de cuidados es clave para avanzar en la igualdad de género y en la creación de sociedades más justas. También se subrayó que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de investigaciones que aporten evidencia y herramientas para la implementación de políticas públicas más inclusivas.

Hacia una sociedad más justa y equitativa. En defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas
13-IX-24
Fiesta de San Juan Crisóstomo

Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.

En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.

De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.

Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.

La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.

Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.

Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.

Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.

Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.

La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.

Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.

No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.

Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.

Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

Foto: Francisco Mojica Mendieta.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

Los sindicatos son actores políticos que les compete la defensa de la educación y de la democracia costarricense

Manuel Hernández

Las universidades públicas, una pluralidad de sectores sociales, productivos, estudiantiles y sindicatos, están convocado a un movimiento nacional de protesta cívica, para el miércoles y jueves de esta semana.

Algunos sindicatos están convocando, de manera explícita, a una huelga uno o ambos días.

El objetivo central del movimiento, aunque hay que destacar que no es el único, es protestar contra los constantes recortes de los recursos asignados a la educación pública, y además, presionar para que en esta oportunidad, de una vez por todas, la Asamblea Legislativa cumpla el mandato constitucional, que ordena que el presupuesto destinado a la educación no puede ser inferior al 8% de PIB (artículo 78 de la Constitución Política).

Vale advertir que la norma constitucional no establece una aspiración, una meta, sino un precepto imperativo, que, por encima de cualquier imposición de orden fiscalista, tiene que respetarse en virtud del principio de supremacía de la Constitución, principio que desafortunadamente ha sido violentado impunemente, año, tras año, y nada ha pasado.

En esta ocasión, a raíz de tanto ajuste fiscal y desproporcionada afectación de los recursos destinados al gasto público y la inversión social, en la agenda de la lucha ciudadana la cuestión del presupuesto de la educación asume una centralidad de primer orden.

La convocatoria sindical a un movimiento de huelga contra las políticas públicas y gubernamentales no es nada que desborde las competencias que nuestro ordenamiento, desde la Constitución Política (CO POL), hasta las leyes ordinarias, atribuye a los sindicatos. Los sindicatos no están haciendo otra cosa que no sea atender una misión suprema, que trasciende la tradicional función reivindicativa y contractual que comúnmente realizan.

Ese cometido superior del que estamos hablando está preceptuado en el artículo 332 del Código de Trabajo:

ARTICULO 332.- Declarase de interés público la constitución legal de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense.”

Una norma con un apreciable sentido estético, pero que, además, encierra una profunda proyección ética y ciudadana, que define el modelo de sociedad que los sindicatos tienen que asumir la responsabilidad y compromiso de defender y fortalecer.

Esta norma declara de interés público la formación y actividad de los sindicatos, porque se les atribuye el cometido de defender y desarrollar la cultura popular y la democracia. Es decir, la norma legal concibe a los sindicatos como sujetos políticos, actores claves en la configuración del sistema democrático.

La participación política que se reconoce a los sindicatos es expresión del modelo de Estado diseñado por la Constitución: un Estado de carácter democrático, plural, pluricultural, multiétnico y participativo (artículo 1°).

Ese modelaje democrático lo profundizó, a principio de este siglo, la trascendental reforma del artículo 9 de la misma Constitución (2003), que estipuló que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, el cual ejerce -en primer lugar- el Pueblo y los demás Poderes institucionales.

Los sindicatos vienen así investidos como interlocutores políticos, dentro del marco axiológico de la Constitución, cuyas acciones también tienen como destinatarios los poderes públicos, con la finalidad de participar e incidir en el diseño y definición de las políticas públicas que conciernen a las y los trabajadores, inescindiblemente como clase social y ciudadanos.

Al cobijo de ese amplio marco jurídico, cuyo marco comprende el reconocimiento constitucional del derecho de huelga de los trabajadores, que por cierto, el artículo 61 constitucional no restringe los intereses defendibles en una huelga a los intereses de carácter estrictamente profesionales, en consonancia con el artículo 1° y 9 CO POL, que definen el modelo del Estado Social y Democrático, en relación con el articulo 334 y 371 del Código de Trabajo, ultima norma que reconoce el derecho de huelga contra las políticas públicas, se puede sólidamente sostener que la convocatoria de los sindicatos a una huelga contra las políticas de ajuste fiscal, que tanto daño están causando a la democracia social y la educación, tiene pleno respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.

No puede omitirse, salvo que se incurra en una ignorancia monumental, que la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-27/21, en materia de Libertad Sindical, reconoce expresamente, entre otras modalidades, la validez y la protección de la huelga “que impugnan políticas públicas”.

Este histórico pronunciamiento de la CORTEIDH es vinculante para Costa Rica, el cual tiene una eficacia normativa, de carácter inmediata, cuyos derechos de libertad sindical amparados, incluida la huelga, son “derechos de exigibilidad inmediata”, como lo determinó la misma resolución.

No es ocioso recordar que el carácter vinculante del pronunciamiento del Tribunal Internacional fue admitido recientemente por la Procuraduría General de la República, que para nada ha sido una instancia sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos.

El carácter vinculante de la Opinión Consultiva implica que todas las autoridades públicas y gubernamentales concernidas en el movimiento de huelga, convocado por los sindicatos, empezando por la Ministra de Educación, tienen que aplicar el correspondiente control de convencionalidad, y por tanto, inhibirse de cualquier actuación administrativa que pueda tener el efecto, directo o indirecto, de limitar, restringir o sancionar, de cualquier manera, el ejercicio pleno de ese derecho fundamental de las y los trabajadores.

Por último, no es menos importante subrayar que reiterados pronunciamientos de los órganos de control de OIT, admiten la validez de las huelgas “que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social.” (Ver Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, párr. 758 y 763. Asimismo, Comité de Libertad Sindical, 344º informe, Caso núm. 2509, párrafo 1247; 348º informe, Caso núm. 2530, párrafo 1190; 351º informe, Caso núm. 2616, párrafo 1012; 353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668; 360º informe, Caso núm. 2747, párrafo 841; y 372º informe, Caso núm. 3011, párrafo 646).

La convocatoria sindical a la huelga, ahora más que nunca, está de sobra justificada, en razón que el Estado ha perdido legitimidad democrática, a causa de regresivas políticas públicas, enraizadas en la ignominiosa Regla Fiscal, que lesionan los programas sociales y servicios públicos que constituyen la infraestructura de la democracia (educación, cultura, salud, niñez y adolescencia, entre otros tantos), afectando con mayor intensidad los sectores más vulnerables de la población costarricense.

La permanente violación del artículo 78 constitucional, los insufribles recortes de los presupuestos públicos menoscaban la cultura popular y socaban la democracia costarricense, cuya defensa, en buena hora, que ya hacía tanta falta, están asumiendo patrióticamente los sindicatos.

Admito que todavía me queda algo de optimismo. Pienso que aún no es demasiado tarde para defender y rescatar la democracia, en beneficio de las grandes mayorías de la población. No es aún imposible.

John Lennon afirmó:

“Tú decides el mundo que quieres tener.
Tienes el poder de cambiar el mundo,
por ende,
el de quienes te rodean.
Aquí nada es imposible.”

En medio de la crisis más grave que ha sufrido nuestro sistema democrático, ese es el impostergable desafío ético y político que tienen los sindicatos, cuya senda marcó, hace 81 años, el artículo 332 del Código de Trabajo, con una impensable visión de futuro.

El mayor riesgo es que no hagamos nada y dejar que la historia nos pase por encima.

ANDE rechaza las declaraciones del Ministro de Hacienda en torno al presupuesto educativo

Comunicado

Este lunes 19 de agosto ha circulado por las diferentes redes la imagen de un titular de Diario Extra, en la cual se muestra que el Sr. Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, afirma que la mayor inversión en educación «obligaría a liberar a todos los presos».

ANDE rechaza categóricamente estas declaraciones desproporcionadas y especialmente injustas para un sistema educativo público, que históricamente ha contribuido en la construcción de una Costa Rica pacífica, democrática e igualitaria.

La educación de nuestro pueblo es lo que siempre ha permitido a los costarricenses vivir en paz y acceder a niveles de vida digna.

La reducción de la inversión social y del presupuesto educativo de los últimos años, sin lugar a duda, influye en hacer crecer la exclusión y la desigualdad, lo que acrecienta la ola de violencia que hoy enluta y afecta a tantas familias.

La inseguridad en las calles crece de la mano de la exclusión y la desigualdad, de la falta de oportunidades para estudiar y acceder a un trabajo decente. La inseguridad crece cuando le quitamos la beca a un joven o cuando cerramos la escuela de una comunidad rural.

Nuestro país no saldrá de la crisis actual si los gobiernos continúan negándose a invertir en educación, cultura, recreación y deporte.

Recortar la educación es la ruta a un país cada vez más excluyente, desigual y violento.

ANDE hace un llamado a los padres y madres de familia a sumarse a las acciones de lucha programadas para los días 28 y 29 de agosto; defender la calidad de la educación que reciben sus hijos(as) también es su responsabilidad.

“Entrega total”

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

«Por enfrentarse a LOS PODEROSOS, se le ataca tanto«, nos dijo de Rodrigo Chaves, un amigo, ¡que, sin duda, así lo cree! Para él, desempleado y rebuscándose la subsistencia todos los días, «el presi» es uno más del pueblo humilde. Un «genio del Banco Mundial», que sacrificó su liderazgo allá, en un lejano y muy pobre país musulmán, para venir a luchar por los miserables de su país de origen. Algo así, como un santo varón, que, como la canción de Luis Miguel, merece la “Entrega total” de sus fieles creyentes.

Ahora bien, como se trata de alguien a quien apreciamos, con datos confiables, le prometimos al amigo, escribir un resumen de algunas «cosillas» del gobierno de su líder, que por aquí reunimos, para que, después de leer, reflexione sobre ellas. ¡Veamos!

1. En un país tan pobre como Costa Rica, que «juega de rico» en el club de países ricos, y no tan ricos, conocido como la OCDE, los compatriotas que sufren de miseria extrema, podrían llenar 13 veces, el Estadio Nacional. Viejitos, niños, hombres y mujeres de todas las edades, que sufren al interior de sus familias, la escasez de alimentos y otras necesidades, características de sus tugurios. Pues resulta, que, a ellos, tan dependientes de la solidaridad cristiana, Chaves, por cuestiones fiscales, dice, les ha recortado en una cuarta parte, la «inversión social«, que, aunque limitada, por lo menos les hacía tener esperanza en un mañana mejor.

2. La Seguridad Social, reforzada a través de los años, desde que se estableciera como compromiso estatal, hace más de 80 años, ha sido tan dejada de lado por el actual gobierno, que, pese a urgentes necesidades, ha hecho aumentar su deuda en más de ¢3,7 millones de millones (¢3,7 billones). ¡Nunca en la historia de Costa Rica, se ha visto algo semejante! Y es que, para «exhibir» ante el mundillo de Wall Street, «índices macroeconómicos positivos», se está desamparando a los más pobres, a los que hasta quisieran emigrar en busca de sustento, nos ilustran encuestas de Cid-Gallup, pues ya no aguantan tanta injusticia.

3. Con los «ahorros» mal entendidos, en programas de vivienda de interés social, este gobierno ha dejado por fuera a más de 11 mil familias sin techo, con las consecuencias que ello tiene, sobre el ansiado bienestar de esos miles de costarricenses, agobiados por la miseria que duele.

4. Los CEN-CINAI, casi desconocidos por muchos habitantes indiferentes a ellos, tienen la misión de «contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza y riesgo social«. Sin embargo, pese a esa fundamental misión en pro de los venerables niños, la administración de Chaves, les ha recortado el insuficiente presupuesto, ¡en cerca de ¢5.000 millones!, demostrando así una muy reprochable insensibilidad, y una despreocupación incomprensible, por la nutrición de los niñitos pobres.

5. Conocido es, que ante el desempleo y la miseria que resulta de él, algunos compatriotas por desesperación, con limitadísima educación, se han involucrado en el mercado de las drogas, con tan dolorosas consecuencias, que muchos han terminado en prisión o en el cementerio. Los datos nos dicen, que el año pasado, los asesinatos superaron la cifra de 75 mensuales, para un total de 903. Inocentes, o no (solo Dios puede juzgarlos) lo más triste es que, nos han acostumbrado a esas noticias cotidianas, que sentimos alejadas de nuestras vidas. “Es cosa de los pobres metidos en drogas, que se matan entre ellos”, es el innoble mensaje que se transmite, pretendiendo ocultar cuál es la raíz de esa terrible estadística.

6. Existe en Costa Rica, desde mayo del 2006, en que iniciaba la administración de don Óscar Arias, un programa en el IMAS, que tiene como objetivo, “la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo de los estudiantes en pobreza y pobreza extrema”. Se trata de un subsidio, conocido como AVANCEMOS, que, como algo «especial» de este gobierno, ha dejado sin financiar más de 98.000 becas. Contribuciones modestas, es cierto, pero que, para los niños y adolescentes, y sus familias, son determinantes para seguir estudiando o no. Se trata de subsidios de ₡18.000 mensuales para estudiantes de primaria, y de ₡30.000 a ₡40.000 para estudiantes de secundaria, por lo cual, rechazamos que se aleguen, frías cuestiones macroeconómicas, para decidir, desde la Casa Presidencial, el futuro y el presente educativo de tantos niños y muchachos, cuando saben muy bien, que, aunque no se les atiende, el 60% de los estudiantes en escuelas y colegios públicos, cumplen con los requisitos para optar por esa ayudita económica.

7. Si algo ha sido fundamental, para que Costa Rica se haya destacado en el continente americano, como una nación con logros importantes en su población, han sido dos cosas nacidas casi simultáneamente: la abolición del ejército, que nos hizo ahorrar un inmenso gasto inútil en armas y soldados, y el transferir esos recursos económicos, hacia un sistema educativo público, gratuito, de calidad, con universidades prestigiosas, abiertas a buenos estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. Sin embargo, siguiendo una ruta orientada a erosionar esa columna fundamental de la sociedad costarricense, la administración Chaves, en tan solo dos años, muestra datos que hacen encender luces de emergencia. Casi como un logro hacendario, desde que se estableció constitucionalmente, un porcentaje de financiamiento mínimo, el de este año ha sido el más bajo. Nuevamente, son los más pobres los más afectados, pues, en todos los niveles, se restringen las opciones educativas, sin poder optar por las instituciones privadas que, principalmente en el nivel básico, han venido superando a las escuelas y colegios públicos. Ese desinterés por la educación estatal, se evidencia en datos que ilustran como, cerca de 900 centros educativos, han recibido de parte de las, igualmente autoridades gubernamentales, advertencias sanitarias de funcionamiento, mientras que 78 instalaciones educativas, siguen “funcionando”, con órdenes de no hacerlo.

8. Cuando se habla de DESIGUALDAD SOCIAL, más allá de un ejercicio académico, nos referimos a la distancia enorme que no debería existir, entre aquellos que viven en la opulencia, a veces el despilfarro y el desperdicio (como coleccionar relojes Rolex, por ejemplo) y las grandes mayorías, que sienten como, día con día, su calidad de vida es tan baja, que no les permite, aunque se esfuercen estudiando y trabajando honestamente, satisfacer sus necesidades básicas. Cabe recordar, que cuando la sociedad costarricense, aspiraba a alcanzar una menor desigualdad social, la clase media poco a poco se ensanchaba y, con el apoyo de instituciones y empresas estatales, todas ellas trabajando sin fines de lucro, los signos de bienestar, eran evidentes. La llamada «distribución de la riqueza», seguía senderos de tintes más justos.

Hoy, detenido ese proceso desde hace unos años, la administración de Chaves, le ha aplicado «marcha atrás». Un gobierno promocionado «contra los poderosos», se muestra más bien, como un gobierno «de los poderosos», de los que acumulan más riqueza. Es un gobierno ¡contra los pobres!; contra aquellos que paradójicamente, le han venido apoyando, hasta la “entrega total”, inocentes del engaño, que se esconde en los discursos de Pilar y Chaves, que, para desdicha de ellos mismos, les creen el discurso demagogo y populista.

La evidencia descansa en medidas gubernamentales, dirigidas a favorecer a los que, por ejemplo, comercian todo tipo de productos importados (arroz y otros productos alimenticios, medicamentos, equipos y herramientas de trabajo, utensilios domésticos, vehículos…) que, por más de un año, han obtenido ganancias exorbitantes, gracias a un cambio del colón con respecto al dólar, manejado políticamente, y a una cascada de dólares, de imprecisa procedencia. Asimismo, merced a acciones ejecutivas (algunas ilegales) como, contratos de construcción de obra pública, otorgados «a dedo», sin licitaciones, gracias a una aplicación amañada, de decretos de emergencia.

Como muestra independiente de tal desigualdad social, fomentada por Chaves, los datos de la OCDE, nos gritan a la cara, que, dentro de ese grupo de 38 naciones, ninguna supera a Costa Rica, como la más desigualdad, aunque las prácticas del Banco Mundial permiten aplaudir, como sucedió tanto tiempo en Chile, a las autoridades hacendarias que muestran una inflación tal, que impide ejecutar ajustes salariales, hace tiempo congelados injustamente.

FINALMENTE, aunque no es exhaustivo lo que cubre este comentario, pues no hemos hablado del efecto que, por ejemplo, sobre los más pobres tiene el manejo indebido del abastecimiento de agua potable, sí esperamos que, cuando nuestro amigo nos lea, conociendo lo inteligente que es, ojalá lo invite a pensar, o, por lo menos, a dudar, de lo que hasta ahora le han dicho y ha creído. Si lo hace, estaremos avanzando hacia algo excepcionalmente importante; hacia la defensa de nuestra democracia y nuestras instituciones estatales, amenazadas desde sus propias entrañas y en camino a ser subastadas.

Casi 30 mil personas en pobreza esperan por una pensión del RNC

Defensoría de los Habitantes alza la voz por inversión social

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio ante la lista de espera para el trámite de una pensión por el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Datos del 2024 indican que la Defensoría ha recibido a la fecha un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática y cifras de la Dirección Administración de Pensiones de la Caja, al 31 de enero del presente año, indican que, hay 28.860 solicitudes pendientes, con hasta más de tres años de espera.

Tras una serie de consultas de la Defensoría, la Gerencia de Pensiones de la Caja, dijo que la situación del incremento de solicitudes pendientes obedece a que el otorgamiento de estas pensiones está sujeto al financiamiento disponible, y en los últimos años, no ha sido suficiente para atender la demanda.

Para el 2023, se recibieron los recursos adicionales que, por ley, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) debe transferir para la atención del programa; sin embargo, al ser trasladados en los últimos días de diciembre se imposibilitó su ejecución, por lo que fue registrado como superávit y por ende, debe reintegrarse parcialmente al FODESAF.

Según la Gerencia de Pensiones de la CCSS, para el presente periodo tomando en cuenta los datos de la liquidación presupuestaria del programa, las estimaciones de la Dirección Actuarial y Económica reflejan un déficit presupuestario de ¢8.147.4 millones. Por lo que se requiere, con carácter de urgencia, que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), traslade recursos para cumplir con las obligaciones del Régimen, y poder asignar -al menos- las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las reasignaciones de pensión.

Es por esta razón que, la administración, de acuerdo con la necesidad actual de pendientes y en vista del faltante de recursos, con fundamento en los principios y objetivos definidos para la creación de la reserva de contingencia, que alcanza la suma de ¢4.115.7 millones, procedió a utilizar estos recursos para poder cubrir 1.650 casos de pensiones por sustituciones, en espera del traslado de recursos por parte de FODESAF.

Ante este panorama, esta Defensoría le solicitó a la DESAF, información del por qué hay un atraso en el traslado de los fondos y al parecer todo se debe a que hace falta la firma de un convenio de cooperación y aporte financiero con las instituciones ejecutoras de los recursos del FODESAF.

La Defensoría mantiene preocupación respecto a la disminución en la inversión social y el presupuesto que tiene la CCSS para atender este programa, por lo cual analiza la saturación que se está presentando con el propósito de girar las recomendaciones que permitan disminuir los plazos de respuesta, conforme el principio de justicia pronta y cumplida y el de petición y pronta respuesta.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Dólares «bajo del colchón»

Freddy Pacheco León

El gobierno está encantado porque las reservas de divisas en el Banco Central ya superaron la cifra de US$14 mil millones. Dólares guardados «bajo del colchón», para enfrentar imprevistos; como un seguro ante situaciones, como la vivida con la pandemia que hizo caer el ingreso de divisas por turismo; dólares para una mejor imagen ante las calificadoras de riesgo; para una inflación de casi cero.

Todos, elementos positivos de la macroeconomía, pero que están dejando de lado, obligaciones del Estado, como la fundamental inversión social, gastos imperativos en salud, como la gigantesca deuda con la maltratada Caja del Seguro, así como con el descuidado y desorientado sector educación, con el maltrecho sector cultura, con servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad adecuadas, así como con la construcción de carreteras y un tren eléctrico ahora olvidado.

Las consecuencias que está teniendo, como parte de esa «ecuación», un colón sobrevalorado, al golpear a los exportadores, en general, y a un sector turismo con menos colones por dólar, que atienden pagos de recursos humanos e insumos, con muy disminuidas e injustas ganancias, está provocando que, diariamente, 180 trabajadores pierdan su vital empleo, aumentando así la pobreza.

Pero, paradójicamente, los economistas del gobierno están encantados con las cifras de una macroeconomía, que, usualmente, es engañosa, pues oculta una realidad socioeconómica muy diferente y dolorosa, en los habitantes que no merecen el frío maltrato gubernamental.

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.