Skip to main content

Etiqueta: investigación penal

Caso de Sergio Rojas Ortiz: Juzgado ignora peticiones de más de 100 personas y organizaciones

Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal

Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.

Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.

Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.

Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.

En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.

Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.

Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.

Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”

Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.

Kioscos Ambientales UCR

Solicitan investigación penal por supuesta administración fraudulenta de Aldesa

Los miembros de la Junta Directiva de Aldesa deberán enfrentar una denuncia penal en su contra luego de que Flora Fernández, una de las afectadas, contó a la ANEP detalles de la denuncia que presentó ante un Tribunal Penal para que se investigue la eventual quiebra fraudulenta de Aldesa.

En declaraciones a los programas informativos de la ANEP, Flora Fernández Amón explicó que desde que se presentó al juzgado concursal la petición para acogerse a la intervención con administración judicial, todo inició cuando se revisó un expediente de Aldesa con casi 3000 folios, donde se detectó que no se tenían activos, propiedades, ni información del paradero del dinero, tanto así, que el perito que evaluó el caso determinó que la situación de ALDESA desde el año 2019 y principios del 2020 ya no es viable para la empresa, para Doña Flora, en ese momento se debió haber llamado a la quiebra, sin embargo, esto nunca salió a la luz. 

Ahora espera  que el poder judicial haga su trabajo ya que todos los elementos que da la jueza para aceptar la quiebra en la sentencia que ella emitió el pasado 22 de julio da suficientes elementos para determinar que la quiebra es fraudulenta. 

Algunos de estos elementos son: no tener la contabilidad al día, se le pagaba solo a un grupo de accionistas, sustraer u ocultar bienes que correspondan a la masa por venta de bienes, conceder ventajas indebidas privilegiadas a cercanos, se encontraron estados financieros sin auditar, además de haber sustraído, destruído o falsificado en todo o en parte, los libros u otros documentos contables, lo que los haya llevado de modo que se hace imposible la reconstrucción del patrimonio o el movimiento de los negocios. 

En la demanda y de acuerdo con el artículo 240 de la Ley Concursal, se solicitaron medidas cautelares a los acreedores privilegiados mientras se concluye el proceso de liquidación: 

  • Impedimento de salida del país (retención de pasaporte)
  • Inmovilización de bienes y propiedades en caso deban responder
  • Levantamiento del secreto bancario. 

Esto cómo parte del proceso y responsabilidad que deben enfrentar los involucrados. Según la sentencia de la jueza, habla de 645 personas físicas y jurídicas afectadas por estas acciones.

Si desea informarse más con respecto a este tema, lo invitamos a ver la entrevista con Doña Flora en:

 

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.