Caso de Sergio Rojas Ortiz: Juzgado ignora peticiones de más de 100 personas y organizaciones

Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal

Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.

Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.

Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.

Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.

En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.

Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.

Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.

Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”

Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.

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