Ir al contenido principal

Etiqueta: investigación

Academia, investigación y ciencia por un océano sostenible

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Decenas de científicos costarricenses de las universidades estatales y las delegaciones de más de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y organizaciones no gubernamentales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se reúnen desde hoy y hasta el jueves 6 de junio en el auditorio Cora Ferro Calabrese de la Universidad Nacional.

El océano está amenazado por los impactos del cambio climático, sobreexplotación, pérdida de hábitat, defaunación marina, contaminación y otras presiones. Las investigaciones advierten de los aumentos en la concentración de dióxido de carbono y las consecuencias relacionadas con el cambio climático que tendrán importantes efectos en toda la columna de agua y el fondo marino profundo.

Decenas de científicos costarricenses de las universidades estatales y las delegaciones de más de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se reúnen desde hoy y hasta el jueves 6 de junio en el auditorio Cora Ferro Calabrese de la Universidad Nacional, para participar del Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible (CISOS24), organizado por la Comisión de Vicerrectores de Investigación de Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

“La gobernanza global de los océanos se enfrenta a numerosas dificultades en múltiples frentes, incluidos los riesgos para la salud de los ecosistemas, la salud humana y la sostenibilidad.  El cambio climático perjudica la equidad social, limita el uso de actividades humanas relacionadas con el mar y reduce la capacidad de los ecosistemas marinos para prestar servicios. Se requiere entonces una gobernanza global de los océanos más adaptable, que tenga en cuenta una amplia gama de actores en diversos niveles que trabajen juntos de manera gradual y pragmática, de acuerdo con el requisito de un cambio continuo hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”, dijo Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional en el acto de inauguración.

 Este es un foro académico – científico que pretende: generar recomendaciones desde la integración de saberes académicos y no académicos para garantizar acciones en torno a la sostenibilidad del océano, así como evidenciar aportes científicos, tecnológicos, experienciales, de gestión comunitaria, entre otros, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, de cara a las acciones a desarrollar para la III Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25), a realizarse en Francia en junio de 2025, donde Costa Rica será coanfitrión. Este evento se proyecta como una ventana para el mundo en materia de lo que la academia costarricense produce y comunica en este campo del conocimiento. 

Para Francoise Gaill, representante del Panel Internacional por la Sustentabilidad del Océano, dijo que, hoy más que nunca el océano está en un estado de emergencia, pues el océano se vuelve cada vez más cálido, más contaminado, más insalubre, y estamos ante la pregunta de qué hacer para volver a un océano más sostenible. “Necesitamos el conocimiento científico porque es una manera universal de entender la realidad del mundo, pero también necesitamos el saber hacer y el cómo hacer, y es a través de eventos como este, donde podemos intercambiar conocimientos para lograr objetivos”. 

Se realizarán foros, talleres, paneles de discusión, conversatorios, conferencias y mesas de trabajo, el resultado de este trabajo será una declaratoria en el marco del evento de alto nivel:  Immersed in Change, a realizarse  el 7 y 8 de junio en el Centro de Convenciones, donde la Universidad Nacional participará con un stand  donde compartirá información sobre su trabajo académico e investigativo asociado con la sostenibilidad del océano, y dos paneles organizados por los académicos Silvia Chacón del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot-UNA) y Sergio Cambronero del Laboratorio (LAOCOS), ambos del Departamento de Física en sus temas de gestión de riesgos por tsunami y océano profundo

Cooperación

“Lo sabemos todos y ya se recordó esta mañana: el océano desempeña un papel fundamental en la regulación del calentamiento global por su función de bomba de carbono. Se calcula que el océano contiene 50 veces más carbono que la atmósfera, que absorbe el 30 % de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano y que genera el 50 % del oxígeno que respiramos. Pero sabemos todos también, lamentablemente, el importante deterioro de la salud del océano y de su biodiversidad, lo que provocará pérdidas irreparables. Como lo declaró el Secretario General de las Naciones Unidas en la segunda Conferencia sobre el Océano celebrada en Lisboa en junio de 2022, el océano se encuentra en estado de emergencia, entonces hay que actuar rápidamente. En junio de 2022 se decidió que Costa Rica y Francia iban a presidir conjuntamente la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, en junio de 2025. Nuestros dos países son en efecto, totalmente conscientes de esta emergencia. Decidieron asumir y liderar un compromiso colectivo para detener el declive de la salud del océano, para proteger el océano, nuestro bien común, y ustedes, los científicos lo saben mejor que nadie, el conocimiento es totalmente clave”, dijo la Embajadora de Francia Alexandra Bellayer-Roille.

Para Francisco González, rector de la UNA, “esta es una evidencia de la forma en la cual hemos venido orientando también nuestras capacidades institucionales al servicio de la diplomacia internacional. De manera particular con Francia hemos venido construyendo una relación de mucho apoyo estratégico, que hoy se consolida con esta iniciativa que es el primer congreso donde desde la academia, reflexionamos y aportamos para la agenda política del próximo congreso mundial”.

Adicionalmente, este evento alberga la Cumbre de Juventudes Latinoamérica Azul, organizada por la Alianza de Sostenibilidad del Océano (SOA) capítulo  Costa Rica, que reúne a 100 jóvenes de Latinoamérica y el mundo para discutir temas relevantes sobre la sostenibilidad del océano y el cumplimiento del ODS 14. 

“Somos personas de entre 18 y 35 años de Argentina, Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, entre otros. Estos días vamos a tener talleres, charlas, paneles, pero también unos espacios de construcción. El objetivo principal es culminar con una declaratoria  de iniciativas de jóvenes involucrados activamente en sus países en temas de conservación, ciencia, gestión de los recursos, política, ideas que esperamos sean atendidas por los tomadores de decisiones”, detalló Marilyn Valverde, representante de la SOA en Costa Rica. 

La causa principal de la acidificación del océano es la liberación a la atmósfera del CO2 originado por actividades humanas. La única opción realista de mitigación que se conoce a escala mundial consiste en limitar los niveles futuros del CO2 atmosférico. Así lo detalló Jean  -Pierre Gattuso, quien impartió la conferencia inaugural Océano y cambio climático, donde afirmó que acciones como la restauración de las zonas pantanosas, la plantación de nuevos bosques y la reforestación podrían mejorar la absorción por la vegetación y los suelos, pero indicó que la acidificación del océano no está explícitamente regulada por los tratados internacionales, y que si bien se considera una amenaza para los ecosistemas ecológicos y económicamente más importantes, así como para el bienestar humano, no existen todavía mecanismos internacionales ni financiamiento para emprender acciones que mitiguen  la acidificación o la adaptación a ella. 

Océano bajo la mirada del arte

Además de conocer la investigación generada en torno a los océanos, en el lobby del auditorio, los asistente podrán participar de “Las dimensiones del océano”, una instalación intermedial cuya narrativa integra la creación de objetos de especies marinas en 3D, la impresión de algunos de estos objetos en 3D, el uso de sensores, la respuesta sonora de ciertos animales marinos, y la interactividad y la inmersión a través de la realidad virtual.

“La era digital, aunada a nuestro potencial de desarrollar tecnologías de alta gama y sofisticación, nos permite aproximarnos cada vez más a la inmensidad del océano, conocer sobre las diversas especies marinas, y sus formas de convivencia e interacción. Esta es una oportunidad de acercarnos a una alfabetización oceánica desde una mirada artística”, dijo Paula Rojas, directora de la EAE-UNA.

De acuerdo con Rojas, se trata de un proyecto investigativo que involucra tanto a personas estudiantes y académicos artistas que aportan a la investigación, a la generación de los contenidos, y a la resolución técnica y/o dramatúrgica de la propuesta. Así, esta idea se convierte en un estímulo a las investigaciones desarrolladas en el LED, y una puerta para conocer, admirar y comprender los retos que tenemos como humanidad frente al océano. 

La oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, preparó un especial que reúne la trayectoria de la UNA en materia de océanos, e incluye una diversidad de esfuerzos inter, multi y transdiciplinarios que contribuyen con la producción de conocimiento sobre cómo se establece la relación entre el océano y la sociedad de una manera sostenible. 

Conozca también algunas de estas iniciativas en las voces de sus especialistas, el cronograma de ambos eventos así con los proyectos de la UNA en el siguiente enlace: https://acortar.link/bOpe1u

Fuente: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/junio-2024/5368-academia-investigacion-y-ciencia-por-un-oceano-sostenible

A 40 años del atentado de la Penca en Nicaragua: con muchas preguntas sin responder en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.

Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).

El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.

En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.

Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.

El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.

En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:

«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.

En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:

«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«

Cronología de una larga batalla legal

En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.

En este enlace de Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.

En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.

En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental «Good Bye Nicaragua«).

Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:

«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.

En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:

«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»

Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:

«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice: in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.

Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.

En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).

Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia

Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).

El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Claro de Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Voz de Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.

Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase nota del Semanario Universidad de Costa Rica).

Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).

También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).

En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.

Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?

En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:

«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.

Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.

Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.

No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:

«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.

However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.

Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.

A modo de conclusión

A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.

Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.

Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.

Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).

En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).

Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).

Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.

A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.

– -Notas – –

Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.

Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.

No a los recortes de las giras de investigación y acción social

Escrito en . Publicado en Derechos.

La comunidad Universitaria tanto estudiantes como docentes realizan una carta abierta al rector Gustavo Gutiérrez Espeleta y al Consejo Universitario, en donde se expresa una preocupación por la decisión tomada de la Oficina de Transportes de no asignar choferes para las giras de investigación y acción social con menos de 7 personas. Se argumenta que esta medida presenta inconvenientes para quienes participan en proyectos de investigación y acción social. Los motivos incluyen la carga adicional para la persona responsable de proyectos, la dificultad de estacionamiento bajo vigilancia en comunidades específicas, la conveniencia de grupos pequeños en ciertos contextos, la falta de licencia de conducir de algunos responsables de proyectos y la limitación de recursos en algunas Unidades Académicas. 

Se solicita una reunión urgente para encontrar una solución a este problema.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Avance en el estudio de estuarios tropicales: Monitoreo con equipo oceanográfico y modelos en el Golfo de Nicoya

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Mauro Vargas Hernández
mauro@una.cr
Subdirector Departamento de Física

El Departamento de Física de la Universidad Nacional realiza investigación en oceanografía costera en el golfo de Nicoya, con el fin de comprender la hidrodinámica estuarina de la zona y contribuir, de manera interdisciplinaria, a la colección de datos hidrográficos que ayuden al desarrollo sostenible de actividades económicas en el golfo. El objetivo es comprender los mecanismos físicos que gobiernan la circulación de las corrientes marinas dentro del golfo, los cambios en los niveles de agua y de parámetros oceanográficos tales como la salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, concentración de clorofila, entre otros; además, entender cómo la variabilidad temporal y espacial de estos parámetros impactan actividades socioeconómicas que se desarrollan en esta zona, por ejemplo la maricultura. 

Estos estudios se realizan con equipo oceanográfico de alta tecnología para mediciones en campo, tales como correntómetros acústicos, sondas multiparamétricas y mareógrafos. Asimismo, las investigaciones se complementan con el uso de un modelo numérico hidrodinámico que se aplica a todo el golfo de Nicoya. Dichas simulaciones nos ayudan a cuantificar la influencia que ejercen las forzantes atmosféricas y oceanográficas (por ejemplo, viento, precipitación, caudales de ríos, mareas, fricción de fondo, entre otros) en la hidrodinámica costera. Con toda esta información damos recomendaciones a la comunidad científica y poblaciones costeras para que tomen decisiones informadas para el desarrollo de actividades económicas.

El Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero (LAOCOS) y el Servicio Regional de Información Oceanográfica (SERIO), responsables de estos estudios, cuentan con más de 30 años experiencia en investigación en temas de oceanografía física, durante los cuales se ha generado un conocimiento de los ambientes marino-costeros del país y de la región, que le permiten impulsar proyectos de investigación en oceanografía costera en diferentes cuerpos de agua como estuarios, golfos y bahías, con el fin de comprender la hidrodinámica de la zona y contribuir, de manera interdisciplinaria, a la recolección de datos hidrográficos que ayuden al desarrollo socioeconómico de las zonas costeras.

LAOCOS-UNA se enfoca en la recolección de observaciones de campo usando el equipo oceanográfico descrito. Dichas observaciones se procesan y visualizan por personal altamente capacitado, quienes generan bases de datos que se usan para generar publicaciones científicas. Por otro lado, SERIO-UNA complementa las investigaciones con el uso de modelos numéricos hidrodinámicos que nos ayudan a cuantificar la influencia que ejercen las forzantes atmosféricas y oceanográficas en la hidrodinámica costera. Además, ambos programas están en capacidad de ofrecer cursos de capacitación y entrenamiento en temas de oceanografía costera y variabilidad océano-atmósfera. 

También contamos con el centro de soporte del Instituto Internacional del Océano (IOI, sede principal en Malta) que tiene como objetivo generar y promover acciones que apoyen la sensibilización, la capacitación y la generación de insumos científicos y políticos que refuercen los países hispanohablantes.

Este 2024 será un año dedicado a articular y desarrollar acciones rumbo a la III Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25), a realizarse en Francia en junio de 2025, donde Costa Rica será coanfitrión.

La Comisión UNA por los Océanos, prepara una agenda de actividades durante este primer semestre del año, que incluyen el dar a conocer los proyectos relacionados con el océano profundo, la contaminación por microplásticos,  áreas de conservación, erosión costera y presencia de algas tóxicas, entre otros.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría señala 10 deficiencias que debe corregir la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como resultado de la presente investigación, se evidencia que, persisten 10 deficiencias y debilidades importantes.

-Ausencia de un sistema de gestión de Gobierno Corporativo. Pese a que la Junta Directiva de la CCSS es el máximo jerarca de la Institución, dedica el mayor tiempo de sus funciones a labores administrativas, ya que carece de un modelo de gobernanza que le permita que su labor se enfoque en la dirección y supervisión de los asuntos estratégicos relacionados con la actividad institucional.

-Deficiencia en la Planificación y Gestión de Riesgos. A pesar de que la CCSS cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y una Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos, la administración de los recursos financieros no se realiza conforme al modelo de gestión para resultados a nivel de toda la institución

-Ausencia de un sistema de costos: En materia de salud, persiste la necesidad de la CCSS de contar con un sistema de costos como instrumento clave de gestión que permita cuantificar el costo de procesos, actividades e intervenciones con mayor precisión, y mejorar las estimaciones.

-Proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Las proyecciones actuariales son parte fundamental para darle la sostenibilidad al sistema de pensiones y al sistema de salud. Sin embargo, al persistir el uso de datos promedio, tiene como resultado una visión distorsionada en los servicios, al ser una limitante y desventaja para el análisis de los datos, especialmente en presencia de valores atípicos o distribuciones no normales, como es el sector de la salud.

-Contra criterios de gerencia y administración, se elimina la información financiera para las provisiones y proyecciones financieras. Recientemente la Junta Directiva ratifica como únicos instrumentos válidos para las provisiones y proyecciones financieras, los informes y otros documentos elaborados por la Dirección Actuarial. Si bien ambas responden a metodologías diferentes, la información de la Gerencia Financiera permite mostrar el equilibrio financiero a hoy. La decisión de la Junta Directiva incrementa el riesgo de que no se observe el panorama completo de la situación financiera institucional, puesto que son insumos complementarios que van a aportar a la toma de decisiones.

-Una CCSS sin una visión de futuro con horizonte de largo plazo. La CCSS no ha consolidado por completo la inclusión de elementos de gestión para resultados en el desarrollo como parte de la construcción de una visión de futuro con un horizonte de largo plazo, persisten debilidades en el proceso de identificación y planificación de necesidades de infraestructura, tecnología y compra de equipos, que no permiten orientar razonablemente la gestión oportuna de los proyectos de sustitución o ampliación de oferta, a efectos de prevenir eventuales afectaciones en la continuidad y calidad de los servicios de salud

-Posible inequidad y uso ineficiente de recursos en la oferta de servicios. La CCSS carece de información actualizada y completa sobre los requerimientos de servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud, según el modelo de atención y en su ausencia utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes, lo que la CCSS podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, y con ello, podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.

-Impacto de la ausencia de planificación sobre Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR Suscrito desde el 2017, este Fideicomiso de obra, por el que se cancelan más de 28 millones de colones por mes, ha estado caracterizado por los constantes cambios en la asignación de proyectos. El fideicomiso que inicialmente incluía la construcción de 53 obras, se modifica en el 2023 para la construcción de 30 Áreas de Salud en un ritmo de 4 por año. Adicionalmente a los costos generados durante los años con que cuenta el mismo contrato del fideicomiso, se pudo constatar que el mismo carece de multas hacia el fiduciario e incluso se logra observar que las responsabilidades de atrasos en las obras son responsabilidades de la situación económica del país, causas que sea ocasionados por terceros o por atrasos en la CCSS, pero deja por fuera al BCR por demoras en las obras o por acciones fuera de las responsabilidades que le correspondan.

-Dilación en la toma de decisiones sobre el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mesa de diálogo. Si bien en el 2021 fue probada una reforma para el Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, era de conocimiento por la Junta Directiva de la CCSS, que la misma se constituía en la primera etapa de un proceso que busca brindar sostenibilidad y solvencia actuarial al Seguro de Pensiones que le brindaría el oxígeno necesario al Sistema para iniciar con una segunda etapa. Pese a ello la Junta Directiva no ha dado inicio con la mesa de diálogo propuesta para el abordaje del tema, además de que no se encontró evidencia de que se hayan tratado de estudiar nuevas fuentes de ingresos para el Seguro de Salud y pensiones, recomendaciones que la Dirección Actuarial y Económica, ha hecho en las valuaciones actuariales, en donde se ha señalado la importancia de abordar temas como el bono demográfico y la informalidad en el empleo, además del desempleo en jóvenes especialmente en las mujeres.

-Gobernanza de Tecnologías de Información. La CCSS no ha logrado consolidar los roles y responsabilidades definidos en su Marco de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación de la CCSS. Como ejemplo los recientes problemas de su estructura organizacional para proyectos de infraestructura tecnológica, como el proyecto de implementación del EDUS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica – informe de investigación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Según una investigación revelada hoy existen al menos 59 solicitudes de concesiones para exploración minera subterránea que acaparan 779,52 km2 es decir aproximadamente un 1,52% del territorio nacional. Estas solicitudes en trámite abarcan los cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza Turrubares, Puriscal y Mora, es decir abarcan cuatro de las siete provincias del país: Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.

Esta información es parte de una investigación “Solicitudes de Concesión de Minería Subterránea de Oro y Plata en el Pacífico de Costa Rica” realizada en el catastro y archivo minero de la Dirección de Geología y Minas realizada por Jennipher Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora del proyecto “Geografía y Diálogos de Saberes” (ED-3526) del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Como parte de la investigación se realizó un geovisor en línea donde de manera sencilla se puede ubicar las solicitudes y un manual para que las comunidades tengan acceso fácilmente a las áreas y puedan revisar estos expedientes en trámite. Es posible observar que hay solicitudes que incluyen buena parte de la ciudad de Palmares o San Mateo, San Luis de Monteverde y ciudades completas como Miramar o Guacimal de Puntarenas.

Estas 77.952 hectáreas en trámite de concesión equivalen a poco menos que la superficie de todo el cantón de Guácimo (801,48 km2) que está de número 22 en tamaño de todos los cantones del país. Si lo comparamos con cantones más pequeños que Guácimo las solicitudes abarcaría completamente los cantones: Poás, Santa Ana, Barva, Santa Bárbara, Monteverde, San Rafael, La Unión, San José, Palmares, Alvarado, Escazú, Goicoechea, Moravia, San Isidro, Santo Domingo, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca, Belén, Tibás y San Pablo.

En términos de producción agrícola es mayor a toda el área de café (77.352,5 ha) sembrada según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 realizada por el INEC si lo comparamos con otros cultivos básicos es la suma del área sembrada de arroz (33.586,4 ha), frijol (8.653,30 ha), maíz (7.175,90 ha), yuca (7.084,40 ha), papa (2.912,4), naranja (13.220,70 ha), melón (1.673,00 ha) y palmito (3.231,90 ha).

Los cantones donde hay mayor cantidad de área solicitada para las concesiones son Tilarán con 113,3 km2, Puntarenas 112 km2, Montes de Oro 78 km2, Abangares 57,47 km2 y San Ramón 37,91 km2. Además, hay un grupo importante de 276, 7 km2 de solicitudes que se encuentran en dos cantones o más.

Estás solicitudes se tramitaron trece en 2019, siete en 2020, diecisiete en 2021, dos en 2022, diecinueve en 2023 y dos en el presente año. Un total de veinte empresas y personas son las que tramitan estas solicitudes donde destacan Edgar Gamboa Espinoza y la empresa Terrasun Resources S. A que juntos soliciten casi la mitad (el 48%) del área total de las solicitudes, esto representa un 0,72% del territorio nacional. Además, figuran empresas como Geoexploraciones de Occidente SRL (4 solicitudes), Sofía Solís Cedeño (3), ECOMINAS S. A (2) Jorge Eduardo Vargas Ramírez (2), Carlos Alexander Hernández (2), Eco Inversión Centroamericana S. A (2) Jacqueline Pérez Navarro (2) Cooperativa autogestionaria para la explotación de minerales y procesos sostenibles. COOPEVETA R.L (2), Cooperativa Autogestionaria para la explotación, beneficiado de materiales y protección ambiental R.L(2) Cooperativa Autogestionaria para la Orfebrería y Comercialización de Joyas R.L(2), Gerling Navarro Porras (2) y con una solicitud: Carlos Muños Álvarez, Proyecto Terris Sociedad Anónima, CR S. A, Eduandi S.A, Mina OROTEX S. A, Cooper Huatilar y Cuarzo Dorado San Miguel Sociedad Civil.

Otro de los resultados que arrojó la investigación, es la concentración de personas consultoras ambientales. En 60 expedientes se encuentran los nombres solamente de 9 personas y/o empresas de consultoría. Así mismo, en varios casos aparecen personas consultoras ambientales que en otros expedientes son los solicitantes y desarrolladores.

Antecedentes.

En nuestro país históricamente el principal mineral de interés ha sido el oro. A partir de 1820 existen registros de explotación de oro en la provincia de Puntarenas en los distritos de Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se pueden definir 4 ciclos mineros históricos en el país. El primero (1820-1843) en el distrito minero de Abangares en la provincia de Guanacaste. El segundo (1890-1930) en el mismo distrito y en Miramar y Guacimal ambos de la provincia de Puntarenas explotados por compañías extranjeras. El tercero en la década de los ochenta de “oro aluvial” de ríos en la Península de Osa y Burica al sur de la provincia de Puntarenas.

Y el cuarto fue desde 1990 hasta la fecha, caracterizado por la llegada de transnacionales con técnicas de cielo abierto por lixiviación con cianuro. En este cuarto ciclo se hizo la apertura de la mina Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, que, tras una serie de irregularidades y problemas, no pudieron terminar su ciclo de explotación. A esta se les sumó la mina Miramar en donde hubo un accidente y la de Crucitas que fue anulada la concesión por irregularidades.

Las solicitudes de explotación de este último ciclo llegaron a cubrir más del 20% del territorio nacional, mientras los permisos de explotación, solicitudes de descongelación y concesiones de explotación cubrieron unos 850 km2 lo que equivale casi al 2% del territorio (Álvarez, 2015)

Desde el año 2010 en el país está prohibida la minería metálica a cielo abierto, solo es posible realizar minería metálica en forma subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM) el Estado ha reservado los cantones de Abangares, Golfito y Osa para el desarrollo de minería artesanal y en pequeña escala.

El 9 de noviembre del 2010 la ley N° 8904 para Declarar a Costa Rica Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto fue aprobada por unanimidad de los 49 diputados presentes. En ella se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tengan una concesión válidamente otorgada. Incluso se archivan aquellos que no han presentado trámites de evaluación ambiental o que no han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación. Dentro de esta ley existía un transitorio que les permitía a los mineros artesanales o coligalleros trabajar con mercurio en la recuperación de oro.

Mapa 1. Expedientes de minería subterránea de oro y plata.

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes de la Dirección de Geología y Minas.

Recursos:

Proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Informe-webDescarga

Invitación a la charla “Los aportes de un líder indígena a la investigación en Ciencias Sociales”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Revista Rupturas del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y Onda UNED tienen el agrado de informarles sobre el ciclo de entrevistas dedicado a explorar las experiencias y realizaciones de la investigación en Ciencias Sociales.

En la primera charla, se abordará «Los aportes de un líder indígena a la investigación en Ciencias Sociales».

Se contará con el aporte del entrevistado Pablo Sivas Sivas, líder indígena de la etnia Brörán e investigador comunitario del CICDE. La conducción de la charla estará a cargo del doctor Luis Paulino Vargas Solís, director de la Revista Rupturas.

La transmisión se llevará a cabo el jueves 4 de abril a las 10 a.m. y podrá seguirse a través de las redes sociales de Onda UNED y el CICDE.

Se les invita cordialmente a sintonizar esta conversación.

Invitación a conferencia de prensa: Enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El próximo miércoles 3 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una importante presentación en la Sala de Audiovisuales, situada frente al Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este evento marcará la presentación del informe de investigación sobre las solicitudes de concesión de minería subterránea de oro y plata en el Pacífico de Costa Rica, elaborado con base en el catastro y los expedientes mineros de la Dirección de Geología y Minas al 2024.

El estudio revela la existencia de varias decenas de expedientes para concesiones de exploración de minería subterránea, abarcando más del 1.5% de la superficie total del país y solicitados desde el año 2019 hasta la fecha. Estas solicitudes se extienden por 15 cantones de las provincias de Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.

La presentación estará a cargo del proyecto ED-3526 «Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica», parte del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2020, este proyecto se ha dedicado a analizar y acompañar a comunidades en procesos de conflictividad socioambiental en sus territorios.

Históricamente, el oro ha sido el mineral de mayor interés en Costa Rica. Desde 1820, se registran explotaciones en la provincia de Puntarenas, en distritos como Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se identifican cuatro ciclos mineros en el país, cada uno con sus características y efectos.

El cuarto ciclo, iniciado en 1990, se caracteriza por la llegada de transnacionales que emplean técnicas de cielo abierto con lixiviación de cianuro. Durante este periodo, se abrieron minas como Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, entre otras. Sin embargo, estas operaciones enfrentaron irregularidades y problemas, lo que llevó al cierre de algunas.

Desde el año 2010, la minería metálica a cielo abierto está prohibida en el país, permitiendo únicamente la minería subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM), se reservaron ciertos cantones para minería artesanal y de pequeña escala.

El 9 de noviembre de 2010, se aprobó por unanimidad la ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, archivando todos los proyectos pendientes que no contaban con una concesión válida. Incluso se restringió el uso de mercurio en la recuperación de oro.

Para ampliar información, se convoca a los interesados a participar en la Conferencia de Prensa, donde se proporcionarán detalles adicionales sobre la investigación y se responderán preguntas pertinentes. La actividad también está abierta al público en general.

Para más detalles, contactar a Mauricio Álvarez Mora al 88709165, del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Presentan amparo contra junta directiva del Banco Popular ante negativa de entregar informe de idoneidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal ha generado controversia al negarse a entregar el informe de idoneidad elaborado por la consultora KPMG, y solicitado por el Directorio de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC). Esto ha llevado al presidente del directorio, Lenin Hernández Navas, a presentar un recurso de amparo contra la junta directiva del Banco.

El informe filtrado revela que el presidente del banco, José Eduardo Sánchez, y 21 directivos de las subsidiarias del Banco Popular no cumplen con los requisitos de experiencia y formación académica en el manejo de entidades financieras establecidos por la regulación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. Esto crea preocupaciones sobre la idoneidad y del riesgo asociado a la dirección del banco.

La falta de transparencia en este asunto ha sido preocupante para el presidente del directorio de la ATTBPDC, quien señala que el Banco Popular podría enfrentar un nivel de riesgo 1 si no se resuelven las deficiencias identificadas en el informe de idoneidad. Este nivel de riesgo podría llevar a una intervención por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), haciendo que potencialmente tengan graves implicaciones para la estabilidad financiera y reputación del banco.

Además, Hernández Navas ha criticado la designación de la actual junta directiva por parte del ejecutivo, considerando la omisión de los requisitos de idoneidad, a pesar de la experiencia previa del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles en el Banco Mundial. Esta discrepancia entre los estándares de idoneidad requeridos y la práctica actual de nombramientos ha levantado interrogantes sobre la integridad y la independencia de la Junta Directiva.

La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, como máximo órgano del conglomerado financiero, ha expresado su profunda preocupación por la falta de transparencia y la posible afectación de la toma de decisiones y la estabilidad financiera del banco. 

Mientras tanto, el Directorio Nacional de la ATTBPDC está movilizando recursos para canalizar el apoyo administrativo y logístico del banco hacia el funcionamiento efectivo de la Asamblea y para garantizar el cumplimiento de sus mandatos y responsabilidades.

Vivian Rodríguez Araya, secretaria del Directorio Nacional de la ATTBPDC aborda la preocupación que se tiene con respecto a la negativa de la junta directiva de entregar el informe de idoneidad para los puestos que la requieren.

Rodríguez menciona que luego de conocer el informe KPMG que tiene que ver con la idoneidad de los puestos directivos del Banco Popular les surgen muchas preocupaciones y relacionadas con la obligación de velar por el cumplimiento de los objetivos y principios del Banco Popular.

Señala Vivian Rodríguez Araya que dicho banco no es un banco como los demás, es un banco de interés nacional de todos los sectores sociales y productivos. Entonces la falta de que los directivos no cuenten con la idoneidad requerida pone en riesgo la dirección y el fundamento del banco.

Compartimos los videos de Lenin Hernández Navas y de Vivian Rodríguez Araya así como el comunicado oficial.

CP-01-2024-ATTBPAmparo-JDDescarga

Del fracaso de las investigaciones a la calumnia: actualización del caso Ayotzinapa

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ayotzinapa, Guerrero a 21 de febrero del año 2024.– Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, les brindamos un fraternal y combativo saludo. 

Desde hace nueve años nos encontramos firmes y unidos en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Ni el gobierno ni caciques lograrán frenar nuestra lucha.   

  • La creación de un mecanismo extraordinario de justicia.

Como se sabe, en el 2018 el actual gobierno se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa, para ello creó mediante un decreto presidencial la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y posteriormente el Fiscal General de la República instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).

 El primer organismo investigaría las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes. Los resultados de la indagatoria los pondría a disposición de la UEILCA para que esta investigue, ubicando y judicializando los casos para el procesamiento y sanción de los responsables. 

Posteriormente llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias. El grupo de expertos fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la medida cautelar MC-409/2014 para brindar asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y atención a víctimas. 

Así se integraba el mecanismo extraordinario de justicia con el que este gobierno daría verdad y justicia a las madres y padres de los 43. 

La CoVAJ y la UEILCA avanzaron con tropiezos. La primera inició las búsquedas en terreno sin tener testigos e informantes claves, por lo que fueron infructuosas. La segunda institución estaba acéfala, sin un fiscal, tuvieron que pasar 8 meses para su nombramiento. El Fiscal especial tuvo que enfrentar a un personal burocrático con viejas inercias que obstaculizan el trabajo, por lo que hizo una reestructuración completa y conformó un nuevo equipo. Por otro lado, la investigación que realizó la anterior PGR estaba afectada de nulidad, todas las pruebas fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas. El nuevo fiscal tuvo que buscar nuevas pruebas y realizar las consignaciones correspondientes, así logró meter a la cárcel a un número importante de personas responsables que habían sido liberados por una investigación ilegal del gobierno anterior. En estos laberintos de burocratismo e investigación turbia el nuevo fiscal perdió cerca de dos años.

Hasta junio de 2022 logró reunir pruebas importantes e hizo una judicialización de alrededor de 80 personas responsables de la desaparición por acción y omisión, entre los que se encontraban delincuentes de Guerrero Unidos, policías municipales, policías estatales, federales y 20 elementos del ejército mexicano. En agosto de ese mismo año se libraron las órdenes de aprehensión. Al intentar ejecutarlas, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó. Presionó al presidente y a las autoridades civiles que terminaron cancelando las órdenes. 

Para el año 2022 las investigaciones apuntaban a la responsabilidad del ejército mexicano. Varios militares del 27 Batallón de infantería tenían responsabilidad por omisión en la desaparición de los 43 y otros más, estaban coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Por lo demás, existían elementos de convicción de que dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta el momento de su desaparición. Supieron en tiempo real, lo que les ocurría y donde fueron llevados los jóvenes. Llama poderosamente la atención que en la sección segunda de inteligencia fue encontrada una foja que corresponde a una intervención telefónica ilegal que el ejército habría realizado la noche del 26 de septiembre al jefe de plaza del grupo delictivo guerreros unidos y al director de seguridad pública municipal. En la conversación refieren que están trasladando a 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes ubicado a las afueras de Iguala.

Por otro lado, los documentos entregados y revisados por el GIEI estaban incompletos, hacían falta 800 folios. Por esta razón las madres y padres de los 43 exigen al ejército la entrega de los referidos documentos y datos adicionales relacionados con el traslado de 17 estudiantes.

  • Los militares obstaculizan la investigación.

Luego de la desaparición de los estudiantes, vecinos de Iguala decían que estos fueron llevados al 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Varias madres y padres fueron a buscar a ese lugar, pero les negaron la información. Sin embargo, la sospecha creció. 

El secretario de la defensa nacional intentó atajar diciendo que era una infamia que se les quisiera colocar en el banquillo de los acusados manchando a la institución, cuando ellos no tuvieron nada que ver. Dijo que se enteraron ya tarde de los hechos ya que la mayoría de la tropa había salido a prestar auxilio por un siniestro. Que salieron a patrullar encontrando a un grupo de jóvenes en el hospital Cristina al que ofrecieron ayuda, pero estos se negaron y no supieron más del hecho.

 Las investigaciones echan por tierra esta versión y evidencia que los mandos militares ocultan información del caso. La realidad es que: i) el ejército desde antes del 26 de septiembre daba seguimiento a los estudiantes, ya que por lo menos dos soldados estaban infiltrados en la normal con la fachada de alumnos. Uno de los desaparecidos era un soldado en activo, ii) al arribar a Iguala agentes de inteligencia militar le siguieron los pasos, iii) dos soldados los monitorean en tiempo real a través de las cámaras del C4, iv) además que intervinieron teléfonos de los perpetradores de la desaparición y escucharon sus comunicaciones sabiendo lo que ocurría con los estudiantes.

Por lo tanto, los soldados que daban seguimiento a los estudiantes realizaron reportes a sus superiores dando cuenta de lo que ocurría, pero esta información no se ha entregado. El ejército aduce que no existe nada en sus archivos. 

Aunado a lo anterior, existen datos de prueba sólidos que establecen la colusión de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De igual forma, un testigo refiere que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados.

 Por esta razón se pidió a las autoridades que el ejército entregara la información que tenía en su poder recabada el 26 de septiembre con motivo de su intervención en los hechos de agresión a los estudiantes y que se investigara y sancionara a los que tuvieran responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

 Esta solicitud generó molestias a las autoridades, principalmente los militares, cuando se libraron 20 órdenes de aprehensión contra sus miembros, presionaron al ejecutivo y la FGR terminó cancelándolas. Por la presión de las madres y padres de los 43 en el año 2023 se reactivaron.

De igual forma por la presión de las madres y padres el presidente ordenó la apertura de los archivos militares. El GIEI y la CoVAJ de Alejandro Encinas revisaron los documentos militares 

Sin embargo, la exigencia de las madres de investigar al ejército y de entregar información molestó al presidente. En el año 2023 dijo que el ejército no tenía nada,que toda la información se había entregado. Desde entonces la investigación se estancó. El Fiscal especial del caso Ayotzinapa renuncia nombrando en su lugar a uno que carece de independencia y no conoce del tema. Posteriormente renunció Alejandro Encinas Rodríguez que era presidente de la CoVAJ y en su lugar fue nombrado alguien que desconoce el caso y que se ha dedicado a intentar dividir al grupo de madres y padres.

Lejos de avanzar en las líneas de investigación el presidente se ha dedicado a atacar a los abogados y al GIEI culpándolos de sus fracasos en el esclarecimiento de los hechos.

III. Las mentiras del presidente. 

  1. a) La sentencia del primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas.

En varias de sus conferencias mañaneras el primer mandatario ha referido que: a) el GIEI y los abogados promovieron la libertad de los detenidos por la desaparición de los 43, b) El GIEI y los abogados se oponían a la detención de Murillo Karam y c) Los abogados firmaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno anterior. 

Las afirmaciones del presidente son totalmente falsas, en primer término, en mayo de 2018 el primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas emitió una sentencia en un amparo en revisión en la que ordenó: 1) que las investigaciones realizadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran irregulares y turbias razón por la cual las pruebas obtenidas eran ilícitas, 2) Redireccionar las indagatorias y 3) Crear una Comisión de Investigación de la Verdad en el caso Iguala. 

Las madres y padres saludaron esta sentencia, por primera vez un Tribunal de México declaraba que las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto llamada verdad histórica eran irregulares y habría que reconducirlas. De manera inédita ordenaba crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación penal como un mecanismo extraordinario para esclarecer los hechos y hacer justicia a las madres y padres de los 43. La CoVAJ y la nueva investigación está basada en el fallo que el presidente tanto cuestiona.

Obviamente, al declarar que las pruebas eran nulas, las acusaciones del gobierno anterior quedaron sin sustento y los responsables obtuvieron su libertad, pero correspondía al gobierno realizar nuevas acusaciones sustentadas en pruebas lícitas, circunstancia que no aconteció, ya que ni el gobierno anterior ni este, hicieron algo al respecto.Con mala fe el presidente toma del referido fallo lo conviene a su narrativa omitiendo elementos que favorecen a las madres y padres de los 43. Por ejemplo, la orden de reconducir las investigaciones de manera pronta e independiente, la creación de una Comisión de Investigación con facultades penales e incluso una compensación a las madres y padres por su lucha no son mencionados por el presidente quien se limita a referir que el fallo puso en libertad a los detenidos. 

  1. b) La detención de Murillo Karam.

Por otro lado, es igualmente falso que los abogados se opusieron a la detención 

de Murillo, lo que en realidad aconteció fue que el GIEI advirtió a las autoridades que los procesos, incluido el de Murillo Karam, tenían debilidad probatoria, era menester fortalecer el caudal probatorio para evitar liberaciones, aunque ello llevara más tiempo procesal. 

Esta advertencia se hizo realidad cuando Murillo Karam fue procesado. En el plazo constitucional estuvo a punto de ser liberado por pobreza probatoria. Al día de hoy esta circunstancia acontece en el proceso, por eso en el caso de los estudiantes alcanzó prisión domiciliaria. Se encuentra en prisión por un proceso que enfrenta por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado alias el Cepillo un perpetrador de la desaparición de los estudiantes no por el caso de los jóvenes.

Otros procesos también han corrido la misma suerte, militares han obtenido su libertad por falta de pruebas. La libertad reciente de ocho militares obedeció a estas falencias. Las advertencias del GIEI pretendían evitar la fragilidad procesal que hoy exhibe el gobierno. No es válido que el presidente culpe solamente al poder judicial.

  1. c) El GIEI, la CIDH, la OEA, Estados Unidos y los Conservadores. 

El presidente hace alusión a una delirante confabulación entre conservadores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH, el GIEI, los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y los conservadores. Refiere que se infiltraron en su gobierno aludiendo a Omar Gómez Trejo el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, que Emilio Álvarez Icaza ahora diputado panista era Secretario Ejecutivo cuando se creó el acuerdo de asistencia técnica mediante el cual los expertos llegaron a coadyuvar en el caso y por lo tanto, todo es obra de los conservadores que enmarañaron el caso. Recientemente ha referido que encontró un documento que firmó el entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CIDH sugiriendo que es documento firmado bajo la mesa.

El documento al que hace referencia el presidente en sus mañaneras se refiere al convenio de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindaría al Estado Mexicano, la cual fue firmada entre los representantes del estado Mexicano, la CIDH y los representantes de las madres y padres de los 43, tal documento se signó atendiendo a la medida cautelar MC-904/2014 que emitió este organismo internacional de protección a los derechos humanos a favor de las madres y padres de los 43.

La CIDH es un organismo de protección a los derechos humanos que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, sus resoluciones son obligatorias para México. 

La solicitud de la medida cautelar fue analizada por el pleno de la CIDH, revisando el caso en particular, los hechos y elementos de prueba allegados. Eso les permitió establecer que se colmaban los requisitos de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la CIDH para su otorgamiento. La forma de implementar la medida cautelar fue que la CIDH brindara asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y asistencia victimal.

Para ello la CIDH contrató un grupo de expertos independientes integrados por mujeres y hombres destacados en las Américas en materia de derechos humanos y así se conformó el GIEI que le dio un vuelco distinto a las investigaciones. 

La medida cautelar fue emitida por el pleno de la CIDH compuesta por comisionados independientes de otras nacionalidades atendiendo a criterios jurídicos y estándares de derechos humanos. Decir que Emilio Álvarez Icaza tuvo que ver en el asunto es superficial e irresponsable. 

El curso de la nueva indagatoria en buena medida obedece al trabajo del GIEI y no del gobierno actual que cuando llegó al poder, el grupo de expertos había puesto las bases de una nueva indagatoria. 

Decir que la presencia de los expertos del GIEI en nuestro país obedece a una conspiración entre la OEA, Estados Unidos y los conservadores es una aseveración ligera que no resiste un análisis serio y responsable. 

Lo contradictorio es que este gobierno mantiene buenas relaciones políticas y diplomáticas con EU, además es miembro de la OEA. Si le produce aversión política este organismo, debería pedir la salida de México, no hacerlo, es hipócrita. 

En conclusión, las aseveraciones del presidente son infundios distractores para justificar su rotundo fracaso en el esclarecimiento de la desaparición de nuestros hijos y para quebrar la unidad de nuestra organización.

Atentamente.

Comité de madres y padres de los 43.

Información compartida con SURCOS por Orlando Barrantes Cartín.

Imagen: https://politica.expansion.mx/mexico/2023/09/26/que-paso-en-ayotzinapa-resumen