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Etiqueta: invisibilización

Comunicado público del pueblo tribal afrocostarricense del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, provincia de Limón

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura, Derechos.

En un comunicado público dirigido al Poder Ejecutivo, instituciones públicas, Municipalidad de Talamanca, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, Poder Judicial, organismos internacionales como la OEA, la ONU, medios de comunicación y organizaciones privadas, las personas afrodescendientes integrantes de la comunidad Tribal de Cahuita se pronuncian respecto a la invisibilización e indiferencia sobre sus necesidades y existencia.

Además, se manifiestan respecto a la situación donde algunas personas afrodescendientes se han autonombrado como representantes para beneficiarse, en colaboración de funcionarios, lo anterior sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo, esta es la razón por la que el Pueblo Tribal Afrocostarricense de Cahuita deslegitima a los miembros del Foro Tribal Afrocostarricense por haberse autonombrado sin la participación del pueblo.

El comunicado indica que en una sesión extraordinaria de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) representada en ese momento por Enrique Antonio Joseph Jackson, se invitó a señora Epsy Campbell Barr, ex vicepresidenta de la República de Costa Rica y presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes – Harold Robinson Davis, ex director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas – Juan Luis Bermúdez, en representación de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y Jefe de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica – Reverendo Johnson, Organización de Curas y Pastor de Limón – Sr. Leonardo Alvarado, experto en Pueblos Tribales y Pueblos Indígenas.

Sin embargo, esta sesión extraordinaria no fue comunicada al pueblo, no se convocó a los afiliados de la ADI de Cahuita, ni se avisó a la comunidad sobre las decisiones que se pretendían tomar, únicamente invitaron al antojo de la Junta Directiva a quienes se pretendían nombrar como representantes. Asimismo, en esta sesión de Junta Directiva se estructuró y autonombró la organización del Foro Tribal Afro costarricense, de forma arbitraria se desligaron de la ADI de Cahuita, por parte de la anterior Junta Directiva quienes también quedaron algunos como miembros en el Foro. Mientras que, el señor Enrique Antonio Joseph Jackson presidente de la ADI se autonombró como parte de la secretaría de asuntos legales, además nombró a su amigo y ex jefe Edwin Deive Patterson Bent, quien además ocupa el cargo de Presidente del Asociación Tribal Afrodescendiente del Caribe Sur (ATACS), organización de la que también Enrique Antonio Joseph Jackson era parte; misma organización privada, que al final es asignada como SECRETARÍA PRO-TEMPORE DEL FORO. Otro de los nombramientos fue de la señora Julieth Campbell, Wanda Patterson Morales (vicepresidenta de ATACS).

Por otro lado, existe una concentración de poder entre los miembros del Foro Tribal y la Asociación Tribal del Caribe Sur (ATACS), lo cual ha tenido un efecto sobre el pueblo de Cahuita, dado que no ha participado en la elección de sus representantes, y las elecciones deben ser democráticas para ser válidas. El comunicado público del Pueblo Tribal Afrocostarricense del distrito de Cahuita señala que Edwin Deive Patterson Bent, líder del Foro Tribal y presidente de ATACS asumió la representación total del pueblo sin consultar, ni comunicarle a nadie, aprovechando su puesto en la Municipalidad y su descendencia afro costarricense para arrogarse la representación y actuar como juez y parte; creando así, un conflicto de intereses sin precedentes, existiendo una duplicidad en sus representaciones y conflicto de intereses entre las mismas.

Además, el señor Edwin Deive Patterson Bent ha tomado la representación del pueblo y sin autorización realiza solicitudes de forma arbitraria, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo, solicitando que se establezca una figura representativa como la de la población indígena. Sobre lo anterior, la comunidad Tribal de Cahuita señala que “hace creer que nuestra voluntad es permanecer en los mismos problemas generados a los pueblos indígenas. Esta solicitud no es nuestra voluntad, contamos con nuestras propias formas de representación y no necesitamos copiar de estructuras que han generado conflictos internos graves dentro de los territorios indígenas”. 

Una de las preocupaciones más grandes de la legítima comunidad Tribal de Cahuita es que los líderes autonombrados se han dado a la tarea de promover un proyecto de Ley 23.903, mismo que en su artículo 3 pretende consolidar la entrega nuestras tierras al Estado mediante ZMT y áreas de conservación sin que el pueblo pueda realizar ningún reclamo, entre otros cuestionamientos en los que nunca podríamos estar de acuerdo, como el artículo 6 y 8.

Bajo la misma línea, la legítima comunidad Tribal de Cahuita indica que el día 27 de junio del 2024 se dio una reunión privada para realizar cambios en el Foro Tribal sin la participación del Pueblo, donde varios vecinos se presentaron y el señor Edwin Deive Patterson Bent se encontraba liderando y dirigiendo la reunión. A pesar de la oposición a la toma de decisiones no efectuó ninguna elección, por lo que se utilizan los auto nombramientos para presentarse ante diferentes organizaciones, incluyendo la ONU en la que se elogia a la señora Epsy Cambell Barr y demás instituciones a realizar solicitudes que el pueblo no tiene conocimiento ni se han solicitado, medidas que únicamente favorecen al Estado, no así al pueblo Tribal. 

Para informarse más sobre este suceso puede descargar el documento PDF adjunto, donde se ven las firmas y más detalles. 

COMUNICADO-PUBLICO-POBLACION-AFROCOSTARRICENSE-DE-CAHUITA-COSTA-RICADescarga

El sutil recurso al “derecho de admisión”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura.

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

No hace mucho en varios lugares de consumo como bares y restaurantes en Costa Rica, se dejaban observar ciertos rótulos con la ordenanza decimonónica de “en este lugar se prohíben las escenas amorosas”.

Durante buena parte de los candorosos años setenta, en aquellos grandes y viejos salones de baile de la capital costarricense, era terminantemente prohibido bailar swing por considerarse ordinario, populachón, arrabalero.

Ambos casos, distanciados en el tiempo, denotan una política de la prohibición y la discriminación no formulada, pero que terminaba siendo asumida y practicada como natural por el conjunto de la sociedad.

Era la dinámica jurídica traducida en el orden social.

Recientemente esas formas de “reservarse la admisión” han variado y se han intensificado en forma y fondo. Lo que ha cambiado en los tiempos modernos sea acaso la candorosidad aquella, que ha migrado a una sistemática y continua acción de negación, limitación y rechazo.

Varios ejemplos recientes lo confirman.

Al iniciar el año, un joven denunció haber sido discriminado al intentar entrar con varios amigos negros en un bar ubicado en el centro de la capital. La persona de seguridad, indicó el joven, simplemente les negó la entrada a todos sin mediar ninguna explicación.

En un centro educativo de secundaria, una persona estudiante y su madre trans libraron una batalla legal para que se le reconociera la identidad de género autopercibida y la persona fuera llamada por sus pronombres masculinos y no femeninos como insistía la institución.

Recientemente terminaron negándole la matrícula por “motivos de procedimientos que la madre no cumplió”, según el colegio. La madre alegó represalias y discriminación contra su hijo.

Bajo el argumento de que se encontraban drogadas, un parque de diversiones ubicado en la capital prohibió el ingreso de un grupo de personas trans.

Este fue el último capítulo, ocurrido no hace mucho, donde el recurso al derecho de admisión toca fibras sensibles sobre identidades, grupos sociales y discriminación.

Al recordar un triste y reciente episodio de racismo vertido en una escuela de primaria por una persona docente, no podemos más que llamar la atención sobre estas formas de invisibilización y negación de los otros, de las otras.

Si en otros países no muy lejos del nuestro, la consigna es quitar ciudadanías para aniquilar al sujeto, en el caso costarricense estamos ante mecanismos sutiles de invisibilización y rechazo social maquillados bajo el uso ingenioso del derecho a permitir o no la presencia de la diferencia y la disidencia cultural. Esta es otra forma de aniquilar al sujeto, de matarlo.

Esto, nos parece, es ya una alerta. Deberíamos pagarnos a ver todos y todas en nuestra pretendida psique hegemónica blanca, heterosexual y dominante. Es esto lo que hay que intervenir en crisis, como una tarea necesaria para construir convivencias saludables, que tanto necesita una sociedad como la nuestra.

Deroguemos pues ese odioso derecho de admisión que nos distancia. Apliquemos más bien una, otra política donde el afecto sea el motivo de construcción de una comunidad amplia e inclusiva.

Conversatorio virtual “Mujeres en la producción y la seguridad alimentaria y nutricional: ¿invisibilización?, ¿posibilidad de reconocimiento?”

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco de las Jornadas de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) con enfoque de género, el próximo miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo el conversatorio virtual “Mujeres en la producción y la seguridad alimentaria y nutricional: ¿invisibilización?, ¿posibilidad de reconocimiento?” de 2:00 a 4:00 de la tarde.

El conversatorio contará con la participación de las siguientes panelistas:

Eva Carazo Vargas – Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde-Uned)

Maricela Fernández Fernández – Kábata Könana

Elsa Artavia Sandí – Cámara de Mujeres Rurales Costa Rica

María Picado Ovares – Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)

Ligia Marchena Alpízar – Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (Cedeco)

Modera: Marcela Dumani Echandi de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR).

El evento será transmitido mediante Facebook Live en la página Seguridad Alimentaria Nutricional.

 

(Foto: UCR).

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

 

Enviado por el autor.