La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Residencial Málaga en Sabanilla de Montes de Oca, han iniciado con un proceso para lograr la desinstalación por orden judicial de una torre de telecomunicaciones de la empresa Claro, instalada sobre una de las casas situada en dicho residencial, la cual al parecer, no cumple con los requerimientos del Reglamento de Construcciones para la Instalación de Telecomunicaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Según los vecinos, el permiso para la construcción de dicha antena fue otorgado por la Municipalidad de Montes de Oca.
Varios vecinos del Residencial Málaga han estado apoyando esta lucha con horas de trabajo en las demandas judiciales, entrega de documentos a las instituciones involucradas, recolección de firmas, y demás aportes a nivel profesional (abogados, ingenieros, entre otros).
Según el comunicado emitido vía correo electrónico, dicha torre es totalmente ilegal según el Reglamento del INVU para Telecomunicaciones, por lo que sobran elementos técnicos para ganar ante los tribunales, “y que esa torre sea desmantelada por orden judicial”.
Información tomada de correo electrónico enviado por Paulina Mata, Tesorera, ADI Málaga.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el concepto de vivienda de interés social fueron objeto de análisis por parte de un conjunto de profesionales provenientes de organizaciones relacionadas con dicha temática (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
Escuela de Arquitectura aporta en el estudio de la realidad nacional
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Ante la discusión que se ha generado en el país sobre la situación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), elGrupo de Estudios Urbanos (GEU) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha analizado los elementos que componen esta disyuntiva y encontraron que se ha centralizado en el campo económico-financiero, mientras que las variables sociales y territoriales han quedado rezagadas.
Por eso, para crear un espacio de discusión al respecto, el GEU realizó el Foro-Taller denominado: La vivienda que construye hábitat, cuyo objetivo principal era aportar propuestas que vinieran a mejorar la habitabilidad en el territorio.
La actividad se desarrolló en el mes de junio en la Escuela de Arquitectura y participaron funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, municipalidades, entidades autorizadas del SFNV e integrantes de grupos organizados de la sociedad civil.
Desarrollo urbano con sentido social
La Arq. Sonia Montero Díaz, presidenta ejecutiva del INVU y una de las presentes en este foro, manifestó que se está trabajando para que la vivienda de interés social deje atrás el significado de pobreza y marginalidad que tiene en nuestro medio, “este concepto debe integrarse dentro de una planificación urbana que venga a mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses”, apuntó Montero.
Por su parte, el coordinador del foro-taller, Arq. Isaac Salgado Ramírez, resumió en una presentación final los alcances de esta sesión e indicó que en Costa Rica se tiene la visión de que la vivienda de interés social es la que se construye subsidiada por el Estado, a bajo costo y exclusiva para personas de bajos recursos, “esta forma de entenderlo genera grandes sesgos y limita las posibilidades que tiene la vivienda en la construcción de un hábitat más inclusivo”, acotó Salgado, quien es profesor e investigador del GEU.
El Arq. Isaac Salgado Ramírez, profesor de la Escuela de Arquitectura e investigador del GEU, y la presidenta ejecutiva del INVU, Arq. Sonia Montero Díaz, brindaron declaraciones sobre lo que se estudió en el foro-taller: La vivienda que construye hábitat (foto Otto Salas).
Representa un gran logro que el Estado haya reconocido que existe un sector de la población que no podría acceder a la vivienda digna sin su intervención, expresó Salgado, de ahí la creación del SFNV, “pero a la vez este enfoque poblacional ha generado una serie de problemas asociados a la incapacidad que tiene la vivienda, por sí sola, de mejorar la condición socioeconómica de las personas y a la concentración de la pobreza en zonas homogéneas del territorio”, agregó.
Sin embargo, dijo el arquitecto, la inversión gubernamental realizada hasta el momento no ha sido eficaz, por lo que el parque habitacional se ha deteriorado y la pobreza no se ha reducido por consecuencia de la construcción de viviendas de interés social.
“Ante este panorama el Estado ha tenido que invertir nuevamente en esas zonas con servicios urbanos básicos, labor que no se hizo en un principio y que por ende resulta más caro; en otras palabras: la inversión estatal en vivienda, en lugar de disminuir el déficit cuantitativo, generó un déficit cualitativo, reflejado en el deterioro visible de nuestras ciudades”, detalló.
Propuestas para mejorar habitabilidad del territorio
La propuesta sobre la vivienda que construye hábitat, concepto trabajado en esta actividad, se enfoca en entender el problema descrito no solo desde el acceso, sino desde las múltiples aristas que se pueden determinar en la relación que existe entre las personas y su entorno, así como la incidencia que tiene dicha relación en las condiciones socioeconómicas.
La Escuela de Arquitectura de la UCR se mantiene muy activa dentro de la agenda nacional en temas de renovación de espacios públicos, vivienda y urbanismo, mediante el Trabajo Comunal Universitario, organización de foros y proyectos de investigación que involucran tanto a estudiantes, como a docentes (foto Archivo ODI).
“Se vuelve necesario revisar el protagonismo de la oferta de mercado y la relación que tiene con la demanda y los beneficiarios del SNFV. A la vez, plantea la necesidad de generar información adicional que permita orientar las acciones de articulación socioespaciales de un territorio visiblemente fragmentado, lo que permitiría tomar decisiones más acertadas en cuanto a la priorización y financiamiento de proyectos con fondos públicos”, planteó Salgado.
Así las cosas, este foro-taller generó un conjunto de medidas progresivas para el cumplimiento de la vivienda adecuada como derecho de las personas, por lo que sugieren el establecimiento de una política nacional para la construcción de un hábitat inclusivo, que venga a determinar las acciones necesarias para la elaboración de un marco general que siga los siguientes pasos:
Crear una ley general de vivienda de interés social más clara en cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado para cumplir el derecho a la vivienda.
Crear una ley de mecanismos de control de especulación del suelo para proteger a las personas frente a los abusos del mercado, ya que esto atenta contra la función social de la propiedad como deber de los propietarios de poner a disposición del bien común y aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Crear una ley marco sobre hábitat inclusivo e integración social que retome los esfuerzos por cumplir el derecho a la vivienda adecuada, que trascienda la voluntad del gobierno y se vuelva un compromiso permanente del país.
Para concluir la Arq. Sonia Montero Díaz hizo hincapié en que estas propuestas vienen acompañadas de otros aspectos, como la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que acompañen a las comunidades en la construcción de lineamientos que incluya las opiniones de las y los actores comunales, además de recuperar espacios residuales y crear espacios públicos colectivos, para maximizar los lazos sociales y así mejorar la calidad de vida mediante el esparcimiento y el ocio.
Dentro de las correcciones que se buscan hacer al Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones está ampliar el marco legal para que sea más completo, claro y se adecúe a la realidad del país (foto Archivo ODI).
Comisión estatal busca actualizar ley que está vigente desde hace más de 30 años
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Un equipo de profesionales de diversas instituciones públicas se ha encargado de estudiar el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente, para poder realizar las actualizaciones pertinentes.
Este Reglamento data de 1982 y es uno de los principales instrumentos que utilizan las municipalidades para regular las construcciones o reparaciones de edificaciones que hacen las y los ciudadanos en sus circunscripciones territoriales.
De ahí que la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó la mesa redonda denominada: ¿Es necesario un nuevo reglamento para el control de fraccionamientos y urbanización?, en el mes de junio en la Sala Multimedios de la Facultad de Ingeniería.
Allí participaron el Mag. Mario Arce Guillén, asesor legal de la comisión que analiza el Reglamento; el Lic. Miguel Cortés Sánchez, coordinador de dicha comisión; la Arq. Karla Barrantes Cháves, investigadora del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR); el Ing. Luis Fernando Chacón Monge, docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica y su director, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra.
Urbanismo con reglas claras
El Lic. Miguel Cortés Sánchez, además de ser el coordinador de la comisión que analiza el actual Reglamento, es geógrafo de profesión graduado de la Universidad Nacional y trabaja en la Municipalidad de Heredia (foto Laura Rodríguez).
Arce Guillén comentó que una variable que se debe tomar en cuenta es el constante agotamiento de los recursos naturales, situación que impacta en todo el país y como ejemplo citó que la realidad territorial ha sido modificada.
Asimismo insistió en que lograron detectar vacíos en el reglamento actual que impiden el cumplimiento de aplicaciones legales, “la planificación urbana local es una función inherente a la municipalidades y estando fijados los límites del ejercicio los reglamentos o planes reguladores son desarrollo de esos principios. Por lo tanto, qué es lo que viene a hacer este reglamento, pues a desarrollar el marco legal y la Sala Constitucional ha sido tajante en que dichas cuestiones no violentan el régimen de propiedad privada ni de libre empresa, sino que simplemente otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos para garantizar un desarrollo racional y armónico”, declaró Arce Guillén.
Por su parte Cortés Sánchez explicó que el reglamento se resume en cuatro apartados: Disposiciones Legales; Criterios para utilización y transformación del suelo; Disposiciones aplicables a la transformación del suelo en espacios públicos y privados; e Instrumentos de gestión del suelo.
Según detalló, el objetivo general que buscan es orientar la ocupación del territorio hacia procesos de urbanización que garanticen el uso eficiente del suelo, “la intención es cambiar el modelo de ciudad que tenemos porque no es sostenible en el tiempo; el suelo es un recurso natural que, al igual que el agua, se agota por lo que tenemos que ser eficientes. Hay que promover procesos de urbanización que apunten a esto, por eso es necesario hacer una categorización del suelo y decir bajo qué criterios vamos a considerar qué es urbano, qué no lo es y qué sí podría ser urbanizable”, subrayó Cortés Sánchez.
El Mag. Mario Arce Guillén es abogado especialista en Derecho Público y Derecho Urbanístico, asesor legal de la comisión y profesor de la Maestría de Diseño Urbano de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Cortés Sánchez añadió también que el crecimiento predio a predio, lo que se conoce como alamedas, es el principal reto en cuanto al crecimiento urbano que tiene el país, ya que utilizan grandes extensiones de suelos para urbanizar y en muchos casos no permiten trazar una red vial que se enlace con otros sectores.
Al respecto, la Arq. Karla Barrantes Cháves mencionó que el ordenamiento territorial es clave para el desarrollo integral de Costa Rica y este tipo de reglamentos buscan precisamente cumplir esa meta.
“Gracias a los portillos que abre el actual reglamento se han generado un montón de fraccionamientos y como resultado tenemos que muchas personas no tienen el mismo acceso a educación, transporte público y fuentes de empleo que tienen las personas que viven en los centros urbanos, esto ha creado enormes desigualdades sociales que han repercutido en la calidad de vida de esas personas. Hoy en día vemos desarrollos inmobiliarios en tierras que deberían ser agrícolas o en zonas montañosas, este tipo de cosas han generado problemas territoriales que todos pagamos, pues las municipalidades tienen que llevar servicios e infraestructura a esos desarrollos que están en medio de la nada”, advirtió Barrantes Chávez.
Finalmente, el M.Sc. Juan Antonio Picado Salvatierra hizo énfasis en que la UCR tiene que ser muy activa en este tipo de temas y mantener su presencia en el accionar de nuestra sociedad, para así devolver con creces la inversión que se hace en educación.
Al mismo tiempo, Picado Salvatierra resaltó la necesidad de que existan reglas claras que ordenen el avance del país en todos sus aspectos y uno de los más esenciales es el desarrollo urbano, pues nos afecta a todas y todos.
Raúl Alvarado Sibaja compartió con SURCOS Digital la situación que vivió en el INVU cuando intentaba realizar una diligencia en esta institución:
Debido a que los sistemas de cómputo del INVU son la octava maravilla, todos los meses me toca ir a pagar personalmente las cuotas de un préstamo. ¿Por qué? Porque si lo pago por internet el monto no aparece acreditado en el saldo sino hasta dos o tres meses después. Por la cantidad de gente que siempre veo, supongo que somos miles de personas que todos los meses sufrimos esta situación.
Desviándome un poquito del tema principal, a veces, al momento del pago en la sucursal del BCR que hay dentro del edificio, resulta que no me pueden hacer el débito de mi tarjeta de débito del BNCR. Por ejemplo, este mes fui a pagar como el 7 de abril y no pudieron hacer el débito. Intentaré de nuevo la próxima semana Ya en varias ocasiones los empleados del BCR me han sugerido que vaya a un cajero y traiga efectivo. ¿Cómo voy a andar yo por las calles de San José con ₡ 625.000 en la bolsa del pantalón?
Pero volvamos al tema que nos ocupa. En las fotos adjuntas podrán ver ustedes las condiciones en que está la ÚNICA entrada (y salida) que hay para todas las personas que llegan al edificio. No hay rampas, no hay pasamanos, los escalones son sumamente estrechos, casi no cabe el pié.
Este es un edificio de muchos años, la Ley 7600, que garantiza la accesibilidad a personas con limitaciones físicas, ya también tiene bastantes años.
¿Cómo es posible que en tanto tiempo la administración no haya hecho nada para garantizar la accesibilidad?
A principios de abril, fui y puse la queja, mediante una nota manuscrita, ante el jefe administrativo, quien es la persona encargada del edificio.
Esta fue su respuesta (ingrese en el siguiente enlace):
¿Y mientras tanto qué? ¿De abril a diciembre habrá que aguantarse esta situación?
Nótese que ni siquiera da seguridad: “Esperemos” que al finalizar este año…”
No señores y señoras del INVU, esto es inaceptable, no se puede tolerar tanta negligencia. El hacer esa rampa y un sencillo pasamanos no cuesta ni 5 millones de colones y supongo que se pueden tomar de caja chica.
Hagamos valer nuestros derechos
La ley 7600 no es solo para proteger a las personas con una limitación física permanente. Cualquier persona puede tener una discapacidad temporal, por ejemplo una quebradura, o bien, verse obligada a asistir a un familiar con una discapacidad permanente o temporal.
La propuesta es hacer una concentración de protesta el viernes 22 de mayo, a las 9 a.m., frente a la entrada del Edificio del INVU. Ojalá que asistamos al menos unas 20 personas con limitaciones físicas y todas las otras personas que nos quieran acompañar. La idea es hacer un grupo que se haga notar, además de convocar a la prensa
Para confirmar su asistencia a la protesta, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:
raulalsi@gmail.com
Enviado a SURCOS Digital por Raúl Alvarado Sibaja.
