La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a las auditorías de la Municipalidad de Talamanca y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una investigación coordinada sobre presuntos fraccionamientos ilegales en áreas boscosas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Según el oficio AEL-0097-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, estas acciones contravienen la sentencia N.º 2019-012745 de la Sala Constitucional, que en julio de 2019 declaró parcialmente inconstitucional la Ley N.º 9223 y ordenó al SINAC reincorporar al Refugio 188 hectáreas de bosque que habían sido desafectadas.
«Lejos de garantizar la conservación de estas áreas, el viceministro de Ambiente y Energía, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, no niega la existencia de fraccionamientos dentro del Refugio, sino que traslada la responsabilidad al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo», denunció Levy Virgo.
La AEL señala una contradicción en los argumentos oficiales, pues mediante el oficio DU-040-02-2025, el INVU certificó que no autorizó dichos fraccionamientos, responsabilizando al Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC y a la Municipalidad de Talamanca.
La denuncia fue remitida también a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental y autoridades municipales, solicitando se investiguen los oficios emitidos por el viceministro de Ambiente y se determinen responsabilidades por la autorización de desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas.
SURCOS comparte los siguientes documentos de referencia:
El día de hoy en la tarde la Municipalidad convocó nuevamente una audiencia pública obligada por la Sala Cuarta (Resolución N° 2023031756) ante la falta de consulta a la comunidad indígena de Kéköldi, mediante una carta enviada a la Municipalidad por la Nueva Junta Directiva 2023-2025 rechazó el plan y pidió suspender la audiencia.
La carta señala que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador “es impuesto por la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.
Aseguran que “no estamos a favor de este plan regulador dado a que violenta nuestra forma de vida, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestras tierras y nuestro ambiente. Como comunidad Tribal Afrocostarricense de Cahuita, defendemos el derecho a una consulta adecuada a las características propias, de buena fe, libre previa e informada (según artículos 6 y 7 del Convenio 169)”.
Solicitaron “respetuosamente suspender la audiencia pública y proponemos sentarnos a la mesa y planificar la regulación de nuestro territorio de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones donde se respete la integridad de nuestro pasado, nuestro presente y para nuestro futuro”.
La ADI de Cahuita -que no se había pronunciado hasta ahora- justificó su rechazo basados en el Convenio 169 de la OIT donde «Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación»; fundamentado “en que se declaró de interés público a la población afrodescendiente de nacionalidad costarricense asentada en comunidades del Caribe costarricense”, “y se reconoce a Cahuita miembro de pueblos tribales afrocostarricenses” y que es la comunidad de Cahuita encargada de la creación del Foro Tribal de Afrodescendientes y que en el Decreto N° 43532 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública.
La ADI “es el órgano que da voz a la Asamblea General y a la comunidad tribal de Cahuita” y asegura reconocer “la urgente necesidad de ordenar el territorio de nuestra comunidad y establecer lineamientos y regulaciones para el crecimiento y desarrollo de nuestra población, haciendo énfasis en la conservación de nuestras costumbres, cultura, historia y en integración con el ambiente marino costero que nos sostiene”.
Mientras el Movimiento Cahuita Unida en un pronunciamiento asegura que el Plan Regulador “ha sido declarado en varios de sus procesos con irregularidades, no representa el deseo ni sentir del desarrollo que nuestro pueblo costero de Cahuita quiere y se merece”.
Para el Movimiento “es evidente que el proceso de análisis, estudios y programación del Plan regulador han sido mal hecho, ya que constantemente la Sala ha evidenciado que en alguno de los pasos administrativos hay inconsistencias o asuntos incompletos”.
Recuerdan que la además de esta nueva consulta exigida por la Sala en febrero también obliga al SINAC a completar la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo “evidenciando que los estudios previos estaban malos e incompletos y que bajo esa premisa no se puede administrar de buena fe el territorio. Además, la SETENA argumenta que la certificación es un trámite más y que luego de hacerlo se adjuntará al plan sin certificar que, las modificaciones realizadas, cambian del todo el panorama inicial de gestión territorial para el desarrollo del plan regulador”.
Evidencia la continuidad de una política confiscatoria del Estado.
En respuesta a la Sala Constitucional sobre RECURSO DE AMPARO contra Zonificación de CAHUITA descrita en el Plan Regulador Costero, el jerarca del Instituto Nacional de Vivienda (INVU) hace una narrativa al mejor estilo del comediante “CANTINFLAS”.
Al describir la actuación de su representada idéntica a la filosofía del precario de la propiedad ajena.
Por un lado, admitió tener pleno conocimiento de la exclusión de la ZMT a propiedades debidamente inscritas (art.6, ley 6043), pero por el otro lado indicó el jerarca del INVU que las mismas fueron incluidas en los 200 metros de ZMT (Patrimonio del Estado) y planificadas en el Plan Regulador Costero, como si no existieran escrituras públicas debidamente inscritas y registradas en la Municipalidad como propiedades privadas – pagando impuestos.
Además, señala que las personas afectadas tienen la libertad de solicitar ser exonerados del cumplimento de las normas del PRC. Así es, exactamente, como funcionan los precaristas:
Se apropian de la finca ajena con la esperanza de que el dueño registral no aparezca, y si lo hace, primero se cuestiona la legitimidad de su título u condición de dueño, y por último negocian con él o ella a fin de obtener por lo menos el pago por las mejoras.
Sobra decir, que la «recuperación de facto u de hecho» de las posesiones privadas al patrimonio del Estado (200 metros de ZMT), es un acto de confiscación estatal de propiedades privadas al margen del ordenamiento jurídico, orientado quizás, a evadir el proceso de expropiación e indemnización legalmente establecido. (Véase art. 8, ley 6043).
Esta respuesta del jerarca del INVU es un acto de instancia privada, que podría dar a los afectados directos la posibilidad de interponer acciones en resguardo del derecho de propiedad privada.
Artistas en defensa de las comunidades y la naturaleza del Caribe Sur, contra la propuesta del plan regulador Costero, ver en video
En la audiencia pública del pasado viernes 4 de agosto, las comunidades lograron mostrar su desacuerdo y descontento a la propuesta del plan regulador costero que el INVU, ICT y Municipalidad de Talamanca, desean imponer en las comunidades costeras del Caribe Sur sin haberles consultado durante el proceso. El periodo de ajustes y modificaciones antes de la aprobación definitiva y publicación oficial del plan fue definido aproximadamente para 6 meses más, mismo periodo que se presenta para las nuevas candidaturas y elecciones de alcaldías.
Así se manifiestan distintas personas artistas sobre el Plan Regulador propuesto por la Municipalidad de Talamanca, que según las personas opuestas “amenaza con acelerar la destrucción de los ecosistemas y desplazar a las comunidades que allí habitan para dar paso a la instalación de megaproyectos hoteleros en beneficio de un pequeño sector empresarial, como ya ha sucedido en otras localidades del país”.
El Plan Regulador propuesto ha encontrado mucha resistencia en las vecinas y vecinos, principalmente por no haber sido construido en conjunto de la comunidad del Caribe Sur ni haber realizado el proceso de consulta debido a las comunidades tribales y de pueblos originarios que se verían afectadas.
Es uno de nuestros mayores atractivos en el país, por favor, ¡no lo destruyamos! – Arabella Salaverry, escritora y actriz, contra la aprobación del nuevo Plan Regulador.
El músico y compositor nacional Rialengo también asegura “los cambios políticos y de legislaciones deben hacerse en compañía de las comunidades, por eso no queremos un plan regulador impuesto, sino queremos uno participativo”.
Para el gremio artístico “es precisamente en el Caribe Sur que se encuentra el arrecife de coral más grande del país, así como uno de los pocos y exuberantes bosques costeros que quedan en nuestras costas y que se verían afectados por la magnitud de las construcciones hoteleras y edificios que se proponen desde el PRC. “Nuestro territorio debe ser tratado con respeto a sus habitantes originales, a la fragilidad de la flora y fauna. Esta no es la forma de desarrollo que queremos los habitantes del Caribe Sur” DJ Fauno, artista costarricense.
Aristas hacen un llamado urgente a la Municipalidad de Talamanca a no ser cómplice ni aprobar el PRC que amenaza a las comunidades tribales caribeñas y sus ecosistemas. El impacto que la actual propuesta del Plan Regulador tendría sobre la naturaleza podría ser irremediable. ¡No abramos la puerta a un desarrollo descontrolado a manos de grandes trasnacionales que únicamente vienen a convertir nuestros paraísos en miniciudades! Podemos hacer las cosas de forma equilibrada y en armonía con la naturaleza – Aldo Salazar, artista y arquitecto.
Selva, flora, fauna corales y calma – Canta Flora, recordándonos que es precisamente su naturaleza la que dota al Caribe Sur de sus cualidades únicas.
La organización comunitaria se vuelve imprescindible en la defensa de nuestro territorio, de nuestras prácticas ancestrales, de nuestra cultura y nuestra soberanía. Lo que no se defiende, se pierde -Nos recuerda Fabián Pacheco, ecologista del Bloque Verde y percusionista- Es muy importante organizarse por la defensa del bosque que da vida al Caribe Sur.
El actual PRC es un atropello a los derechos del pueblo de Cahuita, apunta Alessandra Bucci, pintora que se ha encargado de retratar en sus cuadros las historias y paisajes de este hermoso pueblo.
¡Mi tierra no se vende! ¡Mi tierra no se explota! – Canta Fercho, en sintonía con lo que exigen estas compañeras y compañeros de lucha.
Esta campaña de este importante sector está motivada por el Movimiento Cahuita Unida que al unísono se une al canto del sector diciendo “NO a este plan regulador y sí a uno que respete los ecosistemas, la vida silvestre y a las poblaciones locales, tribales y ancestrales”.
Las y los artistas participantes: Danny Williams, Arabella Salaverry, Fabián Pacheco, DJ Fauno, Karimel, Rialengo, Flora, Fercho, Aldo Salazar, Alessandra Bucci y Richy.
Una herramienta de la plataforma Google Maps realizada por el geógrafo Pablo Zagt Hernández dejó en evidencia el traslape de la zonificación propuesta por el Plan Regulador Costero Cahuita sobre humedales inventariados por el SINAC en 2021. La Municipalidad, en conjunto con el INVU, no justificaron las razones de esta importante omisión que, de concretarse, podría configurar un delito.
Este proceso de destrucción de los humedales fue también evidenciado en este estudio del SINAC y es posible que se llegue incluso a contar con permisos de construcción municipal, lo cual constituye una “licencia” para la destrucción de humedales que quiere generalizarse por medio del Plan Regulador.
Según este informe, el área total de los 13 humedales suma 165,12 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie total de la Zona Marítimo-Terrestre estudiada. Estamos hablando de un área importante que según la zonificación propuesta terminaría destruido. Esa destrucción constituye un delito que estaría siendo concretado mediante el Plan y avalado por el Minae e INVU. Es importante aclarar que solo una fracción de estos 13 humedales fueron clasificados en la zonificación como zonas de patrimonio natural del Estado o áreas de protección, como se puede contrastar en el visor elaborado por Zagt.
Navegar por la herramienta es fácil desde una computadora y ha permitido a las personas hacer el trabajo que le correspondía a la municipalidad de informar a las comunidades de cuáles son las actividades propuestas en la zonificación. Esta es una herramienta en construcción y se pretende que las mismas personas puedan ir completando información como, por ejemplo, denuncias que han realizado COVIRENAS, la identificación de otras zonas de importancia cultural o evidenciar las irregularidades como sucede con los humedales.
Dos ejemplos de traslape en humedales. La herramienta permite ver con facilidad la forma en la que uno de estos humedales (que además es bosque y estaría en el área de amortiguamiento del Refugio Gandoca Manzanillo) es propuesto como un estacionamiento ( Ejemplo 1). Esto refleja un cambio de uso de suelo de bosque y destrucción de humedal, que constituyen delitos penados por ley. Además, desecar un humedal no solo impacta el área en sí, ya que al mismo tiempo se debe rellenar, lo que llevaría a cabo un impacto en el límite del refugio se impactara este ecosistema. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen comparando el estudio de humedales y la propuesta de zonificación a partir de la herramienta del geógrafo Zagt.
Como se puede observar, este estacionamiento impactaría la misma entrada principal del Refugio Gandoca, cuando en un círculo amarillo se ve otra zona ya impactada que, si bien esta fuera del área marítima y del plan, podría ser una alternativa a la propuesta de destruir el humedal.
Otra gran área invadida por la zonificación es el sector conocido como Playa Grande, Almendros y Corales (Ejemplo 2). Esta es la parte de humedal más grande que aún queda en la costa, con una cobertura de 44 hectáreas que es donde pareciera haber mayor interés aprobación del Plan Regulador, pues ya es posible ver en internet megaproyectos inmobiliarios en venta. Como puede apreciarse en la imagen comparativa unas pequeñas partes en amarillo son declaradas como área de protección y Patrimonio Natural del Estado, mientras en anaranjado viene el destino de esos humedales propuestos por el plan regulador que es: Turístico Baja Intensidad y Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. Es decir que la Municipalidad -apadrinada por el MINAE y el INVU- está promoviendo la destrucción del humedal más grande de la zona fuera del Parques Nacional Cahuita y el Refugio de Gandoca. Es importante recordar que este humedal estuvo dentro del mismo Refugio de Gandoca pero fue desafectado mediante una ley específica, que fue declarada parcialmente inconstitucional por no compensar esta regresión ambiental (Delfino.cr, 2019). Es claro que también hay una extralimitación de competencias, pues se modifican áreas de protección por parte de la Municipalidad, que no es la institución autorizada para tal efecto.
Parte del error de omitir estos importantes datos sobre la cantidad de humedales queda de manifiesto en el mapa de humedales que se presenta en el Estudio de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA). Este se basa en el mapa de inventario de humedales del SINAC (2017) y no toma la caracterización de humedales del SINAC del 2021, hecha a partir de trabajo de campo y en una escala de más detalle, con pruebas de suelo, entre otras. El mapa de humedales del IFA del PRC se basa en una escala nacional que, aunque se puede considerar como información de apoyo, no se puede considerar como la información definitiva, dado que no tiene un alcance local y no se basa en interpretación de imágenes satelitales y verificación de campo con muestras de suelo, lo que hace que la zonificación propuesta termine siendo al menos irregular, y delito si llegara a aplicarse.
La herramienta fue solicitada por el Movimiento Cahuita Unida al geógrafo Zagt, quien actualmente colabora desde los Países Bajos donde está cursando la maestría en Geografía Política en la Universidad de Ámsterdam. Zagt habría realizado su tesis de licenciatura sobre las Multiterritorialidades del Mar en Cahuita, en el cual se analizan las relaciones territoriales mediante los usos, discursos y representaciones visuales por parte de diferentes agentes territoriales. Como parte de los resultados, esta investigación evidencia que el mar se ha concebido como un espacio vacío de personas pero lleno de biodiversidad y recursos naturales por parte de agentes hegemónicos, como el Estado, organizaciones internacionales y empresas transnacionales. Este “vaciamiento” del mar se ha encargado de invisibilizar la producción territorial por parte de la comunidad, quienes han tejido meticulosamente relaciones con el mar desde el siglo XVII, con sus propias epistemologías locales e integrando el mar como un espacio habitado. El mar pasa a ser entonces un territorio disputado entre su modificación para ser convertido en la nueva frontera neoliberal y las identidades territoriales por parte de la comunidad de Cahuita.
Para Zagt “este Plan Regulador parece obedecer esta lógica de invisibilizar a las comunidades, de ignorar sus modos de vida, y de irrespetar espacios protegidos para poder cumplir con una agenda meramente comercial. La historia se repite. No es la primera vez que las comunidades del Caribe sur se enfrentan a proyectos promovidos por el mismo Estado. Recordemos la imposición sin consulta del Monumento Nacional y el Parque Nacional Cahuita en la década de los 70s, donde personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares; o el cambio en la tarifa de entrada al Parque Nacional Cahuita en la década de los 90s que iba a afectar el turismo, la principal fuente de ingreso de la comunidad; o la vez que, nuevamente sin consulta, se querían realizar proyectos petroleros a principio del milenio en las montañas de Talamanca y en los mares”.
Jorge Mora Portuguez Abogado Especialista en Derecho Ambiental Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente ARCA
El cantón de Talamanca tiene un 88% de su territorio protegido bajo alguna forma de manejo (sea parque nacional, refugio de vida silvestre, zona de humedales, o territorios indígenas). Solo un 12% del territorio está bajo jurisdicción municipal; lo que lo constituye en uno de los cantones con mayor protección de sus recursos naturales y ambiente.
Talamanca cuenta con 50 kilómetros de playas, de los cuales 36 km están bajo alguna categoría de manejo administrada por el MINAE (Parque Nacional Cahuita, Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, zona de humedales que son Patrimonio Natural del Estado). Además, 2 km de playa corresponden al territorio indígena Kekoldi y solo 12km están bajo administración de la Municipalidad de Talamanca.
Es en estos 12 kilómetros donde se asientan diversas poblaciones humanas, tales como Cahuita, Playa Negra, Puerto Viejo, Punta Uva, Manzanillo entre otras. Muchas de estas comunidades se fundaron a finales del siglo XIX y principios del XX; por ejemplo, los primeros planos que dibujan los cuadrantes de Cahuita son de 1915 y los de Puerto Viejo de 1935.
Pero esas poblaciones ocupan solo el 25% de la franja costera, mientras que el 75% restante se encuentra aún conservado, ya sea como Parque Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Patrimonio Natural del Estado o territorio indígena. Se trata de bosques de humedal, humedales riberinos y estuarinos en su mayoría, protegidos al 100% por el SINAC.
El Plan Regulador Costero que está desarrollando la Municipalidad de Talamanca junto con el INVU pretende ordenar, proteger y regular el uso de la tierra en el territorio de 200 metros correspondientes a la Zona Marítima Terrestre de esos 12 km que están bajo jurisdicción municipal y donde habitan más de 850 familias, afrodescendientes en su mayoría, que han vivido por más de 100 años en la zona. El 75% restante de la franja costera, ya protegido, no se tocará en lo absoluto, ni tampoco ningún territorio que esté fuera de esa franja de 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre bajo jurisdicción municipal.
Como bien lo señalan Edwin Cyrus, ex director del Área de Conservación Amistad Caribe, y Enrique Joseph, dirigente comunal histórico de Cahuita, y actualmente funcionario municipal a cargo del proceso de elaboración del Plan Regulador, este se encuentra apenas en una fase de consulta y recepción de propuestas por parte de la población costera. Desde el momento en que la Municipalidad recibió la propuesta formulada por el INVU y debidamente aprobada por el ICT, SENARA y SETENA, como lo indica la ley; se puso a disposición de la población de forma directa y a través de su página web. También se abrió la recepción directa y electrónica de sugerencias, observaciones y propuestas. A lo largo de la costa se realizaron talleres informativos y reuniones con todos los núcleos poblacionales.
La Ley de Zonas Urbanas Litorales, No 9221; la Ley de Regulación de Construcciones en la Zona Restringida, No 9242 y la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, No 9223; se emitieron para defender la ocupación de los habitantes de las zonas costeras y evitar su desalojo de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), particularmente de los poblados originales afro costarricenses. Pero la aplicación de ese conjunto legal requiere de la pronta aprobación de un Plan Regulador Costero que regule su uso. De no ser así, al vencer la moratoria que frena los desalojos y derribos de viviendas, en julio del 2024, de nuevo los pueblos costeros se verán expuestos a tales medidas.
Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo son pueblos costeros muy antiguos. El Plan Regulador Costero respetará las ocupaciones actuales con regulaciones especiales del conjunto legal 9221, 9242 y 9223 antes citado. Se declaran como ciudades litorales, de forma que sus habitantes dejen de ser como hasta ahora “ocupantes en precario”, tal como lo recomendó el relator de Naciones Unidas desde 2013. Este plan dará seguridad jurídica tanto a pobladores como inversionistas y desarrolladores, que ocupan solo el 25% del litoral del cantón, estableciendo claramente las reglas del juego, y acabando con la caótica situación actual, donde en muchas ocasiones las decisiones son tomadas por los funcionarios de turno con base en su buen saber y entender, pero sin responder a criterios técnicos o científicos.
El Plan Regulador Costero del Caribe Sur del cantón de Talamanca es una necesidad urgente para garantizar a los descendientes de los pobladores ancestrales su derecho a la tierra, su derecho a existir como pueblos costeros, su derecho a una vida digna y en armonía con el entorno natural. Así como también para las personas que por décadas han convivido pacíficamente con ellos, tanto nacionales, como de otros países.
Algunos sectores urbanos, principalmente del Valle Central, no están interesados en el bienestar de estas poblaciones y solo les preocupa la variable ambiental desde una óptica preservacionista y conservacionista. Sin embargo, los conceptos más modernos del desarrollo sostenible nos enseñan desde hace muchas décadas que la mejor forma de proteger y conservar el ambiente y la naturaleza, es considerando también las variables sociales y económico-productivas, en la llamada pirámide de la sostenibilidad.
Nos solidarizamos con la lucha histórica de los pueblos de Talamanca, que han sido un magnífico ejemplo de convivencia en armonía con el medio, por su derecho a la tierra, a la preservación de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. El Plan Regulador Costero de Talamanca no puede esperar más.
Por medio de un comunicado de Casa Presidencial se informó este martes 4 de julio 2023, que la ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Jéssica Martínez Porras, y el viceministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Roy Jiménez Céspedes, no continúan en sus puestos tras haber presentado la renuncia.
Con estas nuevas salidas se confirma la alta inestabilidad de la administración Chaves Robles, pues ya son 28 las personas que en 14 meses de gobierno han dejado los puestos de jerarquía al que fueron nombradas por el mandatario.
Desde el Programa de Análisis de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), se indica que esta situación en el Estado costarricense es un elemento atípico, ya que, en los últimos 30 años, este ha sido el gobierno con más renuncias en diferentes partes.
Para el politólogo y coordinador del programa, Carlos Carranza, se resaltan varios elementos que se conjugan en esta situación:
El no ser un partido con bases, con organización propia, sino que es propio de un momento determinado, hace que no contara con los cuadros suficientes para ejercer la autoridad correspondiente.
El tipo de gobierno que ha desarrollado el presidente Chaves Robles, es de carácter centralista con grado de autoritarismo, donde el presidente decide cuál es la línea sin que haya un mensaje claro y oportuno.
Como se ha demostrado en ciertos momentos para tomar posiciones, no existe una información racional, pensada, adecuada, sino que depende de los criterios correspondientes.
El presidente, tras una línea muy dura, trata de establecer los criterios sobre los cuales deberían regirse las instituciones, lo cual pierde sentido, si entendemos que en la Constitución hay una serie de instituciones que tienen autonomía, como por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social o las universidades.
Es muy claro o transparente, que las denuncias en su mayor parte han sido con diferencias con el presidente de la República, lo cual nos dice que no hay una estabilidad política adecuada, porque para desarrollar gobierno, desarrollar capacidades, se requiere un esfuerzo de primer nivel de parte de los que tienen la autoridad.
Según Carranza, en este punto, la recomendación de tratadistas es que un gobierno debe tratar de que su número de personas sean siempre un número que se permanezca durante toda la gestión para darle continuidad, estabilidad y el accionar correspondiente.
Por ende, estamos ante una situación que posiblemente cuando finalice la administración Chaves Robles, andaremos por un número superior a cualquier otro tipo de gobierno, dadas las circunstancias en que se desenvuelve el gobierno.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Bloque de Vivienda le invita a participar de una reunión virtual, que se llevará a cabo el sábado 05 de noviembre del 2022 a las 2:00 p.m. mediante la plataforma de Zoom, en la cual se abordarán temas sobre la apertura de ventanillas para el 2023, el presupuesto de BANHVI, el proyecto de ley que propone fusionar en una sola institución al BANHVI, INVU y el MIVAH, entre otros.
Tanta desidia e incapacidad del INVU como propietaria de estos valiosos y amplios terrenos a ambos lados (norte y sur) de los Hatillos.
Su obligación y tarea postergada por más de 64 años es gestionar ese pulmón verde para más de 60 mil pobladores que nos merecemos esa calidad de vida.
La Asociación Hatillo Verde seguirá dando la lucha de la mano de los mejor de los hatillenses. El Plan de Desarrollo Distrital que debe proponer la Municipalidad de San José a partir de mañana, debe asegurar el desarrollo de ese territorio, al cual le abundan muchos «novios/as», persiguiendo esos valiosos terrenos, tanto negociantes de todos los estratos y clases sociales: Desde los precaristas con títulos de ocupación decenal, pasando por las personas de la calle que lo usufructúan, a falta de vivienda, hasta las ambiciones y la codicia de grandes desarrolladores de torres de apartamentos, que aspiran construir nuevos Hatillos sea el 9,10 u 11.
Seguro su sueño lucrativo son viviendas modernas y de «nueva clase»…
¡Alto ya a las cochinotas y cochinillas!!! Los vecinos/as de Hatillo merecemos contar con una zona de recreación segura y decente, de bienestar integral para decenas de miles de habitantes de este populoso distrito.
La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Residencial Málaga en Sabanilla de Montes de Oca, han iniciado con un proceso para lograr la desinstalación por orden judicial de una torre de telecomunicaciones de la empresa Claro, instalada sobre una de las casas situada en dicho residencial, la cual al parecer, no cumple con los requerimientos del Reglamento de Construcciones para la Instalación de Telecomunicaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Según los vecinos, el permiso para la construcción de dicha antena fue otorgado por la Municipalidad de Montes de Oca.
Varios vecinos del Residencial Málaga han estado apoyando esta lucha con horas de trabajo en las demandas judiciales, entrega de documentos a las instituciones involucradas, recolección de firmas, y demás aportes a nivel profesional (abogados, ingenieros, entre otros).
Según el comunicado emitido vía correo electrónico, dicha torre es totalmente ilegal según el Reglamento del INVU para Telecomunicaciones, por lo que sobran elementos técnicos para ganar ante los tribunales, “y que esa torre sea desmantelada por orden judicial”.
Información tomada de correo electrónico enviado por Paulina Mata, Tesorera, ADI Málaga.
