El personal trabajador se manifestó dentro de la instalaciones institucionales en contra de la grave situación en la que se encuentra el SINART y además se desligan de cualquier tipo de acción irregular o cuestionada, ya que ninguno tiene la potestad de tomar decisiones.
La clase trabajadora del SINART solicita mantener un manejo transparente, que se corrijan las irregularidades y se sancionen a quienes las cometieron.
Puede ver la información completa en el siguiente video:
Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.
En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.
Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.
Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.
Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.
Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.
Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.
En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.
En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.
Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.
Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.
SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.
El pasado 10 de marzo, el ciudadano Rodrigo Arias López envió una carta de denuncia al órgano de Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dirigida de manera específica al auditor interno, Olger Sánchez Carrillo, para que se investigue si existe incumplimiento de deberes en el pago, retención indebida y violaciones al derecho de las personas pensionadas del IVM.
En la denuncia se destaca que, en el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, se indica lo siguiente:
“Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva.
La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.”
Según Arias, a partir del 1 de enero de este año, la CCSS fijó el monto de base mínima contributiva del IVM en ₡ 306.384. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, ninguna pensión del IVM puede ser inferior al 50 % del monto antes fijado por la Caja, es decir, menor a ₡ 153.192.
Pese a ello, Arias denuncia que varias personas pensionadas por el IVM, han informado estar percibiendo una pensión mensual de ₡ 142.217, menos de lo establecido en el Reglamento y en la fijación de salario mínimo de contribución hecha por la CCSS para este año.
De acuerdo con cálculos hechos por el denunciante, el monto anual que la CCSS estaría dejando de pagar ascendería a ₡ 23.031.256.269.
En próximos días se presentará una Acción de Inconstitucionalidad.
Ley Marco de Empleo Público no garantiza una sana Reforma del Estado.
La Secretaría General de la ANEP envió una carta a la Presidencia de la República a fin de que, por parte del mandatario, Rodrigo Chaves Robles, se gestione detener la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual está prevista para el 10 de marzo.
La preocupación surge ya que en 40 días calendario entraría a regir la Ley, pero de momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores. Es por esto que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se le solicita al Presidente detenerla.
Asimismo, se le recordó a don Rodrigo cuando afirmó en campaña electoral que la Ley Marco de Empleo Público era un adefesio y que habría que revisarla bien.
Desde nuestra organización, y que siempre nos opusimos a la misma, existe un rotundo rechazo a su entrada en vigencia, ya que generará un desastre de gestión institucional y multi-institucional dentro de la Administración Pública.
Sumado a nuestros análisis jurídicos y políticos, está el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) , la cual, señaló en un informe la cantidad de irregularidades que hallaron en el estudio del presunto proceso de reglamentación.
Por tal motivo, en días próximos la ANEP presentará una Acción de Inconstitucionalidad para que desde la Sala Cuarta se ordene que no entre en vigencia la LMEP, puesto que está plagada de roces con la Constitución y además, la ley no es una necesidad nacional.
Anteriormente se publicó la problemática existente en la operación portuaria por parte de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) en el que se nos compartió una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en este se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté donde debe estar y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra lo correspondiente según la tarifa.
Según comentario de Antonio Wells, Secretario General de SINTRAJAP, plantea que esta es la forma en que se le quitan recursos al Estado y específicamente a la institución portuaria de Costa Rica en el Caribe. En el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es delicado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.
En los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3 y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos.
Ahora bien, a fondo la problemática en la operación portuaria consiste en que la empresa mencionada no está haciendo uso del equipo de JAPDEVA, por lo que por cada movimiento de contenedor JAPDEVA deja de cobrar los 100 dólares correspondientes a dicha operación, operando así bajo el llamado despacho directo. Pero, ¿en qué consisten los $100 que no se cobran por movimiento de contenedor?, estos incluyen los cobros de tarifa por cada servicio prestado: servicio de grúa $64,27, de carrier o staker $18,86 y de maffi $16,98, cobrando como única tarifa el uso del muelle $16,98, esto conocido como despacho directo (no utiliza por parte de JAPDEVA la grúa, carrier o staker y maffi, acá se utiliza la grúa del barco y por debajo los espera un camión privado). De esta forma solo se cobran $16,98 por el servicio, en vez de cobrar los $117 (usando todos los equipos correspondientes).
Para una mayor visualización del proceso y cobros por servicios, se comparten las siguientes imágenes.
26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON
Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella
La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.
Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.
Presentación del problema
Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.
La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.
En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.
Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.
La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.
Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.
El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.
FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.
La apuesta de FECON
Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.
Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.
¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?
Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.
El cambio en el nivel del mar y la erosión costera
Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:
Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.
¿Cuánta es el área pública perdida?
Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.
Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.
Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.
Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.
Necesidad de actualizar el área de zona pública
Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.
Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.
Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.
Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m2 de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.
Conclusiones
Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.
Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.
Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.
Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.
Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.
Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.
Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.
En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:
Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.
No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.
Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.
Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.
Se ha compartido una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en la que se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté dónde y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra.
Según comentario de Antonio Wells, Secretario General, plantea que esta es la forma en que se le roba al Estado de manera descarada; en el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es peculado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.
Finalmente, en los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3 y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos.
Nuestras organizaciones sindicales venimos desde junio del 2019, una vez homologada la convención colectiva, misma fecha que anunciamos no toleraríamos incumplimientos a la normativa y se debía de acabar el juego con nombramientos, hemos sido vigilantes, hemos denunciando estos procesos que hemos visto irregulares, corrieron para aprobar sus fichas sin ver que tanto el SDI como los sellos de recibido, mantienen un registro de cada proceso, todo esto sobre el artículo 39.
Estas denuncias fueron presentadas ante la Auditoria Interna y ante la Contraloría General de la Republica, pues a pesar de buscar el dialogo, demostrar a la Gerencia, Subgerencia y Directora de Capital Humano mantuvieron su camino, camino que hoy LA AUDITORIA indica como ERRONEO.
Que indica en resumen la auditoria en sus informes; N.°AU-2020-00109, AU-2020-00269 y AU-2020-00282:
Nombramientos sin requisitos.
Nombramientos sin experiencia.
Nombramientos con duplicidad.
Nombramientos con certificaciones de experiencia inexistentes.
Nombramientos ejecutados después de homologada la convención.
Ascensos solo para algunos.
Y situaciones que nos dejan absortos ante los informes oficiales de la Auditoría Interna.
Las organizaciones sindicales teníamos toda la razón, situación que ya nos permite manejar la situación dese el ámbito legal correspondiente, que se sancione a quienes han incumplido la ley.
El incumplimiento a la Ley General de Control Interno podría constituir causal de responsabilidad administrativa, conforme al artículo 39, según el cual, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda.
¡No podemos callar ante tanta irregularidad, en perjuicio de la transparencia y la igualdad de condiciones!!!
En Guápiles los muchachos y muchachas de varios colegios estaban organizados para no permitir la aplicación de las pruebas de bachillerato el día de hoy, por lo que pasó con el examen de matemática y las irregularidades en general de todo el proceso. Estos estudiantes de Duacarí estaban impidiendo el ingreso al aula donde se aplicarán los exámenes y la policía llegó al lugar.
En el Liceo de Cariari desde las 7 a.m., también el estudiantado estaba manifestándose en contra de la aplicación del bachiller en estas condiciones y se encontraban bloqueando el ingreso al colegio.
Mediante dos recursos de amparo presentados ante el Tribunal Ambiental y SETENA, se solicita la nulidad de la resolución que otorga viabilidad ambiental al proyecto de obras en acueducto de Sardinal, esto por aparentes irregularidades.
