Skip to main content

Etiqueta: IVA

ELECCIONES 2022. ¿El voto para quién? No se puede olvidar

En las duras batallas contra el gobierno, fuimos testigos de cómo los diputados de los partidos políticos neoliberales del PAC, PLN, PUSC, religiosos como Restauración Nacional, Nueva República y otros, se aliaron contra la clase trabajadora del sector público y el pueblo costarricense, aprobando la ley llamada Combo Fiscal, que incluyó el Impuesto del Valor Agregado IVA afectando al pueblo costarricense, atacando y precarizando remuneraciones salariales, cesantía, anualidades, etc. Empobreciendo a las familias y afectando el consumo de alimentos y servicios públicos. Igualmente, impulsó el proyecto inconstitucional de Empleo Público para destruir el Estado Social de Derecho, perjudicar y cerrar instituciones públicas.

UNDECA en esta lucha junto al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO y otras organizaciones, fuimos contundentes en la necesidad de apoyar nuevas alternativas políticas para el pueblo.

Hoy partidos de trayectoria no neoliberales y nuevas opciones políticas, participan en las elecciones con destacados luchadores sociales, personas honestas que representan la clase trabajadora, que han venido luchando contra este capitalismo salvaje, entre ellos dirigentes sindicales, agricultores, profesores, maestros, trabajadores de la Caja, el ICE, municipalidades, intelectuales, estudiantes, amas de casa, mujeres.

Por eso en UNDECA y BUSSCO somos parte de este proceso con dirigentes que participan en esta campaña, porque estamos convencidos de la urgencia de diputados (as) comprometidos, que con actitud firme lleguen a gobernar para las verdaderas familias costarricenses.

Juntos (as) es posible construir y lograr un futuro diferente votando por luchadores (as) sociales. Firmes en la lucha.

 

Compartido con SURCOS por  UNDECA y BUSSCO.

Clamor ciudadano para bajar precio de los medicamentos

Luis Fernando Astorga Gatjens

Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.

Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.

Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.

Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.

En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.

Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.

Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.

Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.

Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

Recuento de la jornada popular en Colombia (I)

Por Carlos Meneses Reyes

El movimiento popular en Colombia pasa por una prueba de fuego, en la que le corresponde demostrar la eficacia y peso político en el cambio del derrotero anti popular, con el que se ha ensañado el gobierno derechista del binomio Uribe-Duque.

Desde el día anterior al inicio del Paro Nacional, arrancaron los abusos de la policía contra los estudiantes en la capital de la república, con decenas de allanamientos sin orden judicial al Colectivo feminista DEGENERO y al Grupo de Estudio y Organización Estudiantil ANARKISTA; como también a varios sindicatos.

El día anterior al Paro Nacional, el país fue sorprendido por una arbitraria decisión judicial expedida por el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, en la que ordenaba, exprofeso y en forma oficiosa la suspensión de la protesta popular del 28 de abril de 2.021. Aplicando una jurisdicción inexistente, puesto que para protestar no se requiere permiso. Jamás en la historia de las actuaciones judiciales en el país, por un acto propio de dictadura judicial, se había violado en forma tan fantasiosa y carente de fundamento el espíritu de la Constitución Política de Colombia(C91); careciendo de eficacia tal decisión y colocando a la susodicha funcionaria como sujeto incurso en el delito de prevaricato y sanciones disciplinarias. Se abrogó una jurisdicción nacional disponiendo que todos los alcaldes del país debían acatar la nulidad de esos actos de “permisos” y el que la orden de suspensión la haya dirigido al Despacho del anterior y fallecido ministro de la guerra, deja mucho que desear de su proceder patético.

Como normas constitucionales violadas por la magistrada Nelly Villamizar mencionamos: Artículos 3, 57, 12,157 in si tu. Código Penal Artículo 413. Prevaricato por acción

De la misma manera, la revocatoria de la orden de la Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, a la instalación, en la Plaza de Bolívar, de tarimas y permisos de audios y la difusión del libre pensamiento de los ciudadanos congregados, es un abuso de autoridad y viola los derechos fundamentales y de soberanía popular. Así como las advertencias del Ejecutivo, sobre los Paros programados, resultan dictatoriales.

La orden de Paro Nacional emitida por el Comité Nacional de Paro, se cumplió con marchas en todas las capitales de Departamento del país y en 660 municipios marcharon en protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del binomio Uribe-Duque, al Congreso.

En Colombia estratifican los sectores de clase, conforme a la capacidad económica de 1 a 6. La esencia del proyecto de cargas tributarias pretende afectar a los sectores populares, de la clase media, pequeños y medios productores; cargando o imponiendo el IVA a los productos y servicios de sostenimiento esencial de la canasta familiar y combustibles, servicios funerarios e insumos agrícolas. A los servicios públicos en estratos 4,5 y 6, de clase media. Resalta el que las exenciones y gabelas a los adinerados nacionales, casa-tenientes, terratenientes, latifundistas, ganaderos, dueños y amos del sector financiero, y multinacionales asentadas; así como a extractivistas de los recursos naturales, en el escenario del blanqueo y legalización de capitales del narcotráfico, no son tocadas y continúan en el paraíso de su reinado impune y corrupto. Tan solo mencionar la iniquidad plasmada en las billonarias sumas de dineros dadas al sector financiero y a las mafias blancas de las EPS, del Sector Salud, durante los avatares de la pandemia y la negación a sostenimiento digno estatal a desempleados, informales, medianos y pequeños empresarios y comerciantes.

Además de la protesta contra tan lesiva e inoportuna reforma de tributo fiscal, la indignación popular enfiló en la denuncia por el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, ataques sistemáticos y masacres a comunidades campesinas, población afrodescendiente, pueblos indígenas, la discriminación de género, de población LGTB. Contra la corrupción generalizada. Contra la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación forzada. Por la defensa de la educación pública y contra la privatización de la salud. Por el cese de los asesinatos contra los exguerrilleros desmovilizados y por el cumplimento e implementación a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con parte de las desmovilizadas Farc-Ep, que se acogieron a desarmarse; siendo engañados por un Narco Estado- Casino.

El Paro Nacional fue extendido por sus organizadores hasta el día 29 de abril. Las subsecuentes protestas populares se han dado hasta el día 30; proyectándose las mismas para el día sábado 1o de mayo, pese a que en la mayoría de las ciudades capitales de Departamento, aplican medidas de control social por efecto de la pandemia del corona virus. (Covid19).

El escenario de protestas se ha centrado en varias ciudades capitales de Departamento, como Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Bogotá DC y varias ciudades del Departamento de Cundinamarca, cercanas a la capital del país.

En la ciudad de Cali la jornada popular de protesta no ha sido interrumpida durante los días 28,29 y 30 de abril y 1o de mayo, pese a las medias de militarización de la ciudad y la imposición del toque de queda desde la 1pm. Prácticamente, el pueblo está volcado a la calle. Ahora a la ciudad de Cali se le llama Puerto Resistencia.

Son múltiples los actos de barbarie policial. Uno de los sucesos más dramáticos lo constituyó el asesinato de Marcelo Agredo, un joven de 17 años. El Joven le pegó una patada a un policía que iba en la moto y salió corriendo. El policía sacó su arma de dotación y le disparo, desde la moto, por la espalda y a la cabeza, matándolo en el acto. El padre del joven, Armando Agredo Bustamante, habló para Noticiero CM& y visiblemente afectado aseguró que: “Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, cita Publimetro Colombia.

El 29 de abril, en Cali, Leydi Cadena recibió herida de bala o perdigón en su ojo, atribuido al Esmad de la Policía, cuando caminaba durante el desarrollo de las protestas. Fue operada y se prevé pierda ese órgano visual.

En la tarde del 30 de abril, la policía detuvo a varios miembros defensores de Derechos Humanos, quienes asistían en el escenario de la movilización popular. Vídeos registraron el momento del hecho.

También denuncian el asesinato de 7 personas en Cali en barrio Calipso, por parte de la policía, que disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes. La denuncia fue echa por parte de los senadores Feliciano Valencia y Wilson Arias, a través de sus cuentas Twitter y grupos de WhatsApp y Colectivos de Derechos Humanos de Cali. Son cientos los videos e imágenes de confrontación con la fuerza pública, en que reitera el accionar armado de la policía, mientras las organizaciones denuncian abusos en diferentes partes de la ciudad. La mediática falsaria pone en duda estas denuncias y permite la dilación de un pronunciamiento oficial al respecto. De igual manera registran saqueos a comercios y bancos.

Pese a la gravedad de la situación, el alcalde de Cali, no asumió las riendas como responsable del orden público en la ciudad. No presidió el Consejo de Seguridad. Fue subsumido por la presencia del ministro de la guerra, quien prácticamente lo desplazó en sus funciones. Además, habló y dispuso por él, junto con el Ministro del Interior. Mutismo total. Salió a relucir la danza de millonarias recompensas, acudiendo a los sapos para neutralizar la protesta social. Cali está totalmente militarizada y han llegado refuerzos de la policía y el ejército a la ciudad. Se sentó el precedente de la militarización de la ciudad. El sub presidente lo denomina de “asistencia militar” y en un tono de creerse superior y menospreciando al clamor popular, se mantiene en no retirar el fatídico proyecto de reforma tributaria, permitiendo que los ánimos caldeen y a ojo de buen cubero, preparar la arbitraria declaración de un estado de conmoción interior en Colombia.

Diferentes Portales a abril 30-2.021, registran La terrible violencia del Esmad. Noche de terror: el ESMAD desbordado contra la gente. Ha sido una horrible noche la de este viernes 30 de abril. La Fuerza Pública ha salido a las calles a sembrar el terror. Las imágenes son escalofriantes. En Pereira una tanqueta de la policía atropelló a personas que se manifestaban en la calle de manera pacífica. Aún no se sabe cuántos heridos dejó

El 30-04 Líderes de dignidad camionera se reunirán este sábado para decidir si se van a paro. Ya hoy, 1o de mayo, han anunciado que a partir del lunes 3 de mayo comienza el Paro Nacional de Transportadores, camioneros etc.

Por «glorificación de la violencia» Twitter sanciona al expresidente y exsenador cuestionado.

Durante todo el viernes 30 de julio las redes sociales tuvieron como tema el trino en donde el expresidente justificaba la violencia de las fuerzas armadas, indicando que podían utilizar las armas de dotación contra los manifestantes a quienes califica como “terroristas”. Un inequívoco gesto de apología al delito. Lo terminó pagando. Llamó al ejército y policía a que usaran sus armas para defenderse. Esto generó reacción en su contra. La primera reacción se dio por parte del alcalde de Medellín, que fue quien pidió a Twitter le cerrara su cuenta, por representar un peligro para la tranquilidad y seguridad ciudadana, incitando a acciones de Terrorismo de Estado. También en el Senado hubo insultos contra el expresidente y exsenador. Lo tildaron de «Degenerado, viejo cacreco» El congresista Inti Asprilla, fue uno de los miles de colombianos que reaccionaron ante el trino del expresidente en donde apoyaba el uso de la violencia de la policía y el ejército.

La youtuber y activista de derechos humanos, Lalis, respondió fuertemente al trino del expresidente, a quien señaló de máximo responsable si algo le llega a pasar. Expresó:” Si no vuelvo a casa, me mató el Estado, por orden de Uribe»(30 de abril)

También se registra la indignación del innombrable porque el INPEC salió al Paro. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente denunció a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que salieron a rechazar la reforma tributaria. Es sabido que los miembros del Inpec, no son fuerza policial, como empleados públicos.

Se asocia los asesinatos por disparos indiscriminado a manifestantes y el asesinato de 7 ciudadanos, como efecto de la orden y dispensa dada por el señalado autor del Twitter y firmes en la exigencia que se investigue “Quien dio la orden de disparar”.

También se relaciona como influencia antisocial del expresidente la denuncia del inusitado despliegue, en números, de efectivos de la fuerza pública, para la defensa y protección con tanquetas, del Centro Comercial de los hijos del expresidente, ubicado en Engativá. El CC. “Nuestro Bogotá”, fue inaugurado el pasado 15 de abril. Es uno de los emprendimientos multimillonarios de Tomás y Jerónimo Uribe, que podría ser blanco de las protestas contra la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, la secta, que, no partido, del innombrable o “Matarife”

En Cali, el congresista Wilson Arias interpeló a una patrulla de la policía y los obligó a dejar libres a unos jóvenes que protestaban pacíficamente y que eran torturados dentro de una patrulla policial. Otro congresista de apellido Orduz, reclamó a una patrulla policial en la carretera, en un puesto de entrada a la ciudad de Tunja, al observar a policías, vestidos de civil con ruanas, camuflados como campesinos, para enfrentar a manifestantes que comenzaban a concentrarse en el lugar. En el vídeo queda registrado la aceptación del oficial de estar bajo su mando en “asuntos de inteligencia”.

Se demostró que no se requirió de la orden de convocatoria del Comité Nacional de Paro, para salir a marchar y protestar el 1o de mayo. La dinámica de movilidad de masas esta activada en Colombia. En muchas ciudades del país se sucedieron marchas de protesta, no solo exigiendo el retiro del atacado proyecto de ley de reforma tributaria, sino expresamente la renuncia de Duque.

En las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá, las marchas populares fueron multitudinarias.

Como respuesta a la militarización de la ciudad de Cali, la Minga Indígena, en vocería del Concejero mayor del CRIC, Hermes Pete, manifestó que “No habrá fuerza pública que alcance para reprimir al pueblo” y en consecuencia, para ellos, hoy realmente inicia el Paro. De frente, resistiendo. A los congregados en el parque de Santa Librada el paso de dos helicópteros artillados, a muy baja altura de la multitud, los alertó como acto de intimidación a la libertad de reunión y expresión.

En Bogotá D. C las marchas de manifestantes no se dirigieron al centro de la ciudad, como es usual los primero de mayo, sino que enrutaron en dirección al Norte. Miles de jóvenes llegaron al Monumento de los Héroes y continuaron en bulliciosa marcha, de horas, hasta la carrera 7 con calle 147, lugar de residencia del sub presidente. En ese sitio se concentraron, pero fueron dispersados por tanquetas del escuadrón policial de la Muerte, el Esmad. Toda una tarde de tensión y enfrentamiento en vecindarios de gente adineradas, que no ocultan malestar por la presencia de tan demeritado vecino…

Se haría interminable la relación de más sucesos en esta convulsionada Colombia, que merece el análisis político de tan difícil paso por el que transita y que abordaré en próxima entrega.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

Comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) compartido por SURCOS:

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

UCR: Una política fiscal que minimice su efecto entre los más pobres

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Bajar el Impuesto al Valor Agregado y modificaciones en los tramos del impuesto de renta podrían generar montos significativos de recaudación

Según el IICE de la UCR, una reducción de la Canasta Básica Tributaria acompañada de la disminución del Impuesto al Valor Agregado puede generar una significativa recaudación adicional que aliviaría las finazas públicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

La pandemia por COVID-19 ha obligado a todo el mundo a someterse a períodos de cuarentena en los que la actividad económica disminuye significativamente, con sus efectos directos en el empleo y en la recaudación de impuestos. Costa Rica debe sumar a esta situación global su propia historia reciente en relación con los tributos. Luego de muchos años de intentos infructuosos para contar con una reforma tributaria, el actual Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a criterio de propios y extraños, no alcanza para llenar las crecientes necesidades del Presupuesto Nacional de la República.

Con vacunas o sin ellas, la pandemia parece que se quedará por mucho más tiempo con la humanidad y, con ello, las consecuencias adversas en la actividad productiva y en el erario público. Es por ello que el Gobierno de la República realizó una propuesta de financiamiento mediante el Fondo Monetario Internacional y la instauración de nuevos impuestos que, en primera instancia, fue rechazada por diversos sectores sociales. A partir de ahí, se propusieron mesas de diálogo para explorar vías alternas al endeudamiento externo para sobrellevar la crisis fiscal.

Ante esta coyuntura, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dio a la tarea de valorar escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, con la finalidad de realizar un aporte a la discusión nacional sobre el tema tributario. Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos fundamentales: progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.

Bajar el IVA, no aumentarlo

En torno al IVA se analizó el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, y de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, dado que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.

De acuerdo con el documento generado por el IICE, “la modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso”. De esta manera, quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello. Además, en todos los escenarios estudiados, la educación privada pagaría la totalidad del IVA y los productos y servicios que se mantienen dentro de la Canasta Básica Reducida siguen pagando el 1% del IVA.

Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.

A simple vista, pareciera que el mejor camino es mantener el IVA en 13% reduciendo la canasta básica tributaria e incluyendo a la educación privada en el pago completo de este gravamen. Sin embargo, el análisis realizado por el IICE se inclina más por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.

“La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)”, destaca el documento.

Esto queda más claro al observar el siguiente gráfico, donde la población está distribuida en 5 grandes grupos de acuerdo con sus niveles de ingreso. Estos grupos se denominan quintiles. Si bien en todos los casos los quintiles con mayores ingresos (azul y amarillo) aportan más a la recaudación adicional, el efecto sobre los quintiles con menores ingresos (rojo y naranja) es menor al aplicar un IVA del 11%.

Cortesía de Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Impuesto sobre la renta

De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas para el impuesto sobre la renta buscan un mayor nivel de progresividad, de forma que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.

Es así como se propusieron dos escenarios: uno donde se aplica una tasa de 30% a los ingresos por encima de los 5.5 millones de colones y donde se agrega un tramo para ingresos en exceso de 7 millones de colones, sobre los que se cobraría una tasa del 35%. Esta modificación generaría una recaudación adicional de más de 19 mil millones de colones.

El otro escenario aplica una tasa de 25% a ingresos superiores a 3 244 001 colones y hasta un total de 4 325 000 colones. Ingresos superiores a este último monto y hasta 5.5 millones de colones pagarían un 30%. A ingresos superiores a 5.5 millones de colones se les aplicaría una tasa del 35%. Esto generaría una recaudación adicional anual de más de 35 mil millones de colones.

Cortesía del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

De esta manera, al combinar un IVA del 11% con una Canasta Básica Reducida y el segundo escenario del impuesto de renta, el Estado obtendría más de 94 mil millones de colones de recaudación adicional. Esa cifra podría duplicarse si se mantiene la segunda propuesta del impuesto sobre la renta unida con un IVA del 12%.

“El IICE comprende que la tarea de manejar un país en las actuales condiciones de pandemia constituye una labor totalmente inédita y que acarrea dificultades de enormes proporciones. También el IICE tiene claro que el proceso actual ha generado consecuencias lamentables para una parte importante de la población y que el establecimiento de nuevos impuestos puede afectar a algunos sectores de la población. Sin embargo, la opción de reducir el IVA genera un beneficio considerable para un sector amplio de la población”, concluye el documento.

Puede consultar el documento de propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/INYu

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNPROBANCO: rechazamos propuesta del gobierno sobre imposición de más impuestos

SURCOS recibió el siguiente pronunciamiento público del Sindicato UNPROBANCO

  • Pronunciamiento público: rechazamos la propuesta del gobierno de la imposición de más impuestos que golpean la calidad de vida de nuestras familias
  • ¡No les basta con tener los salarios y las pensiones congeladas, ahora el gobierno propone subir el IVA a la canasta básica, educación y salud privada!

Tal y como lo informan este 19 de noviembre los diferentes medios, el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, propusieron ante los 62 sectores que participan en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno subir el IVA a la canasta básica tributaria (cnt) del 1% actual a un 13%, así como gravar con la misma tasa del 13% los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.

El Ministerio de Hacienda calculó que la propuesta generaría ¢400.000 millones más por año, lo anterior para buscar una reducción permanente de un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el desbalance entre los gastos y los ingresos del gobierno, lo que equivale a unos ¢887.000 millones. https://cambiopolitico.com/gobierno-propone-subir-iva-a-canasta-basica-educacion-y-salud-privadas/143354/

En un escenario en el que nos han impuesto el congelamiento de salarios, se experimenta la subida de precios de los bienes y servicios, en que si no pagamos servicios médicos privados dado que el derecho a la salud con criterios de oportunidad en razón de las citas médicas a largo plazo convierten el sagrado derecho a la vida en una simple expectativa de derecho que está escrito en un papel sin valor.

En otras palabras, se prepara una nueva agresión a la estabilidad de nuestras familias. No le basta a este Gobierno el amplio rechazo popular que se generó a partir del 30 de setiembre pasado, en donde fuimos testigos de una brutal represión policial en contra de comunidades indefensas, agresión a viviendas con lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenas con afectación a las familias, entre ellas afiliados a UNPROBANCO, agresiones inauditas a los comunicadores sociales para silenciar la libertad de expresión.

Desde el sindicato UNPROBANCO, rechazamos esta nueva agresión familiar que se anuncia con bombos y platillos.

Es una vergüenza que en plena crisis fiscal, y exigencia de más impuestos para los que siempre los pagamos, se utilicen miles de millones de colones en compra de más armas y gases lacrimógenos para acrecentar la represión, mientras el hambre, el desempleo y la pobreza inundan Costa Rica.

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/434029/avalan-pagar-4-000-mills-por-armas-a-yerno-de-desanti

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/431241/encargan-178-mills-en-gases-para-repeler-ataques-

Los trabajadores y nuestras familias, no hemos participado en el despilfarro de cerca de $40 mil millones de una deuda que los desgobiernos han devorado en corrupción reseñada por la prensa, privilegios de las cúpulas políticas empresariales y robo de impuestos que termina cubriéndose en el llamado déficit fiscal con más impuestos y con más deuda.

Los trabajadores y nuestras familias sí hemos pagado los impuestos que exige la Constitución Política.

¡Exigimos justicia tributaria ya!
¡Que el rico pague como rico y el pobre como pobre!
Costa Rica no se vende, se defiende.
¡Convocamos a toda la familia trabajadora a luchar por sus derechos!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Junta Directiva Sindicato UNPROBANCO
ING. Carlos Vega
Secretario General

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica