Luis Fernando Astorga Gatjens
Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.
Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.
Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.
Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.
Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.
En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.
Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.
Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.
Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.
Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.