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Etiqueta: izquierda latinoamericana

La Venezuela bolivariana no ha traicionado

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Antes que me digan que las comparaciones no son apropiadas les diré…pero ayudan, ¡cómo ayudan!

Nixon, el presidente que debió renunciar por el Watergate, tuvo sin embargo importantes méritos en mejorar las relaciones tanto con la URSS como con China.

Los chinos se presentaban entonces como los verdaderos revolucionarios, para los chinos, los rusos eran revisionistas por la desestalinización promovida por Kruschev.

Kissinger fue el artífice, del 21 al 28 de febrero de 1972, Richard Nixon viajó a Pekín, Hangzhou y Shanghái. Estuvo una semana en China, se reunión con Mao y Chou en Lai.

Nixon traicionó a Chiang Kai Chek.

Claro, USA tenía una agenda oculta, aprovecharse de ese inmenso mercado de mil millones de chinos.

Las reformas en China, conocidas oficialmente como la política de Reforma y Apertura, comenzaron el 18 de diciembre de 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping.

Mi amigo Ernesto Con es un puntarenense de origen chino, que vive en California, maoísta radical, que nunca estuvo de acuerdo y en consecuencia criticó y nunca aceptó esas reformas en China, las consideraba traición al legado de Mao Zedong. Por cierto, él fue quien observó que yo me quedaba turulato cuando en el Foro de la Nación me atacaban aduciendo las maldades de Stalin y me fue proveyendo de información muy importante acerca de los gestores y el porqué de la campaña contra ese líder de estatura mundial que salió victorioso de la ll guerra mundial al derrotar al nazi fascismo.

Ernesto no estaba de acuerdo con que en China estuvieran aboliendo las comunas, me mandó mucha documentación acerca de la única comuna que estaba quedando en China, la comuna de NANJIÉ. Me pidió encarecidamente que se la hiciera llegar a Hugo Chávez, cosa que hice a través de la embajada de Venezuela en Costa Rica, nunca supe si se la entregaron.

Pero tiempo después me enteré de que precisamente la construcción de comunas era el baluarte de la Revolución Bolivariana, impulsada por Chávez y el PSUV…sin comuna no hay revolución, sin comuna no hay socialismo.

Ernesto Con se desilusionó de mí, cuando comencé a señalarle que, contrariamente a lo que él predicaba, yo estaba observando grandes logros en la construcción del socialismo con características chinas. No volvió a escribirme por Email, único medio por el cual nos comunicábamos en aquello años.

Traigo a colación esta historia cuando veo que algunos desde la izquierda han tomado la actitud derrotista y pesimista de que en Venezuela todo se derrumbó, como dice la canción, cosa que yo considero no es así y nuestra tarea debería ser ayudar para que no sea así.

En Venezuela siguen vivos el poder popular, las comunas, el PSUV está gobernando, las FANB siguen fieles a su juramento constitucional, la AN es mayoritariamente bolivariana y chavista.

Alguna personas de izquierda de países que ni siquiera tienen petróleo, opinan con gran ligereza sobre explotación y comercialización petrolera sintiéndose superiores a los ingenieros o economistas de PDVSA, a propósito del convenio petrolero firmado con USA.

En China no hubo traición a Mao Zedong, él fue más bien quien tuvo la visión y el resultado de que hoy China sea la segunda potencia mundial, muy cerca de ser la primera. Mao es hoy más que nunca el líder indiscutible, no era contrarrevolucionario negociar con el imperio.

La gran tarea hoy de quienes hemos apoyado la revolución bolivariana es la solidaridad para lograr la liberación de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela y su esposa la diputada Cilia flores, condenar al neofascismo imperialista de Donald Trump presidente de Estados Unidos y esclarecer la verdad sobre lo que sucede en Venezuela frente a tanta confusión y desinformación.

De la CELAC, la ONU o el creciente número de gobiernos de ultraderecha de países empoderados por Trump en América, no podemos esperar nada. Enarbolando crítica sin el fundamento debido, lo que algunos están haciendo es sembrar el desaliento, desencanto, la sensación de impotencia, el derrotismo.

El gobierno encargado de la Revolución bolivariana no tiene esa condición de traidores que le atribuyen.

jf

*Juan Félix Montero Aguilar es un costarricense profesor pensionado.

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Acercamiento y toma del poder

Trino Barrantes Araya
Alfonso Pardo Martínez
relacionesinternacionalespvp@gmail.com

Partido Vanguardia Popular-PVP-PCCR
Fundado 16 de junio de 1931

«¡Que tiemblen las clases dominantes ante una revolución comunista! Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas». Esto significa que los trabajadores más pobres no tienen riquezas y deben unirse para cambiar el sistema”.
Manifiesto Comunista

“…Cito en este preciso momento a Walt Whitman, de su texto Hoja de hierba. Abro comillas: “… no olvidemos que la primera de las revoluciones de nuestra tiempo, la que inspiró a la revolución francesa y a las nuestras, fue la de América y que la democracia fue su doctrina /…/ Del porqué de esta cita, se estarán preguntando ustedes. Por una razón muy sencilla, al Comandante Hugo Chávez le correspondió crear una revolución de amor, de paz, de solidaridad, antimperialista, y de democracia avanzada. En fin, Chávez simplemente actualizaba el valor de la doctrina y la ideología del Libertador Simón Bolívar al contexto actual de la lucha de clases”
León Triba

Permítasenos utilizar la analogía del banco, ese instrumento que usamos a diario para sentarnos y que lo vemos cotidianamente, pero no preguntamos por sus partes componentes.

Por lo general un banco está compuesto por las siguientes piezas: el asiento o tablones, las patas (vamos a hablar del banco de cuatro patas), los travesaños o largueros, el respaldo, el reposabrazos, el faldón, los apoyapies y obviamente los clavos o el pegamento.

Ahora bien, todo proceso de transformación profunda, todo cambio que invoque al poder popular, al acercamiento o a la toma del poder repite esos elementos, pero desde la teoría de la organización, a saber:

  • Organización popular

  • Formación político-ideológica

  • Información (pero información sin acción, no sirve para nada

  • Unidad en la acción

  • Conciencia de clase

  • Disciplina militante

  • Proyecto político

  • Partido político

Con respecto a la metáfora de las cuatro patas, tendríamos que decir, de manera muy puntual, referir asimismo y hacer el señalamiento de los cuatro principios básicos que permitirían el triunfo de cualquier proyecto alternativo, al cual se aspire desde la conciencia de clase.

Si no existe organización popular, es difícil hablar de un acercamiento al poder y mucho menos a la toma del poder a partir de las clases subalternas.

Pero aun teniendo satisfecha esta primera fase. La organización popular sin formación política-ideológica, solamente es un intento vano de construir poder popular y alternativo. Satisfechas las dos etapas anteriores: organización y formación, es imprescindible la información. Aquí la educación formal e informal son fundamentales para articular los dos aspectos anteriormente señalados. El pueblo, las bases, los sectores populares deben estar informados. Pero la información sin acción no sirve para nada. Esas tres patas del banco, obviamente, caminarían renqueando, sino tienen a la base la articulación mediante un partido político de clase.

Estamos absolutamente convencidos de que no se puede prescindir de los cuatro componentes restantes. Pero sinteticemos diciendo que, la organización, la formación, la información y el partido, forman la estructura en donde se articula y se arma el tejido social, para aspirar a las transformaciones profundas, que requiere la sociedad a partir del motor de la historia: la lucha de clases.

Si la “nación es una comunidad imaginada”, las clases sociales, son elementos esenciales y concretos de esa realidad. Si una sociedad levanta su estructura sobre la lucha de clases sociales, estas son, finalmente, el resultado irreconciliable de sus intereses de clase.

Tal vez sí quisiéramos ser más rigurosos, podríamos decir que para que las patas de ese banco caminen, habría que recurrir a algunas categorías que hoy son imprescindibles. “La sociedad civil y la sociedad política, la crisis orgánica, el bloque histórico, el optimismo de la voluntad, el centralismo democrático, el poder moral, el valor de la comuna, vanguardia, partido y masa, entre otros.

Pero aquí lo que queremos destacar, fundamentalmente, es que el problema de la toma del poder, no es una acción mecánica, técnica o militar. Al contrario, el acercamiento o la toma del poder es un proceso que se requiere, teórico y práctico y fundamentalmente político, cultural y estratégico. Aquí la complejidad de la teoría aumenta su grado, pues nos lleva a descubrir las profundas contradicciones que se dan entre la estructura y la coyuntura, el fracaso de las revoluciones populares, el ascenso del continuismo disfrazado de populismo de derecha y la afirmación del neonazifascismo de las sociedades actuales en América Latina.

El problema entre hegemonía y consenso, repitámoslo aquí plantea, la urgente tarea del proceso de la lucha cultural e ideológica reclama, indeclinablemente al ejercicio de la organización, la formación, la información y la construcción del partido.

No buscamos aquí, ningún tipo de afirmación, al contrario, dejamos abierta toda nuestra propuesta para enriquecerla. Tampoco hemos podido abordar la totalidad de elementos señalados. Esto debe ser un ejercicio mucho más vasto, colectivo y de discusión orgánica. Volver a situar la teoría de las clases sociales, la conciencia de clase y la lucha de clases como ejes necesarios en el debate y el desarrollo de las ideas, para la acción

Vamos, sin embargo, a dejar aquí una sangría militante, para abrir las venas del debate colectivo de los sindicatos, de las organizaciones sociales y populares que aspiran y luchan por una sociedad de mayor justicia e igualdad social.

Sin pueblo no hay revolución – Elecciones en Venezuela

José A. Amesty Rivera

Desde enero de 2026, Venezuela vive una crisis política y constitucional que ha abierto un fuerte debate dentro y fuera del país; todo comenzó con la captura-secuestro del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de EEUU. A partir de ese momento surgió una pregunta que sigue sin tener una respuesta única, ¿qué debe hacerse cuando un presidente queda fuera del ejercicio de sus funciones por una situación que la Constitución nunca imaginó-previó?

Y aquí empiezan las diferencias. Para el gobierno venezolano, lo ocurrido fue una agresión directa contra la soberanía nacional, su argumento es sencillo, Nicolás Maduro no renunció, no murió, no fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, ni fue revocado por el voto popular; es decir, ninguna de las causas que la Constitución reconoce como una falta absoluta se ha producido. Por esto sostiene que Maduro sigue siendo el Presidente de la República y que, mientras dure su ausencia forzada, corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las funciones del Ejecutivo, sin que exista la obligación inmediata de convocar nuevas elecciones.

La oposición, por otro lado, sostiene una posición completamente distinta. Afirma que, aunque la Constitución no habla expresamente de un presidente capturado por una potencia extranjera, la realidad demuestra que Maduro no puede ejercer el cargo y que esa situación debe considerarse una falta absoluta. Según esta interpretación, el artículo 233 obliga a convocar elecciones presidenciales para que sea el pueblo quien decida el rumbo del país.

Varios especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que la Constitución venezolana nunca previó un escenario como este. El artículo 233 enumera cuáles son las faltas absolutas del Presidente: la muerte, la renuncia, la destitución por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una incapacidad permanente certificada, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o la revocatoria del mandato mediante referéndum.

También establece que, si una falta absoluta ocurre durante los primeros cuatro años del período presidencial, el Vicepresidente Ejecutivo asume temporalmente la Presidencia y deben convocarse elecciones universales, directas y secretas dentro de los treinta días siguientes.

El problema es que la Constitución no dice qué hacer cuando un presidente es capturado y permanece fuera del país por decisión de un gobierno extranjero, este vacío jurídico es precisamente el origen del debate que hoy divide a Venezuela, pero más allá de la discusión legal, hay un tema mucho más profundo.

Durante más de dos siglos, América Latina ha vivido bajo la sombra de las intervenciones extranjeras, nuestra historia está llena de invasiones, bloqueos económicos, golpes de Estado y presiones de las grandes potencias.

Desde la ocupación de Haití por EEUU, pasando por el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, el golpe contra Salvador Allende en Chile o la invasión a Panamá, la experiencia nos ha enseñado que cuando una potencia decide intervenir en otro país, casi nunca lo hace por amor a la democracia, generalmente existen intereses económicos, estratégicos o políticos detrás de estas decisiones.

Por esto, cualquier persona que se considere de izquierda, democrática y latinoamericanista tiene razones para rechazar una intervención extranjera en Venezuela, no importa si se simpatiza o no con el gobierno de Nicolás Maduro; permitir que un país decida por la fuerza el destino político de otro, abre un precedente muy peligroso para toda América Latina, sin embargo, aquí aparece otro problema igual de importante. Defender la soberanía no significa que la democracia pueda ponerse en pausa por tiempo indefinido.

La izquierda latinoamericana siempre ha levantado dos banderas: la independencia de nuestros pueblos y el derecho de esos pueblos a decidir su propio destino, una bandera sin la otra pierde sentido.

Nuestra propia historia también demuestra que algunos gobiernos, en nombre de la defensa de la soberanía, terminaron alejándose poco a poco de los mecanismos democráticos que les dieron legitimidad, esto es un riesgo que no puede ignorarse.

La Constitución venezolana de 1999, impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue creada precisamente para que las crisis políticas no se resolvieran con la fuerza, sino con reglas claras. Por esto estableció procedimientos para las ausencias del presidente y para garantizar que, cuando fuera necesario, el pueblo volviera a decidir mediante el voto; nadie imaginó que algún día Venezuela enfrentaría una situación como la actual.

Ante este vacío, el Tribunal Supremo de Justicia optó por una interpretación excepcional que permitió mantener la continuidad del gobierno sin convocar elecciones. Para el oficialismo, esta fue la única manera de enfrentar una agresión extranjera sin romper el orden constitucional; pero esta decisión también ha generado dudas.

Reiterando, el chavismo insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional porque ninguna de las causas previstas en el artículo 233 ha ocurrido. La oposición responde que un presidente que no puede ejercer sus funciones durante un tiempo indefinido deja de gobernar en la práctica y que, por respeto a la propia Constitución, corresponde devolver la palabra al pueblo, estas dos posiciones tienen argumentos jurídicos.

Pero las Constituciones no solo se leen palabra por palabra, también deben interpretarse según el espíritu con el que fueron escritas, y este espíritu, en el caso venezolano, siempre tuvo un objetivo claro, que la voluntad popular fuera la máxima fuente de legitimidad; vale aquí la pena, recordar una de las principales enseñanzas de Hugo Chávez.

Cada vez que enfrentó una crisis importante buscó el respaldo de las urnas, ganó elecciones presidenciales, impulsó referendos, promovió consultas populares y convirtió el voto en la principal herramienta para enfrentar a sus adversarios nacionales e internacionales. Su mensaje era y es claro, ningún poder es más fuerte que la decisión del pueblo, este legado merece ser recordado.

Cuando un gobierno tiene respaldo popular, unas elecciones no deberían darle miedo, al contrario, fortalecen su legitimidad. Cuando las elecciones se aplazan una y otra vez, inevitablemente aparecen preguntas y desconfianza.

También la izquierda debe evitar otro error que ha cometido en distintos momentos de la historia, pensar que cualquier crítica a un gobierno progresista favorece automáticamente al imperialismo, y no siempre es así. Se puede rechazar una intervención extranjera y, al mismo tiempo, defender que la Constitución se cumpla, se puede condenar el intervencionismo de EEUU y también pedir que el pueblo venezolano vuelva a expresarse en las urnas; no hay ninguna contradicción en esta postura.

La Revolución Cubana resistió durante décadas porque logró construir una fuerte legitimidad interna a pesar del bloqueo estadounidense; la Revolución Sandinista, en Nicaragua, mostró que incluso los procesos con un enorme respaldo popular pueden desgastarse cuando disminuyen los espacios de participación; en Bolivia, el gobierno de Evo Morales enfrentó una crisis política, cuando surgieron cuestionamientos sobre los límites constitucionales de la reelección.

Cada proceso tiene su propia historia, pero todos dejan una enseñanza común, ninguna revolución puede vivir únicamente de su pasado; la legitimidad debe renovarse constantemente mediante la participación del pueblo y esto también vale para Venezuela.

Condenar la intervención estadounidense, es una obligación para quienes defendemos la soberanía latinoamericana, pero también es válido preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse una situación excepcional, sin consultar nuevamente a los ciudadanos/as.

Al final, existe un principio que ninguna izquierda democrática debería abandonar jamás, la soberanía pertenece al pueblo, no pertenece a un partido, no pertenece a un gobierno, no corresponde a un líder, y, por supuesto, tampoco a una potencia extranjera.

Si el pueblo es el verdadero dueño de la soberanía, entonces las grandes crisis nacionales deben resolverse devolviéndole la palabra, esto significa elecciones libres, transparentes, con garantías para todas las fuerzas políticas y con observación internacional que dé confianza a todos los sectores, no se trata de aceptar imposiciones desde Washington, se trata, precisamente, de impedirlas.

Porque la mejor respuesta frente a cualquier intento de intervención extranjera es que sean los propios venezolanos/as quienes decidan democráticamente el futuro de su país; hoy la izquierda latinoamericana tiene la oportunidad de demostrar coherencia.

Puede condenar cualquier violación de la soberanía venezolana, puede exigir respeto al Derecho Internacional, puede rechazar toda forma de intervención militar o política desde el exterior. Y, al mismo tiempo, puede defender el derecho del pueblo venezolano a renovar democráticamente la legitimidad de sus instituciones, no hay contradicción entre ambas cosas, al contrario, una fortalece a la otra.

José Martí decía que un pueblo no se construye, cómo se organiza un campamento militar. Augusto César Sandino recordaba que la soberanía no se negocia. Salvador Allende repetía que la historia la hacen los pueblos. Hugo Chávez insistía en que el poder constituyente residía en la voluntad popular.

Todos, desde épocas y realidades distintas, coincidían en una idea sencilla y poderosa, el pueblo debe ser siempre el protagonista de su propia historia. Por esto, la salida a la crisis venezolana no puede decidirse en Washington, ni en los cuarteles, ni únicamente en los tribunales, debe decidirse donde siempre debió estar la última palabra, en las urnas electorales; porque ningún imperio tiene derecho a escoger quién gobierna Venezuela, pero tampoco ninguna crisis, por grave que sea, puede justificar que la voz del pueblo permanezca indefinidamente en silencio.

La soberanía y el voto electoral no son caminos opuestos, son dos principios que deben caminar juntos, cuando uno falta, el otro termina perdiendo fuerza. Y una izquierda que olvida cualquiera de los dos corre el riesgo de dejar de ser fiel a su propia historia.

Costa Rica con el pueblo bolivariano de Venezuela en momentos de tragedia

Circulo Bolivariano Yamileth López

Dos desastrosos terremotos (magnitudes 7.2 y 7.5) localizados en la región más populosa del país (Estados La Guiara, Miranda, Carabobo, Falcón, Aragua y Distrito Capital). En la zona epicentral las personas fallecidas, lesionadas, heridas y desaparecidas ascienden a miles. Familias y mascotas dignificadas se cuentan en decenas de miles, igual centenares de pacientes de hospitales trasladados de emergencia a centros médicos fuera de riesgo, dada la secuencia de centenares de réplicas sentidas en extensos territorios y ciudades.

La infraestructura dañada y colapsada es cuantiosa. Las personas y animales atrapados bajo escombros son buscadas y está siendo rescatada con monumentales esfuerzos sobrehumanos.

Queremos unirnos a los pueblos del mundo con nuestras muestras de energía, emociones y consternación por el dolor y sufrimiento que sufre la nación Bolivariana y la comunidad familiar de Venezuela, en este trance difícil.

Nos sentimos profundamente conmovidos por la movilización unida del pueblo bolivariano, en atención y salvamento de su grey en las zonas afectadas. De igual forma por la rápida y eficaz ayuda multilateral de muchos país y pueblos hermanos.

Especialmente por aquel respaldo y solidaridad internacionalista de naciones como Cuba, Rusia e Irán que enfrentando adversidades indecibles, bloqueos, cercos y guerras despiadadas e impuestas por la barbarie irracional e inmoral de las fuerzas demenciales del peor oscurantismo de la historia; están en la Patria de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez, Fabricio Ojeda y Hugo Rafael Chávez Frías entregando sus valiosos recursos humanos, técnicos, médicos, científicos, materiales y a riesgo de la vida, sin pedir nada a cambio y desde sus apremiantes necesidades propias.

Cuba un faro de asombroso amor por la humanidad y decoro demuestra una vez más, como lo ha hecho por más de 60 años de internacionalismo martiano y fidelista, estar ahí primera con sus brigadas de especialistas y profesionales, pueblo voluntario con sus mochilas cargadas de equipo médico, trabajo metódico, insumos, cultura, alfabetización, conocimientos, valor, pundonor, convicción, esperanza, colaboración incondicional, amor y vida.

Cuba un pueblo movilizado en batallones de mujeres y hombres con batas blancas, overoles y camisas de faena armados de estetoscopio, mascarilla, bisturí, lápiz, libreta, pincel, guitarra, azada, barreno, cooperación incansable, brazos y manos fraternales profunda fe en el triunfo de la vida y cubanía desbordante; que ha llevado y sigue llevando la solidaridad y la hermandad por todos los continentes para vencer las tragedias humanas y la violencia del analfabetismo, la desnutrición infantil, la insalubridad pública, la escasez de médicos, la miseria y el abandono de los derechos fundamentales, los desastres naturales y sociales, las pandemias y epidemias como el apostolado martiano de «patria es humanidad».

Hacemos nuestra la verdad versada por José Martí: «Amor con amor se paga» y «Honrar honra».

Nuestra fuerza emocional con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Óscar Barrantes Rodríguez
Circulo Bolivariano Yamileth López
Miembros del Equipo de Intelectuales: Mujeres y Hombres de Ciencias de la Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y Causas Justas.

Palestina: la dignidad y lucha de los pueblos

José A. Amesty Rivera

Durante años nos han dicho que Palestina es un conflicto lejano, complicado y difícil de entender, nos repiten que es un problema milenario lleno de matices que sólo los expertos pueden explicar, pero para muchos pueblos de América Latina la cuestión es bastante más sencilla de lo que pretenden hacernos creer.

Cuando un pueblo vive bajo ocupación, cuando su territorio se reduce cada año, cuando miles de familias son desplazadas, cuando los bombardeos destruyen escuelas, hospitales y viviendas, y cuando la comunidad internacional mira para otro lado, estamos frente a una injusticia que cualquier persona puede comprender.

Por eso Palestina ya no es solamente un tema de Medio Oriente, se ha convertido en una causa mundial, una causa que interpela a quienes creen en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación y en el derecho de las naciones a vivir libres de la dominación extranjera.

En América Latina esta realidad tiene un significado especial, ya que nuestros pueblos conocen bien lo que significa sufrir la intervención de potencias extranjeras, el saqueo de recursos naturales, los bloqueos económicos, las presiones diplomáticas y las campañas mediáticas destinadas a justificar lo injustificable.

Nuestra historia está marcada por siglos de colonialismo: primero fueron los imperios europeos, después llegaron nuevas formas de dependencia económica, política y cultural; cambiaron los métodos, pero muchas veces el objetivo siguió siendo el mismo, impedir que los pueblos decidan libremente su destino.

Por eso la causa palestina encuentra tanta solidaridad en nuestra región, no porque las realidades sean idénticas, sino porque existe una experiencia común de resistencia frente a formas de dominación, que adoptan distintos rostros según la época y el lugar.

Defender a Palestina no significa estar contra el pueblo judío ni contra ninguna religión, esto es importante decirlo con claridad.

El pueblo judío sufrió algunas de las persecuciones más terribles de la historia, como el antisemitismo que provocó sufrimiento, discriminación y tragedias inmensas, culminando en el horror del Holocausto, este hecho debe ser reconocido y condenado sin ninguna ambigüedad.

Pero precisamente porque conocemos esta historia, también debemos afirmar algo fundamental, ningún sufrimiento histórico puede justificar la negación de los derechos de otro pueblo. La defensa de los derechos humanos no puede aplicarse según la conveniencia política de las grandes potencias; si creemos en la dignidad humana, debemos defenderla siempre y para todos.

Por esto rechazamos el antisemitismo con la misma fuerza con que rechazamos la islamofobia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

También rechazamos una práctica cada vez más utilizada, presentar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, como si fuera un ataque contra todo el pueblo judío; una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, y otra muy distinta es discriminar a una comunidad o una religión, ya que no son lo mismo.

Criticar las decisiones de un gobierno es un derecho democrático, de la misma manera que se cuestionan las políticas de Estados Unidos, Francia, Rusia, China o cualquier otro país, también pueden cuestionarse las acciones de Israel. Confundir deliberadamente estas cosas sólo sirve para bloquear el debate y evitar que se discutan problemas reales.

Otro aspecto que merece atención es el papel de los grandes medios de comunicación internacionales. Durante décadas, buena parte de la información sobre Palestina ha llegado al mundo filtrada por intereses políticos y geopolíticos muy concretos.

Las víctimas palestinas suelen aparecer reducidas a números, sus historias rara vez ocupan las primeras planas, sus voces son muchas veces invisibilizadas.

Mientras tanto, determinados relatos reciben una cobertura permanente y una legitimidad, que pocas veces se concede a otros pueblos que sufren conflictos similares.

No se trata de conspiraciones ni de explicaciones simplistas, se trata de reconocer que la información también es un terreno de disputa política, ya que los pueblos tienen derecho a conocer todas las versiones de los hechos para formar sus propias opiniones.

La cuestión palestina también nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, durante muchos se intentó imponer la idea de que unas pocas potencias tenían derecho a decidir qué gobiernos eran legítimos, qué guerras eran aceptables y qué pueblos merecían solidaridad internacional.

Sin embargo, el mundo está cambiando, cada vez más países reclaman relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la igualdad soberana entre los Estados.

Para América Latina, esta discusión es especialmente importante. La independencia política conquistada en el siglo XIX, sigue siendo una tarea inconclusa mientras persistan formas de dependencia económica, financiera y tecnológica.

Por esto la integración regional sigue siendo una necesidad estratégica, Bolívar soñó con una América Latina unida, porque comprendía que nuestros países aislados serían más vulnerables frente a los intereses de las grandes potencias, dos siglos después, esta lección mantiene plena vigencia.

La defensa de Palestina también nos recuerda la importancia de construir un mundo multipolar, donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente sus intereses sobre el resto de la humanidad.

Un mundo donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, un mundo donde los derechos humanos no dependan del poder militar, económico o diplomático de quien los viola.

Desde una perspectiva latinoamericanista, la solidaridad con Palestina forma parte de una disputa más amplia, es la misma lucha por la soberanía que libraron nuestros libertadores, el combate de los pueblos indígenas que defendieron sus territorios, la pelea de quienes enfrentaron dictaduras, bloqueos e intervenciones extranjeras, la batalla de quienes creen que la dignidad no se negocia.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad importante en este debate, debe mantener una posición firme en defensa de los derechos humanos sin caer en prejuicios religiosos, étnicos o culturales, debe denunciar las injusticias donde ocurran, sin dobles raseros y debe recordar que los principios sólo tienen valor cuando se aplican de manera coherente.

Si estamos contra la ocupación de territorios, debemos estarlo siempre, si defendemos la autodeterminación de los pueblos, debemos hacerlo sin excepciones, si creemos en la igualdad entre las naciones, no podemos aceptar que algunas tengan más derechos que otras.

Palestina interpela precisamente esta coherencia; nos obliga a preguntarnos si los derechos humanos son realmente universales o si dependen de intereses geopolíticos, nos obliga a decidir si la soberanía es un derecho para todos o un privilegio reservado para unos pocos y nos obliga a recordar que la solidaridad internacional no es una consigna vacía, es un compromiso concreto con quienes sufren injusticias.

Por esto la causa palestina sigue despertando apoyo en sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones populares, espacios culturales y comunidades de toda América Latina, ya que muchos reconocen en esta lucha algo que forma parte de nuestra propia memoria histórica.

La memoria de quienes resistieron la colonización, la memoria de quienes enfrentaron imperios, la memoria de quienes se negaron a aceptar que el poder de la fuerza estuviera por encima de la fuerza de la razón.

La solidaridad con Palestina no nace del odio hacia nadie, nace de una convicción profundamente humana y profundamente latinoamericana, que ningún pueblo debe vivir sometido, desplazado o privado de sus derechos fundamentales.

Y mientras exista un pueblo luchando por su tierra, por su soberanía y por su dignidad, esta causa seguirá encontrando eco en los corazones de millones de hombres y mujeres de Nuestra América.

Porque la lucha de Palestina, como todas las luchas por la libertad, nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa, los pueblos pueden ser golpeados, pueden ser bloqueados, pueden ser silenciados durante un tiempo, pero nunca dejan de luchar cuando está en juego su derecho a existir y a decidir su propio destino.

El Imperio espera la rendición; Cuba responde sin claudicar

José A. Amesty Rivera

Cada cierto tiempo, los voceros del poder imperial vuelven a lanzar la misma profecía, ahora sí cayó Cuba, ya sí se derrumba la Revolución, ahora sí llegó el final.

Lo dijeron cuando desapareció la Unión Soviética, lo repitieron durante los años más duros del Período Especial, lo anuncian con cada crisis económica, con cada apagón y con cada ola migratoria.

Y, sin embargo, aquí está Cuba, golpeada, asediada, castigada por carencias reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, pero de pie.

Esta es la verdad que incomoda a Washington y a sus operadores políticos y mediáticos; porque el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos, el problema fue siempre otro, que una pequeña isla del Caribe se atrevió a romper las cadenas de la dependencia, recuperó el control de su destino y desafió el dominio imperial a apenas noventa millas de la mayor potencia militar del planeta.

Desde 1959, EEUU no ha dejado de intentar doblegar a la Revolución Cubana con: invasiones, sabotajes, terrorismo, financiamiento de grupos desestabilizadores, campañas de desinformación, guerra económica y aislamiento diplomático, que forman parte de una misma estrategia histórica, rendir por hambre a un pueblo que decidió no obedecer.

Por esto el bloqueo no es una simple sanción económica, es una guerra prolongada contra una nación soberana, es una política deliberada de castigo colectivo diseñada para provocar desesperación, fractura social y rendición política. Ningún país latinoamericano aceptaría durante sesenta días lo que Cuba ha soportado durante más de seis décadas.

Quienes hoy intentan explicar la crisis cubana exclusivamente como resultado de un supuesto fracaso del socialismo, no buscan comprender la realidad, buscan construir un relato utilizable a los intereses de quienes jamás aceptaron la independencia de Cuba.

No existe análisis serio que pueda ignorar el peso brutal del bloqueo sobre la economía cubana; la imposibilidad de acceder libremente a mercados, créditos, tecnologías, inversiones y sistemas financieros internacionales, tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo.

Pero sería igualmente irresponsable cerrar los ojos ante los problemas internos, precisamente porque defendemos la Revolución, tenemos la obligación política y moral de hablar con claridad. El bloqueo explica una parte decisiva de las dificultades, pero no todas.

Existen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, como que, persisten trabas burocráticas que frenan decisiones necesarias, existen insuficiencias productivas que afectan la capacidad de generar riqueza social, se perciben desgastes institucionales y mecanismos de participación popular, que necesitan fortalecerse para responder a los desafíos de una nueva etapa.

La crítica revolucionaria no es una concesión al enemigo, por el contrario, la crítica revolucionaria es una herramienta de defensa del propio proceso revolucionario.

Los pueblos que hicieron revoluciones no las hicieron para administrar inercias, ni para preservar estructuras inmóviles, las hicieron para transformar la realidad. Defender la Revolución significa tener el coraje de corregir errores, combatir privilegios, enfrentar deformaciones burocráticas y abrir nuevos caminos para la participación popular.

La peor amenaza para cualquier proyecto emancipador no es la discusión, es el inmovilismo. Las recientes conversaciones entre La Habana y Washington expresan las contradicciones del momento histórico.

En sectores del poder estadounidense existe una constatación imposible de ocultar, después de más de sesenta años de agresión, la Revolución Cubana no ha sido derrotada.

No lograron destruirla con invasiones, no lograron destruirla con atentados, no lograron destruirla mediante el aislamiento, no lograron destruirla mediante el bloqueo.

Pero también saben que el desgaste económico acumulado, puede generar condiciones favorables para impulsar una restauración capitalista gradual, presentada como modernización, apertura o normalización y aquí reside uno de los grandes peligros de la coyuntura actual, porque la historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos.

Los mismos grupos económicos que privatizaron empresas públicas, destruyeron derechos laborales, multiplicaron la desigualdad y entregaron recursos estratégicos a corporaciones extranjeras, son los que hoy aparecen como supuestos defensores de la libertad y el progreso.

Nuestra América ya conoce esta receta, la aplicaron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, la aplicaron en nombre de la eficiencia, la aplicaron prometiendo prosperidad.

Y el resultado fue más pobreza, más dependencia, más exclusión y más concentración de la riqueza; por esto la salida para Cuba no puede ser el regreso al neoliberalismo.

La respuesta tampoco puede consistir en administrar indefinidamente las dificultades existentes, la respuesta debe surgir desde una profundización del proyecto revolucionario, como:

Más participación popular, más protagonismo de los trabajadores, más control social sobre la economía, más cooperativas, más capacidad productiva, más combate contra los privilegios burocráticos, más democracia socialista, más Revolución.

Porque la disyuntiva no es socialismo o mercado, la verdadera disyuntiva es soberanía o dependencia.

Quienes, desde Miami, o desde determinados centros de poder sueñan con convertir a Cuba en un paraíso para fondos de inversión, especuladores financieros y grandes cadenas transnacionales, no están pensando en el bienestar del pueblo cubano.

Están pensando en negocios, no buscan justicia social, buscan restaurar privilegios, no buscan soberanía, buscan subordinación, no buscan democracia popular, buscan recuperar espacios de dominación perdidos en 1959.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en este momento, ya que solidaridad no significa silencio, solidaridad tampoco significa repetir consignas mecánicamente.

La verdadera solidaridad consiste en defender sin vacilaciones el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino, frente a cualquier forma de injerencia imperial, al mismo tiempo que se promueve un debate revolucionario, capaz de fortalecer, renovar y proyectar hacia el futuro las conquistas alcanzadas.

Porque la batalla de Cuba nunca ha sido solamente una batalla cubana, es una batalla latinoamericana. Es una batalla de todos los pueblos que luchan por la independencia, la justicia social y la dignidad nacional.

Por eso Cuba sigue siendo un símbolo, no porque sea perfecta, no porque esté libre de errores o contradicciones, sino porque representa una verdad que el imperialismo jamás ha logrado destruir, como que los pueblos tienen derecho a construir su propio destino sin amos, sin tutelajes y sin imposiciones extranjeras. Mientras esta convicción siga viva, la Revolución seguirá siendo una posibilidad abierta.

La tarea de esta hora no es administrar la derrota, la tarea es impedir la restauración, la tarea es defender la soberanía, la tarea es abrir un nuevo ciclo de participación popular, transformación económica y ofensiva revolucionaria.

Porque Cuba no está vencida y porque los pueblos de Nuestra América todavía tienen cuentas pendientes con la historia.

La hostilidad contra el voto electoral

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

Los hechos no hablan solos – Colombia

José A. Amesty Rivera

En muchos países de América Latina ocurre algo que llama la atención de la gente, gobiernos o movimientos políticos de izquierda llegan con mucha fuerza al poder, impulsan reformas, crean programas sociales, mejoran servicios públicos y promueven cambios que consideran importantes para la mayoría de la población, sin embargo, cuando llegan nuevas elecciones, muchas veces encuentran dificultades para mantener el apoyo de los votantes.

¿Por qué algunos gobiernos hacen cambios importantes y aun así tienen dificultades para ganar elecciones?

Algunas personas creen que esto ocurre porque gobernaron mal, o porque cometieron demasiados errores, pero la realidad suele ser más complicada.

Las elecciones no funcionan como un examen de matemáticas, donde se suman aciertos y errores para obtener una nota final. Las personas votan influenciadas por muchas cosas, como, lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que conversan con sus vecinos/as, lo que reciben por redes sociales y, sobre todo, por la idea que tienen sobre el rumbo del país.

Por eso, entender una elección requiere mirar mucho más allá de los números y las estadísticas, por ejemplo, la situación actual de Colombia es un buen modelo de ello.

La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no enfrenta únicamente dos candidatos, también refleja debates que vienen de muchos años atrás, a saber, la violencia política, el conflicto armado, las desigualdades sociales, el proceso de paz, las diferencias entre regiones, el papel de los medios de comunicación y las distintas ideas sobre el futuro del país, entre otros.

Existe una situación que se repite en muchos gobiernos que buscan hacer cambios profundos, dedican enormes esfuerzos a mejorar programas sociales, ampliar derechos, fortalecer la educación, la salud o las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Pero esos cambios casi nunca producen resultados inmediatos; una reforma educativa puede tardar años en mostrar resultados, una política para reducir la pobreza puede necesitar varios gobiernos para consolidarse, una transformación económica no ocurre de la noche a la mañana.

Mientras tanto, la gente sigue enfrentando problemas cotidianos; si una persona siente inseguridad en su barrio, le preocupa el precio de los alimentos o teme perder su empleo, esas preocupaciones pueden pesar más que otros avances que no percibe directamente.

Por esto muchas veces los gobiernos, son juzgados no por todo lo que hicieron, sino por los problemas que la población considera más urgentes. Y esto ha ocurrido en distintos países.

En Brasil, muchos ciudadanos/as reconocían avances sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero el desgaste político terminó favoreciendo a Jair Bolsonaro en 2018.

En Ecuador, una parte de la población valoraba logros del Correísmo, pero otra parte quería un cambio de rumbo.

En Argentina, el deseo de alternancia ayudó a llevar a Mauricio Macri a la presidencia.

Pero también existen casos contrarios, veamos…

Lula volvió a ganar en Brasil en 2022, Gabriel Boric triunfó en Chile, Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia en 2022.

Esto demuestra que el problema no es simplemente ser de izquierda o de derecha. La verdadera pregunta es otra, ¿Quién logra convencer a más personas de que su plan para el futuro es mejor?

En el caso de la política colombiana, para entenderla hay que mirar hacia atrás, durante décadas, Colombia vivió marcada por el conflicto armado, la violencia política, el narcotráfico y enormes desigualdades sociales; millones de colombianos/as crecieron escuchando noticias sobre guerrillas, paramilitares, secuestros, atentados y enfrentamientos, y esta historia dejó huellas profundas.

Por esto palabras como seguridad, paz, autoridad, orden, justicia o cambio no significan exactamente lo mismo para todos los colombianos/as. La firma del acuerdo de paz abrió una esperanza para muchos sectores de la sociedad, pero también generó dudas y preocupaciones en otros, y estas diferencias siguen presentes hoy.

Por esto las elecciones actuales no son solamente una evaluación del gobierno de Gustavo Petro, también son una discusión sobre qué país quieren construir los colombianos/as para las próximas décadas.

Y aquí aparece una idea muy importante, muchas personas que apoyan al gobierno de Petro sostienen que una parte de la población no conoce realmente muchos de los avances realizados durante estos años, y esta situación no es exclusiva de Colombia, ocurre en muchos países, por ejemplo:

Una carretera puede ser construida gracias a recursos del gobierno nacional, pero la gente piensa que fue obra de la alcaldía. Un programa social puede beneficiar a miles de familias, pero con el tiempo deja de verse como algo especial y pasa a considerarse normal. Una mejora económica puede atribuirse al esfuerzo personal y no a decisiones del gobierno.

En otras palabras, no basta con hacer las cosas, también hay que lograr que la gente sepa quién las hizo y por qué fueron importantes; si los ciudadanos no relacionan los cambios positivos con quienes los impulsaron, esos logros pueden desaparecer políticamente, aunque sigan existiendo en la realidad.

Y aquí aparece una de las mayores debilidades históricas de muchos movimientos progresistas en América Latina: han dedicado enormes esfuerzos a gobernar, pero muchas veces han prestado menos atención a comunicar. Durante años, una parte de la izquierda creyó que los hechos hablarían por sí solos, pensó que una buena gestión sería suficiente para convencer a la población.

Pero la política moderna funciona de otra manera, los hechos no hablan solos; alguien siempre los interpreta, los explica y les da significado. Mientras algunos gobiernos se concentran en ejecutar programas y reformas, otros actores políticos trabajan constantemente construyendo relatos, mensajes, símbolos y emociones, y muchas veces esos relatos terminan teniendo más fuerza que los propios hechos.

Otro problema frecuente es creer que una estadística puede derrotar una emoción, cuando una persona tiene miedo por la inseguridad, un gráfico no siempre cambia su percepción, cuando una familia siente dificultades económicas, un informe técnico puede parecer lejano a su realidad.

Las personas necesitan datos, pero también necesitan explicaciones sencillas que les ayuden a entender lo que está ocurriendo, la política no se mueve solamente por números, también se mueven por sentimientos, experiencias y esperanzas.

Por esto comunicar bien no significa hacer propaganda vacía, significa explicar claramente qué se hizo, por qué se hizo y cómo mejora la vida de la gente.

A su vez, hoy la comunicación política es mucho más complicada que hace veinte años; antes la información circulaba principalmente por televisión, radio y periódicos, ahora millones de personas reciben información por Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube y muchas otras plataformas.

Así en cuestión de minutos una noticia verdadera o falsa puede llegar a millones de personas, un video de treinta segundos puede tener más impacto que un informe de cien páginas.

Esto obliga a los gobiernos y a los movimientos políticos a adaptarse a una realidad completamente nueva; quien no entiende esta transformación corre el riesgo de perder la batalla de la opinión pública, incluso cuando tiene resultados para mostrar.

Existe otro factor que pocas veces se menciona; los gobiernos de cambio suelen despertar enormes esperanzas. Prometen combatir la desigualdad, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y transformar la economía, sin embargo, los cambios profundos necesitan tiempo.

Las instituciones avanzan lentamente, las reformas encuentran obstáculos, los resultados tardan en llegar. Cuando las expectativas crecen más rápido que los resultados, aparece la frustración; y muchas veces esa frustración surge precisamente entre quienes más esperaban del gobierno, por esto algunos proyectos políticos terminan siendo víctimas de sus propias promesas.

Otro elemento importante es que, tal vez la discusión más importante ocurre en un terreno que muchas veces pasa desapercibido, no basta con ganar elecciones, tampoco basta con gobernar, también es necesario ganar la batalla de las ideas.

Las personas construyen sus opiniones en muchos lugares, como, la familia, la escuela, la iglesia, las redes sociales, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales, allí se forman las ideas sobre qué significa progreso, justicia, libertad, seguridad o democracia.

Quien logra influir en esas ideas tiene una enorme ventaja política, por esto algunos gobiernos logran ganar elecciones, pero no logran consolidar una visión compartida del país. Y cuando esto ocurre, cada elección vuelve a convertirse en una disputa desde cero.

Finalmente, la historia demuestra que los movimientos progresistas no están condenados a perder elecciones; existen muchos casos de derrotas, pero también numerosos ejemplos de victorias, sin embargo, sí parece existir un problema recurrente.

Muchos gobiernos logran hacer cambios importantes, pero encuentran dificultades para convertir esos cambios en una percepción positiva y duradera dentro de la sociedad. El caso colombiano muestra claramente este desafío.

La discusión sobre el gobierno de Gustavo Petro no gira solamente alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, también gira alrededor de cómo esos resultados fueron comunicados, comprendidos y valorados por la ciudadanía. Aquí la principal lección quizás sea esta:

Gobernar bien es indispensable, pero en la política del siglo XXI no es suficiente, también hay que explicar, convencer, escuchar y construir una visión compartida del futuro, porque los hechos son importantes, pero los hechos, por sí solos, no hablan.

Un dato final, sin entrar en polémicas. En el caso de Iván Cepeda, muchas personas lo reconocen por su trabajo en temas de Derechos Humanos, y por hablar sobre la historia del conflicto armado en Colombia, esto le da importancia y reconocimiento en la política del país.

Sin embargo, en una elección nacional, el reto para un candidato con este perfil es lograr que esos temas se conviertan en mensajes claros, sobre lo que más preocupa a la gente todos los días, la seguridad, el empleo, la economía y el costo de vida.

En una segunda vuelta, esto suele ser muy importante; muchos ciudadanos no votan pensando tanto en ideologías o debates políticos complejos, sino en quién creen que puede ofrecer un mejor futuro para ellos y sus familias.

Por esto, en Colombia las segundas vueltas muchas veces no las gana quien tiene el plan más detallado, sino quien logra conectar mejor con las preocupaciones de la gente. Normalmente tiene ventaja el candidato que habla de forma sencilla, transmite confianza y hace sentir a los votantes que entiende sus problemas.

En este escenario, no basta con proponer cambios, también es necesario explicarlos de una manera fácil de entender y demostrar cómo pueden mejorar la vida diaria de las personas. Al final, suele ganar quien logra presentar una idea de futuro clara y cercana para la mayoría de los ciudadanos/as, incluso para quienes no pensaban votar por él desde el principio.

No estamos afirmando que esto ocurrió o vaya a ocurrir de una manera u otra, simplemente es una situación que suele aparecer en elecciones muy divididas y polarizadas.

Y afirmo categóricamente, ojalá, que sea así, que Ivan Cepeda gane las elecciones en Colombia, para que este país siga cambiando, para que los colombianos/as, tengan una sociedad de justicia, paz, prosperidad y tranquilidad, en fin, que sea un triunfo de la izquierda latinoamericana.

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 2

Rafael A. Ugalde. Q.*

Fidel en sus cien años sigue fusil al hombro luchando contra el fascismo de ayer y hoy como “brazo armado y expresión más acabada del pensamiento reaccionario burgués e imperialista».

Sí alguna duda hubo en la edición anterior como el imperialismo europeo nos “premió” con quintas columnas para secar los intentos revolucionarios en Hispanoamérica, es cuestión de revisar como la Revolución mexicana de 1910 es reducida a simple “evolución” y “reformas”.

Es hasta que, en 2018, los mexicanos escogen entre el “neocorporativismo “como única opción de desarrollo por quienes se habían enriquecido sirviendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), o elegían con todo y el temor infundado por los medios de desinformación tradicionales, algo distinto que les devolviera patria, pusiera a los viejitos, los jóvenes sin becas y los obreros con salarios congelados, en el centro de todas las decisiones economicistas de sus tecnócratas.

La campaña entonces a favor de la familia, la religión y la democracia desatada por estas elites de la llamada “derecha” neoliberal encontró asidero incluso allende de las fronteras mexicanas con amenazas abiertas como retirar inversiones si el “comunismo” chavista y cubano – haciendo alusión a Venezuela y Cuba – tomaba el control de México.

Nada del desastre pronosticado por los multimillonarios organizados en el “corporativismo” ocurrió. Por el contrario, 13 millones de mexicanos fueron rescatados de la pobreza, empresas españolas que controlaban gran la producción de electricidad se les pagó sus inversiones y les dieron las gracias, las mañas introducidas por grupos de intereses acostumbrados a ordeñar la seguridad social, están bajo control y disminuyen, por ende, con asombro las muertes por falta de atención adecuada etc.

Ciertamente, México está remotamente lejos de derrotar cinco siglos de coloniaje y bandolerismo oficial, pero sin ser declarada nación “comunista” o “socialista” logra, modernizando su poder judicial, la Comisión Nacional Electoral de grosero servilismo pasado etc., devolver un poco de confianza a millones de nacionales bajo el zapato de “la dictadura perfecta” ideada por un achacoso y corrupto PRI.

Los “corporativistas” se identifican en todas partes como grupos poderosos con intereses económicos específicos, que logran aglutinarse alrededor de gobiernos de mano dura encabezados generalmente por un ejecutivo con competencias de “gerente”, mientras la llamada “derecha” Hispanoamericana tiene marcada debilidad por modelos reformistas, defensores de valores tradicionales como la religión, la paz social, la institucionalidad etc.

Ambos protagonistas son populistas por excelencia y se nutren principalmente de amplios sectores de la denominada clase media, por lo que es usual que en determinados momentos históricos juntos cierran filas con el fascismo, como expresión reaccionaria del imperialismo.

Así, por ejemplo, las luchas revolucionarias en República Dominicana, de vieja data desde antes de 1940 (México, Colombia, Venezuela, Argentina, etc., tuvieron sus propios líderes reformistas) fueron frenadas en seco como Joaquín Balaguer Ricardo, quien sirvió a los gringos durante 22 años, en la década de los sesenta como modelo a seguir en la región,

Allá como acá el esfuerzo fue titánico para borrar de nuestro ADN y la memoria colectiva, con leves excepciones, las grandes luchas populares desde principio del siglo XIX hasta mediados del XX.

Sin embargo, esa alma de resistir y luchar está allí, tapadita “es más bonita” para muchos, de vez en cuando se viste de pueblo paraguayo y dice basta ya de corrupción y evasión de impuestos por ustedes ricos malditos.

En Bolivia se trajean de Aymara y mineros para desgañitarse con su ¡yankis ustedes no mandan aquí!, mientras en Honduras los hijos de Lempira, Morazán y la Berta Cáceres advierten a Trump que ¡esta patria no es de tus nos narcos!, etc.

Y nuestro país no ha sido la excepción en Nuestra América, como cuando su pueblo triunfó sobre la “república bananera” de la “Yunai”, Todo un acontecimiento con un antes y un después para miles de trabajadores y trabajadoras, que, hoy, siguen beneficiándose.

En una entrevista para la agencia Prensa Latina en la década de los ochenta con el líder de los comunistas locales, Manuel Mora Valverde éste no titubeó en calificar dicha huelga como “histórica”, porque según enfatizó, “definió de una vez por todas el aguinaldo como un derecho ganado para todos los trabajadores de nuestro pueblo”.

Recuerdo perfectamente la rememoración hecha por él en su amplia biblioteca de su residencia de San Pedro, cuando narró que los jefes del enclave bananero habían ordenados a sus “esbirros” disparar contra los “subversivos” llegados desde San José para alterar “el orden” y la “paz” en aquellos confines.

  • ¿Sí es cómo usted dice, por lo que no me caben dudas, cuál fue entonces el secreto para mantener la cohesión de la huelga y en los trabajadores?

  • Re/. La solidaridad entre los trabajadores y el clarísimo convencimiento de ellos en cuanto a que su lucha no podía perderse. Fíjese que como había ordenes de eliminar a sus dirigentes, visitábamos por la noche a los trabajadores en sus barracones, mientras en el día escondíamos a nuestra gente en la montaña, muchas veces con hambre y bajo fuertes aguaceros”.

Eso es lo que quieren que te oculte. Ni como periodista, vecino de un barrio humille o simplemente como jovenzuelo aún, rehuiré a la trinchera en la que la vida me ponga. No señoritos ni señoritas. No importa si son nuevos “socialdemócratas “, “socialistas democráticos”, del “progresismo” o “corporativistas”. ¡No! ¡No pidan imposibles!

Estos bananeros y bananera, sin no otro título que la conciencia desarrollada por el constante choque con una dura realidad social no escogida por ellos, obtienen así, a fuerza de razón y alma, reajustes en sus salarios, pago de horas extras, vivienda digna para los bananeros y sus familias, así como servicios de electricidad y agua potable, entre otros. ¡Y sin ceder un solo principio!

Pero esta conciencia – tengo aún dudas si ella es posible alcanzarla hoy solo a través de correos electrónicos y WhatsApp – tiene su peligro para quienes no dejan las mañas de culpar al socialismo y el comunismo de todo lo malo que ocurre en el planeta (Ver Laura Fernández, presidenta de la república, conferencia de prensa 27/5/2026).

Sí fuera como afirma la mandataria de esta bendecida nación con más maestros que soldados – repito lo que me enseñaron desde la escuela y me enfatizaron en los Estudios Generales de la benemérita U.C.R – los comunistas de Vietnam tendrían a su pueblo viviendo en la época de las cavernas.

SÍ… Una “Suiza Centroamericana” que según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe publicado en 2016, muestra gastó seguridad la escandalosa suma de 949.094.945 dólares, superior a la suma de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con militares de carrera aglutinados alrededor del ejército. (Consúltese: https://actualidad.rt.com/actualidad/244484-pais-latinoamericano-tiene-altos-gastos-seguridad).

En contraste con la paz vivida, los comunistas de Vietnam sufrieron una guerra impuesta durante 20 años, pero se han repuesto y hoy ese país tiene una robusta industria farmacéutica. En su sistema integrado de seguridad social coexisten la medicina moderna, la tradicional con miles de años de curar gente y terapias propias de procedencia china e india.

No se han documentado todavía entre los vietnamitas que alguien haya muerto esperando un cateterismo ni que hayan fallecido personas esperando una cita con el especialista, que siguen vivos en la lista de espera, seis meses después de su entierro.

Otro ejemplo, que a muchos ilustrados y otros del bajo mundo preferirían no saber nada, tiene que ver – para desgracia de ambos sectores – con la siempre solidaria Cuba, bloqueada y asediada inmisericordemente por los verdaderos enemigo de los pueblos.

No está de más recordar que en ocasión de la pandemia del Covid 19 no solo inmunizó a su población con vacunas desarrolladas por su industria farmacológica, sino que cuando los ecuatorianos y bolivianos caían en las aceras, dijo presente.

Se trató de las inyectables Abdala, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Soberana 01, con las cuales inmunizaron a más de 11 millones de cubanos bloqueados.

Empaque de dosis inmunológicas contra el cáncer. (Información y foto tomada de https://insurgente.org/cuba-presento-hebersavax-un-producto-de-su-biotecnologia-con-grandes-potencialidades-en-la-lucha-co).

Siete años después de aquella pandemia, la ciencia médica cubana, en peores condiciones materiales que en 2019, pone nuevamente a disposición de los pueblos otra vacuna como terapia contra el cáncer.

Se trata de la CIMAvax- EGF desarrollada integralmente por el ya conocido mundialmente Centro de Inmunología Molecular, inaugurado desde 1994.

Las dosificaciones están orientadas s luchar contra el cáncer avanzado de pulmón. Esta aprobada actualmente en naciones como Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Bosnia y Kazajistán,

De esta manera, Cuba se pone a la cabeza en América Latina para dotar a su seguridad social de una terapia para ese mal in creciendo en el mundo.

Sin petróleo, su gente movilizada para enfrentar una posible invasión anunciada por Trump y ya sin inversionistas privados, esta isla resiste en dar semejante “mal ejemplo”, en cuanto a lo que son capaces de alcanzar los pueblos cuando son soberanos y verdaderamente independientes.

La hostilidad contra todo logro alcanzado por los pueblos alcanza incluso a la República Popular China, posesionándonos la idea que el Partido Comunista Chino tiene esclavizados de hambre a más de 1.400 millones de personas.

Juegan con tan poca nobleza contra el sentido común de la gente que nos llevan a que creamos que los chinos aún recurren a las señales de humo para que los habitantes de Pekín se comuniquen con los de Shanghái.

¡La mentira, sin duda alguna, tiene patas cortas!

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R, miembro deL Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.