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Etiqueta: Jaime E. García González

Cuando el ballet se convierte en emoción

Escrito en . Publicado en Arte.

“La danza es el lenguaje oculto del alma.”
— Martha Graham (1894-1991)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

La Gala de la Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José demostró que la disciplina, el talento y la belleza pueden transformar un escenario en un espacio de encuentro con el arte.

Hay espectáculos que se observan y otros que, además, se viven. La Gala de Ballet presentada el pasado 8 de agosto por la Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José, en el Teatro Melico Salazar, fue, claramente, de esos espectáculos.

Desde los primeros compases hasta el último saludo, la función ofreció una demostración de que el ballet clásico continúa teniendo una extraordinaria capacidad para conmover cuando detrás de cada movimiento existen disciplina, preparación, sensibilidad artística y un profundo respeto por la danza.

Y el público lo reconoció con claridad: los aplausos fueron, quizá, la mejor medida del éxito de una presentación que consiguió conjugar virtuosismo técnico, belleza escénica y emoción.

No era una tarea sencilla. Una gala de estas características exige mucho más que reunir una serie de piezas conocidas. Requiere establecer un diálogo entre las obras, los intérpretes, la música, la iluminación, el vestuario y la propia arquitectura del escenario. En esta ocasión, ese diálogo funcionó.

Un repertorio que permitió viajar por la historia de la danza

La selección de las obras fue uno de los grandes aciertos de la noche. El programa llevó al público desde la majestuosidad de La Bayadère, de Ludwig Minkus, hasta el universo de El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Tchaikovsky; incorporó además Aguas primaverales, de Serguéi Rachmaninov, y las vigorosas Danzas polovetsianas, de Alexander Borodin, junto con otras piezas y coreografías.

Esa diversidad permitió apreciar diferentes registros de la danza: la delicadeza y el refinamiento del ballet clásico, el virtuosismo de las variaciones, la expresividad de los pas de deux, la energía de las danzas de conjunto y la fuerza interpretativa que exige cada lenguaje coreográfico.

Particularmente gratificante fue comprobar que las obras no fueron tratadas como simples ejercicios académicos. En ellas hubo intención expresiva. Los movimientos no parecían existir únicamente para demostrar que podían ejecutarse correctamente, sino para contar, sugerir y emocionar.

Ese es, en última instancia, uno de los mayores desafíos de la danza: conseguir que el público deje de pensar en la dificultad técnica que existe detrás de cada movimiento y simplemente se deje llevar por aquello que está viendo.

La técnica al servicio de la belleza

El ballet exige una combinación poco común de condiciones: fuerza y ligereza, precisión y espontaneidad, disciplina y libertad expresiva. Durante la Gala, bailarinas y bailarines mostraron el resultado de un proceso de formación que no puede improvisarse. Cada salto, giro, extensión, equilibrio y desplazamiento es la culminación de innumerables horas de ensayo y de una rigurosa preparación corporal.

Pero quizá lo más destacable fue que la técnica no terminó convirtiéndose en exhibicionismo. La verdadera calidad de un bailarín aparece cuando la dificultad desaparece ante los ojos del espectador. Cuando un movimiento que ha requerido incontables horas de trabajo parece surgir con naturalidad. Cuando el esfuerzo deja de verse y solo permanece la belleza. Eso fue posible gracias también al trabajo colectivo de la Escuela.

El programa acredita a Flor E. Carreras como directora a. i., junto con un equipo de profesores integrado por Marcela Jiménez, Gustavo Vargas, Irina Voronova, Camila Fernández, Ronny Ramírez y Michael Céspedes. Asimismo, identifica a Gustavo Vargas y Camila Fernández como maîtres répétiteurs y a Ronny Ramírez como asistente de ensayos. La presencia de los profesores eméritos María Monakhova y Anatoly Danilytchev añade, además, el valor de una trayectoria pedagógica que forma parte de la identidad de la Escuela.

Detrás de los bailarines que vimos sobre el escenario existe, por tanto, un equipo pedagógico y artístico que merece ser reconocido. Más de 30 años dedicados a la formación en ballet clásico explican que la calidad demostrada en esta Gala no sea producto de la casualidad, sino el resultado de una trayectoria cimentada en la disciplina, la excelencia y la dedicación al arte.

Cuando todo lo que rodea al bailarín también baila

Otro de los aciertos de la Gala estuvo en comprender que el ballet no termina en el cuerpo de quien danza. La escenografía, el vestuario y las luces constituyen parte esencial de la narración escénica. Una mala iluminación puede restarle fuerza a una interpretación extraordinaria; un vestuario inadecuado puede romper la atmósfera de una obra; una escenografía que compite innecesariamente con los intérpretes puede distraer al espectador. En esta Gala ocurrió lo contrario.

El diseño de vestuario de María Monakhova, la responsabilidad de vestuario a cargo de Marcela Jiménez, la escenografía de Fernando Castro y el diseño de luces de Gustavo Vargas contribuyeron a construir el ambiente visual de la Gala.

La iluminación, en particular, cumplió una función que va mucho más allá de hacer visible el escenario: ayudó a crear atmósferas, destacar momentos y acompañar los cambios de intensidad de las obras.

Lo mismo puede decirse del vestuario. En el ballet, la indumentaria no es un simple elemento decorativo. Ayuda a definir personajes, épocas, ambientes y movimientos. Y cuando está bien concebida, se integra al cuerpo del bailarín hasta convertirse en parte de la coreografía.

La música: el otro cuerpo de la danza

Y, por supuesto, está la música. Minkus, Tchaikovsky, Rachmaninov y Borodin no son simplemente nombres escritos en un programa. Son compositores cuya música posee una extraordinaria capacidad para generar imágenes, emociones y movimientos.

En una buena función de ballet, música y danza dejan de percibirse como dos expresiones independientes. Se convierten en una sola experiencia. Esa integración fue otro de los méritos de la Gala: permitir que la música guiara la emoción sin que la danza quedara subordinada a ella, y que el movimiento visualizara aquello que la música sugería.

El aplauso como veredicto

Al final, cuando las luces se encendieron y los intérpretes recibieron los aplausos, quedó la sensación de haber asistido a algo que iba más allá de una presentación académica. Fue una celebración del ballet.

Una celebración de la música, del movimiento, del esfuerzo y de la belleza. Una demostración de que el arte escénico todavía puede producir ese instante tan necesario en el que una sala llena de personas diferentes comparte simultáneamente una misma emoción.

Y quizá ahí reside el mayor mérito de esta Gala: recordarnos que la excelencia artística no siempre necesita grandes discursos para hacerse evidente. A veces basta con que se abra el telón, comience la música y un cuerpo humano sea capaz de convertir el movimiento en poesía.

La Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José lo consiguió plenamente. Y el público, con sus aplausos, se encargó de decirlo. Queda, entonces, el agradecimiento a quienes hicieron posible esta noche de arte: a los maestros que forman, a los bailarines que entregan su talento y esfuerzo y a todos quienes, detrás del escenario, trabajan para que la belleza pueda llegar hasta el público.

Porque al final, cuando las luces se apagaron y el telón cayó, quedó suspendida en el aire una certeza: esa noche, el ballet había hecho su milagro; había convertido el esfuerzo en belleza, la música en emoción y el movimiento en un recuerdo destinado a permanecer.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

¿Así o más claro? La Constitución habló

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.

La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»

La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.

Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.

Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.

No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.

Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.

Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.

La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.

La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.

Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:

«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».

No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.

Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.

La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.

Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.

Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.

Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.

Roque Dalton frente a la indiferencia universitaria

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Este artículo surge tras asistir al espectáculo teatral, poético y musical “Roque Dalton. El turno del ofendido”, presentado recientemente en el Teatro de Bolsillo; una magnífica puesta en escena que reivindica la vigencia humana, política y cultural de Roque Dalton (https://shortlink.uk/1vGIN)

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue interpelando a las universidades latinoamericanas con una pregunta incómoda: ¿para quién se produce el conocimiento?

Por décadas, las universidades latinoamericanas han sido espacios de pensamiento crítico, debate intelectual y producción de conocimiento. Sin embargo, también han enfrentado una tensión permanente: la de decidir si ese conocimiento se limita a los círculos académicos o si, por el contrario, se pone al servicio de las grandes causas sociales de nuestras sociedades. En ese debate, la voz de Roque A. Dalton García (1935-1975) sigue conservando una vigencia extraordinaria.

Dalton no fue únicamente un poeta brillante. Fue también un intelectual profundamente incómodo para los poderes políticos, económicos e incluso culturales de su tiempo. Su obra literaria, marcada por el humor, la ironía y la crítica social, estuvo atravesada por una convicción fundamental: el intelectual latinoamericano no podía permanecer neutral frente a la injusticia.

Ese llamado tuvo un destinatario muy claro: la universidad.

Para Dalton, el conocimiento que no dialoga con la realidad social termina convertido en un ejercicio estéril. Criticó duramente al intelectual encerrado en la “torre de marfil”, distante de los dolores y esperanzas de su sociedad. En una América Latina caracterizada por profundas desigualdades, pobreza, exclusión y violencia política, el poeta salvadoreño consideraba que el silencio académico equivalía, muchas veces, a una forma de complicidad.

Su pensamiento sigue interpelando a las universidades públicas latinoamericanas, especialmente en momentos en que numerosos sectores intentan reducirlas a simples centros de formación técnica o a engranajes funcionales del mercado. Dalton recordaba que la universidad debía ser mucho más que eso: un espacio de conciencia crítica, de reflexión ética y de compromiso con la transformación social.

No se trataba, desde luego, de convertir la academia en propaganda política ni de sacrificar el rigor científico en nombre del activismo. El propio Dalton comprendía el enorme valor del pensamiento crítico y de la investigación seria. Lo que cuestionaba era la indiferencia. Su preocupación central era que el conocimiento universitario perdiera contacto con la realidad de las mayorías.

La reciente puesta en escena “Roque Dalton. El turno del ofendido” permitió precisamente reencontrarse con esa dimensión profundamente humana y crítica del poeta salvadoreño. El espectáculo no solamente reconstruye fragmentos de su vida y de su obra, sino que devuelve actualidad a preguntas que siguen siendo incómodas para nuestras sociedades y nuestras universidades: ¿para quién se escribe?, ¿para quién se investiga?, ¿a quién sirve realmente el conocimiento?

Vivimos una época marcada por múltiples crisis: deterioro ambiental, concentración de la riqueza, debilitamiento democrático, violencia social y desinformación masiva. Frente a estos desafíos, la universidad no puede limitarse a observar desde la comodidad institucional. Las sociedades latinoamericanas necesitan académicos capaces de investigar, denunciar, explicar y proponer soluciones a problemas que afectan cotidianamente a millones de personas.

En Costa Rica, esa discusión no es ajena. Las universidades públicas han desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de la democracia, la movilidad social y el pensamiento crítico. Sin embargo, también enfrentan crecientes presiones presupuestarias y discursos que buscan deslegitimar su función social. En ese contexto, recordar a Roque Dalton resulta especialmente pertinente.

El poeta salvadoreño comprendía que la función social de la universidad no consiste únicamente en producir profesionales competentes, sino también ciudadanos conscientes. Su llamado a los académicos universitarios era, en el fondo, un llamado ético: poner la inteligencia y el conocimiento al servicio de la sociedad.

Tal vez por eso su pensamiento continúa generando incomodidad. Porque obliga a preguntarnos para quién investigamos, para quién enseñamos y para quién producimos conocimiento. Obliga a cuestionar si la universidad está contribuyendo a reducir las desigualdades o si, inadvertidamente, termina reproduciéndolas.

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue recordándonos que el conocimiento sin compromiso humano corre el riesgo de convertirse en simple ornamentación cultural. Y que una universidad incapaz de escuchar a su sociedad termina perdiendo, poco a poco, su razón de ser.

Imagen: https://eluniversitario.ues.edu.sv/escritores-salvadorenos-roque-dalton/

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.