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Etiqueta: Jaime E. García González

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

Dos escolares sentaron cátedra en el Mes de la Patria

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».
— Benito Juárez (1806-1872)

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.

¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.

Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.

Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.

Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.

En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.

El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.

Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.

¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.

Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.

Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.

La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.

El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.

La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.

Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».

No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.

El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.

No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.

El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.

Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.

La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.

En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.

Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.

El laboratorio del malestar: Costa Rica como advertencia internacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.

Alicia Lissidini

Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.

Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.

¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.

Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.

La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.

El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.

El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.

A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.

El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.

El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.

Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.

«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»: La paz no se construye con bombillos

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué el reclamo de la infancia al respeto y al diálogo desarma la propaganda de la General Cañas y nos recuerda que la paz se practica con el ejemplo y no con la estricta estrategia del insulto.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ iluminando la carretera General Cañas mientras Costa Rica atraviesa uno de los períodos de mayor crispación política de sus últimas décadas.

La instalación lumínica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es hermosa, pero las palabras en el escenario público también funcionan como espejos. Esta imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es este despliegue un simple gesto patriótico o una flagrante contradicción política que pretende maquillar con propaganda la retórica oficialista de la confrontación?

El viejo refrán popular alberga una sabiduría implacable: «dime de qué presumes y te diré de qué careces». En este contexto, resulta contradictorio que el Poder Ejecutivo exalte la concordia en las carreteras mientras, en la práctica cotidiana, se cultiva el enfrentamiento permanente como método de gobierno.

Como hemos podido observar, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ahora bajo la línea de continuidad de la presidenta Laura Fernández, el aparato estatal se ha concentrado en deslegitimar de forma sistemática a las instituciones que garantizan el equilibrio republicano. La Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa independiente han sido convertidos en blancos recurrentes de descalificaciones y etiquetados oficiales desde el poder.

Frente a este ambiente de constante hostilidad que promueven las altas esferas gubernamentales, la verdadera sensatez cívica ha brotado desde las aulas escolares. Los actos del pasado 1ero. de setiembre en el cantón de Coronado quedaron marcados por la intervención de Keyla Chavarría Jiménez, una estudiante de segundo grado y apenas ocho años de edad, quien con enorme lucidez sacudió la complacencia de los adultos al recordarles una verdad medular: «la democracia no solamente se hereda, también se cuida». Su mensaje desarmó la propaganda política actual, evidenciando que la estabilidad de una nación no se decreta, sino que se construye tolerando la disidencia.

Lamentablemente, el comportamiento del Gobierno transita por el rumbo contrario. En el preciso momento en que la escolar recordaba que el civismo exige convivir en la diversidad al dictar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aun así se hablan con respeto», el ministro de Justicia y Paz utilizaba su papelería oficial para validar el rastreo y etiquetado de profesores y defensores civiles bajo la premisa de tenerlos «identificados». De manera simultánea, la presidenta de la República arremetía contra la independencia judicial, acusando públicamente a los veintidós magistrados de la Corte Suprema de amoldar sus fallos a conveniencias de continuidad de sus cargos.

Estos ataques rompen el tejido social elemental, dado que no puede haber paz institucional cuando se pretende arbitrariamente dividir al país entre «ciudadanos legítimos» que aplauden al oficialismo, y supuestos «enemigos de la patria» bajo registro y vigilancia estatal.

Por esa razón, las peticiones de Keyla constituyen un severo y directo emplazamiento ético a las autoridades del Estado. Al exhortar a los adultos a deponer los discursos de odio, Keyla sentenció: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Lamentablemente, el oficialismo actual intenta validar su opacidad y sus despliegues autoritarios bajo la premisa de que el triunfo en las urnas les concede un poder absoluto e incuestionable. Olvidan de forma voluntaria que en nuestro ordenamiento constitucional el gobernante es un simple administrador transitorio y que el verdadero soberano es el pueblo. Los frenos técnicos de los tribunales y la fiscalización del periodismo independiente no son obstáculos ni complots; son las salvaguardas que protegen la libertad de la ciudadanía frente a los abusos del mandatario de turno.

La paz, tal y como lo resumió de forma magistral la escolar, va mucho más allá del desarme militar: «La paz no significa solamente vivir en un país sin ejército; significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

Siendo así, es claro que la auténtica fortaleza republicana no radica en gritar más fuerte desde un micrófono presidencial ni en atemorizar a la judicatura, sino en respetar la legalidad y actuar con la humildad de saber que el poder puede equivocarse.

Este próximo 14 de septiembre, cuando la ciudadanía responda a la convocatoria de participar activamente en la faroleada nacional portando luces y banderas blancas por la concordia, se estará enviando una advertencia contundente a las cúpulas políticas.

Es hora de que los inquilinos temporales de Casa Presidencial abandonen la estricta estrategia del insulto y demuestren con acciones que, tal como concluyó Keyla en Coronado, «todas las personas merecen ser tratadas con dignidad».

Imagen: Página de la CNFL en Facebook aportada por el autor.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

En el mes de la Patria… La lección de Coronado: Una niña de ocho años le enseña democracia al poder

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.

Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».

El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».

En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».

A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.

Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.

El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».

Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.

Depositarios de la ley, no dueños de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.

En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.

Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.

Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.

En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.

La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.

Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.

Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.

Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.

Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.

En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.

Hoy hace 80 años… El SIBDI, silencioso corazón académico de la UCR

Escrito en . Publicado en Educación.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

“El trabajo del SIBDI en los últimos 80 años ha sido una de esas labores esenciales que pocas veces ocupan titulares, pero sin las cuales la vida universitaria simplemente no sería posible.”

Celebrar un aniversario del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) es mucho más que conmemorar una fecha institucional. Es reconocer una de las estructuras silenciosas pero fundamentales que han sostenido, durante décadas, la vida académica, científica y humanista de la Universidad de Costa Rica. Detrás de innumerables tesis, investigaciones, artículos y clases ha estado siempre el trabajo constante y comprometido de las bibliotecas universitarias y de quienes las hacen posibles.

La historia del SIBDI (AUROL, 2021 y Rodríguez, 1996) refleja también la historia del crecimiento intelectual de la Universidad. Desde aquella pequeña sala inaugurada el 26 de agosto de 1946 en el antiguo edificio universitario de Barrio González Lahmann, con capacidad para apenas treinta lectores, hasta la compleja red de bibliotecas especializadas que hoy integra numerosas unidades académicas y centros de investigación, el recorrido ha sido extraordinario. La apertura de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en 1970 marcó un hito en la consolidación de servicios modernos para la docencia y la investigación, mientras que la expansión posterior hacia bibliotecas especializadas confirmó que el acceso al conocimiento constituye uno de los pilares esenciales de la universidad pública.

Fuente: La Tribuna, 27 de agosto de 1947, p. 4. Cortesía de Marco Díaz Segura, Museo UCR. Foto coloreada y definición mejorada con ChatGPT.

Sin embargo, más allá de los edificios, colecciones y sistemas tecnológicos, la verdadera fortaleza del SIBDI ha sido siempre su gente.

Lo digo desde una experiencia profundamente personal. Como estudiante universitario desde 1974 y posteriormente como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de convivir durante décadas con funcionarios y funcionarias del SIBDI cuya calidad humana y profesional dejó una huella imborrable. Siempre encontré disposición para ayudar, paciencia ante las consultas, rigurosidad en el trabajo y un profundo compromiso con el servicio público universitario.

Quienes hemos pasado largas horas buscando referencias bibliográficas, revisando revistas científicas o intentando localizar materiales difíciles de conseguir sabemos que detrás de cada respuesta eficiente existen personas cuya labor suele permanecer invisibilizada. Muchas veces fueron precisamente los funcionarios del SIBDI quienes orientaron investigaciones, facilitaron recursos indispensables o resolvieron problemas que parecían menores, pero que resultaban cruciales para el trabajo académico cotidiano.

En tiempos donde la inmediatez digital pareciera hacernos olvidar el valor de las instituciones dedicadas al conocimiento, conviene recordar que una biblioteca universitaria no es simplemente un depósito de libros. Es un espacio de formación crítica, de democratización del acceso a la información y de construcción de ciudadanía. Y ello requiere no solo infraestructura y tecnología, sino también vocación, criterio profesional y una sólida ética de servicio.

Además, el tránsito desde las antiguas fichas catalográficas hasta los modernos sistemas automatizados ha demandado procesos permanentes de adaptación. Ese esfuerzo silencioso permitió que la Universidad mantuviera vivo y accesible su patrimonio bibliográfico y documental en medio de profundas transformaciones tecnológicas y presupuestarias.

Por todo ello, este aniversario constituye una oportunidad para expresar gratitud hacia quienes, desde los mostradores de préstamo, las salas de referencia, los procesos técnicos, la digitalización o la administración de colecciones, han contribuido durante décadas a sostener una de las funciones más nobles de la universidad pública: garantizar el acceso al conocimiento.

Felicitar al SIBDI es también reconocer una tradición universitaria profundamente ligada al pensamiento crítico, a la investigación rigurosa y al compromiso con la cultura y la educación costarricense.

En una época marcada por la desinformación y la superficialidad, el trabajo del SIBDI nos recuerda que el conocimiento serio, accesible y organizado sigue siendo indispensable para la democracia y para el futuro del país.

A todas las personas que han formado y constituyen parte del SIBDI: gracias por tantos años de entrega, profesionalismo y servicio a la comunidad universitaria y nacional. Su labor ha sido, y continúa siendo, fundamental para la Universidad de Costa Rica y para nuestro país.

¿La política por encima de la Constitución? El trasfondo del choque entre el Congreso y la Sala IV

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Por qué las sentencias constitucionales no pueden ser «ilegales», la regla matemática que valida la lista de 18 candidatos de la Corte y el peligro de subordinar la justicia a las mayorías de turno.

El presente texto constituye una síntesis articulada basada en las reflexiones y criterios jurídicos expuestos por el analista José Solano Saborío en su programa «Entre Verdades y Opiniones», así como en las tesis constitucionales desarrolladas por el jurista Jaime Ordóñez.

La democracia costarricense no se debilita únicamente por la violación flagrante de sus leyes, sino también cuando se pretende reinterpretarlas de manera oportunista al servicio de intereses políticos circunstanciales. Costa Rica atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de sus últimas décadas. El conflicto en torno al nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional ha desatado enfrentamientos de discursos que, en muchos casos, solo han contribuido a aumentar la polarización y la confusión de la ciudadanía.

En este complejo escenario, el analista y abogado José Solano Saborío ha desarrollado en su programa Entre Verdades y Opiniones una exposición detallada de la controversia. Su fundamentación, complementada de forma nítida por las tesis académicas del jurista Jaime Ordóñez, recuerda un principio republicano elemental: los conflictos entre los poderes del Estado no pueden resolverse mediante la imposición de las mayorías, sino a través del derecho y del respeto absoluto a las reglas del orden constitucional.

El punto central de la discusión radica en determinar si la Asamblea Legislativa puede devolver discrecionalmente las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia y negarse de forma indefinida a efectuar las designaciones. Tal posibilidad no se encuentra contemplada en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Admitir que el Poder Legislativo pueda bloquear de forma reiterada e indeterminada las ternas remitidas por la Corte hasta forzar la aparición de nombres afines a su preferencia política erosionaría la independencia de los jueces, subordinando la judicatura al interés del gobernante de turno.

Bajo esta misma línea de rigor normativo, el argumento político que acusaba a la Corte Suprema de Justicia de enviar una nómina incompleta por remitir dieciocho candidatos en lugar de veinticuatro carece de sustento legal. La razón jurídica es aritmética y categórica: el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa la obligación de enviar estrictamente dos candidatos elegibles por cada plaza vacante. Al existir exactamente de forma oficial nueve plazas vacantes a magistraturas suplentes en ese momento, la Corte cumplió de manera milimétrica con la ley al estructurar una lista final unificada de dieciocho aspirantes, haciendo que la exigencia de veinticuatro nombres fuese un sinsentido normativo.

Frente al preocupante impasse y punto muerto jurídico generado entre el Congreso y la Corte, la Sala Constitucional no solo tenía el derecho de resolver, sino la obligación y el deber de hacerlo. Como nos lo recuerda Ordóñez, el artículo 10 de la Carta Magna es taxativo al asignarle a esta magistratura especializada la competencia exclusiva de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Como bien argumenta Ordóñez, al dictar su resolución provisional, el tribunal actuó en resguardo del bienestar de las personas, el fin supremo de todo sistema democrático.

Para destrabar el sistema, Ordónez nos hace ver que la Sala IV aplicó de forma unificada cinco principios medulares del derecho constitucional: el principio de continuidad del servicio público de justicia —que evita que miles de personas vulnerables vean suspendida la tutela de sus recursos de amparo en salud o acceso al agua—, la integración constitucional frente a omisiones del Estado, la plenitud hermética del ordenamiento, la prohibición del vacío de tutela y la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión.

Esta jurisprudencia integradora no es una anomalía costarricense; es la misma herramienta de funcionamiento del orden constitucional (Funktionsfähigkeit der Verfassungsordnung) que aplica el Tribunal Constitucional Federal en Alemania, o las llamadas sentenze additive empleadas por la Corte Constitucional italiana cuando las omisiones del parlamento amenazan con dañar los derechos fundamentales de la sociedad.

Por esta razón, la narrativa impulsada desde sectores políticos que tachan de «ilegal» la resolución del tribunal denota una alarmante carencia de rigor técnico. Por esencia y naturaleza jurídica, jamás una sentencia de un Tribunal Constitucional puede ser catalogada de ilegal. Al ser el órgano supremo de interpretación de la Carta Magna, sus resoluciones se ubican en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen y poseen un rango superior a la ley ordinaria. Sostener lo contrario es incurrir en un contrasentido conceptual insostenible.

Lo verdaderamente lamentable, y en lo que confluyen de forma categórica las críticas de Solano Saborío y Ordóñez, es observar a diversos periodistas y medios de comunicación repetir y amplificar estas ligerezas jurídicas, confundiendo a la población. Cuando la conveniencia política pretende sustituir al derecho, la institucionalidad democrática se resiente, y cuando el equilibrio de poderes se debilita, es toda la sociedad la que termina pagando las consecuencias.

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.