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Etiqueta: Jaime E. García González

La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

Contra viento y marea: la lección de dignidad cívica de la agricultura campesina

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado UCR y UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.

Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.

El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.

Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.

Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.

El abandono institucional y la falacia de las vitrinas

La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.

Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.

Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.

Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.

Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo

Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:

  • Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
  • Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
  • Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.

El coraje de la desprogramación social

La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.

Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.

«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.

El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz pública en nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.

La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Segunda de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

“No existe seguridad alimentaria donde se deterioran los procesos biológicos que hacen posible la alimentación”.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“A partir de la convergencia de la agroecología y el enfoque global de Una Salud: por qué la seguridad alimentaria a largo plazo exige transicionar del rendimiento en toneladas hacia la preservación de la infraestructura biológica que sostiene la vida”.

La primera entrega demostró algo crucial. La seguridad alimentaria depende de bases ecológicas que permanecen ocultas detrás de cada alimento. Ahora corresponde dar un paso adicional. ¿Cómo incorporar esa dimensión biológica en la manera en que concebimos y evaluamos los sistemas alimentarios? La propuesta de este artículo es introducir un nuevo enfoque fundamental: la integridad biológica de los sistemas alimentarios.

Una dimensión que falta

Con frecuencia analizamos la agricultura desde una perspectiva puramente económica. Hablamos de rendimiento por hectárea, productividad, exportaciones, costos de producción y competitividad. Todas esas variables son importantes. Sin embargo, ninguna revela por sí sola la complejidad biológica profunda. Es esta complejidad la que permite a los agroecosistemas mantener sus funciones básicas.

Un sistema puede producir mucho durante un tiempo. Al mismo tiempo, puede deteriorar las condiciones que permitirán producir mañana. De ahí nace la necesidad urgente de ampliar la mirada.

¿Qué entendemos por integridad biológica?

Propongo definir la integridad biológica de los sistemas alimentarios como la capacidad de un sistema agroalimentario para conservar y regenerar los procesos ecológicos, biológicos y bioquímicos que hacen posible la producción continua de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, sin comprometer la salud humana ni la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Esta constituye la propuesta conceptual central de la saga. No pretende sustituir el concepto tradicional de seguridad alimentaria. Su objetivo real es complementarlo y ampliarlo.

De la biodiversidad a la integridad

La propuesta tiene antecedentes claros en la agroecología. Miguel Altieri demostró que la biodiversidad constituye un componente funcional de los agroecosistemas. Su conservación resulta fundamental para mantener servicios ecológicos básicos. Estos incluyen el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad natural.

Pero la integridad significa algo más que la simple diversidad. Un sistema puede conservar numerosas especies. A pesar de ello, puede haber perdido relaciones ecológicas esenciales. La integridad se refiere, por tanto, no solamente a qué organismos están presentes. También abarca las relaciones y procesos que permiten que el sistema funcione de forma integral.

Este enfoque incluye variables críticas:

  • Salud física, química y biológica del suelo.

  • Biodiversidad agrícola y silvestre.

  • Calidad y disponibilidad del agua.

  • Microorganismos relacionados con la fertilidad.

  • Diversidad genética de cultivos y semillas.

  • Inocuidad microbiológica y química de los alimentos.

  • Reducción de contaminantes y resiliencia climática.

  • Salud humana, sanidad animal y estabilidad de los agroecosistemas.

Más que una suma de componentes, la integridad biológica representa la capacidad del sistema para mantener y regenerar su funcionamiento como un todo unificado.

De la productividad a la resiliencia

Durante buena parte del siglo XX, el éxito agrícola se midió principalmente por el rendimiento. Ese criterio permitió aumentar considerablemente la producción mundial de alimentos. Sin embargo, también favoreció la simplificación extrema de los agroecosistemas. Provocó la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos químicos externos.

Hoy el desafío es totalmente diferente. La productividad sigue siendo indispensable. No obstante, debe evaluarse junto con otros indicadores vitales: la fertilidad biológica del suelo, el carbono orgánico, la diversidad funcional, la calidad del agua, la estabilidad ecológica, la resiliencia climática y la inocuidad alimentaria. No se trata de sustituir un indicador por otro. Se trata de ampliar nuestra visión del progreso.

La convergencia de varias revoluciones científicas

Esta propuesta de integración no surge de una única disciplina. Es el resultado de la convergencia de varias transformaciones del conocimiento científico.

La primera proviene de la agroecología, que colocó a la biodiversidad como un componente funcional. La segunda corresponde a la biología del suelo, cimentada en la microbiología edáfica y el descubrimiento de ciclos de nutrientes fundamentales. Los estudios del microbioma y de la rizosfera profundizan hoy en las alianzas entre plantas y microorganismos. Pese a ello, muchos de sus efectos dependen del contexto y siguen bajo activa investigación (Dworkin, 2012; Paul, 2007).

La tercera transformación corresponde al enfoque global de Una Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. La cuarta corresponde a la Salud Planetaria, que resalta la dependencia del bienestar humano respecto del funcionamiento estable de los sistemas naturales. Estas corrientes convergen en una conclusión fundamental: la agricultura no puede seguir analizándose de manera aislada de los ecosistemas.

¿Cómo podría medirse?

Si la integridad biológica ha de convertirse en una dimensión de política pública, deberá traducirse en indicadores claros. No existe un solo indicador capaz de captarla. Será necesario construir un conjunto de variables relacionadas de forma directa con:

  • Suelo: materia orgánica, carbono orgánico, actividad biológica y tasas de erosión.

  • Biodiversidad: diversidad de cultivos, diversidad genética, polinizadores y organismos benéficos.

  • Procesos ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación biológica, conectividad y capacidad de recuperación.

  • Agua: calidad, disponibilidad real y niveles de contaminación.

  • Producción: estabilidad del rendimiento y grado de dependencia de insumos externos.

  • Alimentos: inocuidad, calidad nutricional intrínseca y contaminantes.

El propósito no es crear una nueva cifra que simplifique una realidad compleja. La meta es disponer de un tablero de indicadores capaz de mostrar aquello que las métricas productivas convencionales ocultan.

Una propuesta conceptual, no una verdad establecida

Es importante aclarar el alcance real de esta propuesta. La expresión «integridad biológica de los sistemas alimentarios» se plantea aquí como un marco conceptual. Retoma y amplía antecedentes de la agroecología y de otros campos científicos de vanguardia. No se presenta como un concepto universalmente establecido ni como un indicador ya validado.

Su utilidad deberá juzgarse por su capacidad operativa. Debe ayudar a formular mejores preguntas, desarrollar indicadores precisos y evaluar con mayor profundidad las políticas alimentarias. Si permite identificar problemas que permanecen invisibles cuando solamente medimos la producción en toneladas, habrá cumplido una función trascendental.

La dimensión intergeneracional

Existe además una dimensión temporal inexcusable. La sostenibilidad no consiste únicamente en que un sistema funcione hoy. Implica que conserve suficiente capacidad para funcionar mañana.

Un suelo degradado, una población de polinizadores perdida o una diversidad genética erosionada no constituyen solamente problemas del presente. Estas pérdidas reducen drásticamente las opciones disponibles para quienes producirán y consumirán alimentos en el futuro. Por ello, la integridad biológica incorpora necesariamente una dimensión intergeneracional obligatoria.

Conclusión

La seguridad alimentaria responde a una necesidad humana fundamental. La integridad biológica introduce una condición indispensable para que esa seguridad pueda sostenerse a largo plazo.

Un sistema alimentario no puede considerarse plenamente sostenible si para satisfacer las necesidades del presente deteriora las condiciones ecológicas que necesitará para satisfacer las del futuro.

La propuesta, por tanto, es sencilla en su formulación: evaluar los sistemas alimentarios no solamente por lo que producen, sino también por lo que conservan, regeneran y transmiten a las generaciones futuras.

La pregunta siguiente ya no es conceptual. Es mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica? Ese será el eje de nuestra próxima entrega.

 

Próxima entrega: La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios.

La seguridad alimentaria comienza en la salud del suelo: hacia una nueva comprensión de los sistemas alimentarios

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Primera de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

«Toda sociedad cosecha, tarde o temprano, la manera en que decide cuidar la vida que existe bajo sus pies».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“La disponibilidad de comida es una condición necesaria, pero insuficiente. Por qué el conocimiento científico del siglo XXI nos obliga a superar el viejo indicador de las toneladas producidas y centrar la mirada en la base biológica que sostiene la vida bajo nuestros pies.”

Durante más de medio siglo, la seguridad alimentaria se centró en la cantidad. El objetivo principal era garantizar suficientes alimentos para la población. Este enfoque tradicional guio las políticas públicas del pasado. Sirvió para elevar la producción agrícola, mejorar el abastecimiento, potenciar la distribución y disminuir el hambre. Su valor histórico es indiscutible.

Sin embargo, la ciencia del siglo XXI transformó esta visión. Hoy sabemos que producir comida en abundancia es necesario, pero insuficiente. Ya no basta para asegurar una dieta saludable y sostenible. La pregunta actual no debe ser solo cuánto producimos. Ahora debemos cuestionar cómo producimos y sobre qué pilares ecológicos se sostiene la agricultura.

Más allá de la disponibilidad de alimentos

La seguridad alimentaria actual abarca cuatro dimensiones clave. Estas son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La FAO consolidó este marco de trabajo. Más tarde, el concepto sumó la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Esta evolución es fundamental. La disponibilidad real de alimentos depende de procesos biológicos muy complejos.

La fertilidad del suelo, los microorganismos y los polinizadores forman un entramado vital. A esto se unen la calidad del agua, la estabilidad del clima y la diversidad genética de los cultivos. Si uno de estos eslabones se daña, la producción del futuro se debilita.

La propia FAO reconoce la biodiversidad como fundamento de los sistemas agroalimentarios. Los seres vivos del suelo reciclan nutrientes, retienen el agua y limpian el entorno. Por eso, la seguridad alimentaria supera los límites de la agricultura y la nutrición. Su análisis debe partir siempre de la salud de los ecosistemas.

El suelo: el gran ausente del debate público

Paradójicamente, el pilar más importante de la alimentación suele pasar desapercibido. El suelo no es una simple plataforma muerta para sostener plantas. Es un sistema vivo y dinámico. En él conviven organismos, minerales, agua y procesos bioquímicos.

La FAO describe la salud del suelo como su capacidad para operar como un sistema vivo. Debe mantener la productividad, purificar el aire y proteger la sanidad vegetal y animal. Esta idea encierra una premisa temporal obligatoria. No basta con cosechar mucho hoy. El suelo debe conservar su vitalidad para rendir mañana.

La vida subterránea recicla nutrientes, procesa la materia orgánica y captura carbono. Cuidar el suelo no es solo proteger la naturaleza. Significa defender la infraestructura biológica de la agricultura. La seguridad alimentaria nace, literalmente, bajo la tierra.

Una riqueza invisible que sostiene la agricultura

Por mucho tiempo, la fertilidad se midió solo con variables físicas y químicas. Importaban la textura, el pH y los nutrientes sintéticos. La microbiología moderna rompió ese viejo paradigma. Las colonias de microbios transforman los nutrientes y nutren las raíces.

Los estudios sobre los microbiomas de la rizosfera revelan alianzas asombrosas entre plantas y bacterias. Estos hallazgos abren una frontera científica prometedora. Aun así, la cautela de la ciencia es necesaria. Muchos de estos efectos dependen del entorno local y siguen bajo investigación. El microbioma no es una solución milagrosa para todos los males del campo.

La revisión científica de Banerjee y van der Heijden vincula los microbiomas edáficos con el enfoque de Una Salud. Existe un lazo real entre el suelo, los cultivos, los animales y los seres humanos. No obstante, los autores recuerdan que quedan muchos misterios por resolver. La prudencia técnica sigue siendo obligatoria.

La biodiversidad también produce

Solemos asociar la biodiversidad con los bosques vírgenes y los parques nacionales. Sin embargo, los campos de cultivo albergan una biodiversidad invisible pero crítica. Lombrices, insectos, hongos y polinizadores sostienen el motor productivo.

La agroecología demuestra que estos organismos limpian, nutren y equilibran el terreno. El ecólogo Miguel Altieri aportó estudios fundamentales sobre este tema. Altieri demostró que la renovación natural depende de la integridad biológica del entorno agrícola. En conclusión, la biodiversidad en las parcelas es una herramienta de producción real.

El problema de la simplificación

La agricultura actual elevó los rendimientos de forma masiva. Lo logró mediante la especialización, los químicos y la maquinaria pesada. Sin embargo, la intensificación extrema destruye la vida biológica. Provoca, además, una dependencia peligrosa de insumos externos.

El dilema no es el uso de la tecnología ni la búsqueda de eficiencia. El error grave aparece cuando la ganancia inmediata destruye el suelo del futuro. La pregunta correcta no es si debemos producir. El reto es cómo producir sin agotar la tierra.

Una nueva manera de medir el progreso

Durante décadas, el éxito del campo se midió solo en toneladas cosechadas. En el futuro, los indicadores deberán cambiar. Tendremos que evaluar la calidad biológica de los terrenos. Mediremos la biodiversidad funcional y la resiliencia de los agroecosistemas. Analizaremos la pureza del agua y la dependencia de agroquímicos sintéticos importados.

El progreso real no es vaciar la tierra para vender más hoy. Consiste en cosechar sin romper los ciclos biológicos del mañana. Esta primera entrega nos deja una interrogante compleja: ¿cómo unir todas estas variables para medir la salud real de nuestro sistema alimentario? Ese desafío será el eje central de nuestro próximo artículo.

Próxima entrega: La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI.

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

Dos escolares sentaron cátedra en el Mes de la Patria

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».
— Benito Juárez (1806-1872)

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.

¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.

Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.

Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.

Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.

En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.

El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.

Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.

¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.

Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.

Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.

La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.

El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.

La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.

Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».

No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.

El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.

No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.

El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.

Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.

La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.

En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.

Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.

El laboratorio del malestar: Costa Rica como advertencia internacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.

Alicia Lissidini

Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.

Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.

¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.

Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.

La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.

El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.

El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.

A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.

El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.

El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.

Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.

«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»: La paz no se construye con bombillos

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué el reclamo de la infancia al respeto y al diálogo desarma la propaganda de la General Cañas y nos recuerda que la paz se practica con el ejemplo y no con la estricta estrategia del insulto.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ iluminando la carretera General Cañas mientras Costa Rica atraviesa uno de los períodos de mayor crispación política de sus últimas décadas.

La instalación lumínica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es hermosa, pero las palabras en el escenario público también funcionan como espejos. Esta imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es este despliegue un simple gesto patriótico o una flagrante contradicción política que pretende maquillar con propaganda la retórica oficialista de la confrontación?

El viejo refrán popular alberga una sabiduría implacable: «dime de qué presumes y te diré de qué careces». En este contexto, resulta contradictorio que el Poder Ejecutivo exalte la concordia en las carreteras mientras, en la práctica cotidiana, se cultiva el enfrentamiento permanente como método de gobierno.

Como hemos podido observar, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ahora bajo la línea de continuidad de la presidenta Laura Fernández, el aparato estatal se ha concentrado en deslegitimar de forma sistemática a las instituciones que garantizan el equilibrio republicano. La Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa independiente han sido convertidos en blancos recurrentes de descalificaciones y etiquetados oficiales desde el poder.

Frente a este ambiente de constante hostilidad que promueven las altas esferas gubernamentales, la verdadera sensatez cívica ha brotado desde las aulas escolares. Los actos del pasado 1ero. de setiembre en el cantón de Coronado quedaron marcados por la intervención de Keyla Chavarría Jiménez, una estudiante de segundo grado y apenas ocho años de edad, quien con enorme lucidez sacudió la complacencia de los adultos al recordarles una verdad medular: «la democracia no solamente se hereda, también se cuida». Su mensaje desarmó la propaganda política actual, evidenciando que la estabilidad de una nación no se decreta, sino que se construye tolerando la disidencia.

Lamentablemente, el comportamiento del Gobierno transita por el rumbo contrario. En el preciso momento en que la escolar recordaba que el civismo exige convivir en la diversidad al dictar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aun así se hablan con respeto», el ministro de Justicia y Paz utilizaba su papelería oficial para validar el rastreo y etiquetado de profesores y defensores civiles bajo la premisa de tenerlos «identificados». De manera simultánea, la presidenta de la República arremetía contra la independencia judicial, acusando públicamente a los veintidós magistrados de la Corte Suprema de amoldar sus fallos a conveniencias de continuidad de sus cargos.

Estos ataques rompen el tejido social elemental, dado que no puede haber paz institucional cuando se pretende arbitrariamente dividir al país entre «ciudadanos legítimos» que aplauden al oficialismo, y supuestos «enemigos de la patria» bajo registro y vigilancia estatal.

Por esa razón, las peticiones de Keyla constituyen un severo y directo emplazamiento ético a las autoridades del Estado. Al exhortar a los adultos a deponer los discursos de odio, Keyla sentenció: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Lamentablemente, el oficialismo actual intenta validar su opacidad y sus despliegues autoritarios bajo la premisa de que el triunfo en las urnas les concede un poder absoluto e incuestionable. Olvidan de forma voluntaria que en nuestro ordenamiento constitucional el gobernante es un simple administrador transitorio y que el verdadero soberano es el pueblo. Los frenos técnicos de los tribunales y la fiscalización del periodismo independiente no son obstáculos ni complots; son las salvaguardas que protegen la libertad de la ciudadanía frente a los abusos del mandatario de turno.

La paz, tal y como lo resumió de forma magistral la escolar, va mucho más allá del desarme militar: «La paz no significa solamente vivir en un país sin ejército; significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

Siendo así, es claro que la auténtica fortaleza republicana no radica en gritar más fuerte desde un micrófono presidencial ni en atemorizar a la judicatura, sino en respetar la legalidad y actuar con la humildad de saber que el poder puede equivocarse.

Este próximo 14 de septiembre, cuando la ciudadanía responda a la convocatoria de participar activamente en la faroleada nacional portando luces y banderas blancas por la concordia, se estará enviando una advertencia contundente a las cúpulas políticas.

Es hora de que los inquilinos temporales de Casa Presidencial abandonen la estricta estrategia del insulto y demuestren con acciones que, tal como concluyó Keyla en Coronado, «todas las personas merecen ser tratadas con dignidad».

Imagen: Página de la CNFL en Facebook aportada por el autor.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

En el mes de la Patria… La lección de Coronado: Una niña de ocho años le enseña democracia al poder

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.

Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».

El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».

En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».

A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.

Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.

El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».

Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.