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Etiqueta: Jaime E. García González

Depositarios de la ley, no dueños de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.

En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.

Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.

Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.

En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.

La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.

Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.

Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.

Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.

Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.

En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.

Hoy hace 80 años… El SIBDI, silencioso corazón académico de la UCR

Escrito en . Publicado en Educación.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

“El trabajo del SIBDI en los últimos 80 años ha sido una de esas labores esenciales que pocas veces ocupan titulares, pero sin las cuales la vida universitaria simplemente no sería posible.”

Celebrar un aniversario del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) es mucho más que conmemorar una fecha institucional. Es reconocer una de las estructuras silenciosas pero fundamentales que han sostenido, durante décadas, la vida académica, científica y humanista de la Universidad de Costa Rica. Detrás de innumerables tesis, investigaciones, artículos y clases ha estado siempre el trabajo constante y comprometido de las bibliotecas universitarias y de quienes las hacen posibles.

La historia del SIBDI (AUROL, 2021 y Rodríguez, 1996) refleja también la historia del crecimiento intelectual de la Universidad. Desde aquella pequeña sala inaugurada el 26 de agosto de 1946 en el antiguo edificio universitario de Barrio González Lahmann, con capacidad para apenas treinta lectores, hasta la compleja red de bibliotecas especializadas que hoy integra numerosas unidades académicas y centros de investigación, el recorrido ha sido extraordinario. La apertura de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en 1970 marcó un hito en la consolidación de servicios modernos para la docencia y la investigación, mientras que la expansión posterior hacia bibliotecas especializadas confirmó que el acceso al conocimiento constituye uno de los pilares esenciales de la universidad pública.

Fuente: La Tribuna, 27 de agosto de 1947, p. 4. Cortesía de Marco Díaz Segura, Museo UCR. Foto coloreada y definición mejorada con ChatGPT.

Sin embargo, más allá de los edificios, colecciones y sistemas tecnológicos, la verdadera fortaleza del SIBDI ha sido siempre su gente.

Lo digo desde una experiencia profundamente personal. Como estudiante universitario desde 1974 y posteriormente como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de convivir durante décadas con funcionarios y funcionarias del SIBDI cuya calidad humana y profesional dejó una huella imborrable. Siempre encontré disposición para ayudar, paciencia ante las consultas, rigurosidad en el trabajo y un profundo compromiso con el servicio público universitario.

Quienes hemos pasado largas horas buscando referencias bibliográficas, revisando revistas científicas o intentando localizar materiales difíciles de conseguir sabemos que detrás de cada respuesta eficiente existen personas cuya labor suele permanecer invisibilizada. Muchas veces fueron precisamente los funcionarios del SIBDI quienes orientaron investigaciones, facilitaron recursos indispensables o resolvieron problemas que parecían menores, pero que resultaban cruciales para el trabajo académico cotidiano.

En tiempos donde la inmediatez digital pareciera hacernos olvidar el valor de las instituciones dedicadas al conocimiento, conviene recordar que una biblioteca universitaria no es simplemente un depósito de libros. Es un espacio de formación crítica, de democratización del acceso a la información y de construcción de ciudadanía. Y ello requiere no solo infraestructura y tecnología, sino también vocación, criterio profesional y una sólida ética de servicio.

Además, el tránsito desde las antiguas fichas catalográficas hasta los modernos sistemas automatizados ha demandado procesos permanentes de adaptación. Ese esfuerzo silencioso permitió que la Universidad mantuviera vivo y accesible su patrimonio bibliográfico y documental en medio de profundas transformaciones tecnológicas y presupuestarias.

Por todo ello, este aniversario constituye una oportunidad para expresar gratitud hacia quienes, desde los mostradores de préstamo, las salas de referencia, los procesos técnicos, la digitalización o la administración de colecciones, han contribuido durante décadas a sostener una de las funciones más nobles de la universidad pública: garantizar el acceso al conocimiento.

Felicitar al SIBDI es también reconocer una tradición universitaria profundamente ligada al pensamiento crítico, a la investigación rigurosa y al compromiso con la cultura y la educación costarricense.

En una época marcada por la desinformación y la superficialidad, el trabajo del SIBDI nos recuerda que el conocimiento serio, accesible y organizado sigue siendo indispensable para la democracia y para el futuro del país.

A todas las personas que han formado y constituyen parte del SIBDI: gracias por tantos años de entrega, profesionalismo y servicio a la comunidad universitaria y nacional. Su labor ha sido, y continúa siendo, fundamental para la Universidad de Costa Rica y para nuestro país.

¿La política por encima de la Constitución? El trasfondo del choque entre el Congreso y la Sala IV

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Por qué las sentencias constitucionales no pueden ser «ilegales», la regla matemática que valida la lista de 18 candidatos de la Corte y el peligro de subordinar la justicia a las mayorías de turno.

El presente texto constituye una síntesis articulada basada en las reflexiones y criterios jurídicos expuestos por el analista José Solano Saborío en su programa «Entre Verdades y Opiniones», así como en las tesis constitucionales desarrolladas por el jurista Jaime Ordóñez.

La democracia costarricense no se debilita únicamente por la violación flagrante de sus leyes, sino también cuando se pretende reinterpretarlas de manera oportunista al servicio de intereses políticos circunstanciales. Costa Rica atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de sus últimas décadas. El conflicto en torno al nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional ha desatado enfrentamientos de discursos que, en muchos casos, solo han contribuido a aumentar la polarización y la confusión de la ciudadanía.

En este complejo escenario, el analista y abogado José Solano Saborío ha desarrollado en su programa Entre Verdades y Opiniones una exposición detallada de la controversia. Su fundamentación, complementada de forma nítida por las tesis académicas del jurista Jaime Ordóñez, recuerda un principio republicano elemental: los conflictos entre los poderes del Estado no pueden resolverse mediante la imposición de las mayorías, sino a través del derecho y del respeto absoluto a las reglas del orden constitucional.

El punto central de la discusión radica en determinar si la Asamblea Legislativa puede devolver discrecionalmente las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia y negarse de forma indefinida a efectuar las designaciones. Tal posibilidad no se encuentra contemplada en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Admitir que el Poder Legislativo pueda bloquear de forma reiterada e indeterminada las ternas remitidas por la Corte hasta forzar la aparición de nombres afines a su preferencia política erosionaría la independencia de los jueces, subordinando la judicatura al interés del gobernante de turno.

Bajo esta misma línea de rigor normativo, el argumento político que acusaba a la Corte Suprema de Justicia de enviar una nómina incompleta por remitir dieciocho candidatos en lugar de veinticuatro carece de sustento legal. La razón jurídica es aritmética y categórica: el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa la obligación de enviar estrictamente dos candidatos elegibles por cada plaza vacante. Al existir exactamente de forma oficial nueve plazas vacantes a magistraturas suplentes en ese momento, la Corte cumplió de manera milimétrica con la ley al estructurar una lista final unificada de dieciocho aspirantes, haciendo que la exigencia de veinticuatro nombres fuese un sinsentido normativo.

Frente al preocupante impasse y punto muerto jurídico generado entre el Congreso y la Corte, la Sala Constitucional no solo tenía el derecho de resolver, sino la obligación y el deber de hacerlo. Como nos lo recuerda Ordóñez, el artículo 10 de la Carta Magna es taxativo al asignarle a esta magistratura especializada la competencia exclusiva de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Como bien argumenta Ordóñez, al dictar su resolución provisional, el tribunal actuó en resguardo del bienestar de las personas, el fin supremo de todo sistema democrático.

Para destrabar el sistema, Ordónez nos hace ver que la Sala IV aplicó de forma unificada cinco principios medulares del derecho constitucional: el principio de continuidad del servicio público de justicia —que evita que miles de personas vulnerables vean suspendida la tutela de sus recursos de amparo en salud o acceso al agua—, la integración constitucional frente a omisiones del Estado, la plenitud hermética del ordenamiento, la prohibición del vacío de tutela y la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión.

Esta jurisprudencia integradora no es una anomalía costarricense; es la misma herramienta de funcionamiento del orden constitucional (Funktionsfähigkeit der Verfassungsordnung) que aplica el Tribunal Constitucional Federal en Alemania, o las llamadas sentenze additive empleadas por la Corte Constitucional italiana cuando las omisiones del parlamento amenazan con dañar los derechos fundamentales de la sociedad.

Por esta razón, la narrativa impulsada desde sectores políticos que tachan de «ilegal» la resolución del tribunal denota una alarmante carencia de rigor técnico. Por esencia y naturaleza jurídica, jamás una sentencia de un Tribunal Constitucional puede ser catalogada de ilegal. Al ser el órgano supremo de interpretación de la Carta Magna, sus resoluciones se ubican en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen y poseen un rango superior a la ley ordinaria. Sostener lo contrario es incurrir en un contrasentido conceptual insostenible.

Lo verdaderamente lamentable, y en lo que confluyen de forma categórica las críticas de Solano Saborío y Ordóñez, es observar a diversos periodistas y medios de comunicación repetir y amplificar estas ligerezas jurídicas, confundiendo a la población. Cuando la conveniencia política pretende sustituir al derecho, la institucionalidad democrática se resiente, y cuando el equilibrio de poderes se debilita, es toda la sociedad la que termina pagando las consecuencias.

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.

“Ya los tenemos identificados”: una frase que exige explicaciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

“Una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos.”
Benjamín Franklin (atribuida)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

Una afirmación del jerarca de Justicia y Paz plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta

Hay declaraciones de un funcionario público que pueden ser entendidas como una simple expresión política. Pero hay otras que, por las palabras utilizadas y por la investidura de quien las pronuncia, obligan a pedir explicaciones.

El pasado miércoles 12 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al referirse al denominado Plan Cero Ocio, manifestó públicamente:

“Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora Presidente, para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de clóset, inclusive todavía; que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos…”

Más allá del lenguaje empleado —que por sí mismo resulta preocupante cuando proviene de un jerarca ministerial— hay una expresión que merece especial atención: “ya los tenemos identificados”.

La pregunta es inevitable: ¿quiénes son “ellos” y qué significa exactamente que el Ministerio de Justicia y Paz los tenga identificados?

No se trata de una cuestión menor ni de una disputa semántica. Si la frase fue utilizada simplemente como recurso retórico para referirse a personas que públicamente han cuestionado el Plan Cero Ocio, el ministro debería poder aclararlo sin dificultad. Pero si detrás de esas palabras existe efectivamente algún mecanismo institucional de identificación, seguimiento o recopilación de información sobre ciudadanos, la cuestión adquiere una dimensión completamente distinta.

Por esa razón, he dirigido al ministro Aguilar Vargas una solicitud para que precise el alcance de sus declaraciones. Las preguntas son concretas:

¿A quiénes se refirió cuando habló de “todos aquellos abolicionistas”? ¿Qué personas u organizaciones incluyó en esa categoría? ¿A qué declaraciones o actuaciones concretas se refería cuando afirmó que habían “hablado tanta paja” y que consideraban que el Plan Cero Ocio era “flor de un día”?

También le solicité que aclarara el significado de sus expresiones “estos zurdos” y “algunos de clóset”. ¿Estaba identificando a personas determinadas por sus posiciones políticas, ideológicas o de otra índole? Pero las preguntas centrales son otras.

Cuando el ministro afirma “ya los tenemos identificados”, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se refiere? ¿Qué institución o dependencia las identificó? ¿Con qué propósito? ¿Existe un registro, informe, base de datos o expediente en el que figuren sus nombres? Y, sobre todo: ¿cómo fueron identificadas?

¿Se utilizaron sus declaraciones públicas, sus opiniones políticas, su participación en reuniones, sus actividades sociales o sus vínculos con determinadas organizaciones para elaborar esa identificación?

El ministro agregó que esas personas “se reunieron un día de estos”. Por ello también pregunté a qué reunión concreta hacía referencia, cuándo tuvo lugar, quiénes participaron y cómo tuvo conocimiento el Ministerio de Justicia y Paz de dicha reunión.

Esta última pregunta resulta particularmente importante. En una democracia, reunirse con otras personas, expresar opiniones políticas, criticar las políticas gubernamentales o participar en organizaciones de la sociedad civil son actividades que forman parte del ejercicio ordinario de las libertades públicas.

Por eso resulta indispensable saber si las palabras del ministro describían simplemente lo que cualquier ciudadano podría conocer a partir de información pública o si revelaban la existencia de algún mecanismo institucional de vigilancia o seguimiento.

El problema no son las opiniones del ministro

El ministro de Justicia y Paz tiene, como cualquier ciudadano, derecho a expresar sus opiniones. También puede defender el Plan Cero Ocio y cuestionar públicamente a quienes lo critican.

El problema surge cuando el lenguaje utilizado por un jerarca puede interpretarse como la revelación de que personas con determinadas posiciones políticas han sido “identificadas” por el aparato institucional que dirige. La diferencia es sustancial.

Una cosa es que un ministro diga: “conozco a quienes públicamente han criticado el programa”. Otra muy distinta es afirmar: “ya los tenemos identificados”. El uso del plural —“los tenemos”— plantea además una pregunta adicional: ¿quiénes son ese “nosotros” y qué hicieron para identificarlos?

No estoy atribuyendo al ministro una conducta que no haya demostrado. Precisamente por eso solicité explicaciones. La transparencia exige que, ante una afirmación de esa naturaleza, sea el propio jerarca quien aclare qué quiso decir.

Una pregunta que trasciende al Plan Cero Ocio

El asunto tampoco debería reducirse a una controversia alrededor de un programa penitenciario. Lo que está en juego es algo más elemental: los límites que debe observar el poder público frente a las opiniones, las ideas y las actividades lícitas de los ciudadanos.

En una sociedad democrática no debería existir una categoría de ciudadanos “identificados” por sus opiniones políticas. Tampoco debería utilizarse la condición ideológica real o atribuida de una persona —“zurdos”, “de clóset” o cualquier otra etiqueta— como criterio para establecer mecanismos de seguimiento estatal.

Si el ministro no quiso decir eso, lo razonable es que lo aclare. Y si efectivamente existe algún procedimiento institucional mediante el cual determinadas personas han sido identificadas, corresponde explicar quién lo ordenó, con qué fundamento jurídico, para qué finalidad y qué información fue recopilada.

No se trata de defender una determinada posición política ni de reivindicar a quienes apoyan o cuestionan el Plan Cero Ocio. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Estado con la información relacionada con sus opiniones, reuniones y actividades públicas.

Por eso las preguntas formuladas al ministro no son un ejercicio de confrontación política. Son preguntas que cualquier ciudadano debería poder plantear a un funcionario público cuando sus propias palabras parecen sugerir la existencia de una identificación institucional de personas por sus posiciones políticas.

Ahora corresponde al ministro Aguilar Vargas responder. Y sería deseable que lo hiciera con nombres, hechos, fundamentos jurídicos y documentos, no con nuevas descalificaciones.

Porque cuando un ministro dice que determinadas personas “ya las tenemos identificadas”, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿Quiénes son? ¿Quién las identificó? ¿Cómo las identificó? ¿Para qué las identificó? Y, sobre todo, ¿por qué?

Cuando el ballet se convierte en emoción

Escrito en . Publicado en Arte.

“La danza es el lenguaje oculto del alma.”
— Martha Graham (1894-1991)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

La Gala de la Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José demostró que la disciplina, el talento y la belleza pueden transformar un escenario en un espacio de encuentro con el arte.

Hay espectáculos que se observan y otros que, además, se viven. La Gala de Ballet presentada el pasado 8 de agosto por la Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José, en el Teatro Melico Salazar, fue, claramente, de esos espectáculos.

Desde los primeros compases hasta el último saludo, la función ofreció una demostración de que el ballet clásico continúa teniendo una extraordinaria capacidad para conmover cuando detrás de cada movimiento existen disciplina, preparación, sensibilidad artística y un profundo respeto por la danza.

Y el público lo reconoció con claridad: los aplausos fueron, quizá, la mejor medida del éxito de una presentación que consiguió conjugar virtuosismo técnico, belleza escénica y emoción.

No era una tarea sencilla. Una gala de estas características exige mucho más que reunir una serie de piezas conocidas. Requiere establecer un diálogo entre las obras, los intérpretes, la música, la iluminación, el vestuario y la propia arquitectura del escenario. En esta ocasión, ese diálogo funcionó.

Un repertorio que permitió viajar por la historia de la danza

La selección de las obras fue uno de los grandes aciertos de la noche. El programa llevó al público desde la majestuosidad de La Bayadère, de Ludwig Minkus, hasta el universo de El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Tchaikovsky; incorporó además Aguas primaverales, de Serguéi Rachmaninov, y las vigorosas Danzas polovetsianas, de Alexander Borodin, junto con otras piezas y coreografías.

Esa diversidad permitió apreciar diferentes registros de la danza: la delicadeza y el refinamiento del ballet clásico, el virtuosismo de las variaciones, la expresividad de los pas de deux, la energía de las danzas de conjunto y la fuerza interpretativa que exige cada lenguaje coreográfico.

Particularmente gratificante fue comprobar que las obras no fueron tratadas como simples ejercicios académicos. En ellas hubo intención expresiva. Los movimientos no parecían existir únicamente para demostrar que podían ejecutarse correctamente, sino para contar, sugerir y emocionar.

Ese es, en última instancia, uno de los mayores desafíos de la danza: conseguir que el público deje de pensar en la dificultad técnica que existe detrás de cada movimiento y simplemente se deje llevar por aquello que está viendo.

La técnica al servicio de la belleza

El ballet exige una combinación poco común de condiciones: fuerza y ligereza, precisión y espontaneidad, disciplina y libertad expresiva. Durante la Gala, bailarinas y bailarines mostraron el resultado de un proceso de formación que no puede improvisarse. Cada salto, giro, extensión, equilibrio y desplazamiento es la culminación de innumerables horas de ensayo y de una rigurosa preparación corporal.

Pero quizá lo más destacable fue que la técnica no terminó convirtiéndose en exhibicionismo. La verdadera calidad de un bailarín aparece cuando la dificultad desaparece ante los ojos del espectador. Cuando un movimiento que ha requerido incontables horas de trabajo parece surgir con naturalidad. Cuando el esfuerzo deja de verse y solo permanece la belleza. Eso fue posible gracias también al trabajo colectivo de la Escuela.

El programa acredita a Flor E. Carreras como directora a. i., junto con un equipo de profesores integrado por Marcela Jiménez, Gustavo Vargas, Irina Voronova, Camila Fernández, Ronny Ramírez y Michael Céspedes. Asimismo, identifica a Gustavo Vargas y Camila Fernández como maîtres répétiteurs y a Ronny Ramírez como asistente de ensayos. La presencia de los profesores eméritos María Monakhova y Anatoly Danilytchev añade, además, el valor de una trayectoria pedagógica que forma parte de la identidad de la Escuela.

Detrás de los bailarines que vimos sobre el escenario existe, por tanto, un equipo pedagógico y artístico que merece ser reconocido. Más de 30 años dedicados a la formación en ballet clásico explican que la calidad demostrada en esta Gala no sea producto de la casualidad, sino el resultado de una trayectoria cimentada en la disciplina, la excelencia y la dedicación al arte.

Cuando todo lo que rodea al bailarín también baila

Otro de los aciertos de la Gala estuvo en comprender que el ballet no termina en el cuerpo de quien danza. La escenografía, el vestuario y las luces constituyen parte esencial de la narración escénica. Una mala iluminación puede restarle fuerza a una interpretación extraordinaria; un vestuario inadecuado puede romper la atmósfera de una obra; una escenografía que compite innecesariamente con los intérpretes puede distraer al espectador. En esta Gala ocurrió lo contrario.

El diseño de vestuario de María Monakhova, la responsabilidad de vestuario a cargo de Marcela Jiménez, la escenografía de Fernando Castro y el diseño de luces de Gustavo Vargas contribuyeron a construir el ambiente visual de la Gala.

La iluminación, en particular, cumplió una función que va mucho más allá de hacer visible el escenario: ayudó a crear atmósferas, destacar momentos y acompañar los cambios de intensidad de las obras.

Lo mismo puede decirse del vestuario. En el ballet, la indumentaria no es un simple elemento decorativo. Ayuda a definir personajes, épocas, ambientes y movimientos. Y cuando está bien concebida, se integra al cuerpo del bailarín hasta convertirse en parte de la coreografía.

La música: el otro cuerpo de la danza

Y, por supuesto, está la música. Minkus, Tchaikovsky, Rachmaninov y Borodin no son simplemente nombres escritos en un programa. Son compositores cuya música posee una extraordinaria capacidad para generar imágenes, emociones y movimientos.

En una buena función de ballet, música y danza dejan de percibirse como dos expresiones independientes. Se convierten en una sola experiencia. Esa integración fue otro de los méritos de la Gala: permitir que la música guiara la emoción sin que la danza quedara subordinada a ella, y que el movimiento visualizara aquello que la música sugería.

El aplauso como veredicto

Al final, cuando las luces se encendieron y los intérpretes recibieron los aplausos, quedó la sensación de haber asistido a algo que iba más allá de una presentación académica. Fue una celebración del ballet.

Una celebración de la música, del movimiento, del esfuerzo y de la belleza. Una demostración de que el arte escénico todavía puede producir ese instante tan necesario en el que una sala llena de personas diferentes comparte simultáneamente una misma emoción.

Y quizá ahí reside el mayor mérito de esta Gala: recordarnos que la excelencia artística no siempre necesita grandes discursos para hacerse evidente. A veces basta con que se abra el telón, comience la música y un cuerpo humano sea capaz de convertir el movimiento en poesía.

La Escuela de Ballet Clásico Ruso de San José lo consiguió plenamente. Y el público, con sus aplausos, se encargó de decirlo. Queda, entonces, el agradecimiento a quienes hicieron posible esta noche de arte: a los maestros que forman, a los bailarines que entregan su talento y esfuerzo y a todos quienes, detrás del escenario, trabajan para que la belleza pueda llegar hasta el público.

Porque al final, cuando las luces se apagaron y el telón cayó, quedó suspendida en el aire una certeza: esa noche, el ballet había hecho su milagro; había convertido el esfuerzo en belleza, la música en emoción y el movimiento en un recuerdo destinado a permanecer.

El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf

¿Así o más claro? La Constitución habló

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.

La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»

La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.

Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.

Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.

No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.

Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.

Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.

La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.

La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.

Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:

«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».

No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.

Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.

La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.

Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.

Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.

Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.

Roque Dalton frente a la indiferencia universitaria

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Este artículo surge tras asistir al espectáculo teatral, poético y musical “Roque Dalton. El turno del ofendido”, presentado recientemente en el Teatro de Bolsillo; una magnífica puesta en escena que reivindica la vigencia humana, política y cultural de Roque Dalton (https://shortlink.uk/1vGIN)

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue interpelando a las universidades latinoamericanas con una pregunta incómoda: ¿para quién se produce el conocimiento?

Por décadas, las universidades latinoamericanas han sido espacios de pensamiento crítico, debate intelectual y producción de conocimiento. Sin embargo, también han enfrentado una tensión permanente: la de decidir si ese conocimiento se limita a los círculos académicos o si, por el contrario, se pone al servicio de las grandes causas sociales de nuestras sociedades. En ese debate, la voz de Roque A. Dalton García (1935-1975) sigue conservando una vigencia extraordinaria.

Dalton no fue únicamente un poeta brillante. Fue también un intelectual profundamente incómodo para los poderes políticos, económicos e incluso culturales de su tiempo. Su obra literaria, marcada por el humor, la ironía y la crítica social, estuvo atravesada por una convicción fundamental: el intelectual latinoamericano no podía permanecer neutral frente a la injusticia.

Ese llamado tuvo un destinatario muy claro: la universidad.

Para Dalton, el conocimiento que no dialoga con la realidad social termina convertido en un ejercicio estéril. Criticó duramente al intelectual encerrado en la “torre de marfil”, distante de los dolores y esperanzas de su sociedad. En una América Latina caracterizada por profundas desigualdades, pobreza, exclusión y violencia política, el poeta salvadoreño consideraba que el silencio académico equivalía, muchas veces, a una forma de complicidad.

Su pensamiento sigue interpelando a las universidades públicas latinoamericanas, especialmente en momentos en que numerosos sectores intentan reducirlas a simples centros de formación técnica o a engranajes funcionales del mercado. Dalton recordaba que la universidad debía ser mucho más que eso: un espacio de conciencia crítica, de reflexión ética y de compromiso con la transformación social.

No se trataba, desde luego, de convertir la academia en propaganda política ni de sacrificar el rigor científico en nombre del activismo. El propio Dalton comprendía el enorme valor del pensamiento crítico y de la investigación seria. Lo que cuestionaba era la indiferencia. Su preocupación central era que el conocimiento universitario perdiera contacto con la realidad de las mayorías.

La reciente puesta en escena “Roque Dalton. El turno del ofendido” permitió precisamente reencontrarse con esa dimensión profundamente humana y crítica del poeta salvadoreño. El espectáculo no solamente reconstruye fragmentos de su vida y de su obra, sino que devuelve actualidad a preguntas que siguen siendo incómodas para nuestras sociedades y nuestras universidades: ¿para quién se escribe?, ¿para quién se investiga?, ¿a quién sirve realmente el conocimiento?

Vivimos una época marcada por múltiples crisis: deterioro ambiental, concentración de la riqueza, debilitamiento democrático, violencia social y desinformación masiva. Frente a estos desafíos, la universidad no puede limitarse a observar desde la comodidad institucional. Las sociedades latinoamericanas necesitan académicos capaces de investigar, denunciar, explicar y proponer soluciones a problemas que afectan cotidianamente a millones de personas.

En Costa Rica, esa discusión no es ajena. Las universidades públicas han desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de la democracia, la movilidad social y el pensamiento crítico. Sin embargo, también enfrentan crecientes presiones presupuestarias y discursos que buscan deslegitimar su función social. En ese contexto, recordar a Roque Dalton resulta especialmente pertinente.

El poeta salvadoreño comprendía que la función social de la universidad no consiste únicamente en producir profesionales competentes, sino también ciudadanos conscientes. Su llamado a los académicos universitarios era, en el fondo, un llamado ético: poner la inteligencia y el conocimiento al servicio de la sociedad.

Tal vez por eso su pensamiento continúa generando incomodidad. Porque obliga a preguntarnos para quién investigamos, para quién enseñamos y para quién producimos conocimiento. Obliga a cuestionar si la universidad está contribuyendo a reducir las desigualdades o si, inadvertidamente, termina reproduciéndolas.

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue recordándonos que el conocimiento sin compromiso humano corre el riesgo de convertirse en simple ornamentación cultural. Y que una universidad incapaz de escuchar a su sociedad termina perdiendo, poco a poco, su razón de ser.

Imagen: https://eluniversitario.ues.edu.sv/escritores-salvadorenos-roque-dalton/