Hace algunos meses se publicó en Semanario Universidad un artículo de la periodista Fabiola Pomerada García acerca de un proyecto de ley que permitiría otorgar derechos de uso en terrenos que son patrimonio natural del Estado. El reportaje expone que quienes impulsan la iniciativa desde el gobierno y la Asamblea Legislativa argumentan que se podría resolver el problema de tenencia de la tierra en áreas protegidas, y que alrededor de 245 poblados se beneficiarían con esta nueva figura jurídica.
La propuesta inicial de este proyecto ha sido coordinado por el MINAE y lo que pretende es crear un Derecho de Utilidad Ambiental que podría permitir a las personas que habitan estas zonas obtener bonos, créditos, traspasos, hipotecas, heredar y como punto importante que el Gobierno pueda realizar mejoras a escuelas y asegurar a las comunidades la obtención de servicios públicos.
Un punto importante según Pomerada es que este proyecto de ley abre la posibilidad para que personas jurídicas y sin fines de lucro puedan recibir estos derechos, aunque el dominio público estaría en manos del Estado costarricense.
En relación con lo anterior, el abogado y ecologista Jose Francisco Alfaro comenta que «no cree que la intención sea resolver problemas de las personas de menos recursos, al final serán inversionistas que terminarán con las tierras de las familias que sean de escasos recursos. El caso de la zona inalienable de ley 65 de 1888, los de escasos o menos recursos pueden ser cuando mucho un 10%, y por éstos se va a entregar el patrimonio natural a otros que no son para nada de bajos recursos, y sobre todo, se pondría en peligro terrenos que son de alta vulnerabilidad ambiental, en cuenta de recarga acuífera. Existen otros mecanismos para no dejar desamparados a los de menos recursos”.
Siguiendo en esta línea, el artículo que elaboró Natalia Díaz Zeledón para Semanario Universidad, expone las presiones y exigencias que se gestan desde la procuraduría, en específico Julio Jurado sobre la viabilidad y fundamentación técnica y científica para esta ley que permitiría la ocupación “ilegal” en Patrimonio Nacional, pues lo que se estipula es que este podrías ser inconstitucional y rozar con el artículo 50 de la Constitución Política por falta de justificaciones que lo validen.
Parte de los riesgos y observaciones que expone Jose Francisco Alfaro se pueden encontrar en un PDF que compartimos al final de la nota, emitido por la Contraloría General de la República específicamente el párrafo 3 de la página 7 que dice:
Ahora bien, un aspecto que llama la atención en el texto propuesto (por ejemplo mediante los artículos 9 y 10 es la incorporación de definiciones y conceptos esenciales sobre el PNE y las ASP, que ya se encuentran contenidas en otras leyes vigentes, sin configurar reformas o modificaciones a dichos textos legales, lo que podría eventualmente generar confusiones, antinomias o interpretaciones aisladas que pueden incidir en la consistencia del marco jurídico, generando inseguridad o acciones litigiosas que pueden evitarse con una adecuada identificación de los conceptos base ya existentes para determinar los que verdaderamente, ameritan una innovación en la promulgación normativa, o bien, considerar las reformas pertinentes -en una adecuada técnica legislativa- antes que incurrir en la superposición que se evidencia.
En el documento citado anteriormente se pueden encontrar otras llamadas de atención del órgano controlador que pueden ser sustanciosas para entender el proyecto de ley y sus implicaciones.
Le invitamos a descargar y difundir este PDF:
Referencias:
Díaz Zeledón, Natalia (24 mayo 2021). Procurador pide ‘fundamento técnico y científico’ para ley que permitiría ocupación ilegal en Patrimonio Natural. Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/procurador-pide-fun
Pomerada Garcia, Fabiola (1 marzo 2021). Proyecto de ley permitiría otorgar derechos de uso en terrenos que son patrimonio natural del Estado. Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-ley-daria-derecho-de-u
Contraloría General de la República, (2021). Criterio de la Contraloría General de la República sobre el texto del proyecto de ley denominado: “Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental- (Ley DUA)” iniciativa que se tramita bajo expediente legislativo n.º 22.391. [PDF]
