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Etiqueta: José Manuel Arroyo Gutiérrez

Justicia retardada es justicia denegada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Presentación del libro de Nuria Calvo Fajardo)

José Manuel Arroyo Gutiérrez

1. Sentimiento personal después de leer el libro: vergüenza y perdón.

Acepté la amable invitación de mi amiga Marta Solano a comentar este libro sin saber lo que me esperaba. Para alguien que ha dedicado su vida profesional a la judicatura y la enseñanza del derecho, como es mi caso, la lectura de este testimonio deja un fuerte sabor de amarga derrota. Es inevitable sentir vergüenza y es inevitable pedir perdón, aunque personalmente no se haya participado de ninguna decisión en el caso concreto, no deja de pesar una responsabilidad implícita, por la derrota social, ante esta monumental injusticia.

2. Estado de Derecho y Proceso Penal.

Porque se supone, en teoría, que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de “los hombres”, como se decía en lenguaje tradicional; se supone también la rectoría del principio de legalidad en el tratamiento de todo tipo de conflictos (entre individuos, entre grupos, o entre individuos y la autoridad púbica misma); y se trata, en lo que al proceso penal corresponde, de hacer valer un conjunto de garantías, libertades y derechos, imprescindibles para perseguir y juzgar a una persona conforme lo establecido en la Constitución Política y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.

La doctrina especializada ha definido al proceso penal como un producto político-cultural; un instrumento con vigencia temporal y espacial determinados, para el control social, resultado de distintas fuerzas en las que terminan imponiéndose las dominantes económica y políticamente, mismas fuerzas que imponen no sólo qué está prohibido (el qué del derecho penal sustantivo); sino también el cómo se llega a declarar una conducta “delito”, lo propio del derecho procesal penal.

El fundamento ético de todo ordenamiento normativo sustantivo y adjetivo, penal y procesal, consiste en la realización del valor Justicia. La humanidad no conoce otro medio por el cual alcanzar ese valor sino a través del derecho y, específicamente, del proceso jurisdiccional, ese con los tres protagonistas típicos: el acusador, la defensa y el juzgador. La evolución de esta misma humanidad nos demuestra que no se trata de instrumentalizar cualquier ordenamiento normativo, sino el propio del Estado Social de Derecho, conforme los principios constitucionales y las declaraciones y tratados de derechos humanos.

3. Literatura, justicia y derecho.

Al tratarse de herramientas que el homo sapiens ha construido para resolver conflictos y aspirar a lo justo, la literatura de todos los tiempos, desde el Antiguo y Nuevo Testamento y el Código de Hammurabi, pasando por la Tragedia Griega y la literatura romana, hasta la novela, el teatro y el cine modernos, han incorporado al derecho penal y a los procesos penales como parte relevante de su acervo temático por medio de historias, testimonios y relatos.

Imposible hacer un repaso pormenorizado de este fenómeno cultural, pero podemos mencionar algunos momentos relevantes: el juicio seguido a Sócrates, la pasión y muerte de Jesús El Nazareno, el parto de la modernidad con los procesos inquisitoriales contra Giordano Bruno, Galileo Galilei, Juana de Arco y miles de mujeres consideradas brujas, hombres herejes y chivos expiatorios anónimos, que permanecen como yagas sangrantes de la historia de los procesos judiciales, testimonios aún vivos del fracaso de la justicia humana, y evidencias que han llevado a algún penalista contemporáneo a exclamar que ha sido mucho peor la historia de las penas y los castigos, que la historia misma de los crímenes que intenta reprimir.

Quizá cabe aquí citar a un ilustre jurista italiano de la segunda mitad del siglo XX, Salvatore Satta, que desarrolló la idea del proceso judicial como un misterio, no en el sentido esotérico o religioso, sino como un producto cultural que trasciende lo estrictamente técnico jurídico, para convertirse en una metáfora de la condición humana y su relación con el derecho y la justicia. Para Satta es necesario explorar la naturaleza enigmática y compleja de los procesos judiciales, señalando su profundo impacto social, la imposibilidad de comprenderlos a cabalidad y, sobre todo, la cuestión de cómo puede ser posible que un instrumento concebido para hacer justicia, pueda convertirse en todo lo contrario, un mecanismo de tortura y suplicio, venganza, espectáculo fatuo, o flagrante atropello a los derechos fundamentales.

Hay otro tópico que relaciona la literatura y el proceso al que quiero referirme esta noche. Sabemos que la pérdida de libertad, el cautiverio, la cárcel y el encierro en todas sus formas, ha sido fuente de inspiración para la literatura universal. Desde el mítico relato que señala a un tal Miguel de Cervantes concibiendo su Quijote mientras espera ser liberado, hasta un Víctor Hugo que erige en hilo conductor de Los Miserables las vicisitudes de un prófugo de la justicia; o un Dickens, tejiendo desde su propia experiencia con la justicia formal, algunos de sus relatos inmortales, y qué decir de Fiódor Dostoievski, sobre todo en su Crimen y Castigo, que nos sumerge en las profundidades de la psique humana, anticipándose a Freud, precisamente a partir de un homicidio, las secuelas de la culpa, el arrepentimiento y la expiación. Tampoco podemos dejar de citar en este mismo universo de literatura y derecho penal a los nuestros: Adolfo Herrera García con su Juan Varela, y por supuesto a José León Sánchez y su Isla de los Hombres Solos.

De manera, querida Nuria – si me permite este trato puesto que después de leer su libro me parece haberla conocido hace mucho tiempo-, su relato se une a una innumerable lista de testimonios de seres especiales que, al chocar con temas trascendentales como la libertad, la justicia, el proceso, los castigos, nos han dejado por escrito la muy antigua y descarnada tensión, entre los nobles ideales de la criatura humana y la áspera realidad que los derrota y destroza.

4. Dos paralelismos imprescindibles.

Pero esta noche quiero rescatar, de esta perenne relación entre literatura y proceso penal, dos clásicos que guardan con el libro que nos convoca asombrosos paralelismos. Me refiero al Yo Acuso (o caso Dreyfus) de Émile Zolá y el proverbial Proceso de Franz Kafka.

Aunque cronológicamente posterior (publicada en abril de 1925), me voy a referir primero a esta segunda obra. En un plano dominado por la vivencia subjetiva de las protagonistas Roxana y Nuria, pude detectar la opresiva y asfixiante atmósfera kafkiana de El Proceso en Justicia Retardada es Justicia Denegada. Así, la sorpresiva irrupción de policías y fiscales un día cualquiera; el señalamiento y exhibición públicos; la sospecha y el descrédito; la incertidumbre sobre los cargos que se imputan; el rostro elusivo de los jueces; el lóbrego ambiente de tribunales, pasillos, celdas, salas de espera interminables; para rematar con el absurdo proceso que no acaba nunca, la omnipresente persecución y acusación sin límites. No sé si la víctima de este relato conoció la obra de Kafka antes de escribir su propio testimonio, pero lo cierto es que hay una fuerte reminiscencia difícil de no reconocer.

En un plano objetivo, el paralelismo con el Yo Acuso o caso Dreyfus, de Zolá (compilación de cartas publicadas a partir de enero de 1898 en el diario Aurora de París) es también ineludible. Como muchos de los presentes recordarán, en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, el oficial militar Alfred Dreyfus es acusado y condenado por supuestamente pasar información secreta al gobierno enemigo de Prusia. Este caso revela el arquetipo subyacente a todo proceso fallido, casi idéntico al que hoy comentamos, a saber, una denuncia por un supuesto crimen gravísimo que trae enorme alarma y conmoción social; un procedimiento de investigación laberíntico y desastroso en el que primero se elige a los culpables y luego se busca la prueba en su contra; una incipiente prueba de descargo a la que se aferran los persecutores (dictamen grafológico en el caso Dreyfus, denuncia calumniosa en el caso Calvo), y a contrario, una prueba de descargo que es ignorada, ocultada y hasta destruida; una incapacidad palmaria del aparato judicial para reconocer que ha cometido un error que debe ser enmendado; una ciega reacción corporativa de policías, fiscales y jueces ante el público al que han engañado y manipulado; y por último, una tardía, muy tardía absolución y reivindicación que jamás compensará el daño causado.

En medio de este trágico naufragio de la justicia en Costa Rica, es de rescatar el valor de la defensa pública que acompañó a las víctimas de este proceso, con excepcional dedicación y profesionalismo, así como la valentía de la jueza que impidió una larga prisión preventiva desde el primer momento, con riesgo para ella de linchamiento mediático, y la intervención de algunas otras instancias jurisdiccionales que en alguna medida neutralizaron daños aún mayores.

Lo que un régimen de derecho jamás debiera permitir es convertir el proceso penal en un espectáculo público, un show más en la era del exhibicionismo y el consumismo de masas. La matriz del caso Calvo Fajardo radica en este pecado original, el lanzamiento precipitado y estrepitoso de una cruzada supuestamente noble y heroica que termina siendo un trágico evento que no debe repetirse nunca más. El proceso como puesta en escena espectacular no sólo puede traer la consumación de graves injusticias frente a acusados inocentes, como lo fue este caso, sino que puede traer el fenómeno inverso, la descalificación generalizada de la intervención del aparato represivo, aún frente a sujetos realmente delincuentes que terminan auto-victimizándose.

Todo ciudadano y ciudadana con auténtico espíritu democrático tiene que agradecer a Nuria Calvo Fajardo el esfuerzo de dejar por escrito el itinerario de su horrible experiencia, a pesar del dolor y la legítima indignación por todo lo vivido. Las presentes y futuras generaciones de costarricenses deben estar alertas acerca de los riesgos en el ejercicio del poder público, la importancia de reconocer en el proceso penal una daga de doble filo, capaz de pervertir su función en un régimen de derecho y, sobre todo, la importancia de ejercer una vigilancia activa en los mecanismos formales e informales que aseguren la efectiva vigencia, validez y eficacia de las libertades y derechos ciudadanos.

Se impone, por último, en mi criterio, una acción de demanda contra el Estado y los principales responsables del atropello perpetrado.

Agradezco la atención dispensada.

San José, 21 de julio de 2025.

Carta pública a don Mario Zamora, Ministro de Seguridad

Escrito en . Publicado en Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Exmagistrado Corte Suprema de Justicia y
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica

Señor Ministro:

         Dados los tiempos que corren, le escribo sin ninguna expectativa de obtener respuesta de su parte. Sin embargo, creo que lo que tengo que decirle rebasa lo interpersonal para alcanzar un evidente interés público. Además, he llegado a la triste conclusión de que usted encarna, como pocos, el extravío político y moral al que nos ha conducido la deriva autoritaria del gobierno Chaves Robles.

         Conocí al joven Zamora en las aulas universitarias como una persona estudiosa, responsable, muy respetuosa y con claros afanes de superación. Me alegré sinceramente cuando lo vi ocupar, muy temprano, puestos de importancia en la función pública. Asimismo, estuve gratamente impresionado con el currículum que presentó cuando, no hace mucho, estuvo concursando para Defensor de los Habitantes, donde usted destacaba su preparación teórica y experiencia práctica en temas relevantes como Derechos Humanos, Estado Social de Derecho y, muy valiosa, su preparación en la doctrina para una Policía democrática. Por años su trayectoria, como la de muchos excelentes alumnos que tuve el privilegio de tener en las aulas, me hacía sentir, como profesor, el orgullo propio de “la misión cumplida”.

         Pero he aquí que ahora me enfrento a un hombre irreconocible. Se percibe una involución ética y política que sólo la embriaguez del poder es capaz de obrar en los seres humanos. Porque a diferencia de muchos improvisados y oportunistas, usted no puede alegar que no lo sabía, que no lo estudió, que no lo conoce. Porque al lado del gritón de los miércoles, con cara de “chiquillo regañado”, me produce una sensación de frustración y fracaso que también, de alguna manera, alcanzan a este profe.

         Por esta razón caen como piedras rodantes las preguntas impostergables. De veras, don Mario, ¿vale la pena tirar por el caño tanto estudio y patrimonio profesional a cambio de un ministerio en el gabinete más mediocre e inestable de que tenemos memoria? ¿Vale la pena cohonestar como referente en materias de seguridad, sistema penal y régimen penitenciario al fûhrer de los campos de concentración del siglo XXI, Nayib Bukele? De veras, don Mario, ¿está usted dispuesto a pasar a la historia como ese ministro que calló y fue cómplice de los llamados a la sedición y al derramamiento de sangre entre costarricenses, por los delirios presidenciales?

         Ha llegado usted tan lejos, sobre todo en el manejo oscuro del tema de crimen organizado y narcotráfico que, a estas alturas de mi carta, puede usted estarse riendo y con ganas de enterrarme en cajita blanca. La verdad es que no sé si queda algo del Mario Zamora de antes. Pero algo muy hondo sobrevive de mi formación cristiana, de la posibilidad que tenemos todos de reconocer errores y vicios, corregirlos y tratar de salvarnos. Usted todavía está a tiempo de bajarse de un tren a toda velocidad y sin frenos, rumbo al despeñadero. Ojalá la vida le dé oportunidad de recuperar una carrera prestigiosa y jamás tenga que conocer al sistema penal desde el otro lado del mostrador.

TIRRIA

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Siempre creí que este curioso sustantivo, así como el adjetivo tirrioso (sa) eran costarriqueñismos. Pero resulta que no exactamente. El Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Tercera Edición, p. 2127), consigna la muy castiza tirria como una “manía, odio u ojeriza hacia algo o alguien”; y respecto de tirrioso(sa) sí resulta ser un uso particular en Costa Rica para referirse a alguien “que tiene tirria”.

         El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue creado mediante Ley No. 5524 del 7 de mayo de 1975, en el marco de la gran reforma al sistema normativo penal de los años setentas del siglo pasado. Esta Ley en particular topó, en su proceso de gestión, con el veto del Presidente Figueres Ferrer, quien expresamente cuestionó la posibilidad de un cuerpo policial en la esfera del Poder Judicial. Pero se impuso finalmente la voluntad legislativa, mediante resello, en favor de fundar una policía técnica para la investigación científica de los delitos, que viniera a sustituir las anacrónicas “oficinas de detectives” o la muy corrupta y desprestigiada Dirección de Investigaciones Criminales existentes hasta entonces, en la esfera del Poder Ejecutivo.

         Se dio así un salto hacia la modernización en la investigación de los delitos de todo tipo, pero, de manera estratégica, se sustrajo asimismo de los gobiernos de turno, la posibilidad de manipular las denuncias e investigaciones penales con fines político-partidarios y se neutralizó la eventual persecución ilegítima de opositores o críticos.

         Estas breves notas lingüísticas e históricas vienen a cuento, porque oyendo la tirria con la que el Presidente Chaves Robles se refiere al OIJ y su decisión de vetar la reforma legal que rebajaría la edad de jubilación de sus integrantes, se evidencia su profunda frustración por no poder controlar un cuerpo policial profesional, cuyo rol se magnifica al ser Costa Rica un país sin ejército y contar esta policía especializada con un tradicional prestigio y buena calificación dentro de la ciudadanía.

         Hay buenas razones de orden técnico para proponer la jubilación anticipada de personas en razón de la naturaleza del trabajo que desempeñan, como es el caso de la función policial, en la que hombres y mujeres deben tener condiciones físicas óptimas, pericias y destrezas asociadas a la fuerza, la habilidad, los reflejos y la capacidad de respuesta que en promedio empiezan a declinar después de los 50 años. Este debería ser un derecho que abarcara a todas las fuerzas policiales del país y no sólo al OIJ.

         En síntesis, Chaves Robles debería oír razones, aceptar que este es un país con poderes divididos y controles recíprocos y dejar de ser tan tirrioso, porque es malo para el hígado.

LA CAJA Y YO. (Cronología de una confesión)

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex Magistrado
Catedrático UCR

En la morgue del Hospital San Juan de Dios, delante del cuerpo inerte de papá, tuve el impulso de interrogarlo: ¿a dónde te has ido?, ¿a dónde fue a parar tu alma noble, tu amoroso espíritu de hombre bueno?, ¿a dónde quedan tus días de gloria y alegría, y los que te trajeron tragedias y derrotas? Sólo me respondió el frío matinal de aquél salón apenas alumbrado por la primera luz del día.

A pesar del dolor que me embargaba, encontré consuelo pensando que papá había partido de este mundo con toda dignidad. Atendido en condiciones inmejorables, por médicos competentes y enfermeras abnegadas que hicieron lo humanamente posible por rescatarlo, aunque al final perdieran aquella batalla. Una batalla entre cientos de todos los días; una pérdida entre miles de victorias.

Años después, en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo Hospital, rodeada de toda la tecnología imaginable, vi cómo mamá se extinguía minuto a minuto, imperceptiblemente. De nuevo afloró el dolor de mi agnosticismo impenitente: ¿Cómo podía apagarse, sin más, aquella poderosa llama, maga de la cocina que limpió, atendió y curó a chiquillos y animales hasta el agotamiento? Los misterios de la vida y de la muerte, me golpeaban de nuevo, hermanados, indivisibles e incapaces de generar respuestas convincentes o definitivas.

Y de nuevo el consuelo de la dignidad. El privilegio de ver a tus seres más queridos transitar por la vejez, la enfermedad y la última despedida albergados en las mejores manos, recibiendo medicinas, tratamientos, asistencias en condiciones apropiadas. Todo financiado por el aporte y la solidaridad de muchos, los nuestros incluidos.

No faltó la veta jurídica que también se manifestara. Aquellas experiencias de vida me llevaron a entender en la práctica lo que significa el derecho a la salud como uno de los fundamentos para construir la dignidad humana en una convivencia democrática. El alcance de este derecho que no sólo cubría los quebrantos de la vida sino también el final, la muerte digna. Bendije desde entonces a los líderes de este rincón del mundo que hicieron posible semejante prodigio. Una idea genial que puso a patronos, trabajadores y Estado, en un pacto social fundacional, a contribuir solidariamente para que todos los hijos e hijas de esta tierra pudieran incapacitarse sin tener que pasar hambre, ser atendidos por enfermedades y ser auxiliados en su invalidez y su muerte.

Desde entonces digo, cada vez que puedo, que a la Caja hay que defenderla; es la columna vertebral sobre la que descansan los afanes de justicia y paz de este país. Ha sido el antídoto eficaz contra las violencias y las guerras que han azotado a nuestra región y al mundo entero. Hay que defenderla en las calles y desde todas las trincheras. Y hay que defenderla de todas las maneras posibles frente a todos los enemigos de antes y de ahora. Sobre todo hay que defender la Caja de quienes ven en la salud sólo una mercancía más, un negocio para enriquecerse.

Otras experiencias de vida me han llevado después a afianzar estas convicciones. Hace algunos meses tuvimos que enfrentar, como familia, una emergencia médica. No hubo alternativa: o acudíamos a un hospital privado, o los riesgos eran enormes. Nos pudimos dar el lujo de enfrentar gastos extraordinarios para superar el momento crítico. Pero tuvimos claro que sólo una minoría, muy reducida, puede tomar esa opción.

Se trató de un itinerario estrictamente mercantil: ustedes nos atienden y nosotros ponemos dinero. Todo comienza con la presentación de una tarjeta de crédito abierta, y la advertencia de que los presupuestos iniciales pueden aumentar, como en efecto aumentan sin medida. Las facturas finales son una oda a la minucia y el exceso. No queda mota de algodón, miligramo de alcohol o vaso de agua que no se cobre. Con todo, llegó la ansiada hora de abandonar aquel lugar. Sólo faltaba, para que nos dejaran salir, el cobro de uno de los médicos. Me dirigí de inmediato a hacer la fila correspondiente. Tres mujeres esperaban por delante. Apareció una joven asistente y preguntó si alguno iba a cancelar honorarios profesionales de médico. Le indiqué que yo y, de seguido, me ordenó que pasara al primer lugar de la fila. Le respondí que yo no podía hacer eso, que había personas esperando antes. Me explicó, como la cosa más natural del mundo, que tenía instrucciones de dar prioridad a quienes cancelaran servicios de los médicos y procedió ella misma a atenderme en otra ventanilla. Estuve a punto de preguntarle, pero me contuve, si el doctor en cuestión no tenía para pagar el “casado” del mediodía.

Entrado en confesiones, como ciudadano siempre abominé de la deuda acumulada en perjuicio de la Caja, durante décadas, por parte del Estado, o mejor dicho, por parte de los gobiernos de turno. Nunca he comprendido el impulso, casi lascivo, que tienen los tecnócratas de la economía ortodoxa por burlar obligaciones, y caerle con saña a salarios y fondos de pensiones. Como juez abominé de los patronos que no aseguraban a sus trabajadores, o peor aún, patronos que deducían las cuotas a sus empleados y no las transferían a la seguridad social. Y por supuesto abominé de la peor de las traiciones cuando, usufructuando herencias políticas, se sacaron comisiones de empréstitos o licitaciones públicas.

Está claro que el sistema no ha sido perfecto. También es evidente el deterioro que ha sufrido la CCSS y las muchas experiencias fatídicas de gente que no encuentra una atención oportuna o satisfactoria. Es cierto asimismo que se han dado múltiples abusos, corruptelas y malas prácticas. Pero pensar que la solución está en tercerizar servicios o privatizarlos, es un engaño que se pagará muy caro. La ruta debe ser corregir lo que ha andado mal para salvar un servicio público que, aún y con todos sus defectos, sigue siendo ejemplar en el mundo.

La herencia del clasismo y el racismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hace ya muchos años viajé por primera vez al Perú. En el aeropuerto mismo de Lima se me hizo evidente que había llegado a una sociedad horriblemente clasista y racista. La forma en que unos, que se creían blancos y ricos, trataban al hombre de las maletas, al taxista, a la empleada doméstica, y ni se diga a las personas con pinta aborigen, me pareció abominable.

No quiero idealizar al ser costarricense, pero, comparativamente, es cierto que aquí el trato ha sido un poco más respetuoso e “igualitico”.

Al menos eso ha sido así para mi generación y las generaciones inmediatas.

Por décadas, Pilar Cisneros, aparecía ante el público televidente como la campeona de la verdad, la probidad y la justicia. Esa mera imagen fue el capital con el que luego ha incursionado en la peor política. Ha logrado engañar a muchos. Pero la realidad es que siempre sirvió obsecuentemente a poderosos patronos de los medios de comunicación masivos. Quiénes la sufrieron como jefa dan fe de su verdadero yo, su manera de tratar a los subalternos, su prepotencia y arribismo, al mejor estilo oligárquico peruano.

Nada que extrañar entonces con la anécdota del condominio lujoso. Cuando de lo que se trata es de “tener” y no de “ser”, de aparentar una imagen y ocultar la realidad, no nos tiene que sorprender que alguien que, en el fondo, por herencia y formación de cuna, detesta a los pobres y desheredados, aparezca diciendo que los representa y defiende.

Corrupción e impunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.

¿Ha caducado el Estado de Derecho?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Ha trascendido en medios de comunicación muy serios que, al finalizar una reunión de emergencia entre jerarcas de supremos poderes, el presidente de la República ha moderado su lenguaje contra los jueces y afirma que la culpa la tienen las leyes, y hay que cambiarlas. Por su parte, parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincide con esta apreciación y añade que las leyes que nos rigen fueron hechas hace mucho tiempo y para una Costa Rica muy diferente.

Lo que diga don Rodrigo Chaves, desde una perspectiva jurídica, realmente me tiene sin cuidado. Ha demostrado en múltiples ocasiones y diferentes temas una capacidad de improvisación e irresponsabilidad que no hay manera de contrastar.

Mucho más preocupante son las manifestaciones de don Orlando Aguirre. Por su condición de jurista, su autoridad y su larga experiencia. La verdad, no me esperaba sus apreciaciones.

Para decirlo con brevedad: se es, o no se es, un Estado de Derecho. Se defienden o no se defienden los principios en que se fundamenta. Cuando oímos decir que las leyes hay que cambiarlas para adaptarnos a una nueva realidad, ¿en qué estamos pensando realmente? ¿Qué aspectos, de un Estado de Derecho, han devenido obsoletos?

¿Vamos a permitir la detención de personas sin indicio comprobado de haber cometido delito? ¿Vamos a tenerlas en manos de la policía, el tiempo que sea, sin ponerlas a la orden de un juez? Estando detenidas, ¿les vamos a negar informarlas de la razón de su detención y las pruebas que hay en su contra? En esta “nueva” Costa Rica, vamos a autorizar allanar domicilios sin orden judicial? ¿Vamos a intervenir las comunicaciones privadas sin límite alguno? ¿Terminaremos con esa “tontería” de los recursos de hábeas corpus, amparo o acciones de inconstitucionalidad? ¿Vamos a condenar penalmente a un ser humano sin permitirle defenderse? En definitiva, ¿qué tenemos que echar al basurero? ¿La Constitución misma? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Han devenido obsoletos los instrumentos esenciales de la convivencia civilizada y democrática? ¿Podemos, acaso, prescindir de uno sólo de los principios o normas esenciales que estos documentos exigen?

¿Cómo es posible, que a estas alturas del siglo XXI, ignoremos que prácticamente TODAS las leyes de importancia, en cuanto a derechos fundamentales, en Costa Rica, han sido sometidas a un examen de constitucionalidad? Durante décadas se han hecho ingentes esfuerzos para que las acciones y decisiones de las autoridades públicas tengan un mínimo de concordancia con el Derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si ha habido temas donde la Sala nos ha quedado debiendo, eso no descalifica los muchos otros en que ha cumplido a cabalidad con su papel de tutela efectiva en temas relevantes.

En definitiva, ante una crisis de seguridad, ¿vamos a botar la criatura con el agua sucia de la tina? Si les damos un vistazo a las propuestas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y ésta ha recibido con un entusiasta “pronto despacho”, ¿de veras creemos que extraditando nacionales, maximizando la prisión preventiva, ninguneando el criterio de los jueces, ampliando las intervenciones en las comunicaciones de las personas, y creando el concepto de “persona peligrosa” o “menor de edad peligroso” vamos a superar esta crisis de inseguridad?

Sólo espero que nuestra Asamblea Legislativa reflexione a fondo sobre las medidas que se están proponiendo y, sobre todo, tengan alguna idea de cuáles van a ser las consecuencias ineludibles de tomar decisiones sin darles el pensamiento necesario. Doña Prisa y Don Miedo son los peores asesores parlamentarios que conozco. Sólo espero que alguien llame a reparar en las causas profundas de la debacle que estamos viviendo y se acuerde de que existe algo llamado “prevención”, clave para superar los muros de la mera “represión” en la que estamos entrampados.

Breve instructivo del arribista

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Si no se tiene una formación jurídica sólida ni una carrera ejemplar; si  tus sentencias no han aportado nada  y no se conocen, ni se citan; si ha tenido que intervenir el régimen disciplinario no una, sino varias veces, por tus negligencias, atrasos, alteraciones de datos; si no se tiene el más mínimo reconocimiento, estima o auténtico respeto entre los compañeros de trabajo, entonces… la pregunta íntima, última y existencialmente radical es: ¿cómo se puede ascender?, ¿cómo se puede escalar y llegar hasta arriba-arriba?

         Si no se tienen virtudes, lo que corresponde es cultivar vicios, pero claro está, los indicados. Lo primero que hay que buscarse es un buen padrino. Ojalá un padrino en desgracia, que necesite, con urgencia, una importante influencia en al más alto nivel, con  juezas y jueces dispuestos a reescribir la historia, a borrar con el codo lo que la Justicia ha hecho con mano recta y firme. Este “contacto” facilitará todo lo demás. Se puede intentar sacar a la fuerza a un alto juez incómodo para abrir el espacio requerido. Si esta maniobra falla, entonces habrá que esperar un poco, pacientemente. Esta oportunidad vendrá cuando haya sobre la mesa la elección de dos vacantes simultáneamente, en el tribunal ansiado. No habrá necesidad de concursar: ¿para qué?  Esos procesos son, casi siempre, comedias burlescas  para ingenuos. Además, costará mucho justificar lo evidente, las limitaciones profesionales y personales, las sanciones recibidas. Así que si el bando de enfrente está apuntado con una buena candidata, la condición será apoyarla si, a cambio, se acepta la imposición de tu nombre, sin concurso, sin currículum, y con poca vergüenza. “Pa´ eso tenemos la mayoría”.

         Otro factor decisivo será parecer bueno. Aquí no hay nada tan efectivo como convertirse en “un hombre de Dios”, con vínculos, eso sí,  muy cercanos en la Curia Metropolitana, la misma que prohija, tutela, protege y esconde a sus peores agentes, los abusadores de niños. Esa Iglesia, también necesita influencias en lo más alto, no del Cielo, sino de la cúpula judicial. Quien quita si ahí, por arte de birlibirloque puede aparecer una prescripción, una casación o una revisión favorables.

         Lo tercero, pero no menos importante, es desarrollar una personalidad “encantadora”, hasta donde se pueda y con quienes se pueda, por supuesto. Habrá que convertirse en todo un “chavalazo”. Habrá que cultivar contactos no sólo en el sector del padrino venido a menos. Hay otros señores feudales a los que se les puede convencer de tu simpaticura, disponibilidad, amistad y utilidad en la transmisión de información reservada. Además, eso de tener una ideología y ciertos principios es también cosa de ingenuos. Lo mejor será ser amigo de todos los poderosos e influyentes, del partido que sea, estén donde estén.

         Una vez acomodado en el sillón, de lo que se trata es de dedicarse al “lobby” y a la intriga palaciega. En esto no faltará algún maestro, que te alimentará con todas sus enseñanzas, que como puede verse, dan abundantes y luengos resultados. La jurisprudencia y el gobierno judicial son para otros, los terceros ingenuos de esta historia. Aquí de lo que se trata es de que, cada vez que haya una vacante, apostar por la promoción de alguna o algún cercano y hacerle creer que sin tu apoyo no logrará el acceso a la cima. Esta estrategia neutralizará tu carencia de méritos profesionales, personales o de auténtico respeto. No te respetarán, pero te temerán, a vos y sobre todo a tus amigos de Cuesta de Moras y Zapote. Eso, tarde o temprano, te ayudará a sumar los votos necesarios para todo tipo de causas.

         El lado oscuro del viejo Maquiavelo se estará frotando las manos, donde quiera que esté, satisfecho de que, más allá de los principados monárquicos renacentistas y las recetas para conservar el mando, se ha filtrado, intacta, en los regímenes republicanos contemporáneos, o mejor dicho, en las pseudo-democracias de nuestros días, la lógica de un poder por el poder mismo.

         Lo que sí considero indispensable advertirte es que se viene lo que ya conocemos. Alcanzar una posición para la que no se tiene las mínimas condiciones, sólo exhibirá sin pudor, en la vitrina pública,  las desnudas carencias que se padecen. Y el final podrá ser, una vez más, la salida penosa, por la puerta trasera, pagándose un precio muy alto en esta extenuada democracia.

         También debe quedarte claro que en toda esta caída al abismo habrá, además del protagonista, otros dos responsables principales. Los políticos que, para protegerse de sus corruptelas apuestan por colocar amigos como jueces en puestos estratégicos, por si llegado el momento, haya que sacar las castañas del fuego. Y en segundo lugar, los compañeros de cúpula, sobre todo los que creen, a veces con razón, deberle el puesto a alguien verdaderamente temible.

Dignidad e Indignidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mientras no se hayan superado todas las barreras que discriminan a algún ser humano por cualquier de esas condiciones, no tiene sentido hablar de igualdad, libertad, solidaridad o régimen democrático.

José Manuel Arroyo Gutiérrez (Exmagistrado, Catedrático UCR)

Aunque los diccionarios registran distintos significados de la palabra dignidad, y de su opuesta, la indignidad, me quiero referir en esta oportunidad tan solo a dos acepciones de estos conceptos, para analizar el fondo y alguna ingrata anécdota de un tema que, pandemia aparte, ha tenido su debate en los últimos días.

Desde una perspectiva jurídico-política, la dignidad de una persona sólo puede ser definida y entendida desde el reconocimiento y efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales. La Historia milenaria registra cómo amplios sectores de la humanidad carecieron del justo reconocimiento de esos derechos y, de alguna manera eran, o incluso siguen siendo, personas de segunda clase, sub-humanos, o simplemente “cosas” en el inventario de quienes sí son considerados ciudadanos plenos. Tal ha sido la trayectoria de la mitad de la humanidad, las mujeres, así como también de esclavos, infantes y, por supuesto, los pobres, siempre los pobres. También ha sido el caso de extranjeros, migrantes, o aquellos diferentes en razón del color de piel, de sus creencias religiosas y políticas, o sus orientaciones sexuales o de género.

Mientras no se hayan superado todas las barreras que discriminan a algún ser humano por cualquier de esas condiciones, no tiene sentido hablar de igualdad, libertad, solidaridad o régimen democrático. Mientras no se garanticen a plenitud el disfrute de esos derechos, no podemos hablar de un auténtico estado de derecho y una eficaz vigencia de los derechos humanos.

El otro sentido de la palabra dignidad que me interesa traer a cuento, tiene que ver con su utilización para reconocer el merecimiento de una persona por sobre el común de los mortales, ya por su especial condición en el concierto social, ya por sus cualidades positivas, su natural liderazgo, sus habilidades y destrezas, o su sabiduría… En un régimen republicano ideal, desde las antiguas Grecia y Roma, el gobierno y los puestos de autoridad pública debían ser desempeñados por los, y ahora las, mejores ciudadanos y ciudadanas, elevados a los cargos de mayor prestigio en razón de sus virtudes y méritos.

Por eso, cuando un diputado de la República arremete a golpes contra un asesor parlamentario, estamos frente al quebranto de la dignidad, y naufragando en la indignidad, en los dos sentidos antes destacados.

Es indigno que supuestos representantes populares pretendan ignorar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que, como nación, nos hemos voluntariamente adherido y comprometido a respetar sus decisiones. Es de toda indignidad que se pretenda ignorar el plazo que nuestro propio Tribunal Constitucional haya fijado para que la Asamblea Legislativa debatiera una forma legal que hiciera realidad el mandato internacional. Y resulta de oprobiosa indignidad, a estas alturas, que se intenten nuevas maniobras dilatorias y engañosas, so pretexto de que no ha habido tiempo u oportunidad de cumplir con las obligaciones impuestas, puesto que esto es abiertamente falso.

Uno no sabe qué es más indigno. Si pretender eludir la sentencia de los jueces de mayor jerarquía, o contemplar el bochornoso espectáculo de un “patricio” comportándose como fanático de gradería. Uno no sabe cuál es la peor forma de ejercer violencia de hecho. Si el flagrante incumplimiento de la ley por parte de quienes están llamados a ser los primeros en respetarla, o la respuesta a puñetazos de un sujeto que no parece tener ni la más lejana idea de lo que significa haber sido elevado a la dignidad de una curul parlamentaria.

Quienes piensen que las acciones del grupo de diputados y diputadas contumaces, y la acción de su colega agresor, son dos cuestiones cualitativamente diversas, se equivocan. Ambos comportamientos están envueltos por la misma lógica perversa. Sólo se trata de dos maneras apenas diferentes de ejercer violencia, de tomarse la ley en sus manos, de acudir a las vías de hecho contra todo derecho, y pretender imponer el criterio y pre-juicio religioso particularísimo, sobre una minoría discriminada, contra todo equilibrio de poderes y sano control democrático.

 

Artículo publicado por el Semanario Universidad en la columna ¿Gato o Liebre?
Compartido con SURCOS por el autor.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de malagaldia.es

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