En las últimas semanas, los textos de José Pablo Cárdenas (Semanario Universidad) y Montserrat Sagot (Facebook) han puesto sobre la mesa una advertencia urgente para las fuerzas progresistas: no se puede construir una campaña electoral desde el desprecio a los votantes del chavismo ni desde la caricatura de su líder. Ambos coinciden en algo esencial: hay un malestar profundo que recorre a amplios sectores del país, y la izquierda no logrará disputarlo si sigue hablando desde la superioridad moral o la frialdad técnica.
Ese diagnóstico puede leerse a la luz de los planteamientos del lingüista y analista político George Lakoff, quien ha mostrado que toda disputa política es, antes que nada, una batalla por el lenguaje. Los marcos mentales —esas estructuras invisibles que organizan cómo entendemos el mundo— determinan el sentido del debate público. Repetir el marco del adversario, incluso para refutarlo, solo refuerza su hegemonía.
La derecha lo entendió hace tiempo: habla de “cargas” cuando se refiere a los impuestos, de “orden” cuando justifica la represión, de “libertad” cuando en realidad promueve la competencia sin límites. Cada palabra activa valores: disciplina, propiedad, autoridad. Frente a eso, la izquierda suele responder con datos, planes y cifras. Pero la razón, sin emoción ni relato, no moviliza.
Cárdenas, en Esa corriente feroz, describe el “chavismo social” como expresión de un malestar acumulado por décadas de exclusión. Ese río de rabia y frustración —dice— fue capitalizado por Chaves y sus aliados, pero no les pertenece. Lo que falta es una narrativa capaz de redirigir esa energía hacia la justicia, no hacia el resentimiento. Su lectura coincide con Lakoff: no hay que repetir la teoría de la inferioridad moral del adversario, sino comprender las emociones que lo sostienen y construir otro marco simbólico.
Por su parte, Montserrat Sagot recuerda que la gente no vota movida por la racionalidad técnica, sino por afectos: enojo, miedo, esperanza. Advierte que burlarse de figuras autoritarias o tratarlas como anomalías solo consolida su papel de “víctimas del sistema”. Y que, sin conexión emocional, toda campaña progresista está condenada a perder antes de empezar.
De ambos textos se desprende una lección: no basta con denunciar el neoliberalismo, hay que hablar otro idioma político. Uno que active valores de cuidado, equidad, comunidad y dignidad. La izquierda necesita abandonar el lenguaje reactivo —“defenderse del comunismo”, “justificar subsidios”— y empezar a reencuadrar los conceptos desde su propia visión del mundo. Seguridad puede ser cuidado colectivo, libertad puede ser autonomía popular, desarrollo puede ser bienestar común.
Esta tarea no se limita al discurso. Implica recuperar la tradición republicano-socialista que Antoni Domènech reivindicó: la libertad no como ausencia de interferencia, sino como no-dominación. Ser libre no es elegir entre marcas o empleos precarios; es no depender de favores ni de poderes arbitrarios. Es tener tiempo y recursos para vivir sin miedo y decidir en comunidad.
Una campaña progresista debería partir de esa idea: la libertad real requiere justicia social. No se trata de prometer más Estado, sino de reconstruir la noción de lo común. De hacer sentir que el bienestar de uno depende del bienestar de todos.
El desafío, entonces, es narrativo y político a la vez. En un tiempo donde el enojo se ha vuelto combustible electoral, las fuerzas progresistas deben disputar el sentido común no desde la confrontación moral, sino desde la empatía y la esperanza. En palabras que podrían resumir todo este debate: la dignidad no se mendiga; se construye desde abajo, con justicia y con memoria.
La instrumentalización de la resistencia para justificar el genocidio en Gaza
Por Juan Carlos Cruz
Fuente: BBC
Desde el 7 de octubre de 2023, la narrativa dominante ha girado en torno al ataque de HAMAS como detonante de una supuesta “respuesta legítima” por parte de Israel. Sin embargo, diversas investigaciones y testimonios revelan que el operativo insurgente fue precedido por señales claras que fueron ignoradas por los servicios de inteligencia israelíes. Esto ha llevado a analistas, juristas y comunicadores críticos a preguntarse si el ataque no ha sido más bien utilizado como pretexto para acelerar un proceso de limpieza étnica que lleva décadas en curso.
Más allá del impacto inmediato, lo que está en juego es la legitimidad de la resistencia palestina y la forma en que ha sido sistemáticamente criminalizada para justificar el despojo territorial, el exterminio y la impunidad internacional. Este artículo propone una lectura crítica desde el derecho internacional, la historia de la resistencia y el análisis comunicacional, desmontando el relato hegemónico que reduce el conflicto a una reacción defensiva frente al “terrorismo”.
Fallos de inteligencia y advertencias ignoradas
Advertencias previas: Según investigaciones del Wall Street Journal y The Jerusalem Post, Israel recibió señales claras del operativo de HAMAS, incluyendo activación de tarjetas SIM israelíes y movimientos de tropas el 6 de octubre.
Interpretación errónea: Los altos mandos pensaron que HAMAS realizaba ejercicios defensivos o preparaba incursiones menores. Se descartaron documentos que apuntaban a un ataque coordinado.
Exceso de confianza: Tras años de contención exitosa, Israel asumió que HAMAS estaba disuadido y debilitado. Esta lectura errónea permitió que el ataque tomara por sorpresa a las fuerzas israelíes.
¿Venganza o estrategia de exterminio?
Masacre posterior: Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, según cifras de medios palestinos y ONG. La mayoría son civiles, incluyendo miles de niños.
Destrucción sistemática: Hospitales, universidades, archivos históricos y barrios enteros han sido arrasados. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria y se bloquea el acceso a agua, electricidad y alimentos.
Desplazamiento forzado: Se ha intentado forzar a la población gazatí hacia el sur, hacia Egipto, lo que ha sido denunciado como una estrategia de limpieza étnica.
Impunidad internacional: A pesar de las denuncias de genocidio, ni EE.UU. ni la UE han exigido un alto al fuego ni han sancionado a Israel. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque del 7 de octubre se usa como pretexto para culminar el despojo territorial.
Lectura crítica desde la comunicación y el derecho internacional
Narrativa dominante: Los medios hegemónicos han centrado la cobertura en el ataque de HAMAS, invisibilizando el contexto de ocupación, apartheid y resistencia.
Derecho internacional: La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el castigo colectivo, el desplazamiento forzado y los ataques a civiles. Israel ha violado sistemáticamente estas normas.
Comunicación crítica: Espacios como La BaseLatam, Al Jazeera, Canal Red y medios alternativos han denunciado el uso del lenguaje como arma de guerra: se criminaliza la resistencia y se legitima el exterminio.
La resistencia no comenzó con HAMAS
La resistencia palestina ha sido instrumentalizada por el ente colonial y sus aliados, para justificar el genocidio y el despojo territorial, desde antes de la implantación del estado sionista.
Desde el inicio del proyecto colonial británico que facilitó la creación del Estado de Israel —sin consultar ni reconocer los derechos del pueblo árabe palestino— se ha desplegado una resistencia constante frente al despojo, la ocupación y la violencia estructural. Esta resistencia, en sus múltiples formas, ha sido sistemáticamente etiquetada como terrorismo por los poderes hegemónicos, invisibilizando su carácter legítimo como respuesta a la opresión. La larga lista de acontecimientos violentos no puede entenderse sin reconocer que la resistencia palestina es expresión de un derecho universal: el de los pueblos a defender su tierra, su vida y su dignidad frente a la colonización y la limpieza étnica.
Matriz comparativa: Resistencia palestina vs. represión israelí
Vinculación con resoluciones internacionales
Resolución 194 (1948): Reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Resolución 242 (1967): Exige la retirada israelí de territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días.
Resolución 2334 (2016):Condena los asentamientos israelíes en territorio palestino como ilegales.
Estatuto de Roma (CPI): Permite investigar crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y castigo colectivo.
HAMAS como contrapeso a la OLP y el cambio de rol estratégico:
Desde su fundación en 1987 como escisión de los Hermanos Musulmanes, HAMAS ha sido objeto de una compleja relación con el ente colonial sionista. En sus primeros años, Israel toleró —e incluso facilitó indirectamente— su crecimiento, en parte porque su emergencia fragmentaba el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y debilitaba la unidad nacional frente a la ocupación. Sin embargo, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el ascenso electoral de HAMAS en Gaza, el movimiento pasó a ocupar el lugar simbólico y estratégico que por décadas tuvo la OLP: el de enemigo útil, funcional a la narrativa de “defensa” israelí.
En los años 80 y 90, Israel vio con buenos ojos el surgimiento de HAMAS porque debilitaba a la OLP, que había logrado reconocimiento internacional como representante legítima del pueblo palestino. Esta división interna fue instrumentalizada para fragmentar la resistencia.
Ascenso electoral y legitimidad popular. En 2006, HAMAS ganó las elecciones legislativas palestinas con amplio apoyo en Gaza. Su victoria fue desconocida por Israel, EE.UU. y la UE, que impusieron sanciones y bloquearon el gobierno. Desde entonces, HAMAS fue aislado y demonizado como “grupo terrorista”, a pesar de su legitimidad electoral.
A partir de entonces, HAMAS pasó a ocupar el papel de enemigo absoluto. Cada acción de resistencia —desde el lanzamiento de cohetes hasta la defensa armada— ha sido utilizada como pretexto para justificar bombardeos masivos, invasiones terrestres y bloqueos prolongados.
La victimización del ente colonial sionista
Narrativa de autodefensa. Israel ha construido una doctrina comunicacional basada en el “derecho a defenderse”, que se activa cada vez que HAMAS responde a la ocupación. Esta narrativa invisibiliza el contexto de apartheid, colonización y violencia estructural.
Instrumentalización del ataque del 7 de octubre de 2023. El operativo conjunto de HAMAS y otras fuerzas insurgentes fue inmediatamente presentado como una agresión sin contexto. Desde entonces, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, destruyendo hospitales, universidades y barrios enteros, bajo el pretexto de eliminar a HAMAS.
La resistencia como derecho, no como amenaza
La existencia de HAMAS —como antes la de la OLP, las intifadas o el movimiento BDS— ha sido utilizada por Israel y sus aliados para justificar una política sistemática de exterminio, desplazamiento forzado y colonización. Pero la resistencia palestina no es la causa del genocidio: es su excusa. Invisibilizar su legitimidad equivale a negar el derecho de los pueblos a defenderse frente a la ocupación, el apartheid y la violencia estructural.
A la luz del derecho internacional, de la memoria histórica y de los testimonios que emergen desde Gaza, lo que se vive no es una guerra, sino una masacre planificada. Y lo que se necesita no es más cobertura mediática del horror, sino una ruptura ética con la narrativa colonial que convierte a las víctimas en culpables y a la resistencia en terrorismo.
La pregunta no es si HAMAS justifica la respuesta israelí. La pregunta es por qué el mundo sigue permitiendo que se utilice la resistencia como pretexto para el exterminio.
La historia de la concesión de los puertos del Caribe costarricense a la transnacional APM, amerita ser documentada y servir de base para una investigación exhaustiva sobre los intereses que se movieron para hacerla posible.
Salvo la defensa del ICE, ningún proyecto de corte neoliberal-privatizante, fue objeto de tanta polémica y tanta resistencia de diversos sectores. Incluso hoy, cuando se evidencia que la transnacional holandesa no es eficiente en la gestión de la carga y descarga en su muelle, sigue siendo “de mal ver” recordar que bajo JAPDEVA no se presentaban los problemas en dichas operaciones. Resulta una ironía que hasta los exportadores que apoyaron la concesión, hoy se quejan de las tarifas y de la ineficiencia de APM-Terminals.
Y es que no sólo se trata de la mala gestión portuaria y de las altas tarifas. Según han denunciado los especialistas, a través del muelle de APM-T se está movilizando hacia Europa, la mayor cantidad de cocaína en la historia del país. De ahí que, sin ningún ánimo conspiranoico, cabe preguntarse ¿quién o quiénes tienen tanto poder en este país para que, nadie haya sido capaz de frenar la entrega de los muelles del Caribe?
En el segundo gobierno de Oscar Arias se inició la batalla por la concesión de los servicios portuarios del Caribe. Arias utilizó todas las armas a su haber para sacar adelante la concesión: deposición arbitraria de la directiva del sindicato, oferta de soborno a los dirigentes, amedrentamiento físico, así como campañas mediáticas difamatorias contra JAPDEVA, la convención colectiva y los líderes sindicales.
Desde 2006 SINTRAJAP dio la pelea legal y organizó diversas actividades por la defensa de los muelles en manos del Estado costarricense, contando con el apoyo de la totalidad de los sindicatos y diversos sectores de la sociedad civil organizada. Una por una, se fueron desnudando las informaciones falsas sobre la ineficiencia de JAPDEVA y sobre el peso de la convención colectiva en el presupuesto de la institución.
En el sentido común de la ciudadanía consciente e informada, no ha habido duda de que renunciar al control estatal de los muelles es ceder soberanía y de que JAPDEVA juega un papel estratégico en el desarrollo de la vertiente, más allá de la generación de empleo.
Pese a que los datos duros daban la razón a quienes han defendido JAPDEVA, la élite neoliberal se impuso y los muelles fueron concesionados a la transnacional holandesa, los trabajadores de la institución despedidos sin que a cambio, el país y la provincia de Limón hayan experimentado ninguna ganancia. Las utilidades se van para Holanda, se incrementó el desempleo en la provincia y JAPDEVA perdió los ingresos que se invertían en obras de desarrollo local.
Cederle los puertos a la empresa extranjera se convirtió en un asunto de máxima prioridad para la élite neoliberal del país y, lo iniciado por Oscar Arias continuó con Laura Chinchilla así como con Luis Guillermo Solís, quien prometió revisar la cláusula del contrato de concesión que impedía a JAPDEVA competir con APM, pero fue una promesa vana.
Luego de consumados los hechos y tomando distancia temporal, surge una serie de interrogantes: ¿Qué explicación tiene la alta prioridad de esta privatización? ¿Cuánta plata hubo y hay de por medio, para que compraran y ofrecieran comprar tantas voluntades? ¿Fue acaso la existencia de un sindicato en el puerto estratégico, la razón? ¿Quién más se benefició (o se está beneficiando) con un negocio que, en apariencia, solo es rentable para los holandeses? ¿Ha valido la pena sacrificar la soberanía y la seguridad portuaria nacional?
A propósito de la “advertencia” del presidente Chaves en el sentido de que él no puede garantizar la vigencia de la democracia en el país en caso de que se acentúe la crisis nacional, nos toca a la ciudadanía garantizarla. No es de recibo que las adversidades socioeconómicas sirvan de cama de germinación para el autoritarismo, la intolerancia y las restricciones democráticas.
Si bien la institucionalidad y las garantías democráticas, son en muchos casos formales, su defensa abre la posibilidad de pasar a la ofensiva ciudadana para su vigencia plena y su profundización.
La defensa de la institucionalidad, los derechos y garantías democráticas, puede constituirse en un eje aglutinador para la reorganización de los sectores sociales que hoy se encuentran desmovilizados e indiferentes frente a las diversas amenazas que se ciernen, no solo sobre el país, sino sobre le región y el mundo en general.
Hay muchos antecedentes en la historia de las luchas sociales, de cómo las crisis de cualquier tipo, se convirtieron en oportunidades de organización social, comunitaria, gremial, cultural, socio-productiva, entre otras, para avanzar en conquistas sociales. Estamos ante el reto de convertir la advertencia presidencial en un movimiento ciudadano por las garantías democráticas. Es tiempo de actuar.
