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Juan Guaido y sus secuaces: ¡cuales vulgares cuatreros!

Escrito el 14/06/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mag. José A. Amesty Rivera

Hablar y seguir escribiendo sobre las torpezas y vagabunderías de Juan Guaidó raya ya en la desvergüenza. No obstante, producto de varios hechos y declaraciones recientes, nos obligan a mostrar la faceta cleptómana de Guaidó.

Hay mucha información al respecto, pero solamente recordaremos desde 2021 al 2023, cuyas fuentes son de variada índole, incluidos medios, personas y otros.

Por ejemplo, según revelaciones de la página Declassified UK, el equipo del ex diputado Juan Guaidó había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.

Pero, además, de acuerdo con una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras de gastos por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:

«Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos extranjeros».

«Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido».

«La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha».

McEvoy señala además que, los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio millón de dólares de dicho fondo.

Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex diputado venezolano, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el narcotráfico.

«El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que, en abril de 2020, la Casa Blanca, entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.

En su momento esta acción fue calificada de «vulgar saqueo» de los recursos venezolanos por parte del gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.

Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.

Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares han sido usados para «servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC». La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU.

Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para, así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington».

Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares desde marzo de 2021. La última entrega a la «Presidencia» se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a 407 mil 702 dólares.

Así mismo, en el año 2022, el diputado y miembro de la comisión de asuntos internacionales de la Asamblea Nacional venezolana, Saúl Ortega, en conversación con Sputnik, revelan algunas informaciones:

«El diputado afirmó, que Guaidó no ha estado solo en el robo de los recursos de Venezuela, pues dijo que algunos gobiernos extranjeros lo han acompañado para quedarse con las riquezas de este país sudamericano.

«El Gobierno de Colombia, el francés, italiano y español, muchos de estos gobiernos cayeron en la política de querer repartirse a Venezuela como un botín», comentó.

Las acusaciones contra Guaidó y sus aliados van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.

El Ministerio Público venezolano abrió investigación contra Guaidó e incluyó más 25 de causas entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

También es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».

Por otro lado, en el sitio del Centro Internacional de Inversión Productiva se reseña que, «diversos analistas políticos y personalidades de la oposición venezolana (medios, periodistas, ONG) han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado “Gobierno Interino”. Se señala que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la organización criminal dirigida por Juan Guaidó.

Lo que eran rumores en voz baja se ventila ya a viva voz en las redes sociales: aparecen nombres de políticos, ex diputados, empresarios, ONGs, medios y periodistas que viven de los recursos confiscados o simplemente robados a Venezuela, en virtud del “reconocimiento político” que Estados Unidos y otros 15 países aún mantienen al ex diputado.

A las críticas que denuncian el festín de corrupción con los dineros públicos que maneja el “interinato” se suman voces independientes. El empresario de la comunicación venezolano Esteban Trapiello a través de su red social twitter publicó su propio listado de personalidades que mantienen la ficción del interinato por las ingentes sumas de dinero que ello les reporta; denuncia la complicidad de principales dirigentes políticos como: Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Luis Florido, Juan Andrés Mejía, Freddy Guevara, entre otros».

«Juan Guaidó, al igual que su grupo de supuestas autoridades, ya son conocidos en el mundo por su papel de robo y de despilfarro de los recursos de todos los venezolanos en el exterior. La ONG opositora Transparencia Venezuela en un informe criticó los hechos y expuso: “Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”. Críticas similares hizo el periodista y analista electoral opositor, Eugenio Martínez, lo que le acarreó críticas de parte de los seguidores virtuales de Guaidó».

Por su parte el medio venezolano de oposición Globovisión informa que, «El presidente Nicolás Maduro aseveró durante su mensaje anual a la nación que «la farsa de gobierno paralelo» de Juan Guaidó surgió para legitimar «el robo más grande en esta tierra desde la conquista española».

«El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este jueves que la oposición amparada por el gobierno norteamericano habría robado a Venezuela 411 millones de dólares por día, durante los últimos ocho años. «Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria».

En fin, según la periodista Narkys Blanco, «Nuevas pruebas sobre el robo de recursos del opositor Juan Guaidó revelan que durante el interinato se gastó hasta $10 mil al día. Además, contaba con una nómina de 20 mil personas, según información del politólogo, Luis Aguilar. Solo 1.090.252,53$ fueron invertidos en «Gastos de Presidencia», lo que representa una cifra nunca antes vista en la historia de Latinoamérica.

«Según el informe se usaron 2.047.746,01 en el Consejo de Administración de Gastos. 161.750,00 en Contraloría, 2.709.055,00 en la Asamblea Nacional y 851.099,96 en Cancillería.

También se reportan 4.348.430,00 fondos para la defensa de la democracia y otros 12.750.000,00 por la misma razón, para un total de 190.533.022,88″.

Personalidades de la oposición venezolana han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado Gobierno Interino de Juan Guaido.

«A principios de 2022, analistas aseguraban que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República. La cifra incluye fondos robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales.

A su vez, el partido político Avanzada Progresista denunció que el opositor venezolano, tenía un gasto diario de $9000 como parte de las actividades de su pseudo gobierno». «Además, este primer informe aseguraba que el monto destinado para los gastos de 6.000 militantes del G4 asciende a $1.500 cada uno».

Lo anterior, es solo la punta del iceberg, y un resumen apretado de los robos descarados por parte de Juan Guaido y sus compinches. En este sentido, son significativas las ultimas noticias que develan lo anterior, por ejemplo:

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confesó durante un discurso que pronunció, este sábado (10-6-2023), que durante su mandato pretendió apodarse del petróleo de Venezuela.

«Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador», manifestó Trump desde el estado de Carolina del Norte, en EEUU.

El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó hoy la confesión del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.

«Trump confiesa que su intención era apoderarse (robarse) el petróleo venezolano», manifestó a través de Twitter, donde respondió a un video relacionado con las declaraciones del exmandatario estadounidense.

«Todo el daño que los EE. UU. ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá (Juan Guaido), ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!, enfatizó».

Así mismo, el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, consideró que, con las revelaciones, «Trump les quita la máscara a 60 países satélites» y a quienes apoyaron al opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino de Venezuela.

«El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza!», expresó en Twitter.

A su vez, «el expresidente de Ecuador Rafael Correa también se sumó a la crítica, en su cuenta Twitter manifestó su parecer antes semejante confesión de Donald Trump,» ¡De no creer! No guardan ni las formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo? Ojalá lo entiendan los tontos útiles. ¡Gloria al bravo pueblo!».

Recientemente, Guaidó no respondió de qué vive en Estados Unidos. Durante una entrevista televisada, el político no pudo responder acerca de cómo cubre sus gastos de estadía mientras permanece en la nación norteamericana. “Yo soy ingeniero. Tengo dos postgrados», fue la única réplica ofrecida por el exdiputado. Ante la pregunta de cómo se mantiene en el extranjero; el periodista indicó: «no me creo que usted esté haciendo de ingeniero estos días».

El presentador acotó que existen muchas interrogantes acerca de su financiamiento y le consultó si recibe fondos de gobiernos u organizaciones en el extranjero, a lo que el político respondió que «recibir fondos es ilegal», sin revelar mayor información sobre su financiamiento.

Cual forajidos de épocas coloniales

Escrito el 11/08/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.
9-agosto-2021

Una cosa es ser rivales políticos, en la arena entre de derecha y de izquierda, y otra es aprovecharse de la pugna y la “debilidad” de otros, para robar descaradamente bienes de los Estados.

Esta es el caso de Gran Bretaña y Venezuela. En una maniobra nunca antes vista, EEUU, Gran Bretaña y la derecha venezolana, pretenden robar 32 toneladas de oro, pertenecientes a Venezuela, de la reserva nacional, valorados en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar, y que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Tal arbitrariedad inicio cuando Juan Guaidó, se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela (dominada entonces por la derecha y presidida por Guaidó), nombró a la dirección ad-hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo después de que EEUU impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.

La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la derecha espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.

La decisión del Reino Unido, sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres. En otras palabras, tal atropello supone un paso decisivo para que el banco inglés, termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.

El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020, que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra, para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.

Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país, no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.

Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos, reiteramos, creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.

Para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio, y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.

Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres, podría “perderse” en las bóvedas inglesas o “disolverse” en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.

Para comprender mejor, de hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011, antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la “pérdida” de las reservas internacionales libias.

Realmente tal actuación demuestra que hoy por hoy, el derecho nacional e internacional ya no cuenta. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres, para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres, se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.

Recordemos que, en este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos, para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal.

En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera, abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.

Hoy, el oro, reiteramos, se está constituyendo uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro.

Reiteramos que, si se roba el oro a Venezuela, esto paralizaría su capacidad para luchar contra el Covid-19, ya que el dinero se utilizara para suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y vacunas.

En esta misma línea de robos descarados, como señala el portal Misión Verdad, “el esquema delictivo” Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros cleptómanos, van más allá del oro venezolano, van por ejemplo tras Monómeros, otro ejemplo de asalto a activos venezolanos, por parte del antichavismo para profundizar el golpe de Estado y ampliar el saqueo neoliberal.

Esto es uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada, con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.

El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary, afirmando y reseñado por Misión Verdad, que la congelación de los activos venezolanos, forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.

Recalcando además que, la cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.

Un capítulo aparte, pero en esta misma línea delictiva, revela en una nota de Bloomberg divulgada el pasado jueves 5 de agosto, que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano, que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.

Reiterando que, la instrumentación del saqueo de activos, para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el “plan Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros”, pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela, sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.

En fin, como ya hemos reseñado, los gobiernos norteamericanos, ingleses y la derecha venezolana, están actuando como filibusteros en alta mar, que se adueñan de propiedades que no son suyas, sino que las hurtan para su propio beneficio.

Todos son pillos que ya no utilizan la violencia, sino que se amparan en tracalerías legales, para robar a los países que se encuentran en crisis, y que no son afectos a los grandes países capitalistas.

Imagen tomada de http://ciudadccs.info/

¡Basta ya! de la farsa de Juan Guaidó en Venezuela

Escrito el 23/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Recordemos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó, en una plaza pública, Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo al Presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros.

Posteriormente, e inicialmente fue reconocido por alrededor de 50 países, entre los cuales se encuentran: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Paraguay; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Grupo de Lima.

Mencionando, además, que gracias a Donald Trump, a su apoyo, al “arriarlo”, pone de moda el término “autoproclamado”. La verdad ineludible, es que Guaidó fue y está avalado, financiado, apoyado por Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, como Imperio actual.

No obstante, y sin duda alguna, en el contexto de la Revolución Bolivariana, Juan Guaidó, es el usurpador no reconocido por la mayoría del pueblo venezolano. No fue ni siquiera candidato en mayo del 2018, cuando se celebraron las elecciones legítimas y legales en Venezuela, para escoger al Presidente, nadie lo eligió; fue un tipo que escogieron para interpretar el rol de líder “popular”.

Guaidó era prácticamente un desconocido en la escena política de Venezuela, cuando en una plaza pública y sin cumplir ninguno de los preceptos constitucionales, se auto juramentó como presidente encargado.

En términos más políticos, está al servicio de una operación intervencionista de recolonización desde el extranjero. Viola la Constitución venezolana, negociando la entrega de las riquezas a las transnacionales, a los privados; eliminando el control del Estado sobre el petróleo y el gas, aparte de subordinar las negociaciones a los Tribunales Internacionales, entre otras medidas.

En general, Guaidó no fue, en ningún momento, ni es presidente de Venezuela, está actuando al margen de las leyes constitucionales venezolanas, por lo tanto, puede ser enjuiciado por tal actitud.

Igualmente, para recordar que, entre las atribuciones, más importantes, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela están: Cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela. Nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución. Administrar la Hacienda Pública Nacional. Nombrar y destituir aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la legislación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Autorizar y ejecutar las extradiciones, liberación de presos, entre otras.

Nos preguntamos, Juan Guaidó, en su supuesto mandato, ¿ha ejercido o ejecutado alguna de estas atribuciones? Por supuesto que no.

Groseramente, si ha influenciado a varios de los países que lo apoyan, para desconocer, por ejemplo, a las autoridades diplomáticas en esos países, desconociendo y usurpando las tareas de las embajadas y consulados, así como los embajadores y cónsules.

Conocemos de los problemas, angustias, dificultades y tristezas, de muchos venezolanos/as, que estando fuera de su país, no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo, u otro documento, ante la inexistencia de autoridades legales, ya que el país por ejemplo (Costa Rica), no reconoce a las autoridades venezolanas, sino a las del usurpador Juan Guaidó.

En este sentido, es significativo, lo que señala el funcionario y miembro del partido de gobierno en Costa Rica, Partido Acción Ciudadana PAC, Federico Picado, “Creo que el Presidente Alvarado y el Canciller Solano, deben prepararse para repensar y replantear las relaciones con las autoridades legítimas de Venezuela. Con la derrota de Trump, desaparece Guaidó, y en consecuencia llega a su fin una política que fracasó, que no condujo a nada, que nuestro gobierno apadrinó, y que el único que pagó las consecuencias fue el venezolano de todos niveles y colores, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump y Pompeo, y sus consecuencias internas humanas y materiales, no hicieron distinción alguna entre chavistas, opositores e independientes. El Presidente y el Canciller, no pueden seguir ignorando una realidad objetiva por razones ideológicas, a la espera de la mano piadosa del norte. Han desconocido la dinámica propia de un país, que ha soportado todas las agresiones posibles exceptuando la agresión e intervención militar directa del imperio. Creo que llegó la hora de tender la mano sin imponer condiciones y que gane espacios la política y la sensatez con relación al abordaje de la situación de Venezuela”.

Y es cierto, ante las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 6 de diciembre, Guaidó ya no es ni diputado, ni mucho menos Presidente. Aún, pese al saboteo y la abstención, la Asamblea Nacional venezolana, está ahora en manos de una mayoría chavista, y los países que apoyaron la aventura de Guaidó, deben recapacitar, considerar y reconocer ahora, a los actuales diputados y diputadas, incluido a Nicolás Maduro Moros, como genuino y legítimo presidente electo constitucionalmente.

Es más bien, un inepto con acusaciones recientes de ser corrupto y ladrón de fondos, para su aventura política de “autoproclamado”. Se ha revelado, por la prensa, incluida la prensa opositora al gobierno bolivariano, ‎el súbito enriquecimiento de los familiares de Juan Guaidó, comprobado desde que el “presidente ‎interino” y sus colaboradores tienen acceso a los activos del Estado venezolano “confiscados” ‎por Estados Unidos. La prensa opositora también ha divulgado historias de supuesta complicidad, ‎entre altos funcionarios del gobierno y algunos diputados opositores.

Es abiertamente conocido, como una ficha a utilizar por USA, aunque ya va a ser desechado, según algunos partidarios de la oposición venezolana. Bufón del Imperio e incompetente.

Pasadas las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, que su cargo ha quedado ratificado y «recontraratificado», por el amor, el voto y la pasión del pueblo bolivariano, luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas, en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

Juan, por su parte, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones, alegando que no participó, porque los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Como dice un dicho popular, son “pataleos de ahogado”, se aferra a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones, frente a 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo inicial.

Como ya intuimos, a partir del 5 de enero 2021, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019, y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, dichos apoyos o rechazos son vinculantes y de valor práctico.

Deseamos ya casi finalizando, destacar un elemento que alude al pernicioso y recurrente ataque sobre la acusación de la “dictadura de Maduro”. Cómo es posible, que luego de unas elecciones parlamentarias legales, constitucionales, con veedores internacionales, se permita que un impostor (Juan Guaidó), primero, llame “tirano”, “impostor”, “usurpador”, al Presidente que de verdad está ejerciendo (Nicolás Maduro); segundo, que éste último, permita, que el autoproclamado, pueda aparecer y circular en el país, ante la opinión pública; tercero, organizar una consulta popular, con unos supuestos 7.000 centros de recepción de votos, y finalmente, salir campante sin ser molestado por los agentes de seguridad del Estado o la policía política del “dictador” de turno.

¡Imagínense qué le habría ocurrido a quienes, durante algunas de las dictaduras acaecidas en América Latina, hubiesen instalado no 7.000 sino, 7 centros de recepción de votos para expresar su repudio al régimen! Habrían sido arrestados al instante, probablemente torturados hasta morir y desaparecidos sin dejar rastros.

Finalmente, el año 2020 ha sido para Juan Guaidó, el año de su máximo truco ilusionista y el de su caída que ya parece indetenible. La caída de la ilusión está sucediendo en estos momentos.

Parece inevitable que el invento Guaidó termine por apagarse. Su historia política, desde su reconocimiento en enero del 2019, por parte de Trump, es una sucesión de errores e incapacidades.

Su progresivo declive venía sucediendo sin demasiado impacto. Su incapacidad para proponer algo nuevo (o incluso repetir algo viejo) quedaba tapada por las casi semanales sanciones anunciadas por Estados Unidos, en el marco de un bloqueo férreo, persiguiendo barcos y navieras para que no comercie petróleo con Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirá el respaldo a Guaidó? Lo que es seguro es que Guaidó no hizo lo que debía hacer, y deben existir otros planes en vista de sus fracasos. Como señalan los dichos populares: “a Guaidó, solo le queda una presidencia virtual en el país de Narnia”.

El repudio de Costa Rica a la actuación de representantes diplomáticos designados por Juan Guaidó: breves apuntes

Escrito el 25/02/2019. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 20 de febrero, Costa Rica expresó formalmente su profundo malestar por la forma con la que representantes designados por el autoproclamado «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó se introdujeron en la sede diplomática de Venezuela en San José durante la madrugada del día anterior, calificando las autoridades de Costa Rica de «inaceptable» su actuar.

Cabe precisar que la sede diplomática fue objeto de una «toma de posesión» en horas de la madrugada en ausencia de fuerzas policiales, lo cual plantea también algunas interrogantes sobre el nivel de seguridad con el que cuentan las legaciones diplomáticas en la capital costarricense durante las madrugadas.

El reconocimiento reciente hecho por Costa Rica paso a paso

Costa Rica reconoció a Juan Guaidó el mismo día de su proclamación en Caracas como «Presidente encargado de Venezuela«, el pasado 23 de enero del 2019 (véase nota de prensa con tweet del Presidente de Costa Rica incluido). El 13 de febrero del 2019, la delegada designada por Juan Guaidó en Costa Rica presentó sus cartas credenciales a las autoridades costarricenses (véase nota de CRHoy). Cabe recordar que en los primeros días del año 2019, el autodenominado «Grupo de Lima» del que forma parte Costa Rica anunció que no reconocería el segundo mandato del Presidente Nicolás Maduro a iniciarse el 10 de enero (véase nota nuestra sobre este comunicado del «Grupo de Lima«).

El pasado 15 de febrero, Costa Rica anunció que otorgaría un plazo de 60 días a los representantes diplomáticos de Venezuela designados por el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro para abandonar el territorio costarricense. Precisamente en su comunicado oficial sobre lo acontecido en la sede diplomática venezolana, Costa Rica «expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país«.

El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se reproduce al final de la presente nota.

Una situación al parecer inédita en el continente americano

Es de notar que la situación acaecida no tiene precedentes y que algunos Estados, que también han optado por reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, han procedido de otra manera: tal es el caso por ejemplo de Paraguay, al anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela desde el mismo 10 de enero (véase comunicado oficial de Paraguay), antes de reconocer a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. El «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó nombró oficialmente a sus nuevos representantes en Brasil, Guatemala y Paraguay casi un mes después, el pasado 5 de febrero (véase nota de prensa del medio paraguayo Ultimahora del 5/2/2019). Por su parte, en Perú, las cartas credenciales a las autoridades peruanas fueron presentadas por los delegados designados por Juan Guaidó tan solo el 21 de febrero del 2019 (véase comunicado oficial de Perú), habiendo manifestado estos delegados no requerir de una embajada en Lima (véase cable de la agencia EFE del 6/02/2019). De igual forma, el 21 de febrero fue la fecha escogida por Colombia para recibir las credenciales del nuevo representante venezolano (véase nota de prensa de El Espectador): no se sabe aun cuando ni cómo procederán estos nuevos delegados a tomar posesión de la sede diplomática venezolana en Bogotá, ni si optarán por la solución de sus colegas en Lima.

Las reglas del derecho internacional aplicables a las sedes diplomáticas

Las reglas aplicables que derivan del derecho internacional público en materia de seguridad de sedes diplomáticas por parte del Estado receptor y de nombramiento de representantes diplomáticos por parte del Estado acreditante, están reunidas en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas (véase texto completo). La seguridad de los locales de la sede diplomática recae en el Estado receptor (Artículo 22), precisando la convención de 1961 que «Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión«.

Pese a haber sido invocadas por algunos analistas costarricenses, no se encuentra en esta convención disposición alguna referente a una situación tan peculiar en la que una misma sede diplomática es pretendida por dos autoridades desde su capital, con una (al parecer) más urgida que la otra por ocuparla.

La precitada convención tampoco precisa cuáles son los plazos que deben los Estados reconocerles a los diplomáticos de un Estado que dejan sus funciones oficiales y que deben regresar a su capital.

**Una «urgencia» que merece una explicación: breve tentativa**

No se tiene mayor claridad sobre la inusual interpretación dada al plazo oficial otorgado por Costa Rica de 60 días por parte de los delegados de Juan Guaidó en Costa Rica, y no ha habido mayor precisión al respecto por parte de estos últimos en sus declaraciones públicas.

La urgencia con la que los representantes de Juan Guaidó quisieron asumir el control de la Embajada de Venezuela en Costa Rica posiblemente guarde alguna relación con el momento de extrema tensión que se vivió en esta tercera semana de febrero. En efecto, este insólito episodio entre Costa Rica y Venezuela se dio a pocas horas del 23 de febrero, fecha escogida por Juan Guaidó para anunciar a la comunidad internacional la entrada de la denominada «ayuda humanitaria» a Venezuela enviada desde Estados Unidos y Colombia, y considerada como una «farsa» por parte de las máximas autoridades venezolanas. China había advertido del riesgo de confrontación que supone esta «ayuda humanitaria» no solicitada, ni autorizada por el Presidente Nicolás Maduro (véase cable de prensa de RCN); al tiempo que la Unión Europea (UE) desplegó una intensa actividad diplomática en aras de acompañar a Venezuela en una salida negociada a la crisis institucional que se ha agudizado desde el mes de enero del 2019 (véase nuestra breve nota titulada «La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo: una breve puesta en contexto«).

Este mismo 22 de febrero, el jefe de la diplomacia venezolana se reunió en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas sobre la ayuda humanitaria que Naciones Unidas prevé canalizar y enviar a Venezuela, de conformidad con los principios aplicables en materia de ayuda humanitaria, incluyendo el consentimiento de las autoridades del Estado beneficiado por esta ayuda (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Los Presidentes de Chile, Colombia y Paraguay viajaron personalmente a Cúcuta (ciudad fronteriza colombiana) para presenciar y apoyar la distribución de la denominada «ayuda humanitaria» proveniente de Estados Unidos y Chile a Venezuela este 23 de febrero: se trata de tres Jefes de Estado que posiblemente hayan aceptado lo que otros igualmente solicitados rechazaron. No se tiene claridad sobre la modalidad escogida y el papel que jugaron estos tres Jefes de Estado cuando mandos militares a cargo de las fuerzas de seguridad venezolanas se opusieron y bloquearon el acceso de la denominada «ayuda humanitaria» a territorio venezolano. El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil, desde cuyo territorio también se planeaba enviar «ayuda humanitaria» a Venezuela (véase nota de prensa de la BBC del 21/2/2019).

Más allá de algunas (falsas) expectativas creadas por algunos sectores políticos y gran cantidad de medios internacionales sobre lo que podría ocurrir este 23 de febrero en Venezuela, la iniciativa de enviar y de distribuir «ayuda humanitaria» desde el territorio de Brasil y de Colombia contra la voluntad de las autoridades que mantienen el control del territorio de Venezuela (y en particular de sus fronteras) plantea algunos desafíos a algunas reglas (muy básicas) del derecho internacional público: resulta a todas luces sorprendente ver a tres Jefes de Estado en ejercicio apoyarla personalmente in situ desde la ciudad de Cúcuta.

A modo de conclusión

No cabe duda que lo ocurrido en la sede diplomática venezolana en Costa Rica durante esta semana resulta desde todo punto de vista inédito en los anales de la diplomacia costarricense. Coïncidió con un asalto en Ecuador el mismo día a la sede consular de Venezuela (véase nota de prensa El Comercio del 20/2/2019). Fue también precedido por el «hackeo» de los sitios de varias embajadas de Venezuela en América Latina hace una semana (véase nota de prensa del Clarín del 7/02/2019).

Desde la perspectiva jurídica, es muy posible que este extraño episodio en Costa Rica lleve a otros Estados a precisar de manera más clara las condiciones de salida del equipo anterior de diplomáticos venezolanos y el momento del traspaso de la legación diplomática a sus nuevos ocupantes; así como el acceso a las llaves de la sede diplomática, a la sede como tal y sus diversas dependencias, a las cuentas bancarias, a las distintas claves en materia de comunicación y a otros datos por parte de los nuevos delegados venezolanos.

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Texto completo del comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, el pasado 20 de febrero del 2019

«Ministerio de Relaciones Exteriores deplora ingreso inaceptable de diplomáticos a sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica

San José, 20 de febrero de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores deploró el inaceptable ingreso a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, por parte de personal diplomático del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.

Para el Gobierno de Costa Rica tal procedimiento es inaceptable pues lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza de las relaciones en la comunidad internacional, y sobre todo, del derecho internacional.

En este sentido, expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país.

Por tal motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta que en las próximas horas entregará una nota diplomática a la señora representante diplomática, María Faría, en relación con lo sucedido.

Comunicación Institucional

(386 CR VEN embajada)

Miércoles 20 de febrero de 2019«.

**Foto de la Representante de la Unión Europea en materia de Política Exterior con el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica durante la cita en Montevideo convocada por el GCI. Foto extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Más países apoyan salida pacífica, política y diplomática a la crisis venezolana».

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado por el autor.

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