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Etiqueta: Juan Huaylupo Alcázar

El eterno retorno

Juan Huaylupo Alcázar

La temática sobre el eterno retorno tiene su referencia histórica en la antigua Grecia con la creencia del tiempo circular, pero aún tiene muchos seguidores en el el presente, con sustentantes en distintas épocas, en el pensamiento filosófico (Vico, Nietzsche), científicas (Copérnico, Newton, Kepler, Laplace), en las religiones, así como en las visiones políticas y en las pretendidas predicciones cuantitativas contemporáneas, las cuales a partir de su generalidad difunden las ideas que imaginan que lo ocurrido, en determinadas circunstancias, se repite como un eterno presente, sin pasado ni futuro, como una máquina autónoma que reinicia su ciclo sin control, supeditando el universo y las relaciones humanas, como una eterna reedición del mito de Sísifo.

Independientemente de lo que se enuncia retornar, es una idea que contraviene la racionalidad científica actual, que admite que son inéditas las determinaciones y circunstancias de cada proceso natural, social o individual. No existiendo fenómeno alguno que sea igual a otro. La igualdad es una ilusoria abstracción que simplifica la complejidad y la heterogeneidad de las realidades. El encontrar algunas similitudes entre eventos y fenómenos distintos o similares, no implica igualdad, porque sus determinaciones, contextos o actores los particulariza y porque la autodeterminación es de dudosa pertinencia en la integración e interrelación de los procesos reales complejos, no técnicos ni inventados.

El corsi y recorsi de Giambatista Vico (1668-1744) están arraigados en la tradición de muchos pueblos, por la experiencia y la regularidad de procesos, que aparentemente parecen confirmar esta creencia. Pero, no es posible ratificarlo, dado que los actos y fenómenos ocurren en múltiples formas y circunstancias que no son posibles igualar. Sin embargo, tampoco es posible admitir que cada acto o fenómeno sea absolutamente diferente a otro de naturaleza similar, Vico no proponía la igualdad, pero suponía el retorno de ciclos semejantes autónomos a través de los tiempos. Se podría decir que un sismo es particular, porque las causas son distintas en cada espacio, por el tipo de sismo, profundidad, movimientos tectónicos etc., y porque su impacto está determinado por la estructura de los suelos, de los materiales y tipo de construcciones, así como por las creencias, culturas o por experiencias propias o ajenas, pero los sismos no son autónomos como tampoco lo son sus ciclos, pues los movimientos de estructuras y capas tectónicas perduran modificándose, pero tampoco los procesos revolucionarios son iguales, ni las políticas liberales, hoy imperantes.

Los fenómenos conocidos de naturaleza similar tienen una conceptualización común, de otro modo, la comunicación no sería posible por carecer de una expresión o patrón asociado con algún fenómeno al cual referirse. El lenguaje cotidiano y el científico dan cuenta de las realidades, como modos de aproximación para conocerlas y distinguirlas, cuya exploración permitirán nuevas denominaciones sobre sus composiciones particulares. El reconocimiento de la complejidad de las realidades, deben también enriquecer las expresiones lingüísticas.

Luego, el eterno retorno será relativo, porque no será el mismo del pasado ni absolutamente distinto, pues ninguna realidad natural, física, social o individual, constituyen modelos que puedan ser replicados idénticamente, las realidades complejas cambian, evolucionan y se transforman relativamente, como también lo debe distinguir el lenguaje en la comunicación cotidiana.

El dinamismo de las realidades complejas no es un proceso mecánico o técnico, porque no es una creación humana para satisfacer necesidades particulares. Las técnicas son creaciones producto de la inteligencia e imaginación que ha acompañado la existencia humana en todos los tiempos, facilitando sus quehaceres y necesidades, convirtiéndose en el presente en el símbolo del capitalismo contemporáneo. Los procedimientos y aplicaciones técnicas, en el actual sistema, son construcciones en serie con características y formas de funcionamiento estandarizado para consumo y usos masivos que inciden y modelan las relaciones laborales y sociales en el presente globalizado.

La aceptación de la concepción sobre el retorno sin fin, el eterno pasado o la predeterminación del futuro, constituyen el fin de la historia, de la ciencia y también de las particularidades de las sociedades y de los individuos, para imaginarlo recurrente, sin distinción temporal de los acontecimientos, hechos o fenómenos, como un mecanismo tecnocrático que supedita todas las relaciones. Es imposible suponer que las realidades, pensamientos y lenguajes sean inmutables, como lo postulan los dogmas de todo tipo, religiosos, políticos, lingüísticos o culturales.

En el ámbito político ideológico se habla de izquierda y derecha, de revolución y fascismo, de liberalismo y socialismo o de democracia y dictadura como pares dialecticos que se implican y contraponen, pero a pesar de su concepción generalmente aceptada por los medios, la jerga política y el pensamiento vulgar, no es posible validarlas porque los procesos a los que hacen referencia no están representados contemporáneamente por sus pretendidas denominaciones. Muchas de las acepciones lingüísticas y conceptuales no se corresponden con el estado del conocimiento ni el dinamismo de las realidades, afectando la significación de la comunicación y la comprensión social.

Esto es, los procesos políticos se han modificado, sin tener o no interesar otras conceptualizaciones ante los cambios políticos contemporáneos. Un lenguaje que no exprese la significación de la realidad, sin duda la distorsiona o impide la comunicación, al hacerla equivalente con un pasado inexistente. Así, el pensamiento liberal que encarnó las aspiraciones de libertad en pueblos oprimidos, en la actualidad es la representación de la libertad de quienes poseen el poder de esclavizar poblaciones y naciones en regímenes fascistas. El socialismo considerado clásicamente como la manifestación social y política contra el capitalismo en transición hacia un sistema que erradique la explotación social de la clase burguesa, en el presente los sistemas políticos socialistas, han dejado de ser alternativos al capitalismo, para constituirse en sus propulsores que cimentan el capitalismo en sus espacios sociales, así como Estados gobernados por partidos políticos socialistas, hoy administran el crecimiento y la expansión capitalistas en sus sociedades. Asimismo, el acto electoral considerado como expresión de democracia, se ha constituido en un procedimiento instrumental y técnico, donde la sumatoria de votos no representa, no garantiza ni es democracia. La designación electoral de alguien que regirá el destino de una nación y de individuos que aprueban leyes indignas en favor de los ricos y de magistrados que interpretan leyes en beneficio propio, de ningún modo es democracia, por el contrario, es el ejercicio totalitario, en nombre de la democracia contra el pueblo y la nación. La democracia no puede ser reducida a la individualización del voto, menos aún, representar la voluntad, decisión y actuación colectiva en la sociedad. La mal llamada democracia electoral ha conformado auténticas autocracias que subordinan los poderes del Estado, como en los casos del Perú, Argentina, Costa Rica, Nicaragua o Venezuela. Las elecciones hoy en día han consolidado poderes establecidos y las inventadas regulaciones jurídicas sustituyen, técnica y dictatorialmente, la voluntad ciudadana.

En nuestros días se recurre al eterno retorno para destacar la presencia de posiciones de las derechas fascistas del pasado en nuestra América, cuando en realidad nunca se alejaron del capitalismo ni del poder político, por el contrario, su demagógica y corrupta presencia incide en su influencia entre los subalternos y sus organizaciones.

La transformación de la realidad ha convertido en obsoletos los conocimientos del pasado o solo son expresiones simbólicas del pasado para falsificar y distorsionar los acontecimientos para fines extraños de las condiciones existentes, como ocurre en los medios y las expresiones politiqueras en el Perú, que deshonesta e indignamente insultan y calumnian a quienes protestan, demandan y defienden los intereses sociales y nacionales. Las falsedades, represiones y asesinatos contra el pueblo son crímenes de lesa humanidad que aplauden los tiranos y sus medios.

Sustentar visiones o concepciones caducas, inmorales o ignorantes, son prácticas comunes en los medios mercantilizados y controlados políticamente. La veracidad, salvo honrosas excepciones, no forma parte de la actuación periodística contemporánea, la vergüenza se dibuja en la mediocridad de su ejercicio profesional antagónico con lo público y lo político.

El fascismo y los medios en el Perú

Juan Huaylupo

Juan Huaylupo

Las palabras son la manifestación del pensamiento, cultura, historia e identidad de las personas. Ellas son posesionarias de significaciones complejas en la interacción comunicativa de sus protagonistas, las cuales trascienden la relación personal para ser referentes particulares de cada tiempo espacio social.

La pluralidad social en el presente globalizado requiere de la comunicación por ser un requisito para la convivencia, para la vida en comunidad y para nuestra socialización como seres humanos. La heterogeneidad social, que es inherente de las personas, no es un obstáculo para la comunicación, pues no existe nadie que piense o actúe igual que otros, ni existen patrones culturales idénticos. No, obstante, las diferencias no son limitaciones para la comunicación social, por el contrario, son escenarios para el dialogo peculiar e inédito para aproximarse a conocer otras costumbres y culturas.

El odio racial, cultural o ideológico, no ocurre por ser diferentes, porque todos los somos. Los enfrentamientos sociales, en muchos casos son cicatrices del pasado, alimentadas e incentivadas por quienes les interesa mantener separadas las poblaciones para impedir la unidad de pensamiento y acción conjunta por el bien común entre pueblos y naciones.

La fragmentación social, racial o ideológica, constituyen un pretexto para el fomento del odio y la destrucción genocida en una sociedad y sistema, caracterizado por la desigualdad y la explotación generalizada de los pobres y el desprecio hacia los trabajadores gestores de la historia nacional y de la riqueza privada. En el universo de las relaciones sociales, donde pocos propietarios millonarios, desprecian, explotan y sacrifican cotidianamente a miles de trabajadores, sin derechos ni reivindicaciones, sin duda es la simiente del enfrentamiento, pero en el contexto peruano y otras sociedades, proviene de los pocos que poseen todos privilegios y leyes que los amparan, y que gozan de la protección del monopolio de la violencia del Estado.

El fascismo, de ayer y de hoy, en el Perú se estigmatiza y polariza social, política y económicamente a las mayorías nacionales, basándose en el odio, la discriminación y la represión asesina, como un artilugio para manipular y crear el odio entre trabajadores del campo y la ciudad y de este modo, distraer, distorsionar y diferir el antagonismo entre explotados y explotadores, entre demócratas y tiranos, entre víctimas y victimarios, por ello, el fascismo peruano corrompe y controla de los medios para privatizar la información e intentar el control del pensamiento colectivo, así como para ocultar y falsificar la información, a la vez que justifica las acciones de espurios tiranos, parlamentarios corruptos y las decisiones violentas de los militares, que sin conciencia, sin pensamiento propio ni nacional, reprimen a quienes deben servir. Ese periodismo y otros protagonistas son culpables del odio, enfrentamiento y asesinato contra nuestros hermanos y sus pueblos.

El fascismo en el poder, no es por la caduca consideración racial, de creerse unos superiores a otros, ello es una mascarada que oculta la imposición de la colonialidad del poder y del saber en la sociedad peruana. El miedo, la impotencia y la ignorancia del poder, ha reproducido viejos prejuicios contra los gestores históricos de nuestra peruanidad, con los cuales no se identifican, ni se estiman nativos. La privatización de la nacionalidad por los que se creen mistis o dueños de la nación, es la inimaginable regresión histórica, ideológica, cognoscitiva y cultural ocurrida en el Perú contemporáneo. Pero, no ha sido espontánea, ha sido creada intencionalmente por el poder colonialista existente, los medios y la educación del poder.

El totalitarismo fascista, con los dineros de las empresas globales, ha convertido a muchos periodistas en auténticos sicarios, tan culpables como los asesinos de nuestros hermanos y de los anhelos ciudadanos. Asimismo, los han despojado de la honorabilidad del periodismo continuador de sus predecesores, luchadores por la verdad y la libertad del pensamiento.  

La espuria presidenta protegida y amparada solamente por los militares, no gobierna, tampoco lo hacen los corruptos parlamentarios, pues no se gobierna con represión policial y militar y sin legitimidad social. Esos personajes son ridículos fantoches del poder de los millonarios de las empresas globales que imponen las decisiones económicas y se apropian de las riquezas nacionales y del funesto Fondo Monetario Internacional que controla, fiscaliza y decide la finanza estatal que ha liquidado las políticas públicas y los derechos ciudadanos.

Las tiranías requieren de las palabras y discursos, no para dialogar ni concertar, sino para imponer las decisiones y acciones contra quienes les han negado la palabra y el de ser escuchados.  Los medios simplifican y falsifican la complejidad de los acontecimientos y realidades, ofenden a la inteligencia e impiden el pensamiento complejo. La veracidad y la pluralidad del pensamiento, así como el debate serio, plural, comprometido, sobre los derechos ciudadanos, la democracia o el desarrollo nacional, están ausentes en dichos medios, porque están protegidos, mantenidos y ser esclavos del poder fascista.

La incomunicación social es la condición privativa del poder, pero ninguna tiranía mediática o estatal es eterna, como tampoco lo es la incomunicación. Las protestas populares son las expresiones del fracaso del discurso del poder, de la imposibilidad seguir dominando y explotando, así como son evidencias concretas y trascendentes de la absurda pretensión de eternizar un poder irracional y sin horizonte histórico. El pensamiento y conciencia crítica y disidente, son la esperanza para reconstruir una sociedad plural y un mundo mejor, en aras de una cuestionable y endeble hegemonía global norteamericana. Las políticas y las instituciones públicas han sido liquidadas.

(*) Juan Huaylupo Alcázar, Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

La privatización de lo público y lo nacional en la crisis política y económica costarricense

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica nos jactamos de tener libertad de opinión, sin que ello implique persecución ni represión por verter opiniones críticas a los poderes prevalecientes, pero esa pretendida libertad no supone democracia, menos aun cuando se ignoran, desconocen y desprecian los criterios y argumentos de los otros. Los poderes autocráticos imponen sus criterios, acciones e intereses como verdad absoluta, no les interesa lo que piensan y hagan los otros, porque los considera ignorantes, sin facultad alguna para decidir ni actuar por cuenta propia ni capacidad para alterar las relaciones prevalecientes. La imposición genocida que liberaliza las medidas sanitarias preventivas contra la pandemia, que eximió de las obligaciones patronales al disminuir las jornadas de trabajo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, así como la permanente y sistemática confiscación de salarios y pensiones, son algunas muestras fehacientes de la tiranía gubernamental y empresarial, que se vale de la pandemia y el descalabro fiscal para empobrecer al pueblo y continuar enriqueciendo a empresarios globalizados.

La polaridad social en Costa Rica se incrementa drásticamente, violentando los ingresos por el trabajo cotidiano y de toda la vida laboral de los pensionados, así como efectuar exacciones (impuestos, multas, aumentos de tarifas, inflación, tasas de interés, confiscaciones bancarias, etc.), para garantizar las ganancias privadas de quienes incumplen sus obligaciones tributarias y gozan de exenciones, concesiones e incentivos estatales, así como sustentar el desequilibrio fiscales gubernamental con los ingresos de trabajadores y continuar con la apropiación y manejo ilegítimo y fraudulento de los fondos de pensión por parte de los entes financieros privados y estatales.

La negación a los derechos y conquistas ciudadanas por parte de los poderes autoritarios, son manifestaciones que violentan la estabilidad y condición social a quienes se les niega pensamiento, voz, demandas y derechos, pero también los recursos y activos nacionales están en grave riesgo, ante las intenciones de privatizar el futuro nacional, ahora con la oprobiosa intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proceso es apoyado por gran parte de los medios privados de la información que difunden falsedades, crean miedos y hacen ingentes esfuerzos por enfrentar a trabajadores contra trabajadores, con si fueran enemigos y causantes de la debacle fiscal del Estado y del desfalco de la fuerza de trabajo. Es infame la labor de un periodismo esclavizado y subordinado a los propietarios de los medios.

La resistencia y movilización social que ocurre en diversas zonas del territorio nacional, es en parte una expresión de la debacle originada por el gobierno y los empresarios que autocrática e intransigentemente disponen de la calidad de vida de la población y de los recursos nacionales. No obstante, se debe llamar la atención, que estamos frente a un movimiento social que es peculiar en su heterogeneidad, que carece de consistencia orgánica y estratégica, sin alternativas ni propuestas que orienten su actuación, pero coincidentes en algunas demandas, aun cuando con fundamentos disimiles. Este aspecto es extraño, pues las protestas no persiguen la negociación ni el acuerdo. El uso de la fuerza parece justificarse a sí misma, de tal modo, que se hace incomprensible que se persista en los desórdenes que ante el retiro de la propuesta gubernamental que supuestamente motivaron las protestas y desmanes.

Lo que puede haber sido motivo de un logro social y el inicio de una construcción colectiva del futuro inmediato, hoy se convierte en una intransigente y unilateral actuación que provoca daños y violencia injustificable, creando un intencional caos, como preludio al fracaso, dolor, frustración y desesperanza social, lo que posibilitará al dominio económico y político la continuidad de la sobreexplotación, el despojo y la apropiación de bienes producto de la venta del trabajo familiar, así como de los recursos y activos nacionales.

Un movimiento que no posee ni recoge los análisis de la problemática nacional, así como desconoce las rigurosas críticas a las medidas gubernamentales y empresariales para la negociación con el FMI y sobre la propia concertación con ese ente, es sin duda una omisión que desprecia el pensamiento y las alternativas fundadas y documentadas por muchos grupos sociales, es una práctica unilateral alejada de toda democracia, así como es una posición que antagoniza con el interés público y nacional.

¿Qué persiguen quienes se arrogan la conducción de un movimiento que no les pertenece ni representan? ¿acaso pretenden impedir la concertación entre los trabajadores para provocar antagonismo y enfrentamientos entre ellos?

La creación del caos y violencia, no es una alternativa popular ni nacional, es una opción sanguinaria de quienes se imaginan dictadores, capaces de incendiar y sacrificar al pueblo y al país en aras de espurios intereses. ¿Acaso los que promueven bloquear carreteras, saquear, cobrar peajes o quemar llantas, los faculta a ser negociadores? ¿podrán ser negociadores quienes ignoran y desprecian los pensamientos, las alternativas y acciones del conjunto de los actores sociales de nuestra nación?

La aparición en escena de viejos y caducos personajes que se autodesignan dirigentes de un movimiento que es paradójicamente inorgánico, es la usurpación de representación social que oculta y enmascara sus reales intencionalidades. La provocación y la violencia causa daños que trascienden lo material, para ser regresivos a las conquistas y derechos alcanzados, a la legitimidad social de las protestas, a limitar la organicidad política y social, así como, crea frustraciones y miedos para aislar y subordinar a la población al dominio totalitario.

No sería la primera vez en la historia, como tampoco la última, que sectores populares sean envueltos en la instauración de un de los regímenes totalitarios más inhumanos y asesino que ha conocido la humanidad: el fascismo.